"ANÁLISIS EN TORNO AL EJERCICIO ABUSIVO DE LA POTESTAD DE DESPIDO POR PARTE DEL EMPLEADOR: UN APORTE "COLOSAL" A LA JURISPRUDENCIA DEL LETRADO HÉCTOR AMORETTI OROZCO"

Msc. Jorge Olaso Álvarez

Master en Derecho y Seguridad Social de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
Profesor de Derecho Privado y Obligaciones de la Escuela Libre de Derecho.
Profesor del Enfasis de Formación de Jueces de la Universidad de Costa Rica.
Profesor de la Maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Facilitador de la Escuela Judicial en Formación Intermedia en Materia Civil y Laboral.
Profesor de la Cátedra de Derecho Procesal Civil en ULACIT.

RESUMEN
	El presente artículo analiza el Voto número 141-97 de la Sala Segunda, el cual fue investigado y redactado por el Máster Héctor Amoretti Orozco, cuando laboraba para la ex Magistrada de la Sala Segunda y ex Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Máster Zarela Villanueva Monge. El pronunciamiento fue elaborado con la idea de brindar un cambio en la línea jurisprudencial que limitaba la posibilidad de resarcimiento a ciertos supuestos normativos –artículos 28, 29 y 82). La hipótesis planteada permite ese resarcimiento en casos de despido del empleador no solo en esos supuestos, sino también en los supuestos de un despido encubierto, todo con fundamento en los numerales 21 y 22 del Código Civil.

	II.-ANTECEDENTE PREVIO.
	En el año mil novecientos noventa y siete, después de laborar como Juez Civil, Laboral y de Familia en Santa Cruz, Guanacaste, fui llamado para ocupar el cargo de Secretario de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, puesto que desempeñé durante un año, de previo a mi nombramiento como Letrado del Magistrado Bernardo van der Laat Echeverría (q.d.D.g.). Fue en esa función de Secretario en la que comencé mi relación de amistad con el Máster Héctor Amoretti Orozco, debido principalmente al hecho de que el Secretario de la Sala le correspondía apoyar a los letrados o a las letradas en la elaboración de los proyectos de sentencia de la oficina de cada Magistrado o Magistrada. Por esta razón, Héctor y yo trabajamos en la redacción del proyecto que culminó con el Voto de mayoría número 141 de las dieciséis horas del cuatro de julio de mil novecientos noventa y siete, cuyo análisis será el objeto principal del presente artículo dedicado a la memoria de mi muy querido amigo.

	III.- EL VOTO 141-97 COMO SENTENCIA "ARQUIMÉDICA" EN EL CAMPO DEL SISTEMA LEGAL “TARIFADO”.

	La jurisprudencia como un factor incidente en la decisión de los jueces ha sido analizada por parte de la doctrina y por la misma jurisprudencia. Al respecto, Carlos Salvador Nino efectúa una definición en torno a lo que se denomina “órganos primarios de los sistemas jurídicos”, donde se destacan como primarios aquéllos órganos encargados de crear y derogar normas generales del sistema (poder legislativo, en sentido amplio), los secundarios son los llamados a determinar qué normas son aplicables a situaciones particulares y de disponer, si es el caso la ejecución de las medidas coactivas que tales normas prescriben (jueces) y los terciarios son los que deben ejecutar físicamente las medidas coactivas1. Dicho autor destaca que los jueces son trascendentales en el sistema, pues son los llamados a resolver preguntas en torno a la pertenencia de una norma al sistema y de la existencia del mismo, cuestionamientos que no pueden ser resueltos por los creadores de normas o por los que ejecutan medidas coactivas2. Asimismo, destaca la posición de Joseph Raz, y su “Realismo Jurídico” quien incluso califica a los jueces como órganos primarios en su caracterización del sistema jurídico, destacando que la facultad discrecional de los órganos jurisdiccionales no puede ser absoluta, pues la vigencia de un determinado ordenamiento depende de que las personas ciudadanas puedan saber los parámetros que van utilizar los juzgadores para resolver determinada situación jurídica3. Es por esto, que Nino se cuestiona ¿de dónde surge la obligación de esos órganos primarios de aplicar ciertas normas a casos particulares? lo cual responde Nino a través de lo que él denomina un criterio de validez de la norma respecto al caso concreto4. Dicho criterio de validez, es analizado por Hart con el nombre de “reglas de reconocimiento”, que constituyen manifestaciones de la aplicación reiterada de la norma, lo que genera una convergencia entre las conclusiones a las que llegan los distintos jueces, que puede ser apreciada por la ciudadanía que estuviera interesada en conocer qué normas resultan ser válidas u obligatorias por parte de los jueces. Bajo esta perspectiva, Hart (citado por Nino) distingue entre un punto de vista externo e interno de las reglas de reconocimiento. El primero es el de la persona observadora que describe el hecho de que en un determinado ámbito rige determinada regla de reconocimiento que prescribe cuáles normas deben ser aplicadas, por ejemplo: el por qué la Constitución Política o los Tratados Internacionales son aplicados en preponderancia con respecto a las normas primarias (leyes, reglamentos, etcétera)5. En cambio, el aspecto interno de la regla de reconocimiento no consiste en hacer referencia a la norma sino en usarla, o sea el adherirse a ella para determinar su aplicación6, por ejemplo: la aplicación concreta que hacen los Tribunales de Familia en torno a la presunción de gananciabilidad derivada del numeral 41 del Código de Familia. 

La Escuela Judicial de Colombia tiene otra denominación para la enseñanza a los futuros jueces o juezas de dichas “reglas de reconocimiento”, a través de lo que denominan la búsqueda de la sentencia “arquimédica”. La Teoría del matemático griego Arquímedes, parte de la premisa de que “todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado”7. Dicha teoría en el marco del Derecho y de la jurisprudencia devendría en un antecedente que genera un empuje en la línea jurisprudencial que culmina con el cambio de criterio de la tesis dominante en un determinado tema.  
Son las teorías de Hart en torno a las “reglas de reconocimiento interno” y las colombianas en la búsqueda de la sentencia arquimédica las que justificaron la decisión que da fundamento al Voto número 141 del año 1997, específicamente en el campo de los daños resarcibles en materia laboral y su fundamento. Expliquemos la línea jurisprudencial. 

En forma reiterada la Sala Segunda había mantenido el criterio de que en nuestro ordenamiento jurídico laboral únicamente opera un sistema tarifado en materia de resarcimiento del daño, el cual se infiere de los numerales 28, 29, 82, 94 bis y 368 del Código de Trabajo, o sea supuestos de cuando la persona trabajadora es despedida –sin justa causa-, se le conceden las indemnizaciones previstas en esas normas, dado que a ellas constituyen las únicas formas de resarcimiento ante un despido injustificado y, por ende, no es posible brindar otra forma de indemnizar que no sean las previstas por esas disposiciones. En este sentido, rehuyendo el tema de la doctrina argumentando que “siempre” comenta o explica sistemas jurídicos particulares, ajenos al nuestro y propios del respectivo autor, la Sala procede a interpretar lo “establecido y regulado” en el Código de Trabajo por parte del Poder Legislativo, afirmando que instauró un sistema “tarifado” en un doble aspecto. En los artículos 28 y 29 autoriza a los empleadores a despedir a los trabajadores, unilateralmente, pagándoles una indemnización sustitutiva del preaviso y del auxilio de cesantía, en los montos ahí establecidos y que se utilizan como factores de cálculo, el tiempo del trabajo y un número máximo de salario (un mes en el preaviso y ocho en la cesantía). Así las cosas, concluye la Sala que, ante el supuesto del despido puro y simple, la obligación existe en esos términos, con independencia de si ha sido o no fuente de daños y perjuicios y, en caso afirmativo, su cuantificación no puede ir más allá de lo tarifado8.  Por otro lado, en el numeral 82 se tarifó también la indemnización adicional por los daños y perjuicios que ocasionen los patronos, por la imputación falsa, a los trabajadores, de algunas de las causales de despido justificado, enumeradas en el artículo 81; recurriéndose a los criterios que ahí se establecen.  Por lo consiguiente, si el patrono no logra comprobar en el proceso que se establezca la causa del despido, laboralmente cumple satisfaciendo el monto que se fije a la luz de esa norma, sin discusión sobre la existencia y sobre la extensión del daño o del perjuicio. Por ende, no es posible, conceder como una cuestión adicional o independiente de las indemnizaciones ya tarifadas en el propio Código de Trabajo, reparación por daño moral en el caso de que el patrono realice un despido sin atribución de falta o atribuyendo una causal de las señaladas en el artículo 81 y que en el respectivo proceso, no la llegue a demostrar. No es posible argumentar que el sistema del Código de Trabajo cubre únicamente los daños y perjuicios de tipo material derivados del rompimiento del contrato, pero no el daño de orden moral; dado que el Código no hace discriminación alguna, en la aplicación del sistema, y hacerla resultaría contrario al método mismo escogido por el Poder Legislativo, cuyo “espíritu”, según la Sala  fue el de crear, para conveniencia de todas las partes involucradas en la cuestión, un sistema cierto y limitado, sin ninguna discusión, acerca de la existencia y de la extensión de los extremos indemnizables; de donde resulta que la tesis es inaceptable; pues, en el fondo, llevaría al quebranto de la ley (Ver el Voto número 110-96). 
	El voto número 141-97 intentó modificar este criterio y dar argumentaciones tendientes a brindar una nueva posibilidad de resarcir el daño en materia laboral. En ese asunto, los actores quienes laboraban como agentes vendedores de clubes de viajes para la empresa demandada, formularon la demanda para que se declarara rota la relación laboral con ésta última, con el pago del salario base, las vacaciones, el aguinaldo, las diferencias salariales, el preaviso, el auxilio de cesantía, de los daños y perjuicios y de los intereses que devenguen esos rubros. La accionada negó la existencia de un vínculo de tipo laboral, que la uniese con los actores. En primera instancia, se declaró la ruptura de la relación de trabajo de los accionantes a quienes se les concedieron el preaviso, el auxilio de cesantía, el aguinaldo, las diferencias salariales y los daños y perjuicios. El Tribunal Superior de Trabajo revocó esa sentencia, únicamente en cuanto otorgó los daños y perjuicios. En el recurso de tercera instancia interpuesto ante la Sala, el apoderado de los accionantes alega que éstos fueron objeto de un despido indirecto, por lo que, tienen derecho a esa indemnización. El voto en cuestión cita el artículo 82 del Código de trabajo,  que en lo que interesa, dispone: "El patrono que despida a un trabajador por alguna de las causales enumeradas en el artículo anterior no incurrirá en responsabilidad. Si con posterioridad al despido surgiere contención y no se comprobare la causa del mismo, el trabajador tendrá derecho a que se le paguen el importe del preaviso y del auxilio de cesantía que le pudieren corresponder y a título de daños y perjuicios, los salarios que habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que de acuerdo con los términos legales para tramitar y resolver, haya debido quedar firme la sentencia condenatoria en contra del patrono."9 (Lo destacado es nuestro). El análisis del Tribunal se centra en decir que no era posible aplicar esa disposición, puesto que la empresa demandada no les atribuyó a los actores causal alguna de despido.
En su voto de mayoría, redactado por la ex Magistrada Villanueva Monge, cuando el Master Héctor Amoretti Orozco, era su letrado, la Sala afirmó que el numeral 82 supone para su vigencia la necesidad de que la parte empleadora haya alegado la existencia de un motivo que justifique el despido. De lo que se calificó como “su correcta lectura”  se dijo que de él se desprende que para ser aplicable en un caso concreto se requiere únicamente, la concurrencia de las siguientes circunstancias:
 1) debe haber un acto de despido cuya consecuencia práctica sea la negativa a reconocerle al trabajador los extremos de preaviso y de auxilio de cesantía, a los que tiene legítimo derecho;
 2) ha de darse contención sobre esos derechos del trabajador -lo que constituiría la petición concreta del proceso correspondiente-, dada la negativa del patrono a reconocérselos, bien sea porque le atribuya, de modo expreso e inequívoco, la comisión de una falta a sus obligaciones con la que pretende justificar su acto, o porque a pesar de que no formule ningún alegato al respecto, simplemente no lo considere titular de los mismos y, 
 3) el despido ha de ser injustificado, es decir, que se determine la inexistencia de una causa que legitime la actuación patronal.
Se recurrió a una cita doctrinaria de Manuel Alonso Olea, en el sentido de que "...el ordenamiento jurídico tiene que enfrentarse con el hecho posible de que el empresario despida, es decir, unilateralmente manifieste (...) la decisión de dar por terminada la relación laboral (...) sin más, esto es, sin alegación ni prueba de causa, o con alegación o prueba de alguna que el propio ordenamiento no considere suficiente para producir un efecto tan drástico sobre el contrato, o sin guardar la forma mandada para la exteriorización de su voluntad de despedir. Reacciona entonces el ordenamiento jurídico, en demostración de la eficacia que justamente hace de él un ordenamiento jurídico, no solo teniendo el despido por ilegítimo o antijurídico, sino extrayendo la consecuencia alternativa propia de la antijuricidad, esto es: bien privando al acto de su consecuencia normal; decretando la ineficacia o nulidad del despido, con la consiguiente readmisión del trabajador; bien adicionando al acto consecuencias anormales no queridas por su autor, sanciones en sentido estricto, configuradas con indemnizaciones compensatorias o punitivas en favor del trabajador."10 Con base a esta cita dogmática, se explicó que si bien, en el derecho laboral costarricense la readmisión del empleado no resulta posible, salvo en casos de excepción, no cabe duda que las indemnizaciones compensatorias, sí se encuentran previstas y hasta tuteladas. Una de las principales disposiciones que se encarga de regularlas para los contratos de trabajo por tiempo indeterminado es justamente el transcrito ordinal 82. En otras palabras, la sentencia 141-97 buscaba ser una “sentencia arquimédica” que modificara la línea jurisprudenciaL de la Sala con respecto al daño tarifado. 
	En el recurso ante la Sala Segunda, el recurrente alegaba que sus representados fueron objeto de un despido indirecto e incausado, lo que les otorgaba el derecho a reclamar y a obtener el pago de esos concretos daños y perjuicios.
El voto entró a definir que el despido indirecto, o autodespido, consiste en "...la disolución del contrato de trabajo por iniciativa del trabajador, basándose en las que califica de justas causas para ello debidas al patrono o al empresario, o sea, se está ante un acto del empresario por el cual se crean condiciones que imposibilitan la continuidad de la prestación de servicios. El patrono no declara la rescisión contractual, pero al violar sus deberes legales y contractuales, coloca al trabajador, so pena de perjuicios morales y económicos, en el trance de no poder proseguir sus tareas en la empresa."11 (La negrita no es del original). 
En el criterio de la mayoría de la Sala un acto de esa naturaleza constituye una modalidad de despido, es decir, un acto del empleador que se manifiesta en la realidad como encubierto o velado. Se indicó que por ese despido, el patrono ubica al trabajador en una difícil posición: mantener su trabajo a costa de la vulneración de sus derechos o concretar, en la práctica, lo que aquél no ha tenido la deferencia de hacer. En estos casos, la resolución del contrato laboral no es, entonces, imputable al trabajador, aunque sea una acción suya la que le haya dado efectividad, sino que tiene su causa en la voluntad unilateral del empresario, exteriorizada irregularmente. Se trata, pues, de un típico cese patronal que es evidentemente contrario a la buena fe que debe imperar siempre en toda relación jurídica y más aún en las laborales.- De seguido, se expone que en el párrafo primero del artículo 19 del Código de Trabajo se estipula que "El contrato de trabajo obliga tanto a lo que se expresa en él, como a las consecuencias que del mismo se deriven según la buena fe, la equidad, el uso, la costumbre o la ley.". En consecuencia, se interpretó que tanto la potestad disciplinaria (despido-sanción) como la libertad de despedir (despido-liberalidad), deben ser ejercidos por su titular dentro de los parámetros fijados por el respectivo instituto jurídico sin desnaturalizar los fines perseguidos por el derecho objetivo al reconocerlos; es decir, que en ambos casos, han de utilizarse para la consecución de intereses legítimos dado que es allí donde radica su funcionalidad. Se señaló que el ser humano no es sólo sujeto de derechos, sino también de deberes que en su conjunto, hacen posible la subsistencia del orden social. Así, los derechos subjetivos se limitan en función del interés individual de cualquier otro titular de un derecho de esa misma índole; necesitando eso sí, para su normal desenvolvimiento, tanto material como espiritual, de la atribución y del reconocimiento de facultades exclusivas, cuyo desconocimiento implica siempre una degradación de su status jurídico de persona12. En consecuencia, los derechos subjetivos y las potestades privadas, aparte de sus límites legales, están circunscritos por barreras morales, teleológicas y sociales. En la medida en que el derecho subjetivo y la potestad son situaciones de poder o prerrogativas atribuidas por el ordenamiento jurídico, a su titular, los límites a su ejercicio resultan inevitables. Se afirmó que dentro de este orden de ideas y para satisfacer las exigencias sociales, éticas y de humanización del Derecho, la doctrina moderna ha formulado la teoría del abuso en el ejercicio de los derechos, la cual se configura como un principio general, se ha constituido en la causa jurídica para poder negarle, al titular de un derecho subjetivo ejercitado en forma desviada de su destino, la tutela del ordenamiento jurídico. También, es fuente incuestionable de responsabilidad, debido a que quien ejerce su derecho de forma reprensible y con perjuicio para otro, debe resarcir el daño ocasionado con su actuar.
A fin de permitir la aplicación de esta norma como fuente supletoria en la legislación laboral se explicó que el Código de Trabajo no recepta, en forma expresa, esa moderna teoría del abuso en el ejercicio de los derechos. Sin embargo, su normativa supletoria (ordinal 15), en concreto el Código Civil, sí la contempla en su artículo 22. Para su análisis, este precepto debe ser dividido en dos partes, cuya distinción tiene que ser destacada. La primera indica que "La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial de éste." Esta declaración general y abstracta le permite al juez determinar las hipótesis concretas en las que se da un abuso de derecho.
 La segunda parte del artículo en cuestión está referida a un supuesto específico: el abuso en el ejercicio de un derecho dentro de la esfera contractual, con daño a tercero o a la contraparte. "Todo acto u omisión en un contrato, que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice, sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero o para la contraparte, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.".  De seguido, se explicó que aparte de la posibilidad de aplicar -como ya se dijo- las normas del Código Civil, en el campo del Derecho del Trabajo, de manera supletoria, existe otra razón para reconocer, en aquél, la vigencia, como regla de principio, de la prohibición del ejercicio irregular de un derecho y de las ineludibles consecuencias que se derivan de su vulneración. Este otro fundamento lo constituye el referido principio de la buena fe; el cual, al igual que la teoría del abuso en el ejercicio de los derechos, es de aplicación en todas las ramas jurídicas y a todo tipo de contrataciones; ya sea en materia laboral, civil, comercial o cualquier otra, por ser el presupuesto básico de las diferentes relaciones jurídicas entre las personas. Ambos principios inspiran una serie de deberes de las partes de la relación laboral, que los obligan a actuar como "un buen empleador" y como "un buen trabajador". En relación con este tema, se citó un antecedente jurisprudencial de la misma Sala en donde se dijo lo siguiente: "La teoría del abuso del derecho, de gran desarrollo doctrinario, tiende a reprimir el egoísmo, la mala fe y cualquier móvil ilícito, en el ejercicio de los derechos por los particulares, de modo y manera que el uso de los derechos subjetivos no impida el cumplimiento de la función que las instituciones jurídicas buscan cumplir en el entorno social donde se originan; y tal doctrina ha sido de amplia recepción en el Código Civil, con normas de contenido muy amplio, que permiten la solución de las consecuencias nacidas de cualquier ejercicio ilícito de los mencionados derechos. Tales normas son las siguientes: "Artículo 20.- Los actos realizados al amparo del texto de una norma, que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de la ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir. Artículo 21.- Los derechos deberán ejercitarse conforme con las exigencias de la buena fe. Artículo 22..."13.  La sentencia dice que un acto abusivo puede darse tanto por acción como por omisión, contrarias o desviadas del espíritu, destino o función económico-social del derecho correspondiente o que sobrepasen, manifiestamente, los límites normales de su ejercicio -ejercicio abusivo o antisocial-. Su consecuencia ha de ser la concreta y directa producción de un ilegítimo, ilícito o ilegal daño material o moral, en la órbita subjetiva de la contraparte o de un tercero, que por su carácter anormal y no conforme a derecho, debe ser reparado. En ello difiere de los actos ilegales -ejecutados sin derecho-, que no producen, necesariamente, un daño particular e individualizado. El acto abusivo es una especie del género de los hechos ilícitos (artículo 632 del Código Civil), cuya conceptualización, como se infiere de lo indicado, no se agota en lo meramente formal: lo contrario a la ley escrita, sino que abarca una noción material de ilicitud, o de ilegitimidad, que comprende principios amplios tales como la buena fe y la equidad contractuales (artículos 28 de la Constitución Política, 21 del Código Civil y 19 del Código de Trabajo), siendo su principal efecto jurídico, el deber de reparar los daños efectivamente causados.  Como parte del análisis del Voto se citó una disposición del derecho positivo español, similar en sus términos al transcrito artículo 22 del Código Civil costarricense, el Jurista Manuel Albaladejo manifiesta: "El ejercicio abusivo o abuso (en el sentido estricto en que ahora tomo el término) del derecho consiste en una conducta activa o pasiva (...) dañosa para tercero, que aunque procede del titular de un derecho, sin embargo, sobrepasa manifiestamente los límites normales (límites que no son los legales, sino los que, dentro de éstos, considere corrientes la conciencia social de la época) del ejercicio mismo. / Para juzgar cuándo se sobrepasan esos límites normales del ejercicio del derecho, hay que tener en cuenta la intención del autor, el objeto o finalidad de la conducta y las circunstancias en que se realice."14. En este nuevo planteamiento, la Sala se cuestionó los verdaderos alcances del artículo 22 del Código Civil, en relación con el sistema indemnizatorio que rige en la materia de este asunto. Fue por esto que se concluyó que en el derecho laboral el resarcimiento de los daños y perjuicios no requiere que el o los reclamantes demuestren la existencia y la gravedad de los mismos, a diferencia de lo que ocurre en el derecho civil y en otras ramas jurídicas. Por el contrario, en esta disciplina el Poder Legislativo estableció un sistema reparatorio tarifado, con ocasión del despido sin causa justa, mediante el artículo 82 del Código de Trabajo. Esta norma expresamente permite la indemnización de los daños y de los perjuicios, cuando -como se dijo- el patrono no acredite, bien sea porque no la hubo o porque ni siquiera lo intentó, una causal justa por la que despidió al trabajador. Esto es lo que sucede, justamente, cuando se produce un despido indirecto o encubierto. Desde la óptica expuesta, el Voto señala que no puede caber duda de que, lo acontecido en este caso, antes que un acto unilateral -renuncia- de los accionantes, en esencia constituye un abuso o un ejercicio antisocial de los derechos y de las prerrogativas patronales, en especial de la libertad de despedir, por parte de la demandada. Se explica que, mediante su actuación, la sociedad empleadora, con una clara y definida intención espuria, creó condiciones que obligaron a sus trabajadores a dar por finalizado el vínculo laboral y, ese ejercicio de sus amplias facultades contractuales pretendió evitar no sólo la cancelación de derechos incuestionables, sino, también, el tener que cargar con el pago de los extremos que generaría un despido con responsabilidad patrona15l. Tal comportamiento violenta, grave y frontalmente, el principio de la buena fe. En este sentido, se indicó que en un antecedente anterior ya la Sala estableció, en el voto N 177 citado, que "No obstante que se ha hablado del ejercicio de un derecho de libre despido, lo que hace en principio pensar que la parte empleadora procedió con apego al ordenamiento jurídico, valorando la causa de la actuación (conducta del agente) y las circunstancias especiales que rodearon la decisión patronal, se llega a la conclusión de que dicho ejercicio fue abusivo y antisocial, porque a través de él se puso en práctica un móvil ilegítimo, pues la intención no fue otra que la de desviar o enervar la función protectora que la norma (...), estaba destinada a cumplir en la sociedad.". Por ende, se concluyó que en el caso de la empresa demandada ella abusó de sus potestades al negar, a los actores, el pago de las vacaciones y del aguinaldo, lo cual los impulsó a dar por finalizada su relación de trabajo. Se trató, entonces, de un típico acto de despido, encubierto e injustificado, que, realmente, carece de causa que lo motive, es decir que se está en presencia de un evidente y manifiesto ejercicio abusivo de una libertad, por parte del empleador; por cuanto, de forma inevitable, impulsó a sus trabajadores a dar por extinguido el contrato laboral. Fue por esto que al haber sido, los demandantes, objeto de un despido indirecto, por negárseles el pago de ciertos extremos durante la vigencia de su relación de trabajo, a los que tenían indiscutible derecho, para obligarlos a tener que renunciar, la demandada está en la obligación de resarcirlos por los daños y por los perjuicios causados, en virtud del ejercicio abusivo de sus facultades contractuales. 
	IV.- EL VOTO DE DISCREPANCIA DEL MAGISTRADO ROJAS SÁNCHEZ: Ese magistrado se apartó del criterio seguido por la mayoría de la Sala, únicamente en cuanto le reconoce, a los recurrentes, a título de daños y perjuicios, los salarios que prevé el artículo 82 del Código de Trabajo. Él consideró que, el “espíritu de la norma” es facultar al patrono para despedir un trabajador alegando alguna de las causas enumeradas en el artículo 81 del mismo cuerpo normativo y durante el proceso no comprobare la causa del mismo. Por ende, la finalidad del citado artículo, consiste en reconocerle al trabajador ilegítimamente despedido, no sólo los extremos del preaviso de despido y del auxilio de cesantía, sino también, a título de daños y perjuicios, aquellos salarios caídos que van desde el despido mismo "hasta la fecha en que de acuerdo con los términos legales para tramitar y resolver, haya debido quedar firme la sentencia condenatoria en contra del patrono", salarios que esta Sala tiene fijados en seis mensualidades16. A criterio del estimable Magistrado, en el caso bajo estudio, se observa que, los reclamantes, agentes de ventas de clubes de viajes, rompieron sus contratos de trabajo con la empresa viajes Colosal S.A. porque ésta, básicamente, no les efectuó el pago de dos extremos laborales, a saber, el aguinaldo y las vacaciones, extremos que dice la demandada nunca se los reconoció por cuanto ellos en ningún momento fueron trabajadores de la empresa, sino más bien, lo que existió fue una relación de carácter mercantil. Ahora bien el magistrado explicó que la naturaleza jurídica de la relación contractual que unió a las partes es algo que escapa de este voto, y es por esto que se referirá al reconocimiento de los daños y perjuicios otorgados en el voto de mayoría. Así pues, si en la especie lo que ha operado es la renuncia de los trabajadores a los cargos que operaban por el incumplimiento del patrono al pago de ciertos derechos laborales, no estamos entonces en la hipótesis del artículo 82 citado, pues éste es de aplicación únicamente cuando exista despido del empleador y luego éste no comprueba la causa del mismo, pero no son debidos por renuncia del trabajador, sea justificada o no17. Según el redactor de minoría, el espíritu del legislador,  fue el de darle a los trabajadores, ilegítimamente despedidos, una indemnización adicional al preaviso y al auxilio de cesantía, reconociéndoles además, cuando el empleador no comprueba, en el proceso judicial, la procedencia del despido, los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios y, en ningún caso, fue intención del legislador, porque no lo dice la norma, el otorgar dicho extremo en situaciones ajenas al despido. Se afirmó que a pesar de que nos encontramos con una renuncia justificada al trabajo, por el no pago de extremos laborales irrenunciables, lo procedente es el reconocimiento de las prestaciones laborales y no de los daños y perjuicios, reservados únicamente cuando el empleador despide y luego no demuestra la comisión de la falta que alegó en la comunicación del despido. Por ello, si la empleadora no le ha atribuido a los recurrentes la comisión de falta alguna, pues más bien estos dieron por roto el vínculo que les unía, no estamos frente a los presupuestos de derecho que exige el Código de Trabajo para otorgar los daños y perjuicios reclamados. Por lo expuesto, la sanción adicional que prevé el numeral 82, está reservada para cuando el empleador, en el ejercicio de su poder disciplinario, impone la máxima sanción de despido con base en una causal, que luego no demuestra fehacientemente en el proceso laboral y que por el perjuicio causado al trabajador cesante -sin que ésta fuera su voluntad-, es justo reconocerle los salarios del período que duró la tramitación del proceso, debido al ilegítimo despido de que fue objeto. Se dijo que la Sala Segunda, en la sentencia N 70, de las 9:30 horas del 15 de abril de 1994, determinó que el espíritu del artículo 82, del Código de Trabajo, es el de la injusticia misma del despido, de ahí se deriva la obligación indemnizatoria, a cargo del patrono, cuando no logra demostrar la existencia de la causal alegada. En este caso, según el citado voto, "los daños y perjuicios surgen, precisamente, del hecho de que el trabajador no ha podido gozar, durante este tiempo, de los derechos que le corresponden, lo que debió haber percibido al término de la relación laboral". Se concluyó que los salarios caídos a título de daños y perjuicios, está reservada única y exclusivamente cuando ha mediado despido por parte del empleador, y éste, en el proceso judicial, no aporta suficientes medios de prueba que fundamentan su dicho18. En resumen, esta indemnización adicional, se otorga sólo en el caso de que el trabajador haya quedado ilegítimamente cesante, caso en el cual, tendrá derecho, no sólo al auxilio de cesantía y al preaviso de despido, sino también a los daños y perjuicios que, como indemnización reparatoria, prevé el artículo 82 antes citado. Por último, se indicó que la Sala Constitucional, en el Voto N 4448, de las 9:30 horas del 30 de agosto de 1996, estableció que, la omisión del patrono de reconocer el pago de preaviso y cesantía ante la ausencia de causa justa para despedir al trabajador -entiéndase despido improcedente o injustificado- "implica necesariamente la aplicación de la sanción de indemnización...(que) tiene como referencia la realidad de que por el período determinado en la misma norma, el trabajador dejó de percibir injustamente el salario que según el mismo contrato laboral le correspondía". Por todo ello, se observa que, la finalidad de la normativa en estudio, está referida en el tanto el trabajador haya sido injustamente despido, esto es, sin justa causa, caso en el cual le resultan procedentes los daños y perjuicios objeto de este recurso, los cuales quedan excluidos cuando es el propio trabajador quien decide dar por roto el contrato laboral.-

CITAS BIBLIOGRÁFICAS
1)	Alonso Olea, Manuel (1975).”Derecho Civil 1”. Librería Bosch, Madrid.
2)	Cabanellas de Torres, Guillermo (1980). “Compendio de Derecho Laboral”. Editorial Heliasta, S.R.L. Madrid.
3)	Nino. Carlos Salvador (1983). “Introducción al análisis del derecho”, Editorial Ariel, Barcelona.
4)	Vargas Chavarría, Eugenio (2000) “Código de Trabajo”. Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., San José, Costa Rica.