Noticias 2005

PRESENTACIÓN

            El fortalecimiento de la justicia  como servicio público es la meta a la que deben apuntar todas las reformas sobre las que se discute en el seno del Poder Judicial y otros círculos del foro costarricense. La reestructuración de la Corte Suprema de Justicia, el fortalecimiento del sistema de Carrera Judicial, la necesidad de cambios administrativos y de modificaciones en los procedimientos judiciales, constituyen temas que solo deben verse en función de la eficiencia de la justicia, un derecho constitucional de todos los ciudadanos.

            La obsolescencia de los procedimientos judiciales son señalados constantemente como una de las causas del retraso judicial que resiente y caracteriza el sistema de administración de justicia. Si se tienen en cuenta las características de los procedimientos actualmente en vigencia (escritos, con muchos recursos e instancias e ignorantes casi por completo de los principios de inmediación y concentración), el señalamiento es cierto.

            El Código de Trabajo promulgado a inicio de la década de los 40 del siglo pasado, contiene un procedimiento especial para tramitar los conflictos laborales, jurídicos y económico-sociales. Es más sencillo  que el  civil y en alguna medida reduce los medios de impugnación. Fue, sin duda, de avanzada para su tiempo. Pero el predominio de la escritura, la existencia de un número excesivo de instancias y una “civilización” del proceso ocurrida a través del tiempo, debida en mucho a que la justicia laboral se administró, como un recargo, por los tribunales civiles, la hacen hoy blanco de serias críticas y de se modo no escapa al señalamiento de obsolescencia a que se hizo referencia y prueba de ello es que pese a grandes esfuerzos e inversión en recurso humano y tecnológico, subsiste una morosidad muy preocupante en esa materia.

            Como respuesta, la Corte Suprema de Justicia se ha propuesto impulsar un “PROYECTO DE REFORMA PROCESAL LABORAL”. En un principio, se pretendió la promulgación de un Código General del Proceso, aplicable a todas las materias, incluida la laboral. Sin embargo la idea no prosperó, porque se tuvo en cuenta que el proceso laboras tiene características propias, desarrolladas a través de una doctrina sólida y con tradición, que lo alejan mucho del proceso común y desde luego que la existencia de un procedimiento autónomo para la aplicación de las disposiciones laborales sustantivas, constituye el instrumento más importante para la vigencia y el desarrollo adecuado del criterio fundamental que orienta el Derecho de Trabajo, cual es el de establecer un amparo preferente a la parte más débil de la relación laboral (el trabajador). No cabe duda de que con tribunales especializados y disposiciones adjetivas también  especiales, ese criterio fundamental que en esencia constituye el llamado “principio protector” se puede materializar mejor en un entorno de cultura jurídica específica. La idea de aplicar disposiciones generales, propias de la jurisdicción ordinaria o común, para la solución de los conflictos laborales, contribuye a debilitar o esfumar el mencionado principio y, en consecuencia, a debilitar el Derecho de Trabajo como ordenamiento sectorial proteccionista. Además de esa razones que tienden a fortalecer el criterio de especialidad, para mantener el sistema se tuvieron en cuenta la importancia de la unidad legislativa sobre una misma materia y razones históricas, de manera que conviene fortalecer el Código de Trabajo en ese sentido unitario, pues así ha venido contribuyendo a sustentar relaciones ordenadas entre patronos y trabajadores y a crear un ambiente laboral digno.

            La Corte Suprema de Justicia integró una Comisión con los Magistrados Drs. Bernardo van der Laat Echeverría y Jorge Hernán Rojas Sánchez y los Jueces Superiores de Trabajo Drs. Víctor Ardón Acosta y Luis Fernando Salazar Alvarado, con participación también del Lic. Mauricio Castro, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, la cual redactó un proyecto de reforma, adoptando a la materia estructuras del anteproyecto del Código General del Proceso, que ya se había elaborado. También se organizaron distintos foros para conocer de estos temas, con participación de abogados y jueces.

            Con esos antecedentes, a mediados del año pasado fui comisionado por la Corte Plena para elaborar un proyecto final de reforma del Código de Trabajo, con el fin de modificar el Título correspondiente a la Jurisdicción Especial del Trabajo, introduciendo como base del procedimiento el principio de  oralidad, en procura de  agilizar los procesos laborales y disminuir la mora judicial. 

        Concluido el trabajo, se entregó  un ejemplar de proyecto al señor Presidente de la Corte, Dr. Luis Paulino Mora Mora, y a los compañeros Magistrados de la Sala Segunda Lics. Zarela María Villanueva Monge y Julia Varela Araya, Dr. Bernado van der Laat Echeverría y Lic. Rolando Vega Robert. Con ellos y los Magistrados Suplentes de la Sala Drs. Eva Camacho Vargas y Rocío Carro Hernández, Lic. Ana Luisa Meseguer Monge, Lics. Oscar Bejarano Coto, Juan Carlos Brenes Vargas, Ricardo Vargas Hidalgo y Drs. Víctor Ardón Acosta y Fernando Bolaños Céspedes, revisamos el documento en seis sesiones de trabajo de un día cada una.

 De todos se recibieron valiosísimas sugerencias, las cuales se incorporaron al Proyecto. Con su formación intelectual y su importante experiencia como jueces, profesores universitarios y abogados litigantes contribuyeron a mejorarlo en forma sustancial, dándole el contenido que hoy presenta.

Como puede observarse del texto, el Proyecto se amplió para comprender temas relacionados con el Derecho Colectivo de Trabajo y de ese modo se sugieren reformas en el Título correspondiente a las medidas de presión con ocasión de los conflictos colectivos económicos y sociales (huelga y paro); modificaciones importantes en el sistema de solución arbitrada de los conflictos jurídicos laborales; simplificación de los procedimientos de arreglo directo, conciliación y arbitraje de los conflictos económicos y sociales, propios del ámbito laboral; introducción de un procedimiento de calificación de los movimientos huelguísticos; y al mismo tiempo se sugieren reglas para la solución de los conflictos económicos y sociales en el sector público. Se  estimó que los desfases propios del tiempo y la existencia de importantes sentencias de la Sala Constitucional sobre temas de derecho colectivo (huelga en los servicios esenciales, constitucionalidad de los laudos y convenciones colectivas en el sector público), hacen indispensable la revisión del Código en todos esos temas, sin lo cual una reforma del procedimiento jurisdiccional, no tendría mayor trascendencia en el Código de Trabajo como herramienta de solución de los conflictos jurídicos, económicos y sociales  del sector laboral del país.

No está de más agregar que en el Proyecto que se sugiere se introduce una modificación en la estructura del Código, con el propósito de ubicar en primer lugar las disposiciones sustantivas y posteriormente o al final los temas procesales, lo que así corresponde dada la naturaleza adjetiva de estos últimos.

También se sugieren algunas reformas a artículos del Código, para adecuarlos a los tiempos y a criterios constitucionales y finalmente se incluyen las modificaciones relacionadas con los cambios que es necesario hacer en la organización del Poder Judicial para poner en práctica la reforma.

En lo que se refiere a la reforma del proceso laboral, el Título sobre la jurisdicción se estructura de la siguiente manera:

Un Capítulo denominado “Organización, Extensión y Límites de la Jurisdicción de Trabajo”, en el cual se contemplan disposiciones generales que incluyen la definición del ámbito de la jurisdicción de trabajo, principios, reglas de interpretación, organización y competencia.

El segundo Capítulo se ocupa de las “Partes del Proceso” y ahí se tratan la capacidad y representación de las partes y el beneficio de justicia gratuita.

En un tercer Capítulo  se habla de las actuaciones previas a la actividad jurisdiccional, como lo son la resolución alterna del conflicto y el agotamiento de la vía administrativa.

De seguido el Proyecto regula la “Actividad Procesal”, incluyéndose disposiciones sobre la intervención de las partes en el proceso, actividad defectuosa, régimen probatorio, acumulación de pretensiones, fuero de atracción y procedimientos cautelares y anticipados.

En el Capítulo V se regula el proceso ordinario y el VI se le da tratamiento a algunos procesos especiales.

La sentencia y sus repercusiones es objeto de regulación en el Capítulo VII, mientras que la terminación anormal del proceso, el procedimiento de ejecución  y medios de impugnación son tratados en los Capítulos VIII a X.

El resto del articulado se ocupa de los procedimientos colectivos, del régimen procesal para sancionar las infracciones a las leyes de trabajo y de la seguridad social y de la solución de los conflictos económicos y sociales en el sector público.

Como aspectos importantes del Proyecto, pueden señalarse, entre otras muchas innovaciones que se sugieren, los que a continuación se indican:

1. Competencia de los jueces de trabajo para conocer de los procesos laborales relacionados con el sector público. De manera expresa se establece esa competencia, con el propósito de eliminar las discusiones que se han dado en el pasado a nivel jurisprudencial acerca de si solo algunos procesos de servidores públicos pueden ser conocidos por los jueces de trabajo, porque otros ( no muy claramente definidos, son de conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa. En esto se armoniza con el Proyecto de Código Procesal Contencioso-Administrativo, que excluye del ámbito de la competencia de los jueces de esa materia todos los conflictos jurídicos relacionados con el servicio público.

2. Criterio de especialidad. Se reafirma y fortalece  el criterio de la especialidad, pues ello es importante para la identidad del Derecho de Trabajo.

3. Eliminación de la cuantía, como criterio de discriminación de un determinado procedimiento o recurso o bien de la competencia, tutelando al máximo los derechos irrenunciables. En esto último se sigue la doctrina iuslaboralista, según la cual el juez de trabajo debe ser protector de los derechos irrenunciables de los trabajadores, pues todo juez debe defender  y respetar siempre el ordenamiento supremo, de manera que si la Constitución dice que un derecho es irrenunciable, eso es norma vinculante para todos. En consecuencia, los jueces de trabajo podrán conocer de los conflictos jurídicos laborales de todo tipo con independencia de la cuantía y podrán resolver sin incurrir en ultra petita cuando se trate de pretensiones sobre derechos irrenunciables. El caso de la extra petita recibe un tratamiento especial, pues se permite al órgano jurisdiccional advertir las omisiones en las pretensiones, por si desea integrar la litis.

4. Delegación a la Corte Suprema de Justicia para organizar tribunales subespecializados. La Corte podrá encargar a un determinado despacho, por ejemplo, el conocimiento de los asuntos de seguridad social. La especialización al máximo puede ser una herramienta de gran importancia para agilizar los trámites.

5. Se busca mayor claridad den las reglas sobre competencia y se establecen reglas sobre competencia internacional, distinguiendo la aplicación del derecho interno del extranjero.

6. Se hace obligatorio el patrocinio letrado. De este modo se elimina la posibilidad de que el trabajador puede presentar demandas en forma “verbal”, lo cual ha sido criticado desde dos puntos de vista:  compromiso del principio del juez imparcial  e indefensión del trabajador.  Esto obliga a establecer un sistema de asistencias judicial gratuita, para lo cual se pretende que la atención de los intereses de los trabajadores de escasos recursos sea atendido por organizaciones gremiales y se crea “abogados de asistencia social” que darán servicio gratuito para los trabajadores pobres.

7.  Régimen probatorio. Se establece un nuevo sistema probatorio, procurando una adecuada aplicación de los principios iuslaboralistas.  En el medio nuestro el tema se torno complejo, debido a que se conocen en la jurisdicción laboral conflictos del Derecho Laboral Privado y del Derecho Laboral Público. Esto obliga a establecer algunas líneas sobre el respeto del principio de legalidad y finalmente se llega a un sistema mixto, en el cual se mantiene el principio clásico de que quien afirma algo debe probarlo, pero de manera expresa se crean cargas probatorias especiales. En términos generales no se aplica estrictamente un sistema de “redistribución de cargas probatorias”, entendido este como aquel en que el trabajador prueba el contrasto y todo lo demás el patrono, pues lo que se hace es concretar las cargas, de manera que solo en ese sentido y en esos casos concretos se puede hablar de una redistribución. 

            8. Se prevé , en los procesos contra el Estado, sus Instituciones u Órganos, la medida cautelar de la reinstalación o suspensión de los efectos del acto, para decretar la cual el Juzgado debe valorar la conveniencia de la medida, atendiendo a criterios tales como el del interés público o la armonía de la empresa. En el proceso ordinario se establece a pedido de parte.

            9. Como innovación importante, puede destacarse el establecimiento de un proceso especial para la protección de las personas amparadas por fueros especiales y del respeto al debido proceso. Es de naturaleza sumarísima, semejante al amparo constitucional, con suspensión automática pero revisable de los efectos del acto. Se hallan en ese supuestos las mujeres embarazadas o en lactancia, los trabajadores cubiertos por el fuero sindical, las personas discriminadas y en general todo trabajador, público o privado, que goce de algún fuero por ley o por instrumento colectivo.

            10. Intereses e indexación. Se establece, como efecto de pleno derecho de la sentencia el pago de intereses y la obligación  de adecuar los extremos económicos principales, actualizándolos a valor presente, en el mismo porcentaje en que haya variado el índice de precios para los consumidores del Área Metropolitana (indexación).

            11. Se simplifican los procedimientos colectivos y se establece un proceso especial de calificación de la huelga.

            12. Se reestructura el proceso de juzgamiento de las infracciones a las leyes de trabajo y de la seguridad social, estableciendo la conmutación de las multas en arresto con opción de cumplir la pena mediante trabajos comunales.

            13. Las sentencias que producen cosas juzgada tiene recurso de casación, por la forma y por el fondo y se elimina la segunda instancia. En el caso del reenvío por nulidad de la sentencia, debe intervenir otra persona como juez.

            14. Se introduce una serie de reglas sobre la solución de los conflictos económicos y sociales en el sector público, con el propósito de ajustar esa materia a fallos de la Sala  Constitucional, según los cuales determinados institutos de solución no son aplicables en ese sector, hasta tanto no haya una regulación adecuada que deje a salvo el principio de legalidad. En esto nos guiamos por el último Decreto emitido por el Poder Ejecutivo, que se cita en el Proyecto.

            15. Aplicación del principio de oralidad. Lo señalo de último, pero constituye una de las más importantes innovaciones, pues su aplicación permea todos los procesos y hace posible la aplicación de otros principios, como la inmediación, la concentración y la publicidad.

            El documento recoge ideas expresadas en otras Comisiones y foros y pretende servir de base para la reforma pretendida.

El texto resultante se incluye a continuación.

San José 16 de agosto del 2004.

Orlando Aguirre Gómez

Magistrado Presidente de la Sala Segunda

de la Corte Suprema de Justicia.

TEXTO DEL PROYECTO:

             Artículo 1°.- Refórmanse los Títulos VI a XI del Código de Trabajo y se agrega a ese mismo Código un Título XII, los  cuales  se leerán así:

“TITULO VI

DE LAS MEDIDAS DE PRESION CON OCASIÓN DE LOS CONFLICTOS COLECTIVOS ECONOMICOS Y SOCIALES

CAPITULO I

DE LAS HUELGAS LEGALES E ILEGALES

 

            ARTICULO 371.[1]  Huelga legal es el abandono temporal del trabajo en una empresa, institución,[2] establecimiento o centro de trabajo, acordado y ejecutado pacíficamente por una pluralidad de trabajadores de por lo menos tres, que represente al menos el cuarenta por ciento[3] de sus empleados, con el exclusivo propósito de mejorar o defender sus intereses económicos y sociales comunes.

            ARTICULO 372. La huelga legal suspende los contratos de trabajo vigentes en la empresa, institución, lugar o centro de trabajo en que se declare, por todo el tiempo que ella dure.

            ARTICULO 373. Para declarar una huelga legal, los trabajadores deben:

a)      Reunir estrictamente los requisitos señalados en el artículo 371.

b) Agotar los procedimientos de conciliación de que habla este Código.

c)      Constituir por lo menos el cuarenta por ciento de las personas que trabajen en la empresa, lugar o negocio de que se trate.

d)     Desempeñarse en actividades que no correspondan a servicios esenciales.

 

 

ARTUCULO 374. La suspensión o el abandono pueden hacerse por lapsos intermitentes, graduados o en forma escalada. En estos casos los días y horas de suspensión o abandono deben ser comunicados previamente al empleador al inicio de la huelga, por escrito.

En el caso de huelgas declaradas legales, el plazo máximo de huelga será de cuarenta y cinco días naturales, finalizado el cual el arbitramento como solución del conflicto será obligatorio, debiendo procederse entonces según lo dispuesto en este mismo Código.

Los actos de coacción o de violencia sobre las personas o propiedades, serán sancionados por las autoridades represivas comunes con las penas correspondientes.

            ARTICULO 375. No será permitida la huelga en los servicios esenciales. Se entiende como tales aquellos que sean indispensables para no causar un daño grave e inmediato a la salud, la economía pública, la higiene, el aseo, el alumbrado, las comunicaciones y cualquier otro que sea absolutamente indispensable para la subsistencia y desenvolvimiento normal de la vida diaria de las personas.

En el caso de las empresas de comunicaciones otransporte público o privado, por vías terrestres, aéreas o marítimas y actividades de carga y descarga, en muelles o atracaderos o cualquier terminal, será siempre indispensable mantener un servicio mínimo esencial, que asegure el funcionamiento básico del servicio, de modo que no se afecten la vida, la saludad, integridad y seguridad de las personas.[4]

ARTICULO 376. Después de declarada ilegal la huelga, la parte empleadora podrá  ponerle fin, sin responsabilidad para ella, a los contratos de trabajo celebrados por los huelguistas. Quedan a salvo las sanciones de orden represivo que en contra de estos lleguen a declarar los tribunales comunes.

En el caso de que se produzca la declaratoria de ilegalidad, la parte empleadora notificará a los trabajadores por cualquier medio la fecha a partir de la cual se reanudarán las labores.

ARTICULO 377. Si los tribunales de trabajo declaran que los motivos de una huelga legal son imputables al patrono, por incumplimiento del contrato o contratos de trabajo, por negativa injustificada a celebrar una convención colectiva o por maltrato o violencia  contra los trabajadores, condenará a aquel al pago de los salarios correspondientes a los días en que éstos hayan holgado.

CAPITULO II

DE LOS PAROS LEGALES E ILEGALES

 

ARTICULO 378. Paro legal o cierre patronal es la suspensión temporal del trabajo ordenado por dos o más empleadores, en forma pacífica y con el exclusivo propósito  de defender sus intereses económicos y sociales comunes.

El paro comprenderá siempre el paro total de las empresas, establecimientos o negocios en que se declare.

ARTICULO 379. El paro será legal si los empleadores se ajustan a los requisitos previstos a los requisitos previstos en el artículo 379 y dan luego a sus trabajadores un aviso con un mes de anticipación para el solo efecto de que estos puedan dar por terminados sus contratos, sin responsabilidad para ninguna de las partes, durante ese período.

ARTICULO 380. La reanudación de los trabajos se hará de acuerdo con las normas que establece el artículo 77.

ARTICULO 381. Son aplicables al paro las disposiciones de los artículos 374 y 375.

ARTICULO 382. Se tendrá también por paro ilegal todo acto malicioso del empleador que imposibilite a los trabajadores el normal desempeño de sus labores.

ARTICULO 383. Todo paro ilícito tiene los siguientes efectos:

a)                             Faculta a los trabajadores para pedir su reinstalación inmediata o para dar por terminados sus contratos, con derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones legales que procedan.

b)                            Obliga al empleador a reanudar sin pérdida de tiempo los trabajos  y a pagar a los trabajadores los salarios que debieron haber percibido  durante el período  en que estuvieron las labores indebidamente suspendidas; y,

c)                             Da lugar en cada caso, a la imposición de una multa de quince a veintitrés salarios mensuales base, según la gravedad de la infracción y el número de trabajadores afectados por ésta, sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier otra índole que lleguen a declarar contra sus autores los tribunales comunes.

CAPITULO III

DISPOSICIONES FINALES

 

            ARTICULO 384. Ni los paros ni las huelgas pueden perjudicar en forma alguna a los trabajadores que estuvieren percibiendo salarios o indemnizaciones por accidentes, enfermedades, maternidad, vacaciones u otras causas análogas.

            ARTICULO 385. El hecho de que un paro o una huelga terminen por arreglo directo entre empleadores y trabajadores o por decisión judicial, no exime de responsabilidad a los que hubieren cometido delitos o faltas con motivo del conflicto.

            ARTICULO 386. En caso de huelga o paro legalmente declarado, los Tribunales de Trabajo darán orden inmediata a las autoridades de policía para que mantengan clausurados los establecimientos o negocios que el conflicto  afecte y protejan debidamente a las personas y propiedades.

            En caso de huelga o paro ilegal, los Tribunales de Trabajo ordenarán a las autoridades de policía que garanticen por todos los medios a su alcance la continuación de los trabajos; y si se tratare de servicios públicos en manos de empresarios particulares, el Poder Ejecutivo podrá, con ese fin, asumir su control temporal.

            ARTICULO 387. El derecho de los empleadores al paro y el de los trabajadores a la huelga son irrenunciables; pero será válida la cláusula, en virtud de la cual se comprometa a no ejercerlos temporalmente, mientras una de las partes no incumpla  los términos de la convención, o contrato colectivo, suscrito este último entre el empleador o empleadores de que se trate y el 60% [5]de sus trabajadores.

            [6]

            ARTICULO 388. Toda persona que incite públicamente a que una huelga o un paro se efectúe contra las disposiciones de este Título, será sancionada con una multa de cinco a diez salarios mensuales.

            ARTICULO 389. Los individuos que con ocasión de un conflicto  colectivo participen  en este para promover en forma notoria el desorden o quitarle su carácter pacífico, serán repelidos y expulsados del entorno donde se desarrolla el movimiento, por cualquier autoridad, y sancionados con una multa de cinco a diez salarios mensuales.[7]

TITULO VII

DE LAS INFRACCIONES A LAS LEYES DE TRABAJO Y SUS SANCIONES[8]

 

            ARTICULO 390. Constituyen faltas punibles las acciones u omisiones en que incurran los empleadores, los trabajadores o sus respectivas organizaciones, que transgredan las normas previstas en la Constitución Política, los pactos internacionales sobre derechos humanos, los Convenios adoptados por la Organización Internacional del Trabajo, ratificados por la Asamblea Legislativa y demás normas laborales y de seguridad social.

            ARTICULO 391. Los procesos que se originen en dichas faltas, serán de conocimiento de los órganos de Trabajo, de acuerdo con las reglas de  competencia y por el procedimiento que en este mismo Código seseñalan.

            ARTICULO 392. Las personas transgresoras referidas en el artículo 393 de este Código, serán sancionadas con multa, según la siguiente tabla:

1.      De uno a tres salarios mensuales base.

2.      De cuatro a siete salarios mensuales base.

3.      De ocho a once salarios mensuales base.

4.      De doce a quince salarios mensuales base.

5.      De dieciséis a diecinueve salarios mensuales base.

6.      De veinte a veintitrés salarios mensuales base.

La denominación salario base utilizada en esta ley, debe entenderse como la contenida en el artículo 2° de la Ley 7337, de 5 de mayo de 1993, de conformidad con lo establecido en este mismo Código.[9]

            Si se incumpliere el pago de la multa, se conmutará esa sanción a prisión o trabajos comunales, por el mismo número de días tomado en cuenta para fijar la multa. [10]

            La responsabilidad es subjetiva, pero los efectos económicos de la falta del representante se extienden solidariamente a las personas u organizaciones representadas, cuando el infractor ha actuado en su nombre o representación.[11]

            ARTICULO 393. Las infracciones a las normas prohibitivas de este Código o de las leyes de trabajo y seguridad social, serán sancionadas a partir dela multa comprendida en el numeral 3 de la tabla de sanciones del artículo anterior.

            ARTICULO 394. Cuando se trate de la negativa a otorgar informes, avisos, solicitudes, permisos, comprobaciones o documentos requeridos según este Código y las leyes de trabajo y seguridad social para que las autoridades de trabajo puedan ejercer el control que les encargan dichas disposiciones, los responsables serán sancionados con la multa comprendida en el numeral 1 de la tabla de sanciones contenida en el artículo 392,  siempre que haya mediado prevención con un plazo de treinta días.

            El juzgador aplicará la sanción que corresponda en cada caso, tomando en cuenta la gravedad del hecho, sus consecuencias, el número de faltas cometidas y la cantidad de trabajadores afectados, a los efectos de aminorar la sanción, siempre y cuando el infractor se comprometa a reparar el daño de inmediato en forma integral.

 

TITULO VIII

PROHIBICIÓN DE DISCRIMINAR[12]

 

            ARTICULO 395. Prohíbese toda discriminación en el trabajo por razones de edad, etnia, género, religión, raza, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación, situación económica o cualquier otra forma análoga de discriminación.[13]

 

            ARTICULO 396. Todos los trabajadores que desempeñen un trabajo igual gozarán de los mismos derechos, igual jornada laboral y remuneración igual, sin discriminación alguna por los motivos antes mencionados.

            ARTICULO 397. Se prohíbe el despido de los trabajadores por las razones señaladas en el artículo tras anterior.

            ARTICULO 398. Queda prohibido a los empleadores discriminar por edad al solicitar un servicio o seleccionar a un trabajador.

            ARTICULO 399. Todas las personas, sin discriminación alguna, gozarán de las mismas oportunidades para obtener empleo y deberán ser consideradas elegibles en el ramo de su especialidad, siempre y cuando reúnan los requisitos formales solicitados por el empleador o la parte contratante.

            ARTICULO 400. Toda discriminación que perjudique a un trabajador por motivos de edad, etnia, género, religión, raza, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación o situación económica,  podrá ser hecha valer por las autoridades o la parte interesada ante los juzgados de trabajo, en la forma dispuesta en este Código.

            ARTICULO 401. Los empleadores a quienes se les compruebe haber cesado a trabajadores por cualquiera de los motivos de discriminación antes indicados, deberán reinstalarlos a su trabajo, con el pleno goce de sus derechos y las consecuencias previstas para la sentencia de reinstalación.[14]

TITULO IX

DE LAS PRESCRIPCIONES

 

            ARTICULO 402. El cómputo, la suspensión,  la interrupción y demás extremos relativos a la prescripción se regirán, en cuanto no hubiere incompatibilidad con este Código, por lo que sobre esos extremos dispone el Código Civil.

            ARTICULO 403. Los derechos provenientes de sentencia judicial prescribirán en el término de diez años que se comenzará a contar desde el día de la firmeza de la sentencia.

            ARTICULO 404. Salvo disposición especial en contrario, todos los derechos y acciones provenientes de contratos de trabajo y de cualquier otra relación convencional íntimamente vinculada a esos contratos, que no sean anteriores a los últimos diez años de la relación laboral o de servicio público, así como los derechos y acciones para reclamar contra las sanciones disciplinarias que se hayan aplicado durante esos últimos diez años,  prescribirán en el término de un año,[15] contado desde la fecha de extinción de dichos contratos.

            A los derechos y acciones anteriores a los últimos diez años de la relación, se les aplicará  la prescripción decenal, aún cuando el vínculo entre las partes se halle vigente.

            ARTICULO 405. Sin perjuicio de lo que dispongan disposiciones especiales sobre el plazo de prescripción, los derechos y acciones de los empleadores para despedir justificadamente a los trabajadores o para disciplinar sus faltas, prescribirá en el término de tres meses,[16] que comenzará a correr desde que se dio la causa para la separación o sanción o, en su caso, desde que fueren conocidos los hechos causales.

            En el caso de que el empleador deba cumplir con un procedimiento sancionador, la intención de sanción debe notificarse al empleado dentro de ese plazo y a partir de ese momento los tres meses comenzarán a correr de nuevo cuando el empleador o el órgano competente en su caso, esté en posibilidad de resolver, salvo que el procedimiento se paralice o detenga por culpa atribuible exclusivamente a la parte empleadora, situación en la cual la prescripción es aplicable, si la paralización o suspensión  alcanza a cubrir ese  plazo.

            La potestad para ejecutar las sanciones disciplinarias impuestas a los servidores públicos prescribe en el término de dos años, a partir de la firmeza del respectivo acto administrativo.

 

            ARTICULO 406. Los derechos y acciones de los trabajadores para dar por concluido con justa causa su contrato de trabajo, prescriben en el término de seis meses, [17] contados desde el momento en que el empleador dio motivo para la separación.

            ARTICULO 407. Los derechos y acciones de los empleadores, para reclamar contra los trabajadores que se separen injustificadamente de sus puestos, prescribe en el término de tres  meses, contados a partir de la cesación del contrato.  

 

            ARTICULO 408. Salvo disposición legal en contrario, todos los derechos y acciones provenientes de este Código, de sus reglamentos, de sus leyes conexas, incluidas las de previsión social, que no se originen directamente en contratos de trabajo, ni se relacionen con conflictos jurídicos entre empleadores y trabajadores, prescriben en un año. Ese plazo correrá para los empleadores desde el acaecimiento del hecho respectivo  y para los trabajadores y demás interesados desde el momento en que estén en posibilidad efectiva de reclamar sus derechos o de ejercitar las acciones correspondientes.[18]

            ARTICULO 409. La acción para sancionar las faltas cometidas contra las leyes de trabajo y de previsión social, prescribe en un año, contado a partir del momento en que se  cometan o desde el cese de la situación cuando se trate de hechos continuados.

            La presentación de la acusación y la intimación interrumpen dicho plazo.

TITULO X

DE LA JURISDICCION ESPECIAL DE TRABAJO

                                                       CAPITULO PRIMERO                                       

ORGANIZACIÓN, EXTENSION Y LÍMITES DE LA JURISDICCION DE TRABAJO

SECCION I

DISPOSICIONES GENERALES

            ARTICULO  410. En la jurisdicción de trabajo, establecida en el artículo 70 de la Constitución Política,  se dirimirán   los conflictos individuales y colectivos, cuya solución requiera la aplicación de normas del Derecho de Trabajo y  Seguridad Social y los principios que lo informan, así como de los asuntos conexos a las relaciones sustanciales propias de ese Derecho.

             Dentro de ese ámbito se incluye el conocimiento de todas las pretensiones derivadas de las relaciones de empleo público, para el cobro de prestaciones de naturaleza laboral y para la impugnación de los actos de todas las instituciones u órganos de derecho público, relativos a dicho empleo.

            ARTICULO 411. Además de los principios generales correspondientes a todo proceso, como lo son los  de exclusividad y obligatoriedad de la función jurisdiccional, independencia de los órganos jurisdiccionales, contradicción o audiencia bilateral, publicidad, obligatoriedad de los procedimientos legales, de la necesaria motivación de las resoluciones judiciales y de preclusión, el proceso laboral  se rige por los siguientes principios procesales básicos: la conciliación, actuaciones prioritariamente orales, la sencillez, el informalismo, la oficiosidad relativa, así como la celeridad, concentración, inmediación, búsqueda de la verdad real, libertad probatoria, lealtad procesal y gratuidad o costo mínimo.[19]

            ARTICULO 412.  En la interpretarse las disposiciones de este Título, deberá tenerse en cuenta que su finalidad última es permitir ordenadamente la aplicación de las normas sustanciales y los principios que las informan, incluidas la justicia y la equidad, cuando resulten aplicables. Las personas encargadas de los órganos de esta materia, dirigirán el proceso en forma protagónica, impulsándolo oportunamente, buscando la verdad real dentro de los límites establecidos, dándole a ésta primacía sobre las expresiones formales, tutelando la indisponibilidad de los derechos y aplicando en forma adecuada las reglas “pro operario” (in dubio pro operario, norma más favorable y condición más beneficiosa); de modo que en la solución de los conflictos se  cumpla con los principios de justicia social y la desigualdad de la parte trabajadora no se exprese en el resultado del proceso.

            ARTICULO 413. En los procesos en que sea parte el Estado, sus instituciones y órganos, sobre relaciones regidas por el derecho público, se aplicará lo dispuesto en el artículo anterior. La regla de la primacía de la realidad y las normas no escritas del ordenamiento (costumbres, jurisprudencia y principios generales de derecho), sólo podrán ser invocadas como fuente de derecho cuando ello sea posible de acuerdo con la Ley General de la Administración Pública.[20]

            ARTICULO 414.  El proceso es de iniciativa de la parte y una vez promovido, los órganos de la jurisdicción deberán dictar, de oficio, con amplias facultades, todas las medidas dirigidas a su avance y finalización, sin necesidad de gestión de las partes.

            ARTICULO 415. Además de las exenciones acordadas en el artículo 10 de este Código, en el proceso regulado en este Título no se exigirán depósitos de dinero, ni cauciones de ninguna clase, y las publicaciones que deban hacerse en el periódico oficial serán gratuitas.

            ARTICULO 416.  Se consideran contrarias al sistema de administración de justicia laboral las formalidades exageradas, abusivas e innecesarias. Como tales formalidades, se tendrán el decreto excesivo de nulidades, la falta de aplicación del principio de saneamiento y conservación del proceso cuando ello fuere procedente, la disposición reiterada de prevenciones que debieron haberse hecho en una sola resolución, el otorgamiento de traslados no previstos en la ley, darle preeminencia a las normas procesales sobre las de fondo o aplicar inconducentemente formalidades y en general cualquier práctica procesal abusiva.

            ARTÍCULO 417.  La inexistencia de normas procesales expresamente previstas para un caso o situación concreta, se llenará mediante la aplicación analógica de las otras disposiciones de este mismo Código  y sus principios,  en cuanto resulten compatibles.

            La legislación procesal civil, y la procesal contencioso administrativa en los procesos sobre relaciones regidas por el derecho público, serán de  aplicación  supletoria, para llenar los vacíos normativos de este Código o para utilizar institutos procesales no regulados expresamente, que sea necesario aplicar para la tutela de los derechos de las partes y los fines del proceso, con la condición de que no contraríen el texto y los principios procesales de este Título,

            En todo caso, si hubiere omisión acerca de la forma de proceder,  los órganos de la jurisdicción laboral estarán autorizados para idear el procedimiento que sea más conveniente, a fin de que pueda dictarse con prontitud la resolución que decida imparcialmente las pretensiones de las partes, con tal de que se garantice a estas el debido proceso.

 

SECCION II

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

            ARTICULO 418.  La jurisdicción de trabajo  estará a cargo de Juzgados, Tribunales de Conciliación y Arbitraje y Tribunales Superioresde Apelación y de Casación, todos  especializados.[21] Sobre su organización y funcionamiento se aplicará, en lo pertinente, además de lo dispuesto en este Código, lo que se establece en la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto de Servicio Judicial.

            Los juzgados  conocerán en primera instancia de los asuntos propios de su competencia, cualquiera que sea el valor económico de las pretensiones, y servirán como base, en las circunscripciones territoriales que señale la Corte Suprema de Justicia, para la constitución de los Tribunales de Conciliación y Arbitraje.

            Los Tribunales Superiores de Apelación conocerán en segunda instancia de las alzadas que procedan en los conflictos jurídicos individuales de conocimiento de los Juzgados y tendrán la  sede y competencia territorial que les señale la Corte Suprema de Justicia.

            Los órganos de casación conocerán del recurso de casación admisible contra los pronunciamientos de los Juzgados y funcionarán como tales la Sala de la Corte Suprema de Justicia que señale la Ley Orgánica del Poder Judicial y los Tribunales creados al efecto por la ley.

            Asimismo, dichos órganos  conocerán  de los demás asuntos que indique la ley.

            En los circuitos judiciales donde el volumen de casos lo amerite, la Corte Suprema de Justicia  podrá encargar a un determinado despacho el conocimiento de los asuntos de seguridad social o de alguna subespecialidad, correspondientes al  territorio que se señale.[22]

SECCION III

 COMPETENCIA[23]

ARTICULO 419. Los Juzgados de Trabajo conocerán en primera instancia de:

            1. Todas las diferencias o conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico derivados de la aplicación del presente Código o de las normas que regulan el empleo público,  del contrato de trabajo o de hechos íntimamente vinculados a las respectivas relaciones

            2. Los conflictos de carácter económico y social, una vez que se constituyan en Tribunales de Arbitraje. Tendrán también competencia para arreglar en definitiva los mismos conflictos, una vez que se constituyan en Tribunal de Conciliación, conforme se establece en este Código.

            3. Los juicios que se establezcan para obtener la disolución de las organizaciones sociales.

            4. Las cuestiones de carácter contencioso que surjan con motivo de la aplicación de la Ley de Seguro Social y sus Reglamentos.

5. Las pretensiones referidas a los distintos regímenes de pensiones, siempre y cuando estén vinculadas a relaciones de empleo público o privado.

            6. Las demandas de riegos de trabajo, regulados en el Título IV de este Código.

            7. Los juzgamientos de las faltas cometidas contra las leyes de trabajo o de previsión social.

            8. Todos los demás asuntos que determine la ley.

            ARTICULO 420. Los órganos  tienen  limitada su competencia al territorio señalado para ejercerla, excepto los casos en que sea necesario su traslado a otro territorio para practicar actuaciones indelegables.[24]Los gastos de traslado correrán por cuenta de la parte interesada,  salvo cuando se trate de los trabajadores, caso en el cual serán cubiertos por el Estado.

            Sin perjuicio de dispuesto en normas especiales, la competencia territorial de los Juzgados se determinará de acuerdo con las siguientes disposiciones:

            1. Como regla general, será juzgado competente el del lugar de la prestación de los servicios o el del domicilio del demandado, a elección del demandante.

            2. Si los servicios se prestan en lugares de distintas circunscripciones territoriales, el actor podrá elegir entre el lugar de su propio domicilio, el de la firma del contrato o el domicilio del demandado.

            3. En el caso de riesgos laborales, será competente el órgano jurisdiccional del lugar de la prestación de los servicios, del domicilio del demandado o del lugar donde acaeció el riesgo, a elección del demandante.

            4. Si fueren varios los demandados y se optare por el fuero de su domicilio, si éste no fuere el mismo para todos, el actor podrá escoger el de cualquiera de ellos.

            5.  En los procesos contra el Estado o sus instituciones, será juzgado competente el del lugar de la prestación de los servicios o el del domicilio del demandante, a elección de este último.

            6. El Juzgado del domicilio del demandado será el competente para conocer de los conflictos colectivos entre empleadores y trabajadores o de estos entre sí.

            7. La calificación de la huelga corresponderá al juzgado del lugar donde se desarrollan los hechos. Si tuvieren lugar en distintas circunscripciones, el conocimiento corresponderá a cualquiera de los juzgados de esos territorios, a elección del solicitante. [25]

            8. Las acciones para obtener la disolución de las organizaciones sociales, se establecerán ante el Juzgado del domicilio de éstas.

            9. El juzgado del último domicilio del trabajador activo o pensionado fallecido, será el competente para conocer de los procesos de distribución de sus prestaciones legales y de cualquier otro extremo que deba distribuirse en esta jurisdicción.[26]

            10. Las acciones nacidas de contrato verificado con trabajadores costarricenses, para la prestación de servicios o ejecución de obras en el exterior, serán de competencia del Juzgado del lugar del territorio nacional donde se celebró el contrato, salvo que en éste se hubiere estipulado alguna otra cláusula más favorable para los trabajadores o para sus familiares directamente interesados.

            11. Las acusaciones por infracciones a las leyes de trabajo o de previsión social, serán de conocimiento de los juzgados de trabajo en cuya jurisdicción se cometió la falta o infracción o del domicilio del eventual responsable, a elección del acusador. 

            12. Para realizar los actos preparatorios, de aseguramiento o la aplicación de cualquier medida precautoria atípica  será competente el juzgado del proceso a que se refieran. Sin embargo, en casos de urgencia, los actos preparatorios o de aseguramiento podrán plantearse ante cualquier otro órgano con competencia material, el cual no podrá en ningún caso excusarse de conocer del asunto. Realizado el acto, las actuaciones se pasarán al órgano competente.

            En todos aquellos casos en que dos o más órganos tengan competencia para conocer  por razón del territorio de una misma pretensión o conflicto, se tendrá como único y definitivo competente al que prevenga en el conocimiento.

 

            ARTICULO 421. Cuando se trate de derechos irrenunciables, los órganos de trabajo, al dictar la sentencia, ajustarán los montos respectivos a lo que legalmente corresponda, aunque resulten superiores a los indicados por la parte en la demanda o en algún documento o medio probatorio que la sustente. Respecto de los extremos renunciables, las estimaciones o fijaciones hechas en la demanda regirán como límites que los órganos de trabajo no podrán sobrepasar.[27]

ARTICULO 422. La competencia de los órganos de la jurisdicción laboral se extiende a las pretensiones conexas aunque consideradas en sí mismas sean de otra naturaleza, siempre y cuando se deriven  de los mismos hechos o estén íntimamente vinculadas a la relación substancial que determina la competencia.

            ARTICULO 423. En materia de competencia internacional, son competentes los tribunales costarricenses:

1. Para conocer  pretensiones de trabajadores domiciliados en  Costa Rica y contratados laboralmente en el país  para trabajar fuera del territorio nacional.[28] Se incluyen dentro de este supuesto los contratos iniciados en el territorio nacional y continuados posteriormente en otros territorios.

2. Cuando las pretensiones se originen en contratos de trabajo realizados en el extranjero, para ser ejecutados en forma indefinida y permanente, o por períodos que impliquen permanencia, en el territorio nacional.

3. Cuando las partes así lo hayan establecido contractualmente, siempre que alguno de ellos sea costarricense y al mismo tiempo exista algún criterio de conexión con el territorio nacional.

En los supuestos de los tres incisos anteriores, se aplicará siempre a toda la relación de trabajo la legislación nacional, en lo que resulta más favorable al trabajador.[29]

 4. Cuando así resulte de tratados o convenios internacionales o de la prórroga expresa o tácita que pueda operarse en los términos de esos instrumentos. En el caso de la prórroga debe respetarse la competencia legislativa[30] aplicable a la relación substancial, según el contrato o las normas y principios del Derecho Internacional, salvo pacto expreso en contrario.

ARTICULO 424. La competencia sólo se puede delegar para la práctica de actos procesales con cuya realización no se viole el principio de inmediación y que se requieran como auxilio para la substanciación del proceso. Queda absolutamente prohibida, bajo pena de nulidad,  la delegación para la recepción de pruebas y de cualquier otro acto propio de la audiencia. Los tribunales podrán, sin embargo, incorporar al proceso, hasta en  la audiencia, cuando ello sea necesario, elementos probatorios, incluidos testimonios,  a través de medios de comunicación electrónica, siempre y cuando quede garantizada la autenticidad del contenido  de la comunicación y no se afecte el debido proceso.

            ARTICULO 425.  La parte actora no podrá impugnar la competencia del órgano ante quien radicó la demanda, al cual quedará vinculada hasta el fenecimiento y ejecución, en su caso,  con arreglo a derecho. En consecuencia, no podrá hacer variar esa competencia aunque posteriormente cambien las circunstancias de hecho existentes al momento de instaurarse el proceso.[31]

ARTICULO 426. La competencia por la materia es improrrogable.

       Únicamente podrá ser protestada por la parte interesada, al contestarla demanda  ao contrademanda.

La  excepción de incompetencia será rechazada de plano, cuando  las pretensiones deducidas en la demanda o reconvención sean de naturaleza laboral incuestionable, sin perjuicio de lo que se resuelva en sentencia atendiendo a las probanzas sobre la relación substancial que le sirvan de base. [32]

ARTICULO 427. La excepción de incompetencia por la materia, cuando sea procedente su trámite, será trasladada por tres días a la parte contraria y transcurrido ese término, el Juzgado resolverá lo que corresponda.

La incompetencia por la materia podrá decretarse de oficio únicamente por el Juzgado,[33] en cualquier estado del proceso, antes de dictarse la sentencia.

             ARTICULO 428. En los dos supuestos del artículo anterior, lo resuelto será apelable[34]  para ante el órgano competente según la Ley Orgánica del Poder Judicial para resolver cuestiones competencia  entre tribunales de distintas materias. Será necesario fundamentar el recurso y al respecto, así como para el  trámite de la impugnación, se estará a lo dispuesto para la apelación en los artículos 557  y 558 de este mismo Código.

El pronunciamiento de ese órgano no tendrá  ulterior recurso y será vinculante para las jurisdicciones involucradas.

Si el pronunciamiento del Juzgado no fuere apelado, el órgano de la materia a quien se le atribuye la competencia podrá promover el respectivo conflicto.

            ARTICULO 429. Es prohibido a los tribunales declarar de oficio la incompetencia por razón  del territorio y la parte interesada solo podrá protestarla alcontestar la demanda.

            La excepción se resolverá una vez transcurrido el término del emplazamiento.

La resolución  que se dicte será apelable. Si la protesta se reduce a  la competencia respecto de circunscripciones territoriales nacionales, la alzada será resuelta por el superior del órgano que dictó el pronunciamiento y lo que éste resuelva será definitivo y vinculante para los órganos de la otra circunscripción territorial, sin que sea posible plantear ningún conflicto. Si la excepción se interpuso alegándose que el asunto no es competencia de los tribunales costarricenses, la apelación la conocerá el órgano de la Corte Suprema de Justicia con competencia para conocer del recurso de casación en los asuntos laborales. [35]

Si lo resuelto por el Juzgado no fuere recurrido, se considerará  firme y vinculante para las partes y, en su caso,  el órgano jurisdiccional nacional  en cuyo favor se haya establecido la competencia por razón del territorio deberá asumir el conocimiento del proceso, sin que le sea posible disentir por la vía del conflicto.[36]

            ARTICULO 430. La competencia subjetiva se regirá por lo dispuesto en la legislación procesal civil y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero los jueces de Trabajo, además de las causales indicadas en dicha legislación, estarán sujetos a inhibitoria en los procesos contra el Estado o sus instituciones cuando:

            a)  hubieren participado en la conducta activa u omisa objeto del proceso o se hubieren manifestado previa y públicamente respecto de ellas.

            b) tengan parentesco, dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con las autoridades de la jerarquía administrativa que participó en la conducta sometida  a su conocimiento y decisión.

            c) se encuentre en igual relación con la autoridad o con los funcionarios que hubieren participado en la conducta sometida a proceso o informado respecto de ella.[37]

            d) cuando en el momento de dictarse el acto que origina el proceso hayan formado parte como titulares  de la jerarquía del órgano, organización  o empresa que lo dictó, o cuando formen parte de uno u otras, aunque no hayan participado en la decisión.[38]

            ARTICULO 431. Las recusaciones deberán interponerse:

            1. En instancia, antes de la celebración de la audiencia  de conciliación y juicio o antes del dictado de la sentencia en los procesos en los cuales no se lleve a cabo  ese trámite.

            2. En los recursos donde no esté previsto el trámite de vista, antes de emitirse el voto correspondiente.

            3. En los recursos con trámite de vista, antes de la celebración de la vista.

            Se exceptúan los casos en los cuales la parte no ha estado en posibilidad de conocer a la persona antes de la audiencia o vista. En estos casos la parte podrá plantear la recusación dentro de los tres días posteriores a la intervención de esa persona.  

            La no interposición oportuna de la recusación, hace perecer, de plano,  el derecho de protestar y reclamar en cualquier vía por esa misma causa y torna inatendible cualquier  protesta, debiendo el órgano disponer su archivo.

             La recusación no suspende la ejecución de la sentencia  o de lo resuelto antes desu interposición.[39]

CAPITULO SEGUNDO

DE LAS PARTES DEL PROCESO

 

SECCION I

 CAPACIDAD Y REPRESENTACION DE LAS PARTES

            ARTICULO 432. Tienen capacidad para comparecer en juicio en defensa de sus derechos subjetivos e intereses legítimos quienes se encuentren en ejercicio de sus derechos.

            ARTICULO 433. Los trabajadores, a  partir de los quince años, gozan de plena capacidad para ejercer ante las autoridades administrativas y judiciales las pretensiones que sean de su interés y en general para la tutela de sus derechos laborales y de seguridad social.

En los procesos en que figure como parte un menor mayor de quince años, puede intervenir en la tutela de sus intereses cualquiera de los padres en el ejercicio de la patria potestad o quien legalmente ejerza su depósito.

          Los menores de quince años serán representados por uno de sus padres con ese poder o su depositario legal y en su defecto, en forma gratuita por un abogado del Patronato Nacional de la Infancia.

            ARTICULO 434. Las personas declaradas en estado de interdicción, los incapaces naturales mayores de dieciocho años y los ausentes comparecerán por medio de sus representantes legítimos. Si no lo tuvieren o el que ostentan se encuentra opuesto interés, se nombrará para que los represente como curador, sin costo alguno, a una persona abogada de asistencia social.      

            ARTICULO 435. Los sindicatos tendrán legitimación para la defensa de los intereses económicos y sociales que les son propios. Para ejercer derechos subjetivos  de sus afiliados es indispensable el otorgamiento de poder suficiente.

            ARTICULO 436. Las personas jurídicas comparecerán en el proceso a través de su representante legítimo.

            ARTICULO 437. En las demandas contra el Estado, por actuaciones de la Administración Central, de los Poderes del Estado, del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Contraloría General de la República y de la Defensoría de los Habitantes de la República, en tanto ejerzan función administrativa, la representación y defensa corresponderá a la Procuraduría General de la República.[40]

            ARTICULO 438. La representación y defensa de las entidades descentralizadas se regirá de acuerdo con lo que establezcan sus propias leyes. Cuando la designación de representantes con facultades suficientes para litigar se hace en el Diario Oficial, bastará con que los representantes invoquen la publicación como prueba de su personería y aseguren bajo juramento que la designación no ha sido modificada o dejada sin efecto.

            ARTICULO 439. Quienes actúen como demandados o coadyuvantes, con excepción de la Contraloría General de la República en los casos en que puede intervenir en los procesos  conforme a la ley, podrán litigar unidos bajo una misma representación y dirección, siempre que sus posiciones no sean contradictorias.[41]

            ARTICULO  440. Las partes podrán comparecer por sí mismas, pero con patrocinio letrado,[42] excepto si fueren profesionales en Derecho, o hacerse representar por un mandatario especial judicial, mediante poder constituido de acuerdo con las leyes comunes. Salvo pacto o disposición legal en contrario, el otorgamiento confiere al apoderado  la facultad de solucionar el proceso mediante conciliación, aunque expresamente no se haya estipulado. [43]

            ARTICULO 441. El Patronato Nacional de la Infancia será parte en los procesos en los cuales intervengan menores de edad o madres demandando derechos relacionados con la maternidad.

SECCION II

BENEFICIO DE JUSTICIA GRATUITA

            ARTICULO 442. El Patronato Nacional de la Infancia suministrará asistencia legal gratuita a los menores de edad trabajadores  que necesiten ejercitar acciones en los tribunales de trabajo, así como a las madres para  el reclamo de sus derechos laborales relacionados con la maternidad.[44]

            ARTICULO 443. Las personas trabajadoras cuyo ingreso mensual no supere dos salarios básicos del cargo de Auxiliar Judiciales I, según la Ley de Presupuesto de la República, tendrán derecho a asistencia legal gratuita, costeada por el Estado,para la tutela de sus derechos en conflictos jurídicos individuales. Las modificaciones hechas administrativamente en ese salario no se tomarán en cuenta para estos efectos hasta tanto no sean incorporadas en dicha ley. [45] La limitación económica indicada en esta norma no rige para las madres y menores respecto de la asistencia especial del Estado a que tienen derecho.

            Con ese propósito, funcionará en el Departamento de Defensores Públicos del Poder Judicial, una Sección Especializada, totalmente independiente de las otras áreas jurídicas, con profesionales en Derecho, denominados “Abogados de Asistencia Social”, la cual estará encargada de brindar gratuitamente el patrocinio letrado a las personas trabajadores que cumplan con el requisito indicado en el párrafo primero de esta norma. La Corte Suprema de Justicia establecerá, mediante un reglamento interno de servicio, la organización y funcionamiento de dicha Sección.

            Por tratarse de un gasto generado por una actividad  que no corresponde constitucionalmente  a la administración de justicia, los recursos que se requieran para el funcionamiento de esa Sección, no se considerarán como parte del porcentaje de recursos ordinarios que le corresponden al Poder Judicial en el Presupuesto de la República. Los dineros por costas personales que se generen a favor de la parte patrocinada por un abogado de asistencia social, serán depositados en el Fondo de Apoyo a la Solución Alterna de Conflictos que se crea por esta ley.[46]

Asimismo, se autoriza al Poder Judicial para suscribir acuerdos con organizaciones gremiales que, con fines de servicio social, constituyan por su cuenta  redes o centros de asistencia legal gratuita. En esos instrumentos se establecerán las condiciones de la prestación del servicio, en relación con la elección de la parte asistida, la designación de los profesionales que  brindarán el patrocinio, forma de entrega de los honorarios y cualquier otro aspecto que se considere de interés. [47]La persona designada asumirá el papel de abogado director, con todas las responsabilidades que ello implica, y en ningún caso sus honorarios correrán a cargo del Poder Judicial. [48]

CAPITULO III

SOLUCION ALTERNA DE CONFLICTOS

            ARTICULO 444. La conciliación y la mediación, deberán  tenerse en cuenta y aplicarse como medios importantes de solución alternade los conflictos e instrumentos de paz social.

            ARTICULO 445. En toda conciliación deberán respetarse los derechos irrenunciables, indisponibles e indiscutibles de los trabajadores. La judicial debe ser homologada por el Juzgado  y tanto la judicial como la extrajudicial producirán  los efectos de la cosa juzgada material;  pero la no judicial puede ser revisada por los tribunales en el proceso donde se pretenda hacer valer, únicamente sobre la validez de los acuerdos sobre extremos no conciliables.

            ARTUCULO 446. La Administración Pública  y las demás instituciones de Derecho Público, podrán conciliar sobre su conducta administrativa, la validez de sus actos o sus efectos, con independencia de la naturaleza pública o privada de esos actos.

            A la actividad conciliatoria asistirán las partes o sus representantes, con exclusión de los coadyuvantes.

            Los representantes de las instituciones del Estado deberán estar acreditados con facultades suficientes para conciliar, otorgadas por el órgano competente, lo que deberá comprobarse previamente a la audiencia respectiva, en el caso de intervención judicial.

            Cuando corresponda conciliar a la Procuraduría General de la República, se requerirá la autorización expresa del Procurador General de la República o del Procurador General Adjunto, quienes deberán oír previamente  al Procurador Asesor.[49]

CAPITULO IV

ACTUACIONES PREVIAS A LA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL

SECCION I

SOLUCION ALTERNA PREVIA

            ARTICULO 447. Es facultativo para los trabajadores someter la solución de sus conflictos, en forma previa a la intervención de los órganos jurisdiccionales, a conciliadores o mediadores privados o del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

También podrán  solicitarle al órgano jurisdiccional que antes de la tramitación del proceso se intente la solución  del caso mediante la conciliación, la cual estará a cargo del mismo órgano o de un  conciliador especializado, si lo hubiere en el despacho. En este caso el proceso se mantendrá en suspenso hasta por tres meses, lapso durante el cual socorrerá plazo alguno de prescripción.[50]

SECCION II

AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA

            ARTICULO 448. En las demandas contra el Estado, sus instituciones y demás  órganos de derecho público, para la  impugnación o revisión  de sus actos administrativos o  la satisfacción de derechos vinculables a esos actos, es necesario el agotamiento de la vía administrativa.[51] Este se tendrá por efectuado, sin necesidad de ninguna declaración expresa en tal sentido, cuando:

1. La parte interesada no hace uso en tiempo y forma de los recursos administrativos ordinarios y el acto se torna firme en sede administrativa.

2. Se ha hecho uso, en tiempo y forma, de todos los recursos administrativos ordinarios.

Cuando el acto emanare, en única instancia, de un superior jerárquico supremo  del respectivo órgano o ente administrativo, podrá formularse recurso de reconsideración ante el mismo órgano que ha dictado el acto, en el plazo de quince días.[52]

Podrá tenerse por desestimado el recurso interpuesto y por agotada la vía administrativa, una vez transcurrido un mes desde su presentación, sin que se haya resuelto.

3  La ley lo disponga expresamente.

Agotada la vía administrativa, se podrán demandar o hacer valer todos los derechos que le puedan corresponder al demandante, derivados del acto o actos a que se refiere la impugnación o demanda, aunque expresamente no se hayan mencionado en la gestión administrativa.

ARTICULO 449. El requisito del agotamiento de la vía administrativa no se exigirá de oficio y cualquier falta al respecto se tendrá por subsanada si la parte demandada no alega la excepción   oportunamente.  Esta debe interponerse siempre, bajo pena de rechazo de plano, en forma fundada, indicándose y demostrándose en el mismo acto, cuando ello sea necesario, la razón concretapor la cual la discusión administrativa no puede tenerse por cerrada.

CAPITULO V

ACTIVIDAD PROCESAL

SECCION I

DISPOSICIONES VARIAS

            ARTICULO 450.  Para que los actos de proposición de las partes y en general todas sus gestiones escritas tengan efecto, deberán estar firmadas  por el peticionario.

            Si la persona no supiere escribir o tuviere imposibilidad física para hacerlo, se hará constar una u otra circunstancia en el escrito y firmará a su ruego otra persona

En todo caso las firmas serán autenticadas por la de un abogado  autorizado para litigar.

ARTICULO 451. No se exigirán copias de los escritos y documentos que se aporten al proceso. Los documentos, cuya pérdida puede causar perjuicio irreparable, serán certificados a costa de la parte interesada, a la que le serán devueltos para que los mantenga en supoder bajo su responsabilidad y a la orden del juzgado. Si se presentare alguna impugnación, para atender la cual se requiera del documento, la parte deberá presentarlo en el plazo que se le señale y si no lo hace el documento será absolutamente ineficaz. 

Los Despachos brindarán a las partes las facilidades para que en cualquier momento durante la jornada laboral puedan obtener, por su cuenta, copias de las piezas de los expedientes.

ARTICULO 452. En todos los actos procesales será obligatorio el uso del idioma español. Los documentos redactados en otro idioma y ofrecidos como prueba por el trabajador, deberán traducirse por cuenta del Despacho. Cuando los declarantes no hablen español, o no puedan comunicarse oralmente, la declaración se tomará con el auxilio de un intérprete a cargo de la parte proponente si se trata del empleador o por cuenta del Despacho cuando el proponente sea la parte trabajadora. Si en el respectivo circuito judicial se contare con el servicio de intérprete en el idioma específico, será éste quien, en cualquiera de los dos supuestos mencionados, auxilie, como parte de sus funciones, al funcionario encargado de recibir la declaración.

ARTICULO 453.  Los representantes legales de toda persona jurídica, incluidas las organizaciones sociales,  deberán demostrar su personería, a través del respectivo documento o invocando la publicación en el caso en que esté permitido hacerlo de ese modo. Si su comparecencia lo es como parte actora, la personería del representante debe comprobarse en el acto de la primera presentación; y si lo fuere como demandada, es suficiente que el actor en el escrito de demanda indique el nombre o razón social, en cuyo caso el traslado se notificará válidamente en la sede social con la persona que ante la parte demandante fungió como representante en los términos del artículo 5 de este Código o con quien  en ese momento figure como encargado o atienda al público los intereses de la empresa.

            La carga de probar la personería legal le corresponde a la parte demandada, quien deberá hacerlo al realizar su primera presentación.

Se considera un deber de la parte demandada, derivado del principio de lealtad procesal, hacer al tribunal las observaciones necesarias sobre su nombre o razón social, para que se hagan las correcciones que fueren del caso.

La falta de esas indicaciones no será causa de nulidades futuras y en cualquier tiempo podrán hacerse las correcciones pertinentes, aún cuando haya sentencia firme, siempre y cuando las modificaciones en los sujetos procesales no impliquen sustituciones que violen el debido proceso.

 

ARTICULO 454. Si se presentare alguna omisión en la autenticación de escritos o  demostración de personerías,  se otorgarán a la parte omisa, mediante resolución, tres días para la subsanación. Transcurrido ese plazo sin que el defecto sea corregido, la presentación o apersonamiento se considerará ineficaz de pleno derecho.

ARTICULO 455.  Todos los días y horas son hábiles para realizar las actuaciones judiciales. Sin embargo, cuando en este Código se fijen términos o plazos en días para la realización de actuaciones judiciales, se entenderá que se trata de días ordinariamente hábiles según la ley.

Las providencias y los autos deberán dictarse dentro de tercero día. La sentencia en la audiencia, se dictará  al final de esa actividad, salvo disposición expresa en contrario,  y en los  asuntos en que no se celebraaudiencia se  emitirá dentro de los cinco días siguientes a aquel en que  queden listos los autos  para dictarla.

ARTICULO 456. Las gestiones escritas se presentarán directamente  en el despacho judicial al que van dirigidas o en el sitio previsto por la organización judicial para hacer esas presentaciones y sus efectos se producirán en este último caso el día y hora de la presentación, con independencia de la jornada ordinaria de trabajo del respectivo despacho.

Las gestiones escritas presentadas equivocadamente en un despacho u oficina que no corresponde, surtirán efectos a partir del momento en que sean recibidas por el órgano que debe conocerlas.

ARTICULO 457.  Cada proceso dará lugar a la formación, con foliación  ordenada y numerada, de expedientes físicos. La creación de estas piezas en forma electrónica, no eliminará la obligación de los órganos jurisdiccionales de mostrar a las partes interesadas aquellos expedientes, cuando así lo requieran.

SECCION II

ACTIVIDAD DEFECTUOSA YSANEAMIENTO

            ARTICULO 458. Las actuaciones jurisdiccionales deberán cumplir con  las disposiciones que ajustan la competencia de los jueces y consagran las ritualidades establecidas para garantizar el debido proceso.

Los titulares de los órganos jurisdiccionales velarán en todo momento por el cumplimiento de esas disposiciones, de tal manera que no se produzca en ningún momento denegación en el acceso a la justicia o se afecte el derecho de defensa.

            ARTICULO 459. Procederá la nulidad:

1.  De las actuaciones realizadas por quien no tiene competencia para llevarlas a cabo, porque la ley no se la confiera y no haya posibilidad de prórroga, o porque la potestad jurisdiccional le esté suspendida o se haya extinguido de acuerdo con la ley, o bien porque se haya declarado con lugar una recusación contra quien emitió el acto o participó en él.

2.  De las actuaciones de los tribunales colegiados realizadas  sin la debida integración.

3.  De las actuaciones de quien se encuentre impedido para intervenir en el proceso o del tribunal a cuya formación haya concurrido un integrante con impedimento, siempre que el motivo conste en el expediente o deba ser  de conocimiento del funcionario y no haya transcurrido el plazo para presentar protestas por esta  causa.

4. De lo actuado en el proceso cuando éste se ha seguido con una persona carente de capacidad procesal o con indebida o insuficiente  representación.

5.  Por la falta del emplazamiento, notificación defectuosa que produzca indefensión a las partes o intervinientes procesales, falta de citación a la parte para alguna actividad procesal que implique indefensión, omisión de traslados para referirse a probanzas y formular, cuando ello esté previsto, alegatos de conclusiones o de expresión de agravios.

6. De las actuaciones o diligencias en las cuales se le ha impedido, sin justa causa, intervenir  a la parte o a su abogado.

            7. Por violación del principio de inmediación.

             8. Respecto de las actuaciones realizadas en contra de normas prohibitivas.

         9. Cuando de alguna manera se ha impedido el acceso a la justicia o al derecho de defensa, o se ha incurrido en la violación del debido proceso.

10. En los demás casos expresamente previstos en la ley.

ARTICULO 460. La nulidad podrá decretarse a solicitud de parte.

Si se pidiere antes de la audiencia, el órgano puede decretarla, oyendo a la contraria por tres días.

 Si para valorar la solicitud hecha fuere necesaria la evacuación de pruebas y cuando la nulidad se pida durante la audiencia, se substanciará  en esa actividad procesal.

La petición de nulidad de actuaciones posteriores se tramitará en la forma indicada en el párrafo segundo de este artículo y la  evacuación de pruebas  se hará en audiencia única y exclusivamente cuando sea necesario para el respeto del principio de la inmediación.

La nulidad de las resoluciones, por vicios intrínsicos a ellas, deberá alegarse concomitantemente con los recursos que quepan contra el respectivo pronunciamiento. Cuando no tengan ulterior recurso, la nulidad deberá pedirse dentro de tercero día.[53]

La petición de nulidad que pueda alegarse después de concluido el proceso, se tramitará en la vía incidental.

La nulidad de los actos viciados también podrá declararse de oficio mientras subsista la competencia del órgano, cuando el quebranto procesal sea evidente.

Cuando la nulidad comprenda actuaciones de un órgano superior, el competente para decretarla será este último y lo que resuelva no tendrá ulterior recurso.

ARTICULO 461. Los  vicios procesales deberán ser corregidos, subsanados o saneados y la nulidad se decretará únicamente cuando lo anterior no sea posible. Pero en tal caso se procurará siempre evitar  la pérdida, repetición o destrucción innecesaria de etapas del proceso, actos o diligencias cumplidas y se conservarán todas las actuaciones que en sí mismas sean válidas, de modo que puedan ser aprovechadas una vez que el proceso se ajuste a la normalidad.

En el supuesto indicado en el inciso 4° del artículo 459, la parte incapaz o indebidamente representada puede aprovecharse del resultado de la actividad procesal en lo que le fuere favorable, a través de la ratificación de  las actuaciones realizadas indebidamente, por pare del representante legítimo.

ARTICULO 462. Las nulidades no reclamadas durante el proceso y en las oportunidades señaladas, se tendrán como definitivamente consentidas y subsanadas. Únicamente en los supuestos de falta de capacidad de alguna de las partes, indebida o insuficiente representación, falta del emplazamiento y la defectuosa  notificación de este último a quien perjudique el resultado del proceso, con efectiva indefensión, podrá hacerse valer el vicio después de la sentencia  con autoridad de cosa juzgada. Este derecho caducará en el término de un año, a partir de la mayoridad de la parte, cuando hubiere figurado como tal siendo menor, si al mismo tiempo ha debido conocer ese resultado y, en los demás casos, desde  la fecha en que deba considerarse que tuvo ese conocimiento estando ya la parte en capacidad para ejercitar sus derechos.[54]

 Las solicitudes de nulidad, reiterativas de otras ya denegadas en otras fases del proceso, serán inatendibles y se rechazarán de plano.

SECCION III

REGIMEN PROBATORIO

ARTICULO 463. La actividad probatoria en el proceso laboral tiene como objetivo fundamental la búsqueda de la verdad material. Las partes, a través de un comportamiento honesto, deben cooperar con los tribunales de justicia  en el acopio de los elementos probatorios necesarios para resolver con justicia los conflictos sometidos a su conocimiento y los titulares de esos órganos pondrán todo su empeño y diligencia para la consecución de dicho objetivo.

ARTICULO 464 En principio, la carga de la prueba de los hechos controvertidos, constitutivos e  impeditivos,  le corresponde a quien los invoca en su favor.[55]

El concepto de carga debe entenderse como la obligación de la parte que debe probar de ofrecer y de allegar o presentar la probanza  en el momento procesal oportuno.[56]

ARTICULO 465. Sin embargo, en los conflictos derivados  de los  contratos de trabajo, le corresponde al trabajador la prueba de la prestación personal de los servicios[57]  y al empleador la demostración de los hechos impeditivos que invoque  y de todos aquellos que tiene la obligación de mantener debidamente documentados o registrados.

En todo caso, le corresponderá al empleador probar su dicho, cuando no exista acuerdo sobre:[58]

1. Fecha de ingreso del trabajador

2. Antigüedad laboral.

3. Puesto o cargo desempeñado y la naturaleza o características de las labores ejecutadas.

4. Las causas de la extinción del contrato.

5. La entrega al trabajador de la carta de despido, con indicación de las razones que motivaron  la extinción de la relación laboral.[59]

6. El pago completo de las obligaciones salariales, incluidos sus montos y componentes, cuando así se requiera;  las participaciones en utilidades, ventas o cobros; incentivos y demás pluses convencional o legalmente establecidos.

7.       La clase y duración de la jornada de trabajo[60]

8. El pago o disfrute de los días feriados, descansos, licencias, aguinaldo y vacaciones

9. El cumplimiento de las obligaciones correspondientes al sistema de seguridad social.

10. Cualquier otra situación fáctica cuya fuente probatoria le sea de más fácil acceso que al trabajador.

ARTUCULO 466. Puede ofrecerse todo medio probatorio que sirva a la convicción del tribunal, admisibles en derecho público y en derecho común, siempre que no esté expresamente prohibido ni sea contrario al orden público o a la moral.[61] Particularmente podrán ofrecerse   los siguientes:

1.      Declaración de la parte.

2.      Declaración de testigos incluidos los  testigos-peritos.

3.      Declaración de funcionarios públicos.[62]

4.      Dictámenes de peritos.

5.      Documentos e informes de funcionarios

6.      Reconocimiento judicial.

7.      Medios científicos.

8.      Reproducciones gráficas o sonoras.[63]

          Cuando se pida la declaración de la parte, deberán indicarse de manera concreta los temas sobre los cuales ha de interrogarse.

             Los testigos podrán ofrecerse sobre los hechos generales, hasta en un número máximo de cuatro,  o bien por temas concretos. En este último caso, sólo serán admisibles dos testigos por tema.

            ARTICULO 467 No requieren prueba las normas del derecho internacional o interno debidamente publicadas, los hechos notorios, los que se encuentren amparados por una presunción legal y los ya probados, admitidos o confesados. Si se invocare como fuente de una pretensión una norma convencional o reglamentaria interna de la parte, su existencia debe acreditarse por quien la hace valer. De ser necesario, a solicitud de la parte interesada, se prevendrá a la empleadora en el traslado de la demanda aportar un ejemplar de la respectiva normativa.

Las pruebas practicadas o evacuadas válidamente en un proceso podrán incorporarse en otro sin necesidad de ratificación, cuando sea imposible, o innecesario a criterio del Tribunal, repetirlas. La ratificación de la declaración de testigos sólo procederá cuando en el proceso anterior no han intervenido las mismas partes.

Los procesos administrativos se incorporarán como parte de los procesos jurisdiccionales que se interpongan por la misma causa y se tomarán como prueba, conjuntamente con los elementos de convicción en ellos incorporados, salvo que la impugnación involucre su invalidez y esta se estime procedente.

ARTICULO 468. Las pruebas se valorarán respetando el resultado del contradictorio, con criterios lógicos, de la experiencia, la ciencia, el correcto entendimiento humano y las presunciones humanas o legales .

Deberán expresarse los fundamentos fácticos, jurídicos y de equidad de las conclusiones y las razones por las cuales se les ha conferido menor o mayor valor a unas u otras.

Si bien la apreciación debe hacerse en forma armónica en atención al conjunto probatorio, es prohibido hacer una referencia general a este último como único  fundamento de una conclusión, sin hacer la indicación  concreta  de los elementos particulares que sirven de apoyo.

ARTICULO 469. Cuando la parte  dispone de los documentos donde constan las pruebas de los hechos controvertidos, debe suministrarlos al proceso, si es requerida para ello. Si no lo hace injustificadamente, su comportamiento puede tenerse como malicioso y considerarse que la documentación omitida le da razón a lo afirmado por la contraria.

ARTICULO 470. En los supuestos de atribución específica de la carga procesal a los empleadores, los tribunales tendrán facultades suficientes para requerir todas las pruebas que el caso amerite  y valorarán  la verosimilitud de las aserciones de la demanda con prudencia, de modo que impidan cualquier abuso derivado de esa atribución.

ARTICULO 471. En los procesos regidos por el derecho público, deberán respetarse los requisitos de validez y prueba de los actos exigidos por el ordenamiento, así como los valores establecidos en forma particular para determinados elementos probatorios, presunciones y principios, establecidos como criterios de valoración o fuerza probatoria, o que resulten de aplicación de acuerdo con la respectiva doctrina.[64]

            ARTICULO 472. Las fotocopias de documentos o textos, aunque no estén firmadas, podrán ser apreciadas como elementos probatorios, salvo que la parte a quien se oponen  las haya impugnado y al mismo tiempo desvirtuado su contenido.

 

            ARTOCULO 473. Los tribunales de trabajo podrán ordenar las  pruebas complementarias que juzguen necesarias para resolver con acierto los casos sometidos a su conocimiento, incluyendo elementos probatorios nuevos o no propuestos por las partes, siempre y cuando lo hagan  en forma oportuna y dentro de los límites propios de cada fase del proceso.

            Sin embargo, les está prohibido, bajo pena de nulidad de las que evacuen, ordenar probanzas para desvirtuar hechos admitidos por las partes o que deban de tenerse como admitidos conforme a la ley.

 

SECCION IV

ACUMULACION DE PRETENSIONES Y FUERO DE ATRACCION

ARTICULO 474.  La acumulación de pretensiones  sólo será procedente cuando se haga en el mismo acto de la demanda o mediante reconvención, siempre y cuando se den los requisitos para la procedencia de la acumulación, según la ley común; que todas las demandas sean propias de la competencia de los tribunales de trabajo o íntimamente vinculadas a las relaciones substanciales que sirven de base a las pretensiones propias de su jurisdicción; y que la vía señalada para tramitarlas sea la misma para todas.

Si dos o más procesos, conexos entre sí, se iniciaren por separado, la acumulación procederá únicamente si ambos radican en la jurisdicción especial de trabajo y su tramitación sea la misma para todos, siempre y cuando no se hubiere celebrado la audiencia o dictado la sentencia de primera instancia en los casos donde no existe el trámite de audiencia.

La acumulación podrá ordenarse de oficio, sin recurso alguno, cuando los procesos radiquen en un mismo Despacho. De lo contrario se estará al trámite de la acumulación señalado en la legislación procesal civil.

ARTICULO 475. Los asuntos laborales no estarán sujetos a fuero de atracción por los procesos universales. Su trámite se podrá iniciar o continuar con el albacea, curador o interventor.

Si el contrato de trabajo terminare con motivo de la muerte, quiebra o insolvencia del empleador y se planteare proceso laboral de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de este Código, el órgano de la jurisdicción ordenará, de oficio, la anotación  en el proceso universal, tanto de la demanda como de la sentencia y de las liquidaciones en su momento oportuno.

El órgano que conoce del proceso universal remitirá al tribunal laboral el producto de la liquidación que sea necesario para cubrir el principal y los accesorios fijados. La parte actora estará legitimada para gestionar en el proceso universal la liquidación de bienes y el traslado del producto necesario a su proceso, para la satisfacción de los derechos dentro de éste, según el orden de preferencia establecido en la ley.

Los créditos laborales no soportarán gastos de la masa, a menos que del producto de la liquidación no sobre lo suficiente para cubrirlos.

 

SECCION V

PROCEDIMIENTOS CAUTELARES Y ANTICIPADOS

 

ARTICULO 476. Antes de iniciarse el proceso y durante su tramitación, inclusive en la fase de ejecución, el órgano jurisdiccional podrá ordenar las medidas cautelares, adecuadas y necesarias, para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

También  podrá ordenar cualquier medida preparatoria o anticipada  que sean necesarias para la preservación del ejercicio de un futuro derecho, así como cualquier otra medida atípica, pudiendo el órgano disponer lo que estime necesario para lograr el objetivo de la medida.

Con respecto a la tipología de las medidas, tanto cautelares como preparatorias, y a la forma de practicarlas, sustituirlas o levantarlas, se estará a lo dispuesto en la legislación procesal civil, con las excepciones que se indican a continuación.

ARTICULO 477.  Las medidas se ordenarán a solicitud de parte y de oficio únicamente en los casos expresamente previstos en la ley. Al ponerlas en práctica los tribunales actuarán diligentemente, de manera que no se frustre el fin perseguido y éstos, además de las tipologías previstas en la ley común, podrán hacer uso de cualquier otra medida, si se considera necesaria para garantizar el eventual futuro derecho.

ARTICULO 478. El embargo preventivo  procederá sin necesidad de fianza cuando haya evidencia de que el patrimonio del deudor corre peligro de desmejorarse durante la tramitación del proceso, como  garantía de los eventuales derechos del trabajador, tornándolo insuficiente. Con el propósito de comprobar prima facie la prestación personal del servicio y  la veracidad del hecho o hechos en que el pedimento se apoya, el trabajador podrá ofrecer el testimonio de dos personas, así como cualquier otro elemento probatorio que juzgue importante. Las probanzas se sustanciarán sumariamente en forma escrita, aún sin asistencia de la parte contra quien se solicita la medida [65] y al valorarse la situación los tribunales actuarán con prudencia, de tal manera que el embargo sea proporcionado y no se utilice en forma innecesaria o  abusiva. La prueba testimonial evacuada sólo tendrá eficacia para sustentar la medida del embargo.

Si el embargo se solicitare como acto previo a la demanda, la presentación de esta última deberá hacerse a más tardar tres días después de practicado. Si no lo hiciere, de oficio o a solicitud de parte, se revocará la medida y se condenará al solicitante al pago de los daños y perjuicios en el tanto de un diez por ciento del monto del embargo. Estas consecuencias serán advertidas en la resolución inicial. Su fijación y cobro mediante la vía del apremiopatrimonial, se hará en el mismo proceso. 

ARTICULO 479. El arraigo se decretará sin más trámite ni garantía. Si se solicita como previo a la demanda, ésta deberá presentarse dentro de los tres días siguientes a la notificación. De lo contrario se levantará de oficio o a petición de parte y se condenará al peticionario al pago de los daños y perjuicios en un cincuenta por ciento del salario base del Auxiliar Judicial I que conste en presupuesto de la República. Se ejecutará en la misma forma indicada en la norma anterior.

ARTICULO 480. En los procesos contra el Estado o cualquiera de sus instituciones u órganos, que no versen sobre la violación de fueros especiales de tutela,  cuya pretensión tenga como efecto la reinstalación del trabajador a su destino, podrá plantearse como medida cautelar la suspensión de los efectos del actode despido o, en su caso, la reinstalación provisional.

 La medida cautelar será procedente, cuando la ejecución o permanencia de la conducta administrativa sometida a proceso puede ser fuente de daños y perjuicios, actuales o potenciales, de difícil o imposible reparación.

La medida también será procedente, en supuestos no regidos por el derecho público,  cuando en proceso judicial se impugne la validez o la injusticia del acto del despido y se invoque alguna norma de estabilidad.

El órgano jurisdiccional, al pronunciarse sobre la solicitud ponderará  no solo la seriedad de la petición y los intereses cuya tutela provisional se pide, sino también las eventuales lesiones que se puedan producir al interés público o a la armonía o seguridadde las empresas, de tal manera que no se afecte el funcionamiento de la organización o entidad, ni el buen servicio, disponiendo o manteniendo situaciones inconvenientes.[66]La satisfacción del interés público se tendrá, al resolverse estas situaciones, como valor preeminente.

ARTICULO 481. La solicitud se substanciará en proceso incidental. Si lo que se pide es la suspensión de los efectos del acto, al dársele curso a la articulación, se ordenará a la autoridad administrativa no ejecutar el acto hasta tanto no se resuelva la solicitud, apercibiéndola de que el incumplimiento la hará incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad y en el pago de salarios caídos. La notificación se hará legítimamente por cualquier medio escrito, inclusive por la propia parte interesada, si comprueba al despacho el recibido de la comunicación.

Respecto de la reinstalación regirá en lo pertinente lo dispuesto en el Capítulo sobre el “Procedimiento de Ejecución”.

En todo supuesto de violación de fueros especiales de tutela, la reinstalación precautoria se regirá por lo señalado en el procedimiento previsto para esos casos.

CAPITULO VI

PROCEDIMIENTO ORDINARIO

SECCION I

PRETENSIONES, TRASLADO  Y EXCEPCIONES

ARTICULO 482. Se substanciará  en el procedimiento ordinario toda pretensión para la cual no exista un trámite especialmente señalado.

 La demanda deberá ser presentada por escrito y obligatoriamente contendrá:

1. El nombre del actor, sus calidades, el número del documento de su identificación, si lo tuviere, y su domicilio y dirección exacta.

2. El nombre del demandado, sus calidades, domicilio y dirección exacta. Si se tratare de una persona jurídica o de una organización empresarial, se deberá hacer referencia al nombre o razón social del centro de trabajo y de ser posible al nombre de la persona o personas bajo cuya dirección se ha laborado.

3. Indicación del lugar donde se han prestado los servicios.

4. Los hechos y los antecedentes del caso, relacionados con el objeto del proceso, expuestos uno por uno, numerados y especificados.

5. Las pretensiones que se formulen, las cuales deben exponerse en forma clara y separadas unas de otras, debiendo indicarse cuáles son principales y cuales accesorias, en el supuesto de que la modalidad de la pretensión incluya a estas  últimas. Cuando se reclamen daños y perjuicios, deberá concretarse el motivo que los origina, en qué consisten y su estimación, la cual podrá hacerse en forma prudencial.[67]

6. El ofrecimiento detallado de todos los medios de prueba. La documental debe presentarse en ese acto. Podrá solicitarse en la demanda orden del tribunal, que éste no negará a menos que lo pedido sea ilegítimo, para obtener de registros  o archivos, particulares o privados, informes documentados, constancias o certificaciones, que sean de interés para el proceso. Es obligación de la parte diligenciar directamente la obtención de esas pruebas. Deberá advertirse a los destinatarios que deben cumplir con lo ordenado en un plazo no mayor de cinco días, bajo pena de incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad. El tribunal dispondrá en cada caso si la prueba debe ser entregada a la parte o remitida por el destinatario de la orden directamente al Tribunal.La prueba podrá ser evacuada por medios electrónicos, directamente por el órgano.

La parte puede proponer prueba pericial a su costa, aún en aquellos casos en que de acuerdo con la ley deba nombrarse un perito del Organismo de Investigación Judicial. Si el ofrecimiento fuere hecho por amabas partes, el nombramiento recaerá en una misma persona y se hará de acuerdo con las disposiciones de la legislación procesal civil o mediante terna que se pedirá por cualquier medio de comunicación, incluido el electrónico, al respectivo colegio profesional.[68] El ofrecimiento de prueba pericial por las partes, no excluye la designación de peritos oficiales, cuando así esté dispuesto o permitido por las leyes.  

7. La dirección para notificar a la parte demandada. Si para  ese efecto fuere necesario comisionar a otra autoridad, la parte actora  deberá hacer llegar la  comisión a la respectiva autoridad y suministrarle la información que se requiera  para realizar el acto. Si no estuviere en posibilidad  de asumir esa carga, deberá informarlo al despacho para que éste haga el envío por correo certificado.

8. Cuando así se requiera, la prueba de la cual se deduzca que la vía administrativa está agotada.

9. Lugar o medio electrónico para atender notificaciones.

 

ARTICULO 483. Cuando la demanda no cumpla con los requisitos antes señalados, excepción hecha del que se refiere al agotamiento de la vía administrativa, el Juzgado ordenará su subsanación dentro del plazo de tres días, para lo cual deberá indicar los requisitos omitidos o incompletos, bajo pena de ordenar la inadmisibilidad y archivo del expediente. El archivo provocará el fenecimiento del asunto desde el punto de vista procesal y sólo podrá readmitirse para su trámite subsanándose las omisiones o defectos prevenidos.[69]

También ordenará a la parte integrar debidamente la litis, cuando ésta se encuentre incompleta o incorrectamente planteada y podrá hacérsele ver a la parte  las posibles omisiones en que se hubiere incurrido sobre extremos irrenunciables, dándole un plazo para que, si a bien lo tiene, los incorpore como parte de la demanda o contrademanda.[70]

ARTICULO 484. Presentada la demanda en debida forma, se dará traslado de ella por un plazo perentorio de diez días para su contestación. En esta se expondrá con claridad  si se rechazan los hechos o si se admiten con variantes o rectificaciones y se deberán ofrecer todas las pruebas de interés para la parte. Respecto de la aportación  de éstas últimas por la parte, se aplicará también lo dispuesto para la demanda, inclusive en lo que respecta a prueba pericial en los casos en que debe designarse un perito oficial.

También en el último escrito podrá presentarse contrademanda.Esta última sólo es posible proponerla en el procedimiento ordinario y se regirá en lo pertinente por lo dispuesto en los dos artículos anteriores; pero la declaratoria de inadmisibilidad hará imposible su reiteración dentro del mismo proceso.

ARTICULO 485. La contrademanda, cuando la hubiere, será trasladada a la parte reconvenida por nueve días y su contestación se ajustará a lo dicho en el artículo anterior. Es suficiente la notificación de ese traslado a la parte reconvenida en el lugar o medio señalado para notificaciones.

 

ARTICULO 486. El emplazamiento, debidamente notificado, da lugar a  una situación de pendencia, durante la cual y hasta la firmeza de la sentencia, producirá efectos interruptores de la prescripción, en forma continuada.[71]

 

ARTICULO 487.   En el mismo escrito de contestación de la demanda o contrademanda, deberán oponerse todas  las defensas formales y de fondo, con indicación de los hechos impeditivos, las razones que sirven de fundamento a la oposición y  ofrecerse los medios de prueba que le correspondan.

En el caso de despido, el empleador sólo podrá alegar como hechos justificantes de la destitución los indicados en la carta de despido entregada  al trabajador en la forma prevista en el articulo 35 de este mismo Código o tomados en cuenta en el acto formal del despido, cuando ha sido precedido de un procedimiento escrito.[72]

Se podrá justificar la falta de la entrega de la carta  y alegar las  conductas atribuidas como causa del despido sin responsabilidad, si al mismo tiempo se comprueba haber entregado copia del documento a la oficina del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la forma y términos indicados en el artículo 35 de este Código. [73]

                              ARTICULO 488. Las pruebas relacionadas con la contrademanda, réplica y excepciones, deben presentarse u ofrecerse  en la misma forma establecida para la demanda.

            ARTICULO 489. Las partes no tienen  obligación de indicar los  fundamentos jurídicos de las proposiciones; pero deben plantearlas con claridad y precisión e indicar las razones que a su juicio las amparan.

 

ARTICULO 490. Se considerarán como previas las siguientes excepciones:

1.   Compromiso arbitral

2        Falta de competencia

3        Falta de agotamiento de la vía administrativa

4        Falta de capacidad de la parte, inexistencia o insuficiencia de la representación.

   5. Existencia de defectos en el escrito de demanda o contrademanda no subsanados con anterioridad a través de la intervención oficiosa del Juzgado, con la condición de que se trate de defectos que impedirán verter pronunciamiento sobre el fondo.

   6.   Litis pendencia.

7.      Indebida acumulación de pretensiones.     

8.   Improcedencia del proceso elegido.

9.      Indebida integración de la litis.

                              Las excepciones de compromiso arbitral y  de incompetencia deberán ser resueltas en forma escrita y anterior a la audiencia, en el orden en que están expuestas. En cuanto a la de incompetencia se estará a  lo dispuesto en la Sección III del Capítulo I de este Título.[74]

                              Las otras  excepciones previas se reservarán para ser conocidas en la fase preliminar de la  audiencia, con evacuación de las pruebas que las respalden.              

                              La improcedencia de la vía escogida podrá apreciarse también de oficio para efectos orientar la tramitación del proceso.

                              ARTICULO 491. Si bien todas las excepciones de fondo pueden oponerse hasta en la contestación de la demanda o contrademanda, las de cosa juzgada, transacción, prescripción y caducidadautorizada expresamente por el ordenamiento sustantivo, podrán alegarse hasta antes de concluida la audiencia. En este  caso  serán tramitadas sumariamente durante ese mismo acto.[75]

                              También podrán oponerse otras excepciones de fondo hasta en la audiencia, cuando los hechos en que se funden hubieren ocurrido con posterioridad a la contestación o hubieren llegado a conocimiento de la parte después del plazo para contestar.

                              ARTICULO 492. Si alguna parte invocare como fundamento de una excepción de forma elementos de hecho sustanciales o viceversa, el error no será motivo para rechazar de plano la alegación y los tribunales le darán el tratamiento correcto, según la naturaleza de la objeción.

SECCION II

SENTENCIA ANTICIPADA[76]

               ARTICULO 493. Si el demandado se allanare a las pretensiones del actor,  no contestare oportunamente la demanda o, prevenido al efecto,  no hubiere respondido todos[77] los hechos de la demanda en la forma prevista en este Código, se dictará sentencia anticipada, en la cual se tendrán por ciertos esos hechos y se emitirá pronunciamiento sobre las pretensiones deducidas, siempre y cuando no se hayan opuesto excepciones de fondo que con independencia de la contestación requieran ser debatidas en la audiencia.[78]

                              Al emitir pronunciamiento,  salvo el caso del allanamiento, se tomarán en cuenta las pruebas que existan en el expediente que impidan tener por ciertos los hechos en la forma expuesta en la demanda.

                              Es prohibido a los tribunales ordenar pruebas tendientes a desvirtuar  hechos admitidos por las partes o que deban tenerse por ciertos de acuerdo con esta norma.

                              ARTICULO 494. Cuando la certeza de los hechos de la demanda  sólo puede establecerse  parcialmente o está referida a una contrademanda, todas las cuestiones se resolverán en una sola sentencia mediante audiencia; pero en esta última  no se debatirá sobre los hechos admitidos o que deban tenerse por ciertos.

                              ARTICULO 495.  También podrá dictarse sentencia anticipada, de oficio o mediante la interposición de la correspondiente excepción, declarando la improponibilidad de la demanda y su consiguiente archivo, cuando:

1.                  La pretensión ya fue objeto de pronunciamiento en un proceso anterior con autoridad de cosa juzgada, de modo que el nuevo proceso sea reiteración del anterior.[79]

2.                  El derecho hubiese sido transado con anterioridad.

3         Cuando haya evidencia de demanda simulada o el fin perseguido en el proceso sea ilícito o prohibido. [80]

ARTICULO 496. La prescripción  y la caducidadautorizada expresamente por el ordenamiento sustantivo, de los derechos pretendidos en juicio, son declarables en sentencia anticipada.

ARTICULO 497. La improponibilidad y la caducidad pueden declararse de oficio únicamente por el Juzgado de instancia, pero de previo deberá oírse previamente a las partes por tres días, sobre la posibilidad de hacerlo. [81]

Si en alguno de los casos tratados en los dos artículos anteriores fuere necesario evacuar pruebas, se postergará la resolución para la etapa de la audiencia.

            ARTICULO  498. En los asuntos de puro derecho se dictará la sentencia dentro de los quince días posteriores a  la  contestación de la demanda o contrademanda.  

SECCION III

ACTOS PREPARATORIOS DE LA AUDIENCIA

                              ARTICULO 499. Si no se estuviere en un supuesto de sentencia anticipada, contestada la demanda o la reconvención en su caso y substanciadas las cuestiones que según las normas anteriores requieren solución previa, se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia de juicio.

                              ARTICULO 500. Las partes podrán solicitar verbalmente al despacho judicial la entrega de cédulas de citación para los testigos propuestos, hasta en el número máximo admisible, según este Código, sin que ello prejuzgue sobre la admisibilidad de esa prueba.

                              El diligenciamiento de la orden de citación le corresponderá a la parte que ofreció la prueba y el documento deberá ser entregado al despacho antes de la audiencia, con la debida constancia de haberse hecho la citación.

                              También podrá pedirse por escrito al Juzgado la intervención de las autoridades judiciales o de policía para llevar a cabo la citación, cuya prueba también deberá aportarse al despacho antes de la celebración de la audiencia. En estos casos sólo se procederá del modo indicado  si el número de testigos ofrecidos sobre el mismo tema no es superior al permitido por la ley y para proceder de ese modo se valorará  la admisibilidad del testimonio.

                              Si la parte hubiere sido ofrecida como declarante, deberá obligatoriamente comparecer a la audiencia, sin necesidad de ninguna citación.

                              ARTICULO 501. En la misma resolución en que se convoque a la audiencia de juicio, también previa valoración de su admisibilidad, se nombrarán los peritos que se hayan propuestos o se dispondrán las peritaciones que corresponda emitir a órganos oficiales. El  nombramiento de peritos se hará en la forma prevista y la parte  proponente deberá cubrir dentro de los cinco días siguientes los honorarios que serán fijados en esa misma resolución, bajo pena de que la probanza se tenga como inevacuable de pleno derecho, si no se depositan oportunamente a la orden del despacho.

                               Sin embargo, las peritaciones a cargo de dependencias oficiales, previstas en la ley, se ordenarán en el traslado de la demanda o contrademanda, lo cual se comunicará de inmediato a los órganos correspondientes, para que las practiquen.

                              La negativa de una parte a someterse a una valoración  o  la obstaculización para practicar una pericia, se tendrá como maliciosa o como indicio de lo que se quiere demostrar, desvirtuar o hacer dubitativa.

                              Con excepción de los asuntos sobre seguridad social, en los cuales los dictámenes deberán presentarse siempre al Juzgado por escrito en forma completa,[82]  en los demás procesos podrá presentarse por escrito al Juzgado o rendirse en forma oral en la audiencia cuando esta tuviere lugar. [83] En estos últimos, el perito deberá presentar en forma escrita al menos las conclusiones de su dictamen. En todos los casos en que se celebre audiencia, los peritos tienen el deber, bajo pena de ineficacia del dictamen, de comparecer a ese acto para la exposición oral de la experticia  y posibilitar el contradictorio. En materia laboral no se aplicará el artículo 34 de la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial, en cuanto le atribuye competencia al Consejo Médico Forense para conocer en grado, a través de recurso de apelación, de los dictámenes rendidos por miembros del Departamento de Medicina Legal de dicho Organismo; pero se le podrá tomar criterio a ese Consejo, si así se ordena para mejor proveer. En este caso, el dictamen se presentará en la forma prevista en esta Sección y se discutirá, cuando fuere necesario, con la participación de uno solo de sus miembros.[84]

                              El incumplimiento injustificado de las personas nombradas para hacer las peritaciones, dará lugar a responsabilidad civil y laboral, reputándose la omisión como falta grave y motivo suficiente para excluirlas de los respectivos roles de peritos o iniciar el respectivo procedimiento disciplinario.[85]

                              ARTICULO 502. Cuando se deniegue prueba testimonial o pericial, legalmente admisible,  el ofrecimiento podrá reiterarse en la audiencia e impugnarse en esa oportunidad lo resuelto anteriormente, si se mantuviere.[86]

SECCION IV

                  REGLAS  SOBRE LA  AUDIENCIA DE    JUICIO

                              ARTICULO 503. La audiencia se iniciará obligatoriamente a la hora y fecha señalada y será pública, salvo que el Juzgado disponga que su celebración sea privada, en atención a la dignidad de alguna de las partes.[87]

                              La parte que asiste tardíamente tomará la audiencia en el momento en que se halle y no podrá pedir la repetición de actos ya cumplidos.

                              Se realizarán en el despacho o sala existente al efecto. Sin embargo, los jueces podrán disponer que la celebración  sea en otro lugar si ello es más conveniente para un mejor desarrollo de la audiencia.

                              La persona titular del órgano deberá asegurar durante su celebración el pleno respeto de los principios de la oralidad; promoverá el contradictorio como instrumento para la verificación de la verdad real;  velará por la concentración de los distintos actos procesales que corresponda celebrar; y fungirá como directora de la audiencia, abriendo y dando por concluida sus etapas, otorgando y limitando el uso de la palabra, disponiendo sobre los aspectos importantes que deben hacerse constar en el acta y realizando todas las actuaciones necesarias para que el debate transcurra ordenadamente.

                              ARTICULO 504.  Las partes, o sus representantes debidamente acreditados en el caso de las personas jurídicas, deberán comparecer  a las audiencias a las que sean convocadas. Podrá hacerlo en su lugar un apoderado especial judicial. Sin embargo, cuando  la parte en persona o través del representante social debe comparecer como declarante, su asistencia es obligatoria, bajo pena de tener la incomparecencia como presunción de veracidad de los hechos o temas objeto de la declaración.[88]

                              La inasistencia de la parte que estuviere obligada a asistir podrá justificarse, a los efectos de reprogramar el acto de su declaración, sólo por razones que realmente impidan la asistencia y siempre y cuando la justificación se haga antes de la hora y fecha señaladas.

                              El impedimento del abogado deberá comprobarse en la misma forma y si lo invocado fuere otra actividad judicial coetánea, sólo se tomará como justa causa para no asistir si aquella se hubiere dispuesto y notificado con anterioridad.

                              No será válido invocar actividades de interés personal o familiar.

                              ARTICULO 505.  La audiencia se celebrará si asiste por lo menos una de las partes o su representante legal. En tal caso se desarrollarán todos  los actos de la audiencia y en ella se recibirá la prueba de esa parte y los testimonios de las personas ofrecidas por la contraria, que se presentaren.

                              La sentencia se dictará apreciando los hechos  a la luz de las pruebas recibidas o incorporadas al debate, las cargas probatorias omitidas y el mérito de los autos.[89]

                              ARTICULO 506. Se procederá del mismo modo si ninguna de las partes comparece a la audiencia.

                              En todos estos casos, el órgano puede ordenar pruebas complementarias o para mejorproveer, que sean indispensables para resolver con acierto el conflicto, disponiendo para ello, si fuere necesario y por una única vez, la prórroga de la audiencia o una nueva convocatoria. Si lo ordenado fuere prueba documental, se fijará un plazo para su evacuación.                           

                             

                              ARTICULO 507. En las audiencias se otorgará la palabra, por su orden, al actor, al demandado, a los terceros o coadyuvantes, o sus respectivos representantes. Si alguna de las partes tuviere más de un abogado, los intervinientes deberán distribuirse su actividad y uso de la palabra  e informarlo anticipadamente al tribunal. Queda prohibida la participación conjunta en una actuación específica.

                              ARTICULO 508. Las resoluciones de las cuestiones planteadas dentro  de la audiencia, o sobre las  de carácter procesal reservadas para ese momento, se dictarán oralmente y quedarán notificadas a las partes en ese mismo acto, debiendo consignarse en el acta, al menos sucintamente, los fundamentos jurídicos y de hecho del pronunciamiento.

                              Con excepción de la sentencia, contra las resoluciones dictadas en la audiencia cabrá el recurso de revocatoria, el cual deberá interponerse en forma oral y resolverse en esa misma forma, de inmediato.                       

                              Igualmente, salvo el caso de la sentencia, si procediere la apelación contra algún pronunciamiento emitido en la audiencia, este recurso deberá alegarse oralmente en el mismo acto de la notificación, entendiéndose precluido el punto si no se hace así.

                              La alzada se tramitará únicamente en aquellos casos en que el pronunciamiento impide la continuación de la audiencia. En los demás, se reservará para ser conocida conjuntamente con el recurso que proceda contra la sentencia, según la actualidad de su interés.

 

                              ARTICULO 509.  Quienes asistan tienen el deber de permanecer en actitud respetuosa y en silencio, mientras no estén autorizados para exponer o responder a las preguntas que se les formulen. Les queda absolutamente prohibido portar armas u objetos aptos para incomodar u ofender y adoptar comportamientos intimidatorios, provocativos o de insinuación. Si la persona, no obstante haber sido prevenida, continúa con el comportamiento indebido, podrá ser expulsada de la audiencia,  lo cual dará lugar a que se le tenga como inasistente a partir de ese momento,  para todo efecto.

 

                              ARTICULO 510. Con motivo de la audiencia se levantará un acta, en la cual se dejará constancia de:

                              1. La hora y fecha de inicio de la actuación.

                              2. Los nombres de las partes y de los abogados que asisten, peritos y declarantes.

                              3. Una descripción lacónica de las etapas de la audiencia  y de su desarrollo y de producirse, el contenido de la solución conciliada del conflicto.

           4. Los pedidos de revocatoria u objeciones de las partes y las resoluciones orales del Juzgado, respecto de las cuales se incluirá una fundamentación lacónica.

            5. De la prueba documental que se incorpora  en el acto de la audiencia, lo que deberá hacerse mediante lectura, la cual realizará quien dirige la audiencia o la persona  que le asiste.La lectura podrá suprimirse si las partes están de acuerdo o cuando razonablemente sea necesario para salvaguardar el debido proceso.

                              6. Del nombre de las partes declarantes, testigos o peritos, las calidades y documento de identificación de estos dos últimos.

                              7. De las apelaciones interpuestas por las partes. En el acta no se consignarán las fundamentaciones del recurso, sin perjuicio de que apelante las exponga posterior y oportunamente por escrito.

                              8. De la parte dispositiva de la sentencia y de su lectura, cuando se dicta en el mismo acto de la audiencia.

                              El acta será firmada por la persona que ha dirigido la audiencia, las partes y sus abogados. Las otras personas comparecientes firmarán un documento de asistencia, el cual será agregado al expediente.[90] Si alguna persona se negare a firmar, se dejará constando ese hecho también en el acta.

                              ARTICULO 511. Con la excepción antes mencionada, se prohíbe la trascripción literal o en forma extensa de los contenidos probatorios.

                              Los tribunales podrán respaldar las audiencias a través de medios tecnológicos, los cuales no formarán parte del expediente y sólo serán de utilización personal como ayudas de memoria en la redacción de la sentencia.

                              ARTICULO 512. La audiencia constará de dos fases, una preliminar y la otra complementaria o de juicio.

                              En la primera se realizarán las siguientes actuaciones:

                              1. Informe a las partes sobre el objeto del proceso y el orden en que se conocerán las cuestiones a resolver.

                              2. Aclaración, ajuste y subsanación de las proposiciones de las partes, cuando a criterio del Juzgado sean oscuras, imprecisas u omisas respecto de derechos irrenunciables, tanto en extremos principales o accesorios, cuando con anterioridad se hubiere omitido hacerlo. Si se estimare que hay deficiencias en uno u otro de esos sentidos,  se le dará al respecto la palabra primero a la parte actora y después a la demandada, para que manifiesten lo que sea de su interés.[91]          

                              3. Intento de conciliación. Quien dirige la audiencia tratará de persuadir a las partes para que solucionen el conflicto en forma conciliada en lo que fuere legalmente posible. Al efecto, podrá ilustrarlas sobre criterios jurisprudenciales de casos similares, sin que sus manifestaciones constituyan motivo de recusación. En el acta no se incluirán manifestaciones hechas por las partes con motivo de la conciliación y lo afirmado por ellas no podrá interpretarse como aceptación de las proposiciones efectuadas. La conciliación podrá estar a cargo de un  conciliador judicial, si ambas partes lo pidieren, siempre y cuando exista el servicio en el respectivo circuito judicial  y no se causare dilación en el proceso, en cuyo caso asumirá en la misma audiencia, sustituyendo a quien la dirige, para esa única actividad.

                              4. Si no se da la conciliación, se procederá a recibir  la prueba que se estime pertinente sobre: nulidades no resueltas anteriormente, vicios de procedimiento invocados en la audiencia y  excepciones previas. De seguido se discutirá y resolverá sobre todas esas cuestiones  y de existir vicios u omisiones, en un único pronunciamiento ordenará las correcciones, nulidades y reposiciones que sean necesarias. Cuando se trate del cumplimiento de requisitos o formalidades omitidas, se dará un plazo para cumplirlas, transcurrido el cual sin que se cumpliere lo ordenado, se dispondrá la inadmisibilidad de la demanda y el archivo del expediente, en la forma y con los efectos ya previstos.

                              Si se declarare procedente la litis pendencia se tendrá por fenecido el proceso y se ordenará el archivo del expediente. En el caso de disponerse  la improcedencia de la vía escogida, ser le dará al proceso la orientación que corresponda.

                              5. Se abrirá debate sobre las excepciones interpuestas y se emitirá pronunciamiento sobre las pruebas ofrecidas por las partes o reiteradas en la audiencia  respecto de las cuestiones de fondo debatidas y, en su caso, la ordenación de pruebas complementarias o para mejor proveer, indicadas por las partes o de iniciativa del Tribunal, siempre y cuando versen sobre los hechos introducidos legalmente a debate en el proceso.

                              6. Recepción de las pruebas sobre las cuestiones de improponibilidad reservadas y emisión anticipada  del pronunciamiento de fondo correspondiente. Si las mismas  probanzas están ligadas, además de la cuestión que se puede resolver en forma anticipada,  con el fondo del asunto, la resolución del punto se reservará para la sentencia final. 

                              ARTICULO  513. En la segunda fase de la audiencia, de ser necesaria:

                              1. Se dará traslado  en ese mismo acto acerca de los documentos presentados después de la demanda, contestación, reconvención y réplica, admitidos como prueba. El traslado será sumarísimo, para ser evacuado en forma inmediata, de tal manera que no constituya un obstáculo para el normal desarrollo de la actividad. [92]

                              2. Se leerán las pruebas anticipadas e irrepetibles,      las cuales se incorporarán por esa vía al debate. Este acto podrá suprimirse según lo dispuesto en esta misma Sección.

                              3. Se recibirán las pruebas admitidas.

                              3.1. Primero se llamará a los peritos citados quienes en primer término harán un resumen de su dictamen y luego se discutirá sobre la peritación, debiendo el perito responder las preguntas que le hagan las partes. Para hacerlo, tendrán facultad de consultar documentos, notas escritas y declaraciones.

                              Podrán solicitarse al perito adiciones y aclaraciones verbalmente.

                              3.2. De seguido se recibirán las declaraciones de  parte y de los testigos que se hayan propuesto, de acuerdo con los hechos o temas que a cada uno correspondan.

                              La declaración se iniciará a través de una exposición espontánea del declarante, dando en cada caso  las razones de su dicho,  y luego se le permitirá a las partes hacerles las preguntas de su interés y finalmente quien dirige el debate repreguntará también al testigo sobre lo que le parezca conveniente.

                              Tanto en el caso de los peritos, como de los declarantes, el que dirige moderará el interrogatorio y evitará preguntas capciosas, sugestivas, repetidas, excesivas,  impertinentes, indebidas, de tal manera que el derecho de preguntar no se torne en un abuso contrario de la dignidad de las personas y al principio de celeridad.

                              4. Formulación de conclusiones por las partes, por el tiempo que fije el Juzgado.

                              5. Deliberación y dictado de la parte dispositiva de la sentencia de inmediato en forma oral, debiendo señalarse en ese mismo acto hora y fecha, dentro de los cinco días siguientes,[93] para la incorporación al expediente y entrega a las partes del texto integral del fallo. En procesos complejos o con abundante prueba podrá postergarse por ese mismo lapso, improrrogablemente, el dictado completo de la sentencia, incluida su parte dispositiva. Los votos de minoría en tribunales colegiados deberán consignarse dentro de  esos mismos términos y si así no se hiciere se tendrán por no puestos de pleno derecho.

                              ARTICULO 514. La audiencia se desarrollará sin interrupción, durante todo el tiempo que sea necesario,  salvo  para:

                              1. El estudio y resolución de cuestiones complejas que se presenten en su transcurso. Estas interrupciones se harán en forma muy breve,  de tal manera que no se afecte la unidad del acto.

                              2. Para realizar el reconocimiento de lugares u objetos que se hallen en sitio distinto al de la audiencia o para evacuar el testimonio de personas que no puedan trasladarse.

3.                  Para intentar acuerdos conciliatorios, si así lo piden las partes de consuno.

                              ARTICULO 515.  Podrá posponerse la conclusión de una audiencia después del alegato de conclusiones o reprogramarse, siempre por una única vez y que la posposición no sea por más de quince días,[94] cuando sea necesario recibir alguna probanza  no evacuada en esa oportunidad o cuya trascendencia surja durante la audiencia, en ambos casos si se ordena  para mejor proveer,  o bien cuando sea necesario para debatir adecuadamente sobre excepciones o cuestiones nuevas, legalmente alegadas en la audiencia, o para recibirle declaración a testigos desobedientes de la citación. En este caso,  sin necesidad de petición de la parte, se ordenará la presentación de esos testigos mediante la fuerza pública.

                              En el mismo acto se señalará la hora y la fecha para la continuación o reprogramación de la audiencia.

                              Si se tratare de la ampliación del debate sobre excepciones o cuestiones nuevas, también en ese mismo acto se emitirá pronunciamiento sobre la admisión de pruebas  ofrecidas y a su respecto se estará a lo señalado en normas anteriores.  

                              Una vez evacuadas las probanzas pendientes o nuevas que fueren admisibles o incorporadas cuando procediere, se les dará la palabra a los asistentes, para el complemento de la conclusión y luego se dictará la sentencia, en la misma forma y términos  previstos en el artículo 513.

                               En estos casos la audiencia se concluirá válidamente con las partes  que asistan y con ellas se realizarán las actuaciones faltantes, en la forma ya dispuesta.

                              La inasistencia de las partes no impedirá la recepción o la incorporación de la prueba ordenada y el dictado de la sentencia  podrá hacerse de inmediato o en forma postergada, dentro del plazo ya dispuesto.

                              Las actuaciones se dejaran constando en un acta, que se consignará y firmará en la misma forma ya dispuesta. Todo lo que se resuelva se tendrá por notificado tanto a las partes asistentes como a las que dejaron de asistir.       

                              ARTÍCULO 516. Expirados los plazos para el dictado, documentación y entrega a las partes de la sentencia, con incumplimiento del órgano, lo actuado y resuelto será nulo y el juicio deberá repetirse ante otro juez, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y disciplinarias correspondientes. Únicamente se dejarán a salvo de dicha nulidad las pruebas y los actos o actuaciones  no reproducibles que se puedan apreciar válidamente en una oportunidad posterior.

SECCION V

                  REGLAS ESPECIALES APLICABLES A LAS PRETENSIONES SOBRE SEGURIDAD SOCIAL

 

            ARTICULO 517. Las pretensiones correspondientes a la seguridad social se substanciarán por el procedimiento ordinario, con las siguientes modificaciones:

            1. Cuando se requieran valoraciones por peritos oficiales, en el mismo auto de traslado de la demanda se ordenará hacerlas al organismo correspondiente, las cuales se remitirán al Juzgado por escrito o mediante comunicación electrónica que el funcionario competente de ese órgano se encarará de documentar materialmente en el expediente y de ponerlas en conocimiento de las partes  por tres días.

            2. La parte demandada deberá presentar con la contestación de la demanda una copia completa del expediente administrativo, incluyendo en ella el texto de los dictámenes médicos o jurídicos, cuando los hubiere. Si lo incumpliere se producirá una presunción de veracidad o de certeza de los hechos cuya prueba depende de esa documentación, salvo que enel expediente haya prueba que lo contradiga o que exista causa justa que impida la presentación.

            3. Podrá ordenarse  a solicitud de la parte interesada como prueba complementaria o de oficio para mejor proveer dictámenes científicos de peritos particulares; pero su costo correrá a cargo de la parte interesada.

            4. Se convocará a audiencia únicamente cuando deban evacuarse pruebas distintas de la documental, cuando haya discrepancias respecto de las periciales o cuando el órgano lo considere necesario para cumplir el debido proceso. [95]

            5. Comparecerán  a la audiencia todos los peritos que hubieren intervenido.

            6. Si no fuere del caso la convocatoria a audiencia, la sentencia se dictará dentro de los quince días posteriores al traslado de la contestación de la demanda,  de la réplica o la prueba documental o científica.

            7. Al resolverse se tomarán en cuenta los antecedentes administrativos y el cúmulo de pruebas allegado al expediente en la sede judicial. En el caso de discrepancia entre dictámenes científicos, se resolverá aplicando las reglas de valoración propias de este procedimiento y los principios aplicables de la materia.

            8. Los beneficios pretendidos sólo podrán estimarse dentro de las limitaciones legales y si se cumplen los requisitos exigidos por el respectivo ordenamiento.

            9. Cuando se acoja una determinada prestación social  sin establecerse en forma líquida, y surgiere posteriormente alguna discrepancia, se hará la fijación por el órgano jurisdiccional en la vía de ejecución de sentencia, debiendo en tal caso la parte interesada presentar la respectiva liquidación, indicando en forma concreta las bases tomadas en cuenta para hacerla.

SECCION VI

                  DISPOSICIONES  SOBRE EL DESPIDO DE LOS SERVIDORES MUNICIPALES

            ARTICULO 518.  En los procesos administrativos sobre el despido de servidores municipales, deberán indicarse  en el escrito de impugnación del pronunciamiento final en forma clara y concreta las razones por las cuales se impugna el acto del despido; las pruebas que le interesan a la parte sean evacuadas o que se repongan; y un lugar o medio para notificaciones. Deberá ser presentado ante el órgano impugnado para que lo remita a la autoridad judicial dentro de los cinco días siguientes, conjuntamente con el expediente  completo donde se dictó el acto recurrido.

            La apelación también podrá ser presentada directamente ante el Juzgado de Trabajo competente, dentro del plazo fijado en la respectiva legislación. Cuando así suceda, en el auto de traslado se le ordenará a la parte demandada presentar,  con la contestación, dicho expediente.

            Cuando la fundamentación sea defectuosa, de manera que no sean claros  los  motivos que la sustentan, se le concederán al impugnante tres días para corregir el defecto, bajo pena de declarar la inadmisibilidad de la impugnación y la conclusión y archivo del proceso.

            Sobre la impugnación se dará un traslado por cinco días al ente municipal y el proceso se substanciara siguiendo en lo pertinente las reglas del ordinario.

            En la sentencia se apreciarán los elementos probatorios evacuados válidamente en el proceso antecedente, salvo que en resulten desvirtuados en sede judicial.

            Únicamente se convocará a audiencia cuando sea indispensable evacuar pruebas que lleven aparejado el principio de inmediación.

            En la sentencia se revocará o anulará el acto impugnado  y se emitirá pronunciamiento sobre cualesquiera otras pretensiones que se hubieren deducido en el libelo de impugnación.

 

CAPITULO VII

PROCESOS ESPECIALES

 

SECCION I

PROTECCIÓN EN FUEROS ESPECIALES  Y TUTELA DEL DEBIDO PROCESO

 

            ARTICULO 519. Las personas trabajadoras, tanto del sector público como del privado, que se hallen protegidos por fueros especiales, podrán impugnar en la vía sumarísima prevista en esta Sección, con motivo del despido o de cualquier otra medida disciplinaria o discriminatoria, la violación de fueros especiales de protección, de procedimientos a que tienen derecho, formalidades o autorizaciones especialmente previstas.

            Se encuentran dentro de esa previsión:

            1. Los servidores públicos amparados por el régimen de servicio civil,  respecto del procedimiento ante el Tribunal de Servicio Civil que les garantiza el ordenamiento.

            2. Los demás servidores públicos para la tutela del debido proceso o fueros semejantes, según resulte del ordenamiento constitucional o legal.[96]

            3. Las mujeres en estado de embarazo o período de lactancia, según se establece en el artículo 94 de este Código.

            4. Las personas trabajadoras adolescentes, conforme lo manda el artículo 91 del Código de la Niñez y Adolescencia, promulgado mediante Ley  N° 7739 del 6 de enero de 1998.

            5. Las personas cubiertas por los  artículos 383 y siguientes  y 584 de este Código y cualquiera otra disposición tutelar del fuero sindical.

            6. Las y los denunciantes de hostigamiento sexual, tal y como se establece en la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia.

            7. Las personas trabajadoras que sean objeto en su trabajo o con ocasión de él, de discriminación por cualquier causa.

            8. Quienes gocen, en su condición de trabajadores, de un fuero especial semejante mediante ley o instrumento colectivo de trabajo.

            La tutela del debido proceso podrá demandarse  esta vía cuando sea aplicable como derecho del trabajador.

            ARTICULO 520. La solicitud de tutela se presentará ante el Juzgado de Trabajo competente mientras subsistan las medidas o efectos que provocan la violación contra la cual se reclama. La aplicación de tutela por violación del debido proceso en el caso de despido, se regirá por el plazo de prescripción señalado en este Código.

            La firma del solicitante no requiere ser autenticada por la de un abogado, si la persona interesada presenta personalmente el respectivo libelo.

            La petición deberá cumplir en lo pertinente los requisitos señalados para la demanda, excepto el que se refiere al agotamiento de la vía administrativa,[97] e incluir el nombre de la persona, institución,  órgano, departamento u oficina a la que se atribuye la arbitrariedad.

            ARTICULO 521. A más tardar dentro de las veinticuatro horas siguientes al recibo de la solicitud, la autoridad judicial le dará curso, pidiéndole a la institución,  autoridad  u órganos públicos o persona  accionada un informe detallado acerca de los hechos que motivan la acción, el cual deberá rendirse bajo juramento dentro de los cinco días siguientes a la notificación, acompañado de copia de los documentos que sean de interés para la parte y de una copia certificada del expediente administrativo en el caso de las relaciones de empleo público, sin costo alguno para la parte demandante.

            Cuando se trate de actuaciones con resultados lesivos, en la misma resolución se podrá disponer la suspensión de los efectos del acto, en cuyo caso la parte accionante quedará repuesta provisionalmente a su situación previa al acto impugnado.  Esa medidase ejecutará de inmediato sin necesidad de garantía alguna y podrá revisarse y modificarse a instancia de la parte accionada, hecha mediante la interposición del recurso correspondiente, por razones de conveniencia o de evidente interés público, o bien porque valorada la situación en forma provisional se estime que existen evidencias excluyentes de discriminación, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre el fondo.[98]

            Cuando la acción verse sobre actos de las administraciones públicas, se tendrá como demandado al Estado y se  pondrá la resolución inicial también en conocimiento de la Procuraduría General de la República o en su caso del órgano jerárquico  de la institución autónoma u organización, que la represente legalmente, para que pueda apersonarse al  proceso dentro del mismo plazo de cinco días a hacer valer sus derechos.

            Si la acción versa sobre actuaciones de una organización empresarial privada, el informe se le solicitará a la persona a quien, en funciones de dirección o administración en los términos del artículo 5 de este Código, se le atribuye la conducta ilegal, y se le advertirá su que su notificación surte efectos de emplazamiento para la parte empleadora, y que ésta puede hacer valer  sus  derechos en el proceso dentro del indicado plazo, a través de su representante legítimo.   [99] 

            Las notificaciones se harán a través de los medios autorizados por la ley o por la propia parte interesada, siempre que lo haga con el respaldo de la autoridad administrativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o de policía, la que tendrá la obligación de asistirla en forma inmediata y sin costoy de dejar constancia de su intervención.

            ARTICULO 522. Si no se respondiere dentro del término señalado y al mismo tiempo no se produce oposición  de la parte demandada, se declarará con lugar la acción, si el caso, de acuerdo con los autos no amerita una solución diferente, según el ordenamiento.

            En el caso contrario, el informe rendido y cualquier respuesta se pondrán en conocimiento por tres días a la parte promotora del proceso.

            Si fuere del caso evacuar pruebas no documentales, su substanciación se llevara a cabo en audiencia, la cual se señalará en forma prioritaria a los asuntos de ordinario conocimiento del despacho. En tal supuesto, la sentencia se dictará en la oportunidad prevista para la substanciación del proceso en audiencia.

            ARTICULO 523. La competencia del órgano jurisdiccional se limitará, para estimar la pretensión de tutela, a la comprobación del quebranto de la protección, procedimiento o aspectos formales garantizados por el fuero y si la sentencia resultare favorable a la parte  accionante, se decretará la nulidad que corresponda y se le repondrá a la situación previa al acto que dio origen a la acción y condenará a la parte empleadora a pagar los daños y perjuicios causados. Si los efectos del acto no se hubieren suspendido, se ordenará la respectiva reinstalación, con el pago de salarios caídos.

            Si la acción se desestima y los efectos del acto hubieren sido detenidos, su ejecución podrá llevare a cabo una vez firme el pronunciamiento denegatorio, sin necesidad de ninguna autorización expresa en ese sentido.

            La sentencia estimatoria en estos casos no prejuzga sobre el contenido sustancial o material de la conducta del demandado, cuando la tutela se refiere únicamente a derechos sobre un procedimiento, requisito o formalidad.[100]

            ARTICULO 524. Si la pretensión deducida no corresponde a este procedimiento especial, se orientará la tramitación en la forma que proceda.

            Cuando se presentare alguna pretensión de tutela correspondiente a este procedimiento, en forma acumulada con otra u  otras cuyo trámite deba realizarse en la vía ordinaria, será desacumulada y tramitada según lo previsto en esta Sección, sin perjuicio del curso de las otras pretensiones.

            La tutela, una vez otorgada en sentencia firme producirá la conclusión del proceso ordinario cuando se produzca una falta de interés. En ese supuesto se dará por concluido el proceso total o parcialmente, según proceda, sin sanción de costas.

SECCION II

DISTRIBUCIÓN DE PRESTACIONES DE  PERSONAS FALLECIDAS

            ARTICULO 525. La distribución de las prestaciones laborales  a que se refiere el artículo 85, inciso a) de este Código, se regirá por lo dispuesto en esta Sección. También se dirimirá en este proceso, a favor de los sucesores o beneficiarios indicados en esa norma, en el mismo orden que en ella se señala,  la adjudicación de los montos de dinero por salarios, compensación por vacaciones no disfrutadas y aguinaldo, así como cualquier otro extremo derivado de la relación de trabajo, incluidos los ahorros obligatorios y depósitos en cuentas de intermediarios financieros provenientes del contrasto de trabajo, que por ley no tenga un beneficiario distinto, adeudados a la persona trabajadora fallecida. Igual regla se aplicará a los montos adeudados a las personas pensionadas o jubiladas fallecidas.

            ARTICULO 526. El proceso  puede ser promovido por cualquiera que tenga interés, ante el juzgado de trabajo competente. La solicitud deberá contener:

            1°. El nombre de la persona fallecida  y el de la parte empleadora o de la institución o dependencia deudora de los extremos a distribuir.

            2°. El nombre del consorte de la persona fallecida, de sus padres y de sus hijos, así como la dirección de éstos, indicándose quienes son menores o incapaces.

            3°. Prueba del fallecimiento y del parentesco que sea de interés acreditar.

            ARTICULO 527. Presentada en forma la solicitud, se abrirá el procedimiento, disponiéndose:

            1°. La publicación de un edicto en el Boletín Judicial, en el cual se citará y emplazará por ocho días [101]a todo el que considere tener interés en la distribución, para que se apersone a hacer valer sus derechos.

            2° La notificación a los interesados indicados en la solicitud inicial.          3° Una orden a la persona  o institución obligada al pago, de que, si no hubiere consignado las prestaciones a distribuir, las deposite en la cuenta bancaria  del despacho, dentro de cinco días siguientes.

            4° Si hay menores interesados, la notificación al Patronato Nacional de la Infancia, institución que asumirá la tutela de sus intereses  en el caso de que estén en opuesto interés al  de su progenitor superviviente.

            5° Si hubiere inhábiles interesados, no sujetos a curatela, se le nombrará como representante ad hoc a un abogado de asistencia social.

 

            ARTICULO 528. Transcurrido el término del emplazamiento, se hará la declaratoria de los herederos a quienes corresponde el patrimonio a distribuir, disponiéndose su adjudicación y entrega por partes iguales.

            Si surgiere contención  sobre el derecho de participación, la cuestión se dirimirá en el mismo expediente, aunque involucre la aplicación de normas e institutos propios del Derecho de Familia. El escrito de demanda de mejor derecho o de oposición deberá reunir los requisitos de la demanda ordinaria, inclusive el que se refiere al ofrecimiento de las pruebas. Figurarán como contradictoras las personas cuyo derecho se pretende afectar, a quienes se trasladará la demanda por cinco días. El conflicto de juzgará sumariamente en audiencia oral, debiendo dictarse la sentencia en la misma forma prevista para el proceso ordinario.[102]

            ARTICULO 529. Los interesados en la distribución no están legitimados para gestionar o demandar en otras  vías el pago directo de las prestaciones a distribuir, pero sí para que se depositen judicialmente a la orden del Juzgado.

SECCION III

AUTORIZACIONES

 

            ARTICULO 530. Cuando de acuerdo con la ley se requiera de la autorización de un órgano jurisdiccional para llevar a cabo un determinado acto, la parte interesada lo solicitará por escrito, cumpliendo en lo que resulten pertinentes los requisitos de la demanda.

            Acerca de la solicitud se  dará traslado por tres días a quien se pretenda afectar con el acto, en la misma forma prevista para la demanda. Si no fuere del caso la evacuación de pruebas testimonial o técnica, se dictará sentencia dentro de los cinco días siguientes al recibido de la contestación o del plazo para contestar cuando no se hubiere respondido el emplazamiento. De lo contrario, se convocará a audiencia, debiendo estarse a su respecto a lo ya dispuesto para esta actividad.

CAPITULO VIII

LA SENTENCIA: FORMALIDADES, REPERCUSIONES ECONOMICAS Y EFECTOS

SECCION I

FORMALIDADES DE LA SENTENCIA

                              ARTICULO 531. La sentencia se dictará teniendo como límites los actos de proposición de las partes y lo fijado en la fase preliminar de la audiencia de juicio, sin perjuicio de las variaciones que sean permitidas por la ley.

                              Contendrá un preámbulo, una parte considerativa y una dispositiva.

                              En el preámbulo se indicará la clase de proceso, el nombre de las partes y sus abogados.

                              En la considerativa se consignará una síntesis de las pretensiones y excepciones deducidas. Luego se enunciarán en forma clara, precisa y ordenada cronológicamente los hechos probados y no probados de importancia para resolver, con indicación de los medios de prueba en que se apoya la conclusión y de las razones que la amparan y los criterios de valoración empleados, para cuyo efecto deberá dejarse constancia del análisis de los distintos elementos probatorios evacuados, a través de una explicación detallada y exhaustiva de cada uno de ellos. Finalmente, en párrafos separados, dándose en cada caso las razones de hecho, jurídicas, doctrinales y jurisprudenciales,  se bastanteará la procedencia o improcedencia de las proposiciones, lo cual se hará en párrafos separados, por temas.  Es indispensable citar las normas jurídicas que sirven de base a las conclusiones sobre la procedencia o improcedencia de las pretensiones o excepciones propuestas.

                              En la parte dispositiva se pronunciará el fallo, indicando en forma expresa y separada, en términos dispositivos, los extremos que se declaran procedentes o deniegan y la decisión correspondiente a  las excepciones opuestas y disponiendo lo procedente sobre las costas del proceso.

                              Las sentencias de segunda instancia y de casación contendrán un breve resumen de los aspectos debatidos en la resolución que se combate, los alegatos del recurso, un análisis de las cuestiones de hecho y de derecho propuestas y la resolución correspondiente, en la forma prevista en este mismo Código.

                              ARTICULO 532.  Queda prohibido declarar en sentencia la procedencia de algún extremo, condicionándola a la demostración posterior del supuesto de hecho que la ampara. Sin embargo, el juzgadopodrá decretar la ineficacia de la parte de la sentencia de condena, cubierta o satisfecha con anterioridad a su dictado.[103]

                              En todo pronunciamiento sobre extremos económicos o resolubles en dinero, deberá establecerse de una vez en la sentencia el monto exacto de las cantidades, incluido  el monto de las costas, de los intereses y adecuaciones que correspondan, hasta ese momento. Sólo excepcionalmente, cuando no se cuente en el momento del fallo con los datos necesarios para hacer la fijación, podrá hacerse una condena en abstracto, indicándose las bases para hacerla posteriormente.

SECCION II

COSTAS

                              ARTICULO 533. En toda sentencia, incluidas las anticipadas, y las resoluciones que provoquen el perecimiento del proceso por litis pendencia, incompetencia por razones del territorio nacional, satisfacción extraprocesal o deserción, [104]se condenará al vencido, a quien ha satisfecho el derecho o a la parte sancionada  con la finalización del asunto, al pago de las costas personales y procesales causadas

                              Las personales no podrán ser menores del quince por ciento ni mayores del veinticinco por ciento del importe líquido de la condenatoria o de la absolución, en su caso.

                              Si el proceso no fuere susceptible de estimación pecuniaria, la fijación se hará prudencialmente.

                              Para hacer la fijación del porcentaje o del monto prudencial, se tomará en cuenta la labor realizada, la cuantía de la cosa litigada y la posición económica del actor y demandado.

                              En los asuntos inestimables en que hubiere trascendencia económica, se hará la fijación con base en el monto resultante hasta la firmeza de la sentencia y si como consecuencia del proceso se siguiere generando en el futuro el resultado económico, podrá agregarse al monto fijado, según criterio prudencial, hasta un cincuenta por ciento. Si el resultado económico fuere intrascendente, se hará la fijación en forma prudencial con fundamento en los mencionados criterios.

                              ARTICULO  534. No obstante, se podrá eximir al vencido del pago de las costas personales y aún de las procesales,cuando:

                              1. Se haya litigado con evidente buena fe.

                              2. Las proposiciones hayan prosperado parcialmente.

                              La exoneración debe ser siempre razonada.

                              No podrá  considerarse de buena fe a la parte que: negó pretensiones evidentes que el resultado del proceso indique que debió aceptarlas; no asistió a la totalidad de la audiencia; adujo testigos sobornados o testigos y documentos falsos; no ofreció ninguna probanza para justificar su demanda o excepciones, si se fundaren en hechos disputados.[105]

                              La exoneración de costas será imperativa si alguna norma especial así lo dispone.

                              ARTICULO 535. El contrato de cuota litis en materia laboral se regirá por las disposiciones del procedimiento civil. Sin embargo, tratándose del trabajador, los honorarios que deba pagar a su abogado no podrán ser superiores en ningún caso al veinticinco por ciento del beneficio económico que se adquiera en la sentencia.

SECCION III

INTERESES, ADECUACION Y SALARIOS CAIDOS

                              ARTICULO 536. Toda sentencia de condena a pagar una obligación dineraria, implicará para el deudor, salvo decisión o pacto en contrario, aunque no se diga expresamente:

                              1. La obligación de cancelar  intereses sobre el principal, al tipo fijado en el Código de Comercio, a partir de la exigibilidad del adeudo o de cada tracto cuando se integra en esa forma. Si la condena lo fuere a título de daños y perjuicios, el devengo de intereses se iniciará desde la firmeza de la sentencia. Para las obligaciones en moneda extranjera, se  estará a lo dispuesto en ese mismo Código para las obligaciones endólares de los Estados Unidos de América.

                              2. La obligación de adecuar los extremos económicos principales,  actualizándolos a valor presente, en el mismo porcentaje en que haya variado el Índice de Precios para los Consumidores del Área Metropolitana que lleve el órgano oficial encargado de determinar  ese porcentaje, entre el mes anterior a la presentación de la demanda y el precedente a aquel en que efectivamente se realice el pago.[106]

                              El cálculo de intereses se hará sobre los montos condenados o resultantes después de su liquidación, antes de ser llevados a valor presente, y luego se hará la adecuación indicada en el último párrafo, únicamente sobre los extremos principales.[107]

                              ARTICULO 537. En toda sentencia que disponga la reinstalación de trabajadores con salarios caídos, el pago de estos no podrá ser superior al importe de veinticuatro veces el salario mensual total del trabajador al momento de la firmeza del fallo,  salvo disposición especial que establezca  otra cosa, sin que en ningún momento pueda ser inferior al mínimo legal.[108]Esta fijación no admite adecuaciones o indexaciones. [109]

                              También la parte demandada deberá cubrirle a la victoriosa, desde la firmeza de la sentencia, el salario que le corresponda de acuerdo al contrato de trabajo y a los derechos derivados de la antigüedad acumulada,  en la cual se incluirá el lapso comprendido entre el despido y dicha firmeza y en el futuro el cumplimiento de las obligaciones salariales ordinarias y extraordinarias deberá ajustarse a las prestaciones correspondientes a una relación inalterada. Igual regla se aplicará al disfrute de vacaciones y cualquier otro derecho derivado del contrato de trabajo o de la ley.

                              El momento a partir del cual deben cubrirse los salarios, se postergará si la parte victoriosa, dentro de los cinco días siguientes a la firmeza del fallo, le comunica al órgano la necesidad de contar con algún plazo especial para asumir de nuevo del puesto, el cual no puede ser superior a treinta y cinco días naturales.[110]

                              ARTICULO 538. El pago de los salarios caídos sólo será procedente cuando no existe impedimento legal en virtud de haber ocupado el trabajador un cargo que lo impida. En tal caso solo procederá la diferencia, si el salario que hubiere estado recibiendo fuere inferior.

SECCION IV

EFECTOS

ARTICULO 539. Las sentencias del  ordinario laboral, incluidas las anticipadas y las dictadas en los procesos especiales sobre seguridad social, despido de trabajadores municipales, protección de fueros especiales, así como en contenciones surgidas en el proceso de distribución de prestaciones de personas  fallecidas regulado en este Código,  producirán los efectos de la cosa juzgada material. Las demás sentencias, salvo disposición en contrario en la ley, producirán únicamente cosa juzgada formal.

 

CAPITULO IX

        DISPOSICIONES PARTICULARES SOBRE LAS FORMAS                                                             ANORMALES DE TERMINACION DEL PROCESO

 

                              ARTICULO 540. Salvo disposición especial en contrario, el desistimiento, la renuncia del derecho, la deserción, la satisfacción extraprocesal, la transacción y  los acuerdos  conciliatorios le pondrán también término al proceso.  Es  aplicable lo  que dispone al respecto  la legislación procesal civil, con las siguientes modificaciones:

                              1. La renuncia, la transacción y la conciliación sólo se considerarán válidas y eficaces cuando se refieran a derechos disponibles.

                              2.  La transacción y conciliación deben ser homologadas y el pronunciamiento respectivo tiene el carácter de sentencia, con autoridad de cosa juzgada material, y  admite el recurso previsto para ese tipo de resoluciones. Una vez firme será ejecutable del mismo modo que las sentencias.

                              3.  La deserción es procedente a solicitud de parte en los asuntos contenciosos en que haya embargo de bienes o alguna otra medida precautoria con efectos perjudiciales de naturaleza patrimonial para el demandado, siempre y cuando el abandono se deba a omisión del actor en el cumplimiento de algún requisito o acto, sin en el cual el proceso no puede continuar. También procederá cuando no se de produzcan esos efectos perjudiciales para el demandado, aún de oficio, cuando el proceso, una vez trabada la litis,  no pueda continuar por culpa de la parte.

                              4. La satisfacción extraprocesal podrá apreciarse de oficio o a solicitud de parte. Si posteriormente se revocare o en  cualquier forma se  afectare el acto de reconocimiento, la parte interesada podrá gestionar la reanudación del proceso a partir de la etapa que se hallaba, sin necesidad de ninguna gestión administrativa previa en el caso de las Administraciones Públicas. Si la demanda llegare a prosperar, la condenatoria a la parte demandada al pago de las costas será imperativa.

                              En todos estos casos la terminación del proceso se acordará previa audiencia por tres días a la parte contraria.

CAPITULO X

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

 

                              ARTICULO 541. Las sentencias firmes, las transacciones o acuerdos conciliatorios y cualquier pronunciamiento ejecutorio, serán ejecutados por el mismo tribunal que conoció del proceso.

                              Las decisiones concretas o específicas, para cuyo cumplimiento no se requiere ninguna actividad adicional  de fijación de alcances, serán ejecutadas inmediatamente después de la firmeza del pronunciamiento, de oficio o a solicitud de parte, verbal o escrita. Los acuerdos conciliatorios extrajudiciales que de acuerdo con la ley tengan autoridad de cosa juzgada, se ejecutarán a través de este procedimiento.

                              Cuando se haya reservado la fijación de montos para la fase de ejecución de la sentencia, o cuando así sea necesario, la parte interesada deberá presentar la tasación o liquidación correspondiente, con respeto de las bases establecidas en el fallo o acuerdoy con la sustentación de las pruebas que fueren estrictamente necesarias. La  gestión será trasladada a la parte contraria por tres días, dentro de los cuales podrá glosar cada uno de los extremos liquidados y hacer las objeciones y el ofrecimiento de las pruebas que estime pertinentes. Si fuere necesario evacuar probanzas periciales o declaraciones, se estará a lo dispuesto para el proceso ordinario y la cuestión se substanciará sumariamente en una audiencia, debiendo en ese caso dictarse la sentencia en la misma audiencia o  más tardar dentro del plazo señalado para el procedimiento ordinario, bajo pena  de nulidad de la audiencia si ese plazo es incumplido. En el caso contrario, evacuado el traslado, se dictará sentencia dentro del término de ocho días, después de presentada la contestación.

                              ARTICULO 542. El cumplimiento patrimonial forzoso se llevara a cabo de acuerdo con las disposiciones de la legislación procesal civil.

                              La práctica material del embargo, cuando sea necesaria, la realizará, con carácter de oficial público y como parte de sus tareas o funciones, sin cobro alguno de honorarios, el auxiliar o  asistente  del despacho de mayor rango, según determinación del Consejo Superior del Poder Judicial.

 
            ARTICULO 543.  La parte demandada tendrá obligación de ejecutar la sentencia o resolución interlocutoriaque ordene la reinstalación de una persona trabajadora a su puesto,  desde el día de su firmeza.

                              Si no  fuere necesario postergar la reinstalación para permitir el preaviso de la conclusión de otra relación laboral contraída, el trabajador, dentro de los ocho días siguientes a la firmeza deberá presentarse al respectivo centro de trabajo a reasumir sus labores y lo hará acompañado de un notario público, de la autoridad administrativa de trabajo de la jurisdicción o del oficial público del Juzgado, quienes levantarán una acta dejando constancia de lo que suceda. La intervención de estas autoridades podrá solicitarse en forma escrita o verbal. Deberán actuar en forma inmediata, dejando a un lado cualquier otra ocupación. El incumplimiento de este deber se considerará falta grave para efectos disciplinarios.[111] Sólo en casos muy calificados, cuando el centro de trabajo se encuentre en lugares alejados y de difícil acceso, se comisionará a la autoridad de policía para que constate la presentación del trabajador, en cuyo caso deberá instruírsele acerca de la forma de levantar el acta. La autoridad judicial dispondrá cualquier otra medida que juzgue razonable para la ejecución de  lo dispuesto.

                              Cuando se solicitare postergación, la parte victoriosa indicará al Juzgado el día que reasumirá sus funciones y deberá hacerlo a la hora de entrada acostumbrada en el centro de trabajo, con una u otra de dichas autoridades, en la forma antes señalada.[112]

                              ARTICULO 544. La obligación de pagar los salarios caídos se mantendrá por todo el tiempo que  la reinstalación no se cumpla por culpa de la parte empleadora. En este caso deberán pagarse, además, los daños y perjuicios que se causen con el incumplimiento.

                              Si la parte trabajadora no se presentare dentro de los cinco días siguientes a la firmeza del fallo o a la hora de entrada a labores de la fecha señalada  en el caso de postergación, sin justa causa, la sentencia se tornará ineficaz en cuanto a la reinstalación y mantendrá sus efectos respecto de los demás extremos.

                              La parte trabajadora podrá optar por la no reinstalación, a cambio, además de las otras prestaciones concedidas en la sentencia, del pago del preaviso y la cesantía que le correspondan por todo el tiempo laborado, incluido el transcurrido hasta la firmeza de la sentencia, sólo si lo hace saber  así al órgano dentro de los ocho días posteriores a la firmeza de la sentencia.[113]  

CORRECCION  Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN DE LAS

RESOLUCIONES

SECCION I

ADICION, ACLARACIÓN  Y CORRECCIONES

                              ARTICULO 545. Las sentencias, cualquiera que sea su naturaleza, pueden corregirse mediante adiciones o aclaraciones, de oficio o a solicitud de parte. La corrección de oficio podrá hacerse en cualquier momento, pero antes de la notificación del pronunciamiento a las partes.[114] La solicitud de la parte deberá hacerse dentro de los tres días siguientes a esa notificación.

                              La adición y aclaración se limitará a las omisiones u oscuridades  de la parte dispositiva de la sentencia  y a las contradicciones que puedan existir  entre la parte considerativa y la dispositiva. El término para interponer el recurso que proceda, quedará interrumpido y comenzará a correr de nuevo con la notificación del pronunciamiento que recaiga.[115]  

                              Las demás resoluciones escritas pueden también ser aclaradas o adicionadas de oficio antes de su notificación y las partes pueden pedir adiciones, aclaraciones o correcciones dentro del indicado término de tres días. En estos casos, la valoración de la solicitud  queda a discreción del órgano y la presentación  no interrumpe los plazos concedidos en la resolución.[116]

                              ARTICULO 546. Los errores materiales y las imperfecciones  resultantes  en el devenir del procesoque no impliquen nulidad,  podrán ser corregidos en cualquier momento, siempre y cuando sea necesario para orientar el curso normal del procedimiento o  ejecutar el respectivo pronunciamiento y que la corrección no implique una modificación  substancial de lo ya resuelto.[117]

SECCION II

                  MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Y OPORTUNIDAD PARA ALEGARLOS

                              ARTICULO 547. Contra las providencias escritas no cabrá recurso alguno; pero el órgano podrá dejarlas sin efecto o modificarlas dentro de los tres días siguientes a la notificación, de oficio o en virtud de observaciones de las partes. Si estas se juzgaren improcedentes, no será necesario dictar resolución.

                              ARTICULO 548.  Los autos escritos admiten el recurso de revocatoria, cuyo plazo de presentación se fija en tres días. Con igual término contará el órgano para resolver el recurso.

                              ARTICULO 549. Las observaciones de las partes a las providencias adoptadas en las audiencias y  la solicitud de revocatoria de los autos dictados en esa misma actividad procesal, deberán hacerse en forma oral e inmediata, antes de pasarse a una etapa o fase posterior, y el órgano las resolverá y comunicará en ese mismo momento y forma, salvo que sea necesario suspender la audiencia para el estudio de la cuestión, según quedó dispuesto.

                              ARTICULLO 550. Además de los pronunciamientos expresamente señalados por este Código,[118]únicamente son apelables las resoluciones que:

                              1. Declaren con lugar las excepciones previas de litis pendencia e improcedencia del proceso elegido y falta de capacidad de la parte, inexistencia o insuficiencia de la representación.

                              2.   Denieguen o rechacen  pruebas.

                              3.  Desestimen las pretensiones de nulidad deducidas antes de la sentencia, inclusive durante la audiencia. [119]

                              4.  Resuelvan los procedimientos incidentales, incluidos los autónomos, como las tercerías,  y los de nulidad cuando el vicio  debe ser alegado en esa vía.[120]

                              5.   Acuerden la intervención en el proceso de sucesores procesales, de sustitutos procesales  o de terceros.

                              6.  Le pongan término al proceso mediante solución normal o anormal, excepto cuando la ley le acuerde eficacia de cosa juzgada al pronunciamiento.

                              7.  Emita el pronunciamiento final en la ejecución de la sentencia.[121]

                              8. Aprueben el remate y ordene su ejecución.[122]

                              9. Denieguen, revoquen o dispongan la cancelación de medidas cautelares o anticipadas.

                              10. Ordenen la suspensión, inadmisibilidad, improcedencia y archivo del  proceso.

                              11. Denieguen el procedimiento elegido por la parte.

                              12. Resuelvan en forma no contenciosa sobre la adjudicación de las prestaciones de personas fallecidas.

                              ARTICULO 551. Las apelaciones contra las resoluciones escritas se formularán de esa misma manera ante el órgano que dictó el pronunciamiento, dentro de tres días, y las que procedan contra  las orales dictadas en audiencia, deberán interponerse en el mismo acto la notificación, debiendo dejarse constancia de su interposición y motivación en el acta.

                               ARTICULO 552. Las apelaciones admisibles  contra autos y sentencias interlocutorias, que impidan el curso del procedimiento, se tramitarán en forma inmediata. Cuando versen sobre autos denegatorios de prueba o resoluciones producidas en la audiencia cuyo efecto directo no sea el de la paralización o terminación del proceso, la interposición del recurso no impedirá la continuación de la actividad y  el dictado de la sentencia y se tendrá por efectuada con efectos diferidos y condicionado a que el pronunciamiento final sea recurrido en forma legal y oportuna.  En tal caso, la alzada sólo se tomará en cuenta si:

1.               El punto objeto de la impugnación trasciende al resultado de la sentencia y la parte que interpuso la apelación figure como recurrente de la sentencia y reitere en su recurso aquella apelación.

2. La sentencia admite el recurso de casación, el motivo de disconformidad pueda ser parte o constituya uno de los vicios deducibles como motivos de casación.

3. La parte que lo interpuso no figure como impugnante por haber resultado victoriosa  y con motivo de la procedencia del recurso de cualquiera otro litigante, la objeción recobre interés. En ese supuesto,  se le tendrá como apelación eventual.[123]

ARTICULO 553. Procede el recurso para ante el órgano de casación[124] contra la sentencia del proceso ordinario y también, salvo disposición expresa en contrario, contra los demás  pronunciamientos con autoridad de cosa juzgada material, por razones procesales[125] y sustantivas.

            ARTICULO 554. Por razones procesales,  será admisible cuando se invoque:

1. Cualquiera de los vicios por los cuales procede la nulidad de actuaciones, siempre y cuando estos hayan sido alegados en alguna de las fases precedentes del proceso y la reclamación se haya desestimado.

            2. Incongruencia de la sentencia u oscuridad  absoluta de esta última parte. En los supuestos de incongruencia el recurso sólo es admisible cuando se ha agotado el trámite de la adición o aclaración. [126]

            3. Falta de determinación, clara y precisa, de los hechos acreditados por el Juzgado.

4. Haberse  fundado la sentencia  en medios probatorios ilegítimos o introducidos ilegalmente al proceso.

            5. Falta de fundamento o fundamento insuficiente de la sentencia.[127]

            6. Haberse dictado la sentencia fuera del tiempo previsto para hacerlo.

            ARTICULO 555. Podrá alegarse como base del recurso de casación por el fondo, toda violación sustancial del ordenamiento jurídico, tanto la directa la como la resultante de una incorrecta o ilegítima aplicación del régimen probatorio,  siempre que  no resulte afectado el principio de inmediación y con la condición de que se trate de cuestiones propuestas y debatidas oportunamente en el proceso.

 El recurso deberá ser presentado en forma escrita ante el Juzgado[128] dentro de los diez días siguientes a la notificación de la sentencia.

ARTICULO 556. No podrán ser objeto de apelación o casación cuestiones que no hayan sido propuestas ni debatidas oportunamente por los litigantes y la sentencia que se dicte no podrá abrazar otros puntos distintos de los planteados en el recurso, salvo las nulidades, correcciones o reposiciones que procedan por iniciativa del órgano.

            Se prohíbe la reforma en perjuicio.

SECCION III

FORMALIDADES Y TRÁMITE DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN Y CASACIÓN

                              ARTICULO 557. El escrito en que se interponga el recurso de apelación, deberá contener, bajo pena de ser declarado inadmisible, las razones claras y precisas que ameritan la revocatoria del pronunciamiento, incluidas las alegaciones de nulidad concomitante que se estimen de interés.

                              El de casación deberá  puntualizar en esa misma forma los motivos los cuales se estima que el ordenamiento jurídico ha sido violentado y por los cuales procede la nulidad y la eventual revocatoria de la sentencia impugnada; primero se harán las reclamaciones formales y después las sustanciales.

            En ningún caso será necesario citar las normas jurídicas que se consideran violadas; pero la reclamación debe ser clara en cuanto al derecho que se considera vulnerado y las razones por las cuales se ha producido esa vulneración. Los errores que se puedan comentar en la mención de normas, no serán motivos para decretar la inadmisibilidad del recurso.

            Si hubiere apelación reservada, deberá mantenerse el agravio respectivo.         

                               También podrá contener, de una vez, el señalamiento de lugar para notificaciones en alzada cuando el Tribunal Superior se halle ubicado en una circunscripción territorial distinta.

                              Los motivos del recurso no podrán modificarse o ampliarse y delimitarán el debate a su respecto y la competencia del órgano de alzada para resolver.[129]

ARTICULO 558. En la apelación no reservada y en la casación,  interpuesto el recurso en tiempo se emplazará a la parte o partes recurridas para que presenten dentro de tres días  ante el mismo Juzgado la expresión de sus agravios en relación con los motivos argumentados. [130]     Cuando el órgano superior se halle ubicado en una circunscripción territorial diferente, en la misma resolución prevendrá a todas las partes que, si atienden notificaciones en un lugar determinado y no a través de un medio electrónico de comunicación, deben hacer el respectivo señalamiento para recibir esas notificaciones en alzada,  haciéndoles las advertencias correspondientes para el caso de que no lo hagan. El señalamiento de medios valdrá para todas las instancias.[131]

            El expediente se remitirá al Tribunal o Sala, según corresponda,  una vez transcurrido el término del emplazamiento.

            El recurso extemporáneo será rechazado de plano por el Juzgado.

            ARTICULO 559. El Tribunal se pronunciará sobre la apelación  dentro de los quince días posteriores al recibo de los autos.

            En primer término revisará la procedencia formal del recurso, el procedimiento y las cuestiones de nulidad propuestas, pudiendo acordar nulidades únicamente en el caso de que los defectos constituyan vicios esenciales al debido proceso. En todos los casos dispondrá las correcciones que sean necesarias, conservando todas las actuaciones no afectadas por el vicio o que sea posible subsanar.

            Enseguida, si no fuere del caso declarar la inadmisibilidad de la alzada o alguna nulidad, reposición o corrección de trámites,  emitirá el pronunciamiento correspondiente a los demás agravios del recurso.

            ARTICULO 560. Recibido el expediente por el órgano de casación, si no fuere del caso declarar la inadmisiblidad del recurso o de ordenar alguna prueba complementaria o para mejor proveer admisible en esta etapa del proceso, se señalará hora y fecha para la celebración de una audiencia con las partes, para discutir el mérito del recurso. La actividad se realizará según las reglas del proceso civil aplicables a la vista o audiencia[132] en casación; pero en todo caso los integrantes del órgano, en el orden en que lo señale el Presidente, podrán solicitar aclaraciones o explicaciones a las partes sobre los aspectos en discusión.

            Se dejará constancia en el expediente acerca de quienes asistieron a la actividad y de la forma en que se llevó a cabo, pudiendo  grabarse su resultado, para respaldo del órgano.

            La inasistencia a la audiencia  de la parte que interpuso la casación, tendrá como efecto el desistimiento del recurso.

            La sentencia se dictará dentro del  plazo  de quince días posteriores a la audiencia.  [133]

ARTICULO 561. Ante el órgano de casación sólo podrán presentarse u ordenarse para mejor proveer pruebas documentales y técnicas que puedan ser de influencia decisiva, según calificación discrecional del órgano. Las últimas se evacuarán con prontitud y cuando no se trate de peritaciones oficiales, su costo deberá cubrirlo la parte que tiene la carga de la prueba. Tales probanzas serán trasladadas a las partes por tres días.[134]

En estos casos, el término para dictar la sentencia se iniciará el día siguiente de vencido el emplazamiento.

ARTICULO 562. Al dictarse sentencia, se procederá de la siguiente manera:

En primer lugar se resolverán las cuestiones relativas al procedimiento. Si se considere procedente la nulidad de la sentencia, se puntualizarán los vicios o defectos omitidos y se devolverá el expediente al Juzgado  para que, hecha cualquier  reposición ordenada, se repita la audiencia  y se dicte de nuevo.

            Cuando proceda la nulidad por el fondo, se casará la sentencia, total o parcialmente, y en la misma resolución se fallará el proceso o se resolverá sobre la  parte anulada, cuado no exista impedimento para suplir la resolución correspondiente con base en lo substanciado.

En el caso contrario se declarará sin lugar el recurso y se devolverá el expediente al Juzgado.

 La nulidad  de la sentencia solo se decretará cuando no sea posible corregir el error u omisión con base en el expediente y con respeto del principio de inmediación.

ARTICULO 563. Tanto en el caso de la apelación como en el de casación, si resultare procedente el recurso por el fondo, al emitirse el pronunciamiento que corresponda, deberán atenderse las defensas de la parte contraria al recurrente, así como sus impugnaciones reservadas con efectos eventuales, omitidas o preteridas en la resolución recurrida, cuando por haber resultado victoriosa esa parte, no hubiere podido interponerlas o reiterarlas en el recurso de casación.

            ARTICULO 564. Es prohibido a los órganos de alzada y de casación atender agravios o hacer oficiosamente valoraciones sobre probanzas  evacuadas  oralmente o sobre cualquier otro medio probatorio substanciado en audiencia cuando no se encuentre legítimamente incorporado  al proceso en forma material, de tal manera que su valoración esté vinculada exclusivamente al principio de inmediación.[135]       

ARTICULO 565. En cualquier caso en que se anule una sentencia, la audiencia se repetirá siempre con la intervención de otra persona como juzgadora.[136]

ARTICULO 566. Los efectos de la apelación, la apelación adhesiva y la apelación por inadmisión, se regirán por lo dispuesto en la legislación procesal civil.

El recurso de casación producirá efectos suspensivos.

            Las reglas de la apelación por inadmisión, se aplicarán, con la modificación pertinente, al recurso de casación.[137]                     

             

            ARTICULO 567. Contra lo resuelto por el tribunal de apelación o el órgano de casación, no cabe ulterior recurso.      

 

SECCION IV

REVISION

ARTICULO 568. Contra las resoluciones de los Tribunales de Trabajo, es procedente la revisión, con base en las causales establecidas en la legislación procesal civil, a la cual se ajustará la respectiva tramitación y la audiencia se llevará a cabo, cuando sea necesario reproducirla,  en la forma prevista para el supuesto de la nulidad de la sentencia.

 

CAPITULO XII

SOLUCION  DE LOS CONFLICTOS JURÍDICOS, INDIVIDUALES O COLECTIVOS MEDIANTE ARBITROS ESPECIALIZADOS.

 

ARTICULO 569. Podrán someterse a arbitraje todas las controversias jurídicas derivadas o íntimamente vinculadas a la relación de trabajo o empleo, pendientes o no ante los tribunales comunes.

 

 ARTICULO 570. Las cláusulas compromisorias incluidas en el contrato de trabajo individual o colectivo, o convenidas durante laelación laboral o en el trámite de un conflicto jurídico,  solo serán eficaces y vinculantes para las partes si la solución se somete a los árbitros especializados a que se refiere este Capítulo.

 

            ARTICULO  571.  El arbitraje deberá ser de derecho y el tribunal deberá estar integrado exclusivamente por abogados y resolverá las controversias con estricto apego a la ley aplicable.

            El Tribunal puede ser, a elección de las partes, unipersonal o colegiado y será escogido de una lista de por lo menos  cincuenta personas  que mantendrá el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.            En el caso del árbitro unipersonal la escogencia la hará, salvo acuerdo de ambas partes, la autoridad competente del Ministerio de Trabajo,  y en el caso de tribunal colegiado, cada una de las partes designará de dicha lista a un árbitro y los dos designados escogerán a un tercero, quien presidirá el tribunal.

 

            ARTICULO 572. Los árbitros deben reunir los siguientes requisitos: tener más de treinta años de edad, ser persona de reconocida honorabilidad, con conocimientos especiales o experienciacomprobada en Derecho de Trabajo, no ser empleado público y no estar vinculado en forma activa a movimientos gremiales de patronos o de trabajadores.

             La integración de la lista indicada en el artículo anterior, se hará mediante concurso público. La designación tendrá una vigencia de cinco años y los integrantes podrán ser excluidos si se niegan injustificadamente a servir en algún caso concreto.

            ARTUCULO 573.  La demanda se presentará directamente a la Oficina de Resolución Alterna de Conflictos del Ministerio de Trabajo o a la respectiva  Dependencia Regional de este Ministerio, competente por razón del territorio  y contendrá:

a) El nombre, apellidos, dirección de las partes y número del documento de identificación demandante;

b)     La petición de que la controversia sea resuelta mediante arbitraje;

                                                                         i.      Una copia del acuerdo arbitral invocado;

                                                                       ii.      La designación, en su caso, de la persona que se propone como árbitro;

                                                                    iii.       Una relación de los hechos en que se basa la demanda o conflicto, especificados en forma separada;

                                                                     iv.      Los puntos o pretensiones que se someten a arbitraje;

                                                                       v.      Las pruebas de los hechos que de acuerdo con este Código le corresponda a la parte acreditar;

                                                                     vi.      Señalamiento de oficina o medio para notificaciones.

Mientras no se cumplan todos esos requisitos, no se le dará curso a la demanda.

 

ARTICULO 574. La demanda será trasladada a la parte demandada en la forma prevista en este Código para el proceso ordinario  y será contestada de acuerdo con las reglas de ese mismo proceso. En el respectivo escrito deberá indicarse el nombre de la persona que se propone como  árbitro, cuando corresponda.

Lo dispuesto sobre la sentencia anticipada será aplicable a este proceso.

 

ARTICULO 575. Los honorarios de los árbitros, salvo pacto en contrario, serán cubiertos por las partes en forma igualitaria.

            La fijación de los honorarios de los árbitros se regirá conforme a la siguiente tabla:

            Un siete y medio por ciento sobre el primer millón de colones del monto de la pretensión económica; un  cinco por ciento sobre los siguientes dos millones de colones; un dos y medio por ciento sobre el exceso hasta cinco millones; un uno por ciento sobre el exceso hasta cincuenta millones de colones; y un medio por ciento sobre el exceso de esa suma.

            En los procesos sobre pretensiones no estimables la fijación de los honorarios se hará prudencialmente  y cuando se acumularen pretensiones estimables y no estimables, la estimación se hará tomando en cuenta unas y otras.

            La fijación la hará el tribunal después de recibida la contestación de la demanda  o de la contrademanda en su caso y las partes deberán depositar los que le correspondan dentro de los tres días siguientes a la notificación.

            No obstante lo indicado en el párrafo primero, cuando el Fondo de Apoyo a la Solución Alterna de Conflictos  que se crea en esta ley  adquiera la solidez necesaria, sus rentas podrán destinarse a cubrir los honorarios de los árbitros de los trabajadores, según se establezca en el reglamento que se dicte.

           

            ARTICULO 576.  Cuando la parte no conteste o en la contestación de la demanda no indique el nombre de la persona que se propone como árbitro o cuando no deposite los honorarios del árbitro fijados dentro del término indicado en el artículo anterior,  la oficina competente del Ministerio de Trabajo emitirá una resolución estimatoria de los derechos laborales del demandante, la cual podrá ser impugnada judicialmente en la vía ordinaria dentro del plazo de quince días naturales a partir del día siguiente de su notificación, el cual se tendría como plazo de caducidad del derecho de impugnación. Si fuere la parte actora la que no cumpliere con alguna prevención anterior al traslado de la demanda o con el depósito de los honorarios del árbitro, el proceso se dará por terminado y se tendrá por no puesto para todo efecto.

            ARTICULO 577. El proceso se substanciará por el sistema de audiencias orales, de acuerdo con lo dispuesto en este mismo Código, y se laudará en la forma y  términos  también previstos en este Código para la sentencia en el proceso ordinario.

            Contra el laudo únicamente cabrá recurso para ante la Sala de Casación competente para conocer la materia laboral[138] por vicios de orden formal o por conculcación de derechos irrenunciables.

            Si procediere el recurso por la forma, se reenviará el proceso al Tribunal Arbitral para que repita el juicio y dicte nueva sentencia, para la cual no tendrá derecho a cobrar honorarios adicionales.

            Si se comprobare la violación de derechos irrenunciables, la Sala hará en la misma sentencia la reposición que corresponda.

            El laudo no requiere de protocolización y será ejecutable en la forma prevista en el procedimiento de ejecución.

           

ARTICULO 578. Las disposiciones de la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, serán aplicables encuanto no contraríen lo dispuesto en este Capítulo y en general los principios y normas del Derecho de Trabajo.

           

CAPITULO XIII

DE LA SOLUCION DE  LOS CONFLICTOS COLECTIVOS DE CARÁCTER ECONOMICO Y SOCIAL Y DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE[139]

SECCION I

DE LOS MEDIOS DE SOLUCION

            ARTICULO 579. Además de las convenciones colectivas de trabajo reguladas en el Título II de este Código, son medios  de solución de los conflictos económicos y sociales generados en  las relaciones laborales, el arreglo directo, la conciliación y el arbitraje, los cuales deberán ajustarse, cuando se trate del sector público, a las disposiciones especiales aplicables a ese ámbito.

      SECCION II

  DEL ARREGLO DIRECTO

            ARTICULO 580. Empleadores y trabajadores,  tratarán de resolver sus diferencias de carácter económico y social por medio del arreglo directo, con la sola intervención de ellos o con la de cualesquiera otros amigables componedores. Le corresponde al sindicato con la afiliación señalada en el artículo 370 de este Código y en su defecto a losConsejos o Comités Permanentes, que los trabajadores pueden integrar en cada lugar de trabajo, compuestos por no más de tres miembros, plantear a los empleadores o a los representantes de éstos, verbalmente o por escrito, sus quejas o solicitudes. Harán siempre sus gestiones en forma atenta y cuando así procedieren, el  o su representante no podrá negarse a recibirlos, a la  brevedad que le sea posible.

            Cada vez que se forme uno de dichos Consejos o Comités, sus miembros lo informarán así a la Oficina de Asuntos Gremiales y de Conciliación Administrativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante una nota que suscribirán  y enviarán dentro de los cinco días posteriores a su nombramiento.

            ARTICULO 581. Cuando las negociaciones conduzcan a un arreglo, se levantará acta de lo acordado y se enviará copia auténtica a la citada Oficina de Asuntos Gremiales, dentro de las veinticuatro horas posteriores a su firma. La remisión la harán los empleadores y, en su defecto, los trabajadores, sea directamente o por medio de la autoridad política o administrativa de trabajo local.

            El Inspector General de Trabajo velará porque estos acuerdos no contraríen las disposiciones legales que protejan a los trabajadores y porque sean rigurosamente cumplidos por las partes. La contravención a lo pactado se sancionará en la forma establecida en este Título, tomando en cuenta, además de los presupuestos señalados para la fijación de la sanción, la situación de inferioridad o debilidad en que se puedan encontrar los trabajadores, cuando estos últimos figuren como sujetos sancionables. Además, la parte que ha cumplido puede exigir ante los tribunales de trabajo, por el procedimiento señalado para la ejecución de las sentencias,  la ejecución del acuerdo o el pago de los daños y perjuicios que se les hubieren causado. 

 

SECCION III

DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN

 

            ARTICULO 582. Cuando en un centro de trabajo se produzca una cuestión susceptible degenerar una huelga o un paro patronal, el respectivo sindicato estará legitimado para plantear el conflicto judicialmente. Si no hubiere sindicato, la legitimación le corresponderá al comité permanente de trabajadores, si lo hubiere. En defecto de esos órganos gremiales, los interesados nombrarán entre ellos una delegación con no más de tres miembros, que deberán conocer muy bien las causas de la inconformidad y estar provistos de poder suficiente para firmar cualquier arreglo.

            Si hubiere una pluralidad de sindicatos, la representación la ejercerá el sindicato más representativo.

            ARTICULO 583. El sindicato, comité o delegados, en su caso, suscribirán por duplicado un pliego de las peticiones de orden económico y social, El original será entregado inmediatamente por los delegados a la otra parte afectada por la cuestión susceptible de provocar el conflicto. Si tuvieren dificultades para hacer la entrega, podrán requerir el auxilio del Juzgado. [140]

Una copia será entregada directamente al  Juzgado de Trabajo competente, el cual deberá extender, si así se solicita, una constancia del recibido.

            En ese mismo pliego indicarán el nombre de una persona, la cual debe reunir los requisitos indicados en este Título, para que integre el tribunal de conciliación.

            ARTICULO 584. Desde el momento de la entrega del pliego de peticiones al Juzgado, se entenderá planteado el conflicto, para el solo efecto de que ninguna de las partes pueda tomar la menor represalia contra la otra, ni impedirle el ejercicio de sus derechos. El que infrinja esta disposición será sancionado de acuerdo con lo dispuesto en este Título, según la importancia de las represalias tomadas y el número de las personas afectadas por éstas y satisfacer los daños y perjuicios que cause.

            A partir del momento a que se refiere este artículo, toda terminación de contratos de trabajo, debe ser autorizada por el órgano que conoce del conflicto,según el procedimiento previsto en ese mismo Código para otorgar autorizaciones.

            ARTICULO 585.  El pliego que se presente, expondrá claramente en qué consisten las peticiones y a quien o a quienes se dirigen, cuáles son las quejas, el número de trabajadores o de empleadores que las apoyan, la situación exacta de los lugares de trabajo donde ha surgido la controversia, la cantidad de trabajadores que en estos prestan servicios, el nombre y el apellido de los delegados y la fecha.

            En el mismo pliego de peticiones los interesadosseñalarán para notificaciones en la forma establecida en la legislación sobre notificaciones.

            ARTICULO 586. Si el conflicto lo promueve un sindicato, el Juzgado de Trabajo dentro de los tres días siguientes al recibo del pliego de peticiones, fijará los honorarios del conciliador propuesto y le prevendrá depositarlos dentro de igual plazo, bajo pena de archivar el expediente, si no lo hace.

  Cumplida esa carga y cuando no se requiera esa prevención, el Juzgado, en forma inmediata, excluirá las cuestiones constitutivas de conflictos jurídicos y notificará a la otra parte, por todos los medios a su alcance, que debe nombrar, dentro de tres días, una delegación en la forma prevista en la primera norma de esta Sección,así como la persona que propone como conciliadora. En la misma resolución le prevendrá el depósito de los honorarios del conciliador, lo que deberá hacer dentro de ese mismo lapso, bajo el apercibimiento de que si no lo hace se tendrá por agotada la vía conciliatoria, con todos las consecuencias que ello conlleva. Asimismo, en la resolución inicial le advertirá  que debe cumplir con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo anterior.

Los señalamientos de notificaciones que haga la parte, serán válidos para los delegados propuestos.

 

ARTICULO 587. El empleador o su representante legal con facultades suficientes para obligarlo, puede actuar personalmente y noa través de delegados, lo cual deberá hacerlo saber así al Juzgado.

 

            ARTICULO 588. El tribunal de conciliación estará integrado por los conciliadores propuestos por las partes y será presidido por  el juez  del respectivo despacho.  Durante el período de conciliación no habrá recurso alguno contra las resoluciones del Tribunal, ni se admitirán recusaciones, excepciones dilatorias o incidentes de ninguna clase y las partes podrán designar cada una hasta tres asesores, para que las ayuden a cumplir mejor su cometido, pero su presencia no será requisito para realizar válidamente la conciliación.

ARTICULO 589. El juzgado convocará a los interesados o delegaciones a una comparecencia, que se verificará en un plazo de ocho a quince días, según la complejidad del pliego, con absoluta preferencia a cualquier otro asunto.

            El tribunal conciliador podrá constituirse en el lugar del conflicto, si lo considera necesario.[141]

ARTICULO 590. Antes de la hora [142] señalada para la comparencia, el tribunal conciliador oirá separadamente a los interesados o delegados de cada parte, y éstos responderán con precisión y amplitud a todas las preguntas que se les hagan.

            Una vez que hayan determinado bien las pretensiones de las partes en un acta lacónica, hará las deliberaciones necesarias y luego llamará a los delegados a dicha comparecencia, a efecto de proponerles los medios o bases generales del arreglo que su prudencia le dicte.

            ARTICULO 591. Es obligación de los interesados o delegados, asistir a las convocatorias que  realice el juzgado. La parte empleadora tiene el deber de presentar a los delegados que haya designado. Cuando no se presenten todos los delegados de alguna de las partes, la actividad podrá realizarse válidamente con el número que se haya presentado, siempre y cuando ambas partes  tengan delegados o  haya representación de la empleadora cuado no actúe a través de delegados.

Si la conciliación no se pudiere llevar a cabo por ausencia injustificada de los  delegados  o del empleador o de su representante en su caso, el conciliador levantará un acta en la cual dejará constancia de la razón por la cual no se llevó a cabo la actividad y dará por terminada su actuación y se tendrá para todos los efectos por agotada la etapa de la conciliación.

 

ARTICULO 592. El incumplimiento injustificado de la obligación de asistir  a la diligencia de  conciliación y cualquier conducta tendiente a obstaculizarla, constituirá una infracción punible con multa de cinco a ocho salarios mensuales base. Para establecerla se tomará en cuenta la condición de empleador o de trabajador y se aplicará lo dispuesto en los Títulos Sétimo y el presente.

En la misma resolución en que se dé por concluido el procedimiento conciliatorio, el juzgado ordenará que se libre un  testimonio de piezas  para que se inicie el respectivo proceso sancionador.

 Se absolverá a los denunciados y se ordenará el archivo del expediente, cuando se demuestren los motivos justos que impidieron en forma absoluta la asistencia.[143]

            ARTICULO 593. Si hubiere arreglo, se dará por terminado el conflicto y las partes quedarán obligadas a firmar y cumplir el convenio que se redacte, dentro del término que fije el Juzgado. La parte que se niegue a firmar el convenio , será sancionada con una multa que se fijará con base en la escala mayor de la tabla contenida en el artículo 391, para establecer la cual se tomará en cuenta la situación económica derivada de  la condición de empleadores o de trabajadores.

            ARTICULO 594. Una vez agotados los procedimientos de conciliación sin que los delegados hayan aceptado el arreglo o convenido en someter la disputa a arbitraje, el tribunal levantará un informe, cuya copia remitirá a la Oficina de Asuntos Gremiales y de Conciliación Administrativa del Ministerio de Trabajo  y Seguridad Social. Este informe contendrá la enumeración precisa de las causas del conflicto y de las recomendaciones que se hicieron a las partes para resolverlo; además, determinará cual de estas aceptó el arreglo o si las dos lo rechazaron y lo mismo respecto del arbitraje propuesto o insinuado.

            ARTICULO 595. El informe de que habla el artículo anterior o, en su caso, el convenio de arreglo, será firmado por los integrantes del tribunal conciliador y todos los demás comparecientes.

            ARTICULO 596. Si los delegados convinieren en someter la cuestión a arbitraje, todos los documentos, pruebas y actas que se hayan aportado o levantado durante la conciliación, servirán de base para el juicio correspondiente.

            ARTICULO 597. En ningún caso los procedimientos de conciliación podrán durar más de veinte días hábiles, [144] contados a partir del momento en que haya quedado legalmente constituido el Tribunal de Conciliación.

            No obstante lo anterior, el Juzgado podrá ampliar este plazo hasta  por el tiempo que las partes convengan.

            [145]

            ARTICULO 598. En caso de que no hubiere arreglo ni compromiso de ir al arbitraje, el juzgado dará por formalmente concluido el procedimiento  y los trabajadores gozarán de un plazo de veinte días para declarar la huelga. Este término correrá a partir del día siguiente a aquel en que queda notificada la resolución final del procedimiento de calificación. Igual regla rige para los empleadores, pero el plazo se comenzará a contar desde el vencimiento del mes a que se refiere el artículo 380.[146]

SECCION IV

DEL PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE

            ARTICULO 599. El procedimiento de arbitraje se realizará en el mismo expediente de la conciliación, donde consta el compromiso arbitral, con los mismos delegados o interesados que intervinieron; pero antes de que los interesados sometan la resolución de una cuestión que pueda generar  huelga o paro al respectivo Tribunal de Arbitraje, deberán reanudar los trabajoso actividadesque se hubieren suspendido, lo cual deberá acreditarse al juzgado por cualquier medio.

            Esta reanudación se hará en las mismas condiciones existentes en el momento en que se presentó el pliego de peticiones a que se refiere el artículo 583, o en cualquiera otras más favorables para los trabajadores.

             Valdrá para el arbitraje el señalamiento de medio o lugar para notificaciones hecho en la conciliación.

 

            ARTICULO 600. Dentro de los ocho días siguientes a la terminación de la conciliación, cada una de las partes designará a una persona como árbitro.

            Los árbitros deberán ser de derecho en los asuntos en que intervengan las administraciones públicas.

            Las reglas del párrafo anterior y las siguientes de esa Sección, se aplicarán también a aquellos casos en que se prohíbe la huelga o el paro y es obligatorio el arbitraje.

            ARTICULO 601. El Tribunal de Arbitraje estará constituido  por los dos árbitros propuestos por las partes interesadas y por el juez de trabajo, quien lo presidirá. Recibida la comunicación se dará traslado a los delegados o a la parte acerca de la integración del tribunal por tres días, para que formulen las recusaciones y  excepciones dilatorias que crean de su derecho.  Transcurrido ese término no podrá abrirse más discusión sobre dichos extremos, ni aún cuando se trate de incompetencia por razones de jurisdicción. Quedan a salvo las recusaciones que se interpongan en segunda instancia.

            Antes de que venza la referida audiencia, los miembros del Tribunal que tengan  motivo de impedimento o causal de excusa y conozcan uno u otra, harán forzosamente la manifestación escrita correspondiente, bajo pena de destitución si no lo hicieren o lo hicieren con posterioridad.

            ARTICULO 602. El proceso se substanciará por el sistema de audiencias orales, de acuerdo con lo dispuesto en este mismo Código.

Una vez resueltas las cuestiones que se hubieren planteado y hechas las sustituciones del caso,el Tribunal de Arbitraje oirá a los delegados de las partes separadamente o en comparecencias, haciendo uso de las facultades de investigación que le otorga este Código; interrogará personalmente a los empleadores y a los trabajadores en conflicto, sobre los asuntos que juzgue necesario aclarar; de oficio o  a solicitud de los delegados; ordenará la evacuación rápida de las diligencias probatorias que estime convenientes y, especialmente, procurará hacerse asesorar por los funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o bien por expertos, sobre las diversas materias sometidas a  su resolución. Mientras tanto, no tendrán recurso sus autos o providencias.

            Los honorarios de estos últimos los cubrirá el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

            ARTICULO 603. Si alguna de las partes no hiciere oportunamente la designación de árbitro o no depositare los honorarios que se hubieren fijado para el árbitro por ella propuesto, cuando le corresponda asumirlos, el juez de trabajo se constituirá de pleno derecho, sin necesidad de resolución expresa, en árbitro unipersonal. 

            ARTICULO 604. El laudo se dictará dentro de los términos  previstos en este Código para la sentencia en el proceso ordinario. Podrá el Tribunal de Arbitraje resolver con entera libertad y en conciencia, negándolas  o accediéndolas, total o parcialmente.[147]

            Corresponderá preferentemente  la fijación de los puntos de hecho a los representantes de empleadores y de trabajadores y de la declaratoria del derecho que sea su consecuencia a los Jueces de Trabajo,  pero si aquellos no lograren ponerse de acuerdo decidirá la discordia el Presidente del Tribunal.[148]

            Se dejará constancia especial y por separado en el fallo de cuales han sido las causas principales que han dado origen al conflicto, de las recomendaciones que el Tribunal hace para subsanarlas  y evitar controversias similares en lo futuro y de las omisiones o defectos que se notan en la ley o en los reglamentos aplicables.

            ARTICULO 605. El fallo podrá ser recurrido por las partes ante el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José (Goicoechea), con invocación, en forma puntual, de los agravios que este último órgano debe resolver. Se autoriza a la Corte Suprema de Justicia para variar esta atribución de competencia, cuando las circunstancias lo ameriten.

El Tribunal dictará sentencia definitiva dentro de los quince días siguientes al recibo de los autos, salvo que ordene alguna prueba para mejor proveer, la cual deberá evacuarse antes de doce días. [149]

ARTICULO 606. La sentencia arbitral será obligatoria para las partes por el plazo que ella determine, el cual no podrá ser inferior ados años.[150]

Las partes pedir al respectivo Juzgado de Trabajo la ejecución  de los extremos líquidos o liquidables, por los trámites de la ejecución de sentencia previstos en este mismo Código.

ARTICULO 607. Mientras no haya incumplimiento del fallo arbitral, no podrán plantearse procedimientos de solución de conflictos económicos y sociales a que se refiere este Códigosobre las materias que dieron origen al juicio, a menos que el alza del costo de la vida, la baja del valor del colón u otros factores análogos,  que los tribunales de trabajo apreciarán en cada oportunidad, alteren sensiblemente las condiciones económico-sociales vigentes en el momento de dictar la sentencia.

De todo fallo arbitral firme se enviará copia certificada  a la Inspección General de Trabajo.

SECCION V

DEL PROCEDIMIENTO EN EL CASO DE INICIATIVAS DE CONVECCION COLECTIVA FRACASADA

ARTICULO 608.  Para la celebración de las convenciones se estará a lo dispuesto en el  Título II de este Código.

 Transcurrido el plazo de treinta días de que habla el artículo 56, párrafo 2º. inciso d), la resolución del punto o puntos en discordia sobre los que no hubiere habido acuerdo pleno, se hará directamente  mediante arbitraje obligatorio.

 La parte interesada tendrá quince días hábiles para solicitar la intervención del tribunal, bajo pena de caducidad del derecho a este tipo de arbitraje, si no lo hace.

            ARTICULO 609. Se tendrá como base el pliego de peticiones presentado para la discusión, del cual deberá acompañarse una copia con la solicitud inicial. Además, en esa misma petición,  se indicará el nombre del árbitro de la parte  y de sus delegados y se señalará lugar o medio para notificaciones. En todo lo demás que resulte pertinente, se aplicará lo dispuesto en  este capítulo.

            ARTICULO 610. El Juzgado pondrá la solicitud en conocimiento de la otra parte interesada y le prevendrá que dentro de tres  días indique el nombre de su árbitro y de los delegados, así como señalar lugar o medio para notificaciones.

            ARTICULO 611. Se aplicarán en lo pertinente las disposiciones de la Sección anterior, inclusive en cuanto a los efectos de la omisión de nombrar árbitro o de depositar los honorarios fijados.

ARTICULO 612.  Si la desavenencia fuere solo parcial, lo que resuelva el tribunal se considerará como parte de la convención para efectos de su aplicación temporal, salvo disposición expresa en contrario.

SECCION VI

DISPOSICIONES COMUNES A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCILIACIÓN Y DE ARBITRAJE

 

 ARTICULO 613.  Las personas que propongan los interesados como conciliadores o árbitros deberán ser mayores de veinticinco años, saber leer y escribir, ser de buena conducta, ciudadanos en ejercicio y encontrarse libres de las causales de excusa o inhibitoria previstas para los jueces.

 

ARTICULO 614. Los conciliadores y árbitros devengarán por cada sesión que celebren, una dieta calculada de acuerdo con el salario básico del juez  conciliador o de trabajo. Los sindicatos cubrirán los honorarios de  los conciliadores y  árbitros que propongan. En los demás casos de árbitros y conciliadores  de los trabajadores, esos honorarios los cubrirá el Estado. La parte empleadora asumirá el costo de los que proponga. En uno y otro caso, los emolumentos deberán depositarse dentro de los tres días siguientes a la fecha  en que se le notifique la respectiva prevención, salvo que el interesado releve, dentro de ese mismo término, en forma expresa, a la parte del depósito, lo cual hará bajo su responsabilidad.

 La fijación la hará el juzgado en forma prudencial una vez recibidas las respectivas comunicaciones, calculando, moderada y  prudencialmente el tiempo que consumirán las audiencias necesarias para la substanciación del proceso.

No obstante lo indicado en el párrafo primero, los honorarios de los conciliadores y árbitros de los trabajadores podrán ser cubiertos con el producto del Fondo de Apoyo a la Solución Alterna de Conflictos que se crea por esta ley, de acuerdo con lo que se disponga en  el reglamento que se dicte. 

Los árbitros no deberán rendir caución y, una vez aceptado, el cargo será obligatorio y compatible con cualquier otro empleo, salvo el caso de prohibiciones o limitaciones que resulten de la ley para los servidores públicos.

ARTICULO 615. Los órganos de conciliación y de arbitraje tienen la más amplia facultad para obtener de las partes todos los datos e informes necesarios para el desempeño de su cometido, los que no podrán divulgar sus miembros sin previa autorización de quien los haya dado. La infracción a esta disposición será sancionada de acuerdo con lo dispuesto en el Libro de las Contravenciones del Código Penal (divulgación de documentos secretos que no afecten la seguridad nacional)[151]     

Cada litigante queda obligado, bajo el apercibimiento de tener por ciertas y eficaces las afirmaciones correspondientes de la otra parte, a facilitar por todos los medios a su alcance la realización de estas investigaciones.

ARTICULO 616. Podrán también los miembros de esos órganos visitar y examinar los lugares de trabajo, exigir de todas las autoridades, comisiones técnicas, instituciones y personas, la contestación de los cuestionarios o preguntas que crean conveniente formularles  para el mejor esclarecimiento de las causas del conflicto. El entorpecimiento o la negativa de ayuda, podrá ser sancionada según lo dispuesto en el Libro de las Contravenciones del Código Penal  (falta de ayuda a la autoridad).

ARTICULO 617.  Toda diligencia que practiquen los órganos de Conciliación y Arbitraje se extenderá por escrito en el acto mismo de llevarse a cabo y será, previa lectura, firmada por sus miembros y las personas que han intervenido en ella, debiendo mencionarse el lugar, hora y día de la práctica, el nombre de las personas que asistieron y demás indicaciones pertinentes.

Se anotarán las observaciones de los asistentes sobre la exactitud de lo consignado   y cuando alguno rehusare firmar, se pondrá razón del motivo que alegare para no hacerlo.

ARTUCULO 618. Los presidentes de los tribunales de conciliación y de arbitraje tendrán facultades para notificar y citar a las partes o a los delegados de éstas por medio de las autoridades judiciales, de policía o de trabajo, de telegramas y cualquier otra forma que las circunstancias y su buen criterio le indique como segura. Estas diligencias no estarán sujetas a más formalidad que la constancia que se pondrá en autos de haber sido realizadas y, salvo prueba fehaciente en contrario, se tendrán por auténticas.

ARTICULO 619. Los órganos de Conciliación y de Arbitraje apreciarán el resultado y el valor de las pruebas que orden, según las reglas dispuestas en este mismo Código.[152]

ARTICULO 620. Las deliberaciones de los conciliadores y de los tribunales de arbitraje serán secretas. La presidencia hará señalamiento para recibir las votaciones. El voto de quien preside se tendrá como doble en los casos en que  no hubiere mayoría de votos conformes de toda conformidad.

La redacción de todas las resoluciones corresponderá siempre a quien preside el tribunal de arbitraje.

 

ARTICULO 621. En los procesos a que se refiere este Capítulo cada una de las partes asumirá todos los gastos legales  que demande su tramitación.

CAPITULO XIV

CALIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS  HUELGUISTICOS Y DE PARO[153]

ARTICULO 622. Podrá ser objeto de calificación, para  establecer su legalidad o ilegalidad, tanto  el movimiento de huelga o de paro sobre el que hubiere fracasado el procedimiento de conciliación, como cualquier otro hecho  o movimiento realizado en el sector privado o público, al margen de ese procedimiento, que implique una u otra cosa. Se incluyen dentro de ese supuesto las suspensiones del trabajo, el trabajo a reglamento y cualquier otra situación de hecho constitutiva de presión.

ARTICULO 623. Podrá pedir la calificación toda persona que tenga un interés legítimo  en ella.       

ARTICULO 624. La calificación debe pedirse en cualquier tiempo mientras subsistan los hechos constitutivos de medidas  de presión o más tardar dentro  ocho días después de concluida la situación.

Sólo podrá intentarse un único proceso de calificación por el mismo movimiento o hechos, siempre que se trate de un mismo empleador, aunque tenga lugar en todo el territorio nacional o en determinadas regiones.

ARTICULO 625. En la solicitud inicial se indicará:

1. El nombre, calidades, documento de identificación y domicilio del solicitante, así como el carácter en que actúa.

2.  Las causas o motivos del movimiento, cuando respecto de ése hubiere antecedido procedimiento de conciliación.

3. En los demás casos, una descripción detallada de los hechos de presión  y la indicación de la organización, comités, representantes o personas que dirigen el movimiento.

4. Indicación de los medios de prueba.

5. Señalamiento de lugar o medio para notificaciones.

ARTICULO 626. Se tendrá como contradictor en el proceso a la respectiva organización sindical, al comité permanente de trabajadores o a los representantes  o delegados electos, según el caso. Se les tendrá como legalmente notificados en la persona de cualquiera de sus miembros y se les advertirá de su derecho de apersonarse al proceso dentro de tercero día alegando lo que sea de su interés y de presenciar y participar en la recepción de las pruebas ofrecidas; y de su obligación de señalar lugar o medio para notificaciones, con las implicaciones que la negativa puede tener.

Si hubiere dificultad, se dejara constancia en el expediente de la situación y la notificación  se llevara a cabo mediante una publicación en unos de los diarios de circulación nacional. 

ARTICULO 627.  Las pruebas deben referirse únicamente a los requisitos legales necesarios para la calificación y a los hechos relacionados con ellos. Deberán  rendirse en audiencia oral sumarísima, salvo la documental, si la hubiere,  y el recuento de trabajadores.

Cuando sea necesario el recuento de trabajadores o la constatación de otros hechos relevantes en el sitio, lo hará el juez sumariamente de manera inmediata, notificando  en el propio lugar  de trabajo a los representantes de los trabajadores que se hallen presentes. En casos muy calificados y con el propósito de cubrir distintos centros de trabajo, podrá delegar la práctica a jueces de otra circunscripción, mediante comunicación escrita o electrónica. Si fuere necesario, podrá auxiliarlo en la práctica otro juez del mismo despacho o un  supernumerario.

Para efectos del recuento se tendrá como trabajadores de la empresa los que hubiesen sido despedidos del trabajo sin autorización después de iniciado el procedimiento de conciliación  y no se computarán como tales los trabajadores de confianza y los que hubieren ingresado después de iniciado dicho procedimiento, así como aquellos trabajadores cuyos contratos se encuentren suspendidos.

  ARTICULO 628. Las autoridades policiales y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tendrán obligación de colaborar con los órganos jurisdiccionales cuando éstos así lo soliciten. 

ARTICULO 629. El órgano sólo admitirá las pruebas que sean estrictamente necesarias y rechazará las que resulten repetidas, abundantes  o impertinentes y en la práctica de la audiencia podrá posponer la recepción de ciertas probanzas y trasladar la continuación de la audiencia a otro sitio o lugar, si fuere necesario, para validez de lo cual bastará con que lo advierta así a las partes en forma clara, de lo cual se dejará constancia en el acta.  Igualmente rechazará toda probanza que no conduzca a la comprobación los requisitos o hechos indicados en el artículo tras anterior, sin posibilidad de admitir algún  recurso.

La persona titular del órgano tomará todas las providencias para que el proceso no sufra atraso, dándole total prioridad y asumiendo personalmente la vigilancia y el control necesarios para la eficiencia de los actos que lo integran.

ARTICULO 630. Cuando no hubiere prueba que deba recibirse en audiencia, la sentencia se dictará dentro de los cinco días siguientes a la substanciación de los autos. En el caso contrario, se estará a lo dispuesto para el dictado de la sentencia en el proceso con audiencia; pero el plazo máximo para el dictado de la sentencia se reduce a cinco días.

ARTICULO 631. Durante la tramitación del proceso no será admisible ninguna apelación. Únicamente la sentencia será recurrible para ante el Tribunal Superior de Trabajo de la respectiva circunscripción territorial [154] y lo que se resuelva en definitiva no será revisable en ningún otro procedimiento. Es aplicable a este proceso lo dispuesto sobre la apelación reservada contra las resoluciones que denieguen nulidades o rechacen pruebas.

Lo fallado hace estado sobre la legalidad del movimiento o hechos discutidos en el proceso, según las causas o motivos que sirvieron de base. El cambio de esas causas o motivos que posteriormente pueda llegarse a operar, podrá ser objeto de un nuevo proceso de calificación, si en ello hubiere interés.

De toda sentencia de calificación se enviará copia a la Oficina de Estadísticas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

CAPITULO XV

DEL JUZGAMIENTO DE LAS FALTAS COMETIDAS CONTRA LAS LEYES DE TRABAJO O DE PREVISIÓN SOCIAL

ARTICULO 632. El procedimiento para juzgar las infracciones contra las leyes de trabajo y previsión social, deberá iniciarse mediante acusación. Están legitimados para accionar las personas o instituciones públicas perjudicadas, las organizaciones de protecciones de los trabajadores y las autoridades de la Dirección Nacional e Inspección General de Trabajo y Dirección General de Asuntos Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.[155]

Cuando los particulares o cualquier autoridad sean conocedores de eventuales infracciones a dichas leyes, lo pondrán en conocimiento de las instituciones afectadas  y de las citadas autoridades, para lo que proceda. El hecho de la denuncia impide a la misma autoridad judicial conocer de la causa que pueda llegar a establecerse.

Tienen obligación de acusar, sin que por ello incurran en responsabilidad, las autoridades administrativas de trabajo que en el ejercicio de sus funciones tuvieren conocimiento de alguna de dichas infracciones.

El acusador se tendrá como parte en el proceso, para todos los efectos.

 ARTICULO 633. La acusación deberá presentarse en forma escrita, ante el órgano jurisdiccional competente, cumpliendo los siguientes requisitos:

1. El nombre completo del acusador, su domicilio, número de documento de identidad  y su domicilio. Si se tratare de un representante, deberá indicar el carácter en que comparece y presentar el documento que lo acredite.

2. Una relación detallada de los hechos, con expresión del lugar, día, hora y año en que ocurrieron, y si se trata de situaciones continuadas, deberá indicarse el estado de esta último y si ya ha cesado, la fecha en que la cesación tuvo lugar.

3. Nombre de los autores del hecho punible o el de los colaboradores, si los hubiere, y si se tratare de representantes o directores de una organización social, el nombre de esta última. En todo caso deberá indicarse la dirección exacta del denunciado, donde se le pueda localizar.

4. Los elementos de prueba que a juicio del exponente conduzca a la comprobación de la falta, a la determinación de su naturaleza o gravedad y a la determinación de la responsabilidad.

5. Lugar o medio para notificaciones y la firma del acusador debidamente autenticada.

ARTICULO 634. Si la acusación no estuviere en forma, prevendrá la subsanación que corresponda y le dará al asunto el mismo tratamiento previsto para esos casos en el proceso ordinario.

ARTICULO 635. La acusación será rechazada de plano y se ordenará el archivo del expediente, cuando a juicio del órgano jurisdiccional el hecho expuesto no constituye infracción o cuando no existen pruebas suficientes para sustentar una imputación.

ARTICULO 636. Si la acusación estuviere en forma, se convocará a las partes a una audiencia de conciliación, en la cual se procurará el acuerdo entre ellas. La solución conciliada sólo será promovida por el Juzgado, cuando el posible arreglo no implique una infracción a las disposiciones de trabajo y los acuerdos sólo serán válidos y homologables si no son contrarios a derechos irrenunciables de las partes o en cualquier otra forma violatorios de dichas disposiciones.

 En cuanto a los efectos  y ejecución del acuerdo, se estará a lo ya dispuesto en este Título. Los hechos acusados no podrán invocarse nuevamente como causa de infracción.

ARTICULO 637. Cuando el intento de conciliación fracasare, así como en los casos en que no procede ese trámite, se convocará a las partes a juicio oral, al que deberán concurrir con las pruebas de cargo y de descargo.

ARTICULO 638. El acusado tiene derecho de contar con una persona abogada, de su elección, para que lo asista, como su defensor.

 ARTICULO 639.  El acusado será intimado, leyéndole los cargos. De inmediato se oirá al imputado.

Si se aceptaren los cargos, se dictará sentencia sin más trámite. En el caso contrario, de seguido se le dará la palabra a la parte acusadora, se recibirán  las pruebas admitidas y, finalmente, se dictará y notificará la sentencia, en la forma y  términos previstos  para el acto de la audiencia del proceso ordinario.

 Se podrá prorrogar la audiencia, según lo previsto en ese mismo proceso, de oficio o a pedido de alguna de las partes, para preparar o complementar pruebas.

ARTICULO 640. Cuando el imputado no se presentare voluntariamente a la audiencia, podrá hacérsele comparecer por medio de la fuerza pública y si fuere necesario mantenérsele en prisión preventiva hasta por veinticuatro horas, mientras se celebra la audiencia oral.

ARTICULO 641. Las organizaciones sociales y en general las personas jurídicas a cuyo nombre se realizó la actuación reputada como infractora de las leyes de trabajo y seguridad social, serán citadas para que se apersonen al proceso a hacer valer sus derechos, como eventuales responsables solidarios de las resultas económicas del proceso.

ARTICULO 642. La sentencia condenatoria  contendrá:

1. El monto de la multa impuesta en valor monetario  y el número de salarios tomado en cuenta para establecerla.

2. Indicación de que el monto respectivo debe ser pagado dentro de los cinco días siguientes a la firmeza del fallo, en el lugar indicado en este mismo Código, y que si no se cumple el pago, la pena se conmutará en arresto en un número de días igual al de los salarios tomado en cuenta para fijar la multa, el cual se purgará en a la cárcel pública que determinen los reglamentos carcelarios

3. La advertencia de que el cumplimiento de la pena impuesta puede realizarse mediante trabajo comunal efectivo, por el mismo número de días indicados en el inciso anterior, en cuyo caso la elección de este último método de cumplimiento debe notificarse al Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la firmeza del fallo.

4. La condenatoria al imputado, organización social o persona jurídica en su caso,  del pago de los daños y perjuicios irrogados y las costas causadas; extremos todos de los cuales se responderá solidariamente.

5. Las medidas o disposiciones necesarias para la restitución de los derechos violados.

6. Las medidas que estime necesarias para la reparación de los daños y perjuicios causados y la restitución de todos los derechos violados, todo lo cual se hará por los trámites de la ejecución de sentencia.

ARTICULO 643.  El cumplimiento de la pena mediante arresto o trabajo comunal, se hará a través del Juzgado de la Ejecución de la Pena  de la respectiva circunscripción territorial. Si se optare por el trabajo comunal, ese Juzgado coordinará el cumplimiento con las autoridades municipales competentes o con algún centro de asistencia social, donde los servicios se requieran o puedan ser útiles. El Juzgado y las demás autoridades tomarán las medidas pertinentes para que la pena se cumpla efectivamente.

ARTICULO 644. En este procedimiento sólo serán apelables las resoluciones que orden el rechazo de plano o el archivo del expediente y las que denieguen pruebas o nulidades pedidas; pero en estos dos últimos supuestos se tendrán como reservadas y sólo serán tomadas en cuenta según está previsto en este Código.

La sentencia produce cosa juzgada material y será recurrible para ante el Tribunal Superior de Trabajo.

 En materia de medios de impugnación y recursos, se estará en un todo a lo dispuesto en este mismo Código; pero la sentencia del Juzgado será revisada integralmente por el Superior, a cuyo efecto las partes podrán ofrecer las pruebas de su interés, incluidas las ya recibidas oralmente, las cuales se restringirán a los temas que son materia o contenido de agravios invocados en el recurso. Cuando proceda se evacuarán en audiencia. La sentencia de segunda instancia se dictará en la misma forma y términos previstos para la sentencia del proceso ordinario.

 

ARTICULO 645. Las multas se cancelarán depositando su importe en el Fondo de Apoyo a la Solución Alterna de Conflictos, que se crea por esta ley.

ARTICULO 646. La revisión de las sentencias condenatorias por infracciones a las leyes de trabajo y seguridad social, se regirá, en lo pertinente, por lo que al respecto dispone la legislación procesal penal.[156]

 

ARTICULO 647. De toda sentencia firme que se dicte en materia de faltas o infracciones reguladas en este Título, se  remitirá copia literal a la Inspección General de Trabajo  y también  a la respectiva institución de seguridad social, cuando verse sobre infracciones a las leyes sobre los seguros que administra, salvo que haya figurado como parte en el proceso”.

 

Artículo 2°. El actual Título VIII del Código de Trabajo, “Del Régimen de los Servidores del Estado y de sus Instituciones”, pasa a ser, con esa misma denominación, el Título XI de ese mismo Código, con las modificaciones que a continuación se indican:

“TITULO XI

DEL REGIMEN DE LOS SERVIDORES DEL ESTADO Y DE SUS INSTITUCIONES

 

CAPITULO PRIMERO

 

DISPOSICIONES GENERALES

 

            ARTICULO 648. Trabajador del Estado o de sus instituciones, es toda persona que preste a aquel o a éstas, un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido por autoridad o funcionario competente.

            ARTICULO 649. El concepto del artículo anterior  comprende, en cuanto al pago de prestaciones que prevén los artículos 28, 29 y 31, en su caso, a todos los servidores públicos, con las excepciones que resulten de este Código y de leyes o disposiciones especiales.

            El concepto del artículo anterior no comprende a quienes desempeñen puestos de elección popular o de dirección, según enumeración precisa que de esos casos se hará por vía de reglamento.

            Las personas exceptuadas no se regirán por las disposiciones de este Código, sino únicamente por las que establezcan leyes, decretos o acuerdos especiales.

            Sin embargo, mientras no se dicten dichas normas gozarán de los beneficios que otorga este Código, en lo que, a juicio del Poder Ejecutivo o en su caso de los tribunales de trabajo, sea compatible con la seguridad del Estado y la naturaleza del cargo que sirvan.

           

            ARTICULO 650.  En el caso de haber causa justificada para el despido, los servidores indicados en el artículo inicial de este Título no tendrán derecho a las indemnizaciones señaladas. La causa justificada se calificará y determinará  de conformidad con el artículo 81 y 369 de este Código y de acuerdo con lo que sobre el particular dispongan leyes, decretos o reglamentos interiores de trabajo, relativos a las dependencias del Estado en que laboren dichos servidores.

            Cuando contra un servidor público que renuncie o se jubile existiere un proceso disciplinario, este deberá continuar y se suspenderá el pago de  la cesantía que pudiere corresponderle, el cual solo se hará efectivo cuando se declare la improcedencia del despido sin responsabilidad para el empleador.

            ARTICULO 651. Los servidores que se acojan a los beneficios del artículo anterior, no podrán ocupar cargos remunerados en ninguna dependencia del Estado, durante un tiempo igual al representado por la suma recibida en calidad de auxilio de cesantía. Si dentro de ese lapso llegaren a aceptar algún cargo, quedarán obligados a reintegrar al Tesoro Público las sumas recibidas por ese concepto deduciendo aquellas que representen los salarios que hubieran devengado durante el tiempo en que permanecieron cesantes.

            La Procuraduría General de la República procederá al cobro de las sumas  que deban reintegrarse, por contravención a la prohibición establecida en el párrafo anterior, con fundamento en certificaciones extendidas por las oficinas correspondientes. Tales certificaciones tendrán el carácter de título ejecutivo por el monto resultante de la liquidación que haga la Administración.

            ARTICULO 652. Los trabajadores a que se refiere el artículo inicial de este Título que no tengan derecho de estabilidad en sus destinos, sólo podrán ser despedidos sin justa causa, expidiendo simultáneamente la orden de pago de las prestaciones que le correspondan. El acuerdo de despido y la orden de pago deberán publicarse en la misma fecha en el Diario Oficial.

CAPITULO SEGUNDO

DE LA SOLUCION DE LOS CONFLICTOS ECONOMICOS Y SOCIALES EN EL SECTOR PUBLICO

ARTICULO 653. Serán válidas las negociaciones colectivas para la solución de los conflictos económicos y sociales de sus trabajadores del sector público regidos por este Código, siempre y cuando se ajusten a las siguientes disposiciones.

           ARTICULO 654. Para la aplicación de de este Capítulo, el personal del sector público se clasifica en:[157]

a)        Servidores de naturaleza pública. Como tales se entiende aquellos que ejercen función pública, a través del ejercicio de competencias o funciones de derecho público, otorgadas mediante ley  o reglamento y en general los que participan de la gestión pública, entendiéndose como tales todos los trabajadores designados para auxiliar o coadyuvar en la realización de las tareas conducentes al logro del cometido de los entes públicos.

b)        Trabajadores en régimen privado. Tienen ese carácter:

b.1. Los empleados de las empresas del Estado, sometidas al derecho privado.

b.2. Los servidores de las instituciones u organizaciones del Estado que por su régimen de conjunto y por los requerimientos de su giro puedan estimarse como empresas industriales o mercantiles comunes, independientemente de que se presten servicios económicos en régimen de monopolio o en régimen de competencia.

b.3. Los obreros, trabajadores y empleados de las administraciones públicas, que no ejercen competencias o funciones de derecho público, otorgadas mediante ley o reglamento y no participan de la gestión pública.

 

            ARTICULO 655. Con las limitaciones a que se hará referencia, pueden ser objeto de solución en su ámbito respectivo, las siguientes materias:[158]

a)       Derechos y garantías sindicales tanto para los dirigentes de las organizaciones como para los mismos sindicatos en cuanto personas jurídicas de duración indefinida. Estos derechos y garantías comprenden los de reunión, facilidades para el uso de locales, permisos para dirigentes con y sin goce salario, facilidades para la divulgación de actividades, lo mismo que cualquier otra contenida en la Recomendación Nº 143 de la Organización Internacional del Trabajo o en las recomendaciones puntuales del Comité de Libertad Sindical de esta última organización. Es entendido que la aplicación de las garantías aquí mencionadas no deberá alterar en forma grave o imprudente el funcionamiento eficiente ni la continuidad de los servicios esenciales de cada institución o dependencia.

b)       Todo lo relacionado con la aplicación, interpretación y reglamentación de las normas de derecho colectivo vigentes.

c)        El régimen disciplinario, siempre y cuando no se haga renuncia expresa ni tácita de las facultades legales o reglamentarias otorgadas en esta materia a los jerarcas de las instituciones o dependencias.

d)      La fiscalización de los regímenes de ingreso, promoción y carreras profesional, sin perjuicio de lo que establezcan las normas legales y reglamentarias que existan en cada institución o dependencia, las cuales serán de acatamiento obligatorio.

e)       La elaboración interna de manuales descriptivos de puestos y la aplicación de procedimientos internos para la asignación, reasignación, recalificación y reestructuración de puestos, dentro de los límites que establezcan las directrices generales  de la Autoridad Presupuestaria, las normas del Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento u otras normas estatutarias. Es entendido que cualquier decisión adoptada en este campo, que no contravenga expresamente lo dispuesto por las directrices generales de la mencionada Autoridad o las disposiciones de dicha normativa, no podrá ser en ningún caso objetada por la indicada Autoridad.

f)         Las medidas de seguridad e higiene y de salud ocupacional, así como medidas precautorias en caso de desastres naturales. Las organizaciones sindicales y los jerarcas de cada institución o dependencia podrán crear organismos bipartitos y paritarios para efectos de determinar las necesidades de estas últimas y de sus trabajadores en el campo de la seguridad y la salud ocupacional.

g)       Procedimientos y políticas de asignación de becas y estímulos laborales.

h)       Establecimiento de incentivos salariales a la productividad, siempre y cuando se acuerden en el marco de las políticas que las Juntas Directivas de cada entidad o el mismo Poder Ejecutivo hayan diseñado de previo en cuanto a sus objetivos generales y límites de gasto público.

i)         Lo relacionado con la asignación, cálculo y pago de todo tipo de pluses salariales, tales como dedicación exclusiva, disponibilidad, desplazamiento, zonaje, peligrosidad, y cualquier otra reivindicación económica,[159] siempre y cuando se respete el marco general de las leyes, los reglamentos emitidos por el Poder Ejecutivo, las directrices generales de la Autoridad Presupuestaria en estas materias y la consistencia de las estructuras salariales.[160] La creación y funcionamiento de órganos bipartitos  y paritarios, siempre y cuando no se delegue en ninguno de ellos competencias o atribuciones de derecho público, correspondientes a los jerarcas de cada institución, definidas por ley o reglamento.

j)         Derecho de los trabajadores y de sus organizaciones a contar con una información oportuna y veraz de los proyectos o decisiones de los órganos colegiados y gerencias de cada institución o dependencia, cuando los afecten directamente o puedan representar un interés público.

k)       Derecho de las organizaciones de los trabajadores  y de sus dirigentes, de ser atendidos y respondidas sus solicitudes, en el menor tiempo posible, por parte de los jerarcas de cada institución o dependencia, con la única excepción de solicitudes que fuesen abiertamente impertinentes o innecesarias.

l)         Otras materias, beneficios o incentivos suplementarios que no excedan la competencia de los órganos administrativos.

ARTICULO 656. Queda absolutamente prohibido dispensar o excepcionar leyes, reglamentos o directrices gubernamentales vigentes a través de los mecanismos de solución. En consecuencia, los laudos que puedan emitirse no serán de conciencia sino de derecho y los respectivos tribunales arbitrales deberán estar integrados por abogados, exclusivamente.[161]

Es entendido que cuando se trate de erogaciones que afecten el presupuesto nacional o el de una institución o empresa en particular, las decisiones que se emitan por las jerarquías y los órganos arbitrales deben sujetarse no sólo a las restricciones que resultan de esta normativa, sino también a las normas constitucionales en materia de aprobación de presupuestos públicos, las que en caso de haber sido irrespetadas implicarán la nulidad absoluta de lo dispuesto.[162]

CAPITULO III

DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL SECTOR PUBLICO

SECCION I

DE LA LEGITIMACIÓN PARA NEGOCIAR

ARTICULO 657. Se encuentra legitimados para negociar y suscribir convenciones colectivas,  de conformidad con esta normativa, los sindicatos que demuestren tener la mayor cantidad de afiliados en cada instituciones, empresa o dependencia de que se trate, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 56 de este Código.

Si no hubiera acuerdo entre ellos, para negociar en forma conjunta, la convención colectiva se celebrará con el sindicato que tenga la mayor cantidad de afiliados. No obstante, en el caso de los sindicatos gremiales o de oficio, cuando no hubiere acuerdo de su parte para negociar en conjunto con otras organizaciones, cada uno podrá solicitar que se celebre una negociación independiente con él, en cuyo caso la convención colectiva solamente podrá cubrir a las personas de ese gremio u oficio.

            ARTICULO 658. Las empresa, instituciones o dependencias del Estado que se dispongan a negociar y suscribir una convención colectiva, deberán acreditar una delegación del más alto nivel, escogida por el órgano de mayor jerarquía. A tal efecto, las empresas, instituciones y dependencias, podrán incluso, si lo consideran necesario, contratar personal profesional externo, para integrar o asesorar las delegaciones de que aquí se habla.

            No podrá formar parte de esa delegación ninguna persona que fuere a recibir actual o potencialmente algún beneficio de la convención colectiva que se firme. Igualmente impedimento existirá si el beneficie pudiere beneficiar a parientes del primero y segundo grados.

            ARTICULO 659. En  caso de conflicto en la determinación de la organización u organizaciones sindicales legitimadas para negociar y suscribir una convención colectiva, el jerarca de las instituciones o cualquiera de las organizaciones sindicales involucradas podrá solicitar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hacer la designación correspondiente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 56 y estas disposiciones.

SECCION II

DEL PROCEDIMIENTO NEGOCIAL

ARTICULO 660. Una vez determinada en firme la legitimación de la organización u organizaciones sindicales  facultadas para negociar y presentado formalmente ante cada institución o dependencia un proyecto de convención colectiva, se procederá a la escogencia y apoderamiento de la comisión que representará a la parte empleadora, a que se refiere la Sección anterior. El plazo para hacer dicha designación no podrá extenderse más allá de quince días naturales, contados a partir de la fecha en que quedaren cumplidos los requisitos a que se refiere este artículo.

Por su parte, los sindicatos deberán acreditar, dentro del mismo plazo, a las personas que los representarán, no pudiendo su número ser superior al conjunto de la delegación patronal, salvo que se tratare de varias organizaciones sindicales, caso en el cual cada sindicato se hará representar por un máximo de tres personas y un asesor.

Cuando existan varias organizaciones sindicales en la mesa de negociación y cada una de ellas hubiere remitido su propio proyecto de convención colectiva, se les solicitará elaborar un proyecto unitario previo a la negociación. Si en un plazo de un mes natural, contado a partir de la prevención que les hará el jerarca de la respectiva institución o empresa, no hubiesen cumplido con el requisito aquí establecido, se negociará con el sindicato mayoritario, sin perjuicio de las negociaciones particulares con los sindicatos gremiales.

Es entendido que cualquiera de las partes que intervengan en la negociación, o ambas en conjunto, podrán solicitar la intervención, como buen componedor, de uno o varios funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sin que la solicitud que se haga a dicho Ministerio sea obligatoria para éste cuando carezca de recursos suficientes para atender la negociación.

ARTICULO 661. La negociación abarcará todos los aspectos y extremos del proyecto que se haya formulado a la administración, debiendo levantarse un acta de cada sesión de trabajo, la cual firmarán los representantes de ambas partes.

ARTICULO 662. Además de las actas individuales de cada sesión, al final del proceso negociador se levantará una acta de cierre, donde se recogerá el texto completo de las cláusulas que fueron negociadas y donde se indicará cuales cláusulas del proyecto fueron desechadas o no pudieron negociarse por falta de acuerdo acerca de ellas.

ARTICULO 663. Lo aprobado en forma definitiva en la mesa negociadora será válido entre las partes, y tendrá una vigencia de uno a tres años, según ellas mismas lo determinen. Una copia de lo negociado en firme se enviará a la Dirección General de Asuntos Laborales del Ministerio de Trabajo, para su registro y custodia. Las partes podrán señalar la vigencia de cada norma en forma individual, o de la convención colectiva en forma integral.

SECCION III

DE LA COMISION DE POLÍTICAS  PARA LA NEGOCIACIÓN DE CONVENCIONES COLECTIVAS EN EL SECTOR PUBLICO

ARTICULO 664. Créase la Comisión de Políticas  para la negociación de convenciones colectivas en el sector público, la cual estará integrada por:

a)                             El Ministro de Trabajo y Seguridad Social o el Viceministro del ramo, quien la presidirá.

b)                            El Ministro de Hacienda o el Viceministro.

c)                             El Procurador General de la República o el Procurador General Adjunto.

d)                            El Director General de Servicio Civil o quien lo sustituya en el cargo.

e)                             Un representante de nivel jerárquico de la entidad que va a negociar la convención colectiva.

ARTICULO  665. Son atribuciones de la Comisión:

a)       Recibir la solicitud de negociación junto con el proyecto de convención colectiva, una opinión del ente interesado sobre el contenido y alcances, así como el nombramiento del representante jerárquico correspondiente que se integrará a la Comisión. Todo dentro de un plazo de quince días.

b)      Definir las políticas de negociación para el caso concreto, tomando en cuenta las posibilidades legales y presupuestarias. A este fin emitirá las instrucciones pertinentes a los negociadores que nombre el ente interesado, por medio del representante jerárquico integrante de la Comisión; todo dentro del plazo de un mes a partir del recibo de la solicitud de negociación.

c)       Mantener el contacto necesario con la delegación patronal negociadora durante las negociaciones, para garantizar las decisiones que se requiera para la continuidad y finalización del proceso conforme a derecho.

                   La Comisión contará con la asesoría jurídica de la Procuraduría General de la República y el concurso de los demás órganos técnicos de la Administración Pública que se requiera para el mejor cumplimiento de sus fines.

                        En todo lo relacionado con el funcionamiento, al Comisión se regirá por las disposiciones de los artículos 49 a 57 de la Ley General de la Administración Pública. Sus integrantes devengarán dietas en las mismas condiciones establecidas en la Ley Nº 7558 de 3 de noviembre de 1995 y su monto será fijado por Decreto.[163]

SECCION IV

EFECTOS DE LA CONVENCION COLECTIVA EN EL SECTOR PUBLICO

            ARTICULO 666. Las convenciones colectivas que se negocien y se firmen conforme a lo dispuesto en este Título, tendrán los efectos que señala el artículo 62 de la Constitución Política y los artículos 54 y 55 de este Código. No obstante, tratándose de normas que por su naturaleza o su afectación del principio de legalidad presupuestario requieran de aprobación legislativa o reglamentaria, su eficacia quedará condicionada  a su inclusión en la Ley de Presupuesto o en los reglamentos respectivos, lo mismo que a la aprobación por parte de la Contraloría General de la República, cuando afecte los presupuestos de las instituciones, cuyos presupuestos ordinarios y extraordinarios o modificaciones presupuestarias, requieran aprobación de esta última entidad.

            ARTICULO 667.  Conforme con lo dispuesto en el artículo anterior y sin perjuicio de las reservas específicas  que allí se formulan, las normas de una convención colectiva válida y eficaz serán de acatamiento obligatorio  para las partes que la suscriban, pudiendo exigirse judicialmente su cumplimiento o, en su caso, el pago de las indemnizaciones de daños y perjuicios por su incumplimiento, tanto a favor de los trabajadores afectados como de las organizaciones sindicales perjudicadas, según se trate.

            ARTICULO 668. Lo dispuesto en una convención colectiva firmada conforme con las normas de este Título solamente podrá ser anulado por la autoridad judicial.

CAPITULO IV

DEL ARREGLO DIRECTO,  CONCILIACIÓN Y HUELGA EN EL SECTOR PUBLICO

 

            ARTICULO 669. Los trabajadores indicados en los inciso a) y b) del artículo 654, pueden someter la solución de los conflictos económicos y sociales al procedimiento de conciliación previsto en este Código, con aplicación de las siguientes reglas especiales :

            a) La designación de los delegados y de la personas que integrará el Tribunal conciliador, se hará dentro de quince días.[164]

b) El acuerdo a que se llegue estará sujeto a lo indicado en el artículo 656 y se entiende siempre condicionado a la aprobación del órgano competente para obligar a la parte empleadora. El respectivo acto debe emitirse dentro del mes siguiente a la adopción del acuerdo, para lo cual se pedirá previamente un dictamen  a la Comisión de políticas para la negociación de Convenios en el Sector Público. En el mismo acto en que se disponga  la consulta se hará la designación del respectivo representante en esa Comisión.

c) Si no hubiere arreglo o el acuerdo adoptado no fuere aprobado por la Administración, se dará por concluido el procedimiento, quedando así expedita la vía de la huelga, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos exigidos en este Código para su legalidad. La iniciación delo movimiento deberá comunicarse a la parte empleadora, por lo menos con ocho días naturales de antelación, con el propósito de que se puedan adoptar las medidas  necesarias para garantizar el servicio público que se presta.

d) La no aprobación del acuerdo por la Administración no constituye una infracción sancionable por la vía represiva.

 

            ARTICULO 670. Los trabajadores indicados en el inciso b) del artículo 654  que no estén a cargo de servicios esenciales pueden hacer uso de todos los mecanismos previstos en el Código de Trabajo para la solución de las cuestiones colectivas de carácter económico y social.

            ARTICULO 67O. En el caso de los  trabajadores  indicados en el artículo 654 que tienen impedimento para declararse en huelga por laborar en servicios esenciales, fracasada la conciliación, pueden someter la solución del conflicto económico y social   a arbitramento, pero siempre con respeto del ordenamiento, en la forma,  términos  y  condiciones indicadas en esta normativa.[165]

            ARTICULO 671. Durante la huelga declarada legal, pueden realizarse arreglos o convenios tendientes a la solución del conflicto en forma directa y en todo caso, cualquier acuerdo debe respetar el ordenamiento en la forma indicada en la norma anterior.

            Es aplicable en el sector público el arbitramento obligatorio  en el supuesto de la huelga legal  agotada, según lo previsto en el artículo 374.

Si el movimiento fuere declarado ilegal, sólo serán  válidos  y aceptables como fuentes de obligación los acuerdos que se adopten  siguiendo el procedimiento negocial previsto en la Sección II de este Capítulo.

            ARTICULO 672. Todo movimiento de huelga debe ejecutarse con respeto de lo dispuesto en los capítulos I y III del Título VI del Código de Trabajo.[166]

            ARTICULO 673. Se excluyen en forma automática de las ventajas de cualquier naturaleza que puedan derivarse de convenciones colectivas, arreglos directos, acuerdos conciliatorios, arbitrajes y cualquier convenio de solución de un conflicto de carácter económico y social, ya sea por inclusión o referencia expresa o indirecta, los siguientes funcionarios:

a)      Los Miembros de los Supremos Poderes; los funcionarios con rango de Ministro, los Viceministros, Oficiales Mayores, el Procurador General de la República y Procurador General Adjunto, el Contralor General y Subcontralor General de la República, el Defensor y Defensor Adjunto de los Habitantes.

b)     Miembros de las Juntas Directivas, Presidentes Ejecutivos, Directores Ejecutivos, Gerentes, Subgerentes, Auditores, Subauditores, Jefes de los Departamentos o Secciones Legales y Jefes de Áreas, Divisiones o Departamentos de Recursos Humanos y de las dependencias internas encargadas de la gestión de ingresos o egresos públicos.[167]

            Queda también expresamente prohibido hacer ajustes técnicos con motivo del resultado de cualquier instrumento colectivo, a raíz de los cuales se produzcan beneficios en forma directa o indirecta para los funcionarios indicados.

            ARTICULO 674. Con independencia de la responsabilidad penal que pueda atribuirse, la violación de lo dispuesto en el artículo anterior es causa de despido del funcionario que dicte el acto indebido o que se beneficie de él.[168]

  ARTICULO 675. En caso de duda, en la interpretación de las reglas de este Título, se aplicará lo dispuesto por la Ley General de la Administración Pública y los principios que le son propios, salvo en cuanto al procedimiento negocial y a la forma de poner en práctica los mecanismos de solución de los conflictos económicos y sociales y a los efectos propios de esos institutos, casos en los cuales se aplicarán en primer término las normas y principios del Derecho de Trabajo y solo subsidiariamente las disposiciones que contiene la Ley General antes mencionada”.

 Artículo 3º.  Se suprime el Título “UNDECIMO”, relativo a la “Prohibición de discriminar”, introducido al Código de Trabajo mediante Ley 8107 de 18 de julio del 2001, pues su contenido íntegro pasa a conformar el Título VIII del mismo Código. El Título XI (original en el Código), “Disposiciones Finales”, se convierte, manteniendo igual denominación y contenido, en el Título XII.

Artículo 4°. Refórmanse las siguientes disposiciones:

1°. Del Código de Trabajo, los artículos 35, 85, párrafo último del aparte d); 94 bis, 303, 309, 310, párrafo primero, 311, y 373, inciso b), los cuales se leerán en el futuro, así, debiendo entenderse que las partes de esos numerales no mencionadas, se mantienen íntegramente:

“ARTICULO 35. A la expiración de todo contrato de trabajo, el empleador, a solicitud del trabajador, deberá darle un certificado que exprese:

a) La fecha de su entrada y de su salida;

b) La clase de trabajo ejecutado;

Si el trabajador lo desea, el certificado determinará también:

c) La manera como trabajó; y

d) Las causas del retiro o de la cesación del contrato.

Si la expiración del contrato obedece a destitución por falta atribuida al trabajador, la entrega de la carta de despido será obligatoria, debiéndose describir  en ella en forma puntual, detallada y clara el hecho o los hechos en que se funda el despido.   La entrega se hará en forma personal, en el acto del despido, debiendo documentarse el recibido. Si el trabajador se negare a recibirla, la entrega deberá hacerla la parte empleadora a la oficina del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social de la localidad y si ésta no existiere se entregará o enviará a la oficina más cercana de ese Ministerio por correo certificado, lo cual deberá hacer a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes al despido. Los hechos causales señalados en la carta de despido, serán los únicos que se puedan alegar judicialmente, si se presentare contención.” [169]

“ARTICULO 85, párrafo último: “... Para el pago de las prestaciones indicadas, se estará al procedimiento en el Título X de este mismo Código”.

“ARTICULO 94 bis. La trabajadora embarazada o en período de lactancia, que fuere despedida en contravención con lo dispuesto en el artículo anterior, podrá gestionar ante el juzgado de trabajo, su reinstalación inmediata, con pleno goce de todos sus derechos, mediante el procedimiento establecido en el Título X de este Código.

La trabajadora podrá optar podrá optar por la reinstalación, en cuyo caso el empleador deberá pagarle además de la indemnización  a que tuviere derecho y en concepto de daños y perjuicios, las sumas correspondientes al subsidio de pre y post parto, y los salarios que hubiere dejado de percibir desde el momento del despido, hasta completar ocho meses de embarazo.

Si se tratare de una trabajadora en período de lactancia, tendrá derecho además de la cesantía, y en concepto de daños y perjuicios, a diez días de salario”.

“ARTICULO 303. Los reclamos por riesgos de trabajo se tramitarán ante el juzgado competente y según el procedimiento indicado en el Título X de este Código”:

“ARTICULO 309. Las faltas e infracciones a las que disponen esta Ley y sus reglamentos       y cuyas sanciones no estén expresamente contempladas en normas especiales, independientemente de la responsabilidad que acarreen al infractor, se sancionaran de acuerdo con lo dispuesto en el Título VII de este Código”.

“ARTICULO 310. Se impondrá al empleador  una multa de acuerdo con lo previsto en el artículo 395 de este Código, en los siguientes casos...”. El resto del articulado se mantiene igual.

 

“ARTICULO 311. Se impondrá una multa de acuerdo con lo señalado en el artículo 395, al empleado de cualquier ministerio o institución, municipalidad u otro organismo integrante de la Administración Pública, que autorice la celebración de actos, contratos o trabajos en contravención de las disposiciones de este Título o de sus reglamentos”.

“ARTICULO 373. ...

b) Agotar los procedimientos de conciliación de que habla el Capítulo VIII del Título X de este Código”.

2°. De la Ley Orgánica del Poder Judicial, los artículos 55, inciso 2°; 93, al cual se agrega un segundo párrafo; 98; 109; y 116, los cuales se leerán así, debiendo entenderse que la parte de esas normas no mencionada se mantiene como actualmente está:

“ARTICULO 55. ...

“2° Del recurso de casación en los asuntos de la jurisdicción de trabajo, en los cuales figure como parte el Estado o cualquiera de sus órganos o instituciones, así como de cualquier otro asunto de esa materia que indique la ley o le atribuya la Corte Suprema de Justicia. Lo que resuelva la Sala sobre la competencia para conocer del recurso de casación, será vinculante para los otros órganos jurisdiccionales.[170]”

“ARTICUCLO  93....

Al texto actualmente en vigencia, se le agrega un segundo párrafo, con el siguiente contenido:

 “El Tribunal de Casación de Trabajo conocerá:

1.- Del recurso de casación en los asuntos laborales que según esta ley no le correspondan a la Sala de Casación, de acuerdo con la distribución que hará la Corte Suprema de Justicia.

2°. De cualquier otro asunto cuya competencia expresamente le atribuya la ley”.

“ARTICULO 98. Los Tribunales Superiores de Apelación conocerán:

1. De las apelaciones que procedan en los asuntos de conocimiento de los juzgados de trabajo, excepto las diferidas que eventualmente deban ser conocidas por los órganos de casación.

2. De los demás asuntos que determine la ley”.

 

“ARTICULO 109. Los Juzgados de Trabajo conocerán:

1. De todos los asuntos indicados en el Título X del Código de Trabajo.

2.               De los conflictos jurídicos económicos y sociales que correspondan a su circunscripción territorial y a los de otras jurisdicciones, según lo determine la Corte Suprema de Justicia.

3.               De cualquier otro asunto o procedimiento cuya competencia le atribuyan las leyes”.

“ARTICULO 116. Los Juzgados Contravencionales y de Menor Cuantía conocerán en materia de trabajo, como Juzgados de Trabajo por Ministerio de Ley, de todos los asuntos, cualquiera sea su valor económico, correspondientes a su circunscripción territorial, excepto de los conflictos colectivos de carácter económico y social, siempre y cuando en su territorio no exista Juzgado de Trabajo”. 

 

            Artículo 5°. Se derogan los artículos 56, párrafo final, 313,  314, 316, 317, 318, 319, 320321, 322, 323, 324, 326, 327, 328 y 329 del Código de Trabajo; 94 y 123 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y Ley N° 4284 de 16 de diciembre de 1968, que creó el Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía.

            Artículo 6°.  Establécense Tribunales de Casación de Trabajo con sedes en el Segundo Circuito Judicial de San José (Goicoechea) y en los Circuitos Judiciales de Alajuela, Puntarenas, Limón,  Liberia  y Pérez Zeledón, con la jurisdicción territorial que determine la Corte Suprema de Justicia. Se integrarán con cinco jueces y tendrán las secciones que sean necesarias, según lo determine la Corte Suprema de Justicia.

            El primero de esos Tribunales comenzará a funcionar en el momento en que entre en vigencia esta Ley y tendrá competencia en todo el territorio nacional, mientras la Corte Suprema de Justicia no establezca una atribución distinta.  Los demás iniciarán labores cuando sea necesario y a partir de la fecha que establezca la Corte.

            Artículo 7°. Se mantiene el actual Tribunal de Trabajo, con sede en el Segundo Circuito Judicial de San José, el cual  tendrá funciones de Tribunal Superior de Apelación y será reestructurado, reduciéndose su número de jueces a tres. La Corte Suprema de Justicia mantendrá o creará oportunamente como parte del mismo Tribunal las secciones que sean necesarias para atender adecuadamente el volumen de trabajo.

            Artículo 8°. Créanse Tribunales Superiores deApelación en los circuitos judiciales de Alajuela, Heredia,  Cartago, Puntarenas, San Carlos, Pérez Zeledón,  Limón y Pococí. Iniciarán funciones cuando el volumen de trabajo lo amerite, según determinación que hará la Corte Suprema de Justicia.

            Artículo 9°.- El actual Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía, se convierte en Juzgado de Trabajo con competencia ordinaria, pero la Corte Suprema de Justicia queda facultada para encargarle de manera exclusiva el conocimiento de  asuntos de determinada especialidad.

            Artículo 10º. Créase un Juzgado de Trabajo en los siguientes lugares: en la provincia de San José, en Desamparados, Hatillo y Puriscal. En Alajuela: en Grecia, San Ramón y San Carlos. En Cartago: en Turrialba. En Heredia, en San Joaquín de Flores. En Guanacaste, en Liberia, Cañas, Santa Cruz y Nicoya. En Limón, en Pococí. Y en Puntarenas, en Aguirre, Golfito y Corredores. Esos despachos entrarán en funciones en el momento en que sea necesario, según lo determine la Corte Suprema de Justicia y tendrán la competencia territorial que ésta les asigne.

            Artículo 11. Se faculta a la Corte Suprema de Justicia para dictar reglas prácticas necesarias para la aplicación de la presente ley.

            Articulo 12. Se crea el Fondo de Apoyo a la Solución Alterna de Conflictos, pudiendo  denominarse FASAC, según sus siglas, el cual será administrado por la Corte Suprema de Justicia[171], mediante uno de los entes autorizados para manejar fondos de capitalización.

            El Fondo se formará con:

a)       Los honorarios de abogado que le correspondan a título de costas personales a la parte patrocinada por abogados de asistencia social. Estos y los tribunales velarán porque el pago e esos honorarios se haga efectivo,  mediante su depósito donde corresponda.

b)      Las multas que se impongan a los infractores de las leyes de trabajo y de seguridad social.

c)       Cualquier otro aporte que señale ley.

Los productos del Fondo se destinarán:

a)      Prioritariamente a cubrir los honorarios de los conciliadores y árbitros que se designen en los procesos laborales de solución de los conflictos jurídicos, económicos y sociales.

b)     A financiar programas de apoyo a la solución alterna de conflictos en el campo laboral.

Queda prohibido variar ese destino.

Se regulará por la vía de reglamento  lo relativo a la administración, modo y oportunidad en que se aplicarán los productos y todo lo concerniente al funcionamiento del Fondo.

Artículo 13°.  Esta ley es de orden público, deroga las que se le opongan y rige seis meses después de su publicación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

            TRANSITORIO I. La presente reforma será aplicable a los procesos iniciados antes de la vigencia de esta ley, con las siguientes excepciones:

1. El régimen probatorio aplicable (cargas probatorias y  valoración de los elementos probatorios) será el de la legislación anterior. [172]

2. Los procesos en que a la fecha de entrada en vigencia de la reforma existiere señalamiento para audiencia de pruebas, se continuarán rigiendo para todos los efectos con la legislación anterior.  Los órganos jurisdiccionales conservarán las competencias establecidas en ese ordenamiento, aunque su denominación resulte modificada.[173]

3. En cualquier caso, las resoluciones dictadas con anterioridad a la vigencia de la reforma mantendrán los medios de impugnación que las leyes derogadas les garantizan.

            Se faculta a la Corte Suprema de Justicia para mantener o crear, cuando ello sea necesario,  las plazas de juez que se requieran para continuar atendiendo de manera exclusiva los procesos anteriores a la presente reforma que deban continuarse substanciando con la normativa que se deroga.

            TRANSITORIO II. Las nuevas reglas de prescripción y cualquier otra modificación que afecte las relaciones sustantivas, se aplicarán a los hechos acaecidos a partir de su vigencia.

            TRANSITORIO III. En los lugares o circunscripciones en que  el volumen de trabajo no justifique el funcionamiento de tribunales especializados, mientras esa situación subsista, la justicia laboral será administrada por juzgados y tribunales mixtos, según lo determine la Corte Suprema de Justicia.               

            TRANSITORIO IV. Los cargos de juez del actual Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía se reasignan a la categoría correspondiente al despacho a que se convierte ese Tribunal. Continuarán conociendo de los asuntos pendientes, con las competencias que les atribuía la ley derogada, hasta su finalización.

            TRANSITORIO V. El Tribunal de Casación de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José (Goicoechea) será integrado con los miembros del actual Tribunal de Trabajo de ese mismo Circuito que tengan las mejores calificaciones en el escalafón del sistema de Carrera Judicial, cuyos cargos se reasignan a la categoría correspondiente al Tribunal de Casación. En el futuro, la designación de jueces en ese Tribunal se hará de acuerdo con las disposiciones del Estatuto de Servicio Judicial correspondientes a la Carrera Judicial.

              Si las nuevas cargas de trabajo asignadas al Tribunal Superior de Trabajo de dicho Circuito no ameriten mantener secciones adicionales, las personas que ocupen en propiedad los cargos sobrantes serán reubicados en Juzgados de Trabajo por la Corte Suprema de Justicia, con respeto de sus derechos laborales. Para establecer la reubicación se tomará en cuenta la fecha de los nombramientos, aplicándose en primer término a los de más reciente designación. Deberán ser tomados en cuenta para llenar las plazas vacantes que se produzcan en el futuro en el Tribunal Superior de Apelación, lo que se hará de acuerdo con las mejores calificaciones en el mencionado escalafón.

TRANSITORO VI. Los asuntos laborales que actualmente conocen los Juzgados Contravencionales y de Menor Cuantía, en las circunscripciones donde también haya Juzgado de Trabajo, pasarán a conocimiento de estos últimos cuando comience a regir esta reforma, excepto aquellos en que a la fecha de entrada en vigencia existiere señalamiento para la audiencia probatoria y los que ya tuvieren sentencia.