Comunicado de Prensa
Gracias a la coordinación entre la Subcomisión de Acceso a la Justicia para Población Migrante y Refugiada del Poder Judicial y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se presentó el estudio “La persona trabajadora migrante en la jurisprudencia constitucional: principio de igualdad y derecho al trabajo” a cargo del Licenciado Esteban Calvo.
En la actividad participaron alrededor de 40 personas entre operadoras y operadores de justicia de juzgados que atienden la materia laboral de todo el país, Defensa Pública, Escuela Judicial, autoridades judiciales de las Salas Primera y Segunda, OCRI, Contraloría de Servicios, representantes de instituciones como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Gobernación, Tribunal Administrativo Migratorio, ACNUR y las organizaciones sociales de Cenderos, Red de Mujeres Migrantes y Consejo de la Persona Joven.
En virtud de la necesidad de protección especial que requieren las personas trabajadoras migrantes, y la importancia que el país y el Poder Judicial le da a la promoción de políticas públicas dirigidas a la tutela y protección de los derechos humanos de estas personas, es que se realiza este trabajo.
Precisamente el material tiene por objetivo ofrecer un documento actual y sistematizado que sirva de recurso a todas aquellas personas interesadas en el estudio de los asuntos relacionados con la población migrante, y que requieran conocer cuáles son los criterios más importantes que ha dictado el Tribunal Constitucional de Costa Rica en aplicación del principio de igualdad de trato a favor de los trabajadores y las trabajadoras migrantes.
En la apertura de la actividad estuvieron presentes la Magistrada Julia Varela, en calidad de Coordinadora de la Subcomisión y el señor Leonardo Ferreira, Director Adjunto del Equipo de Trabajo Decente y Oficina de Países de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana. Ambos reflexionaron sobre la importancia y el aporte que este tipo de investigaciones realizan a la administración de justicia, con especial relevancia para garantizar el acceso a la justicia y la defensa de derechos laborales para personas migrantes y refugiadas.
Asimismo, posterior a la presentación del informe, se ofrecieron comentarios a los resultados del estudio a cargo de la letrada de la Sala Constitucional, María Isabel Bermúdez, y el Integrante del Tribunal de Juicio de Pococí, Fabián Arrieta, quienes reflexionaron sobre la tutela efectiva de los derechos humanos y laborales desde la administración de justicia y la necesidad de acercarse a los sectores de la población con mayor vulnerabilidad.
A partir esta presentación, el consultor Esteban Calvo orientó una sesión de trabajo con jueces y juezas de la materia laboral para analizar la aplicación de convenios internacionales en materia laboral, incluyendo aquellos que todavía no han sido todavía ratificados por nuestro país. Asimismo, se analizó el uso que jueces y juezas puedan hacer del artículo 72 de la Ley General de Migración y Extranjería No. 8764, que permite a la autoridad judicial solicitar a una permanencia migratoria provisional a personas extranjeras que participan en procesos judiciales.
El estudio, que estuvo a cargo del consultor de OIT Esteban Calvo, está estructurado en cinco apartados. En el primero se aborda el análisis de la jurisprudencia constitucional que trata el principio de igualdad en su concepción genérica. Se presta especial atención al alcance que el Tribunal Constitucional le atribuye al artículo 33 de la Constitución Política.
El segundo apartado enfoca su análisis en el tratamiento que la jurisprudencia constitucional le ha hado al principio de igualdad de trato entre nacionales y extranjeros, de acuerdo con la exégesis que el Tribunal Constitucional hace del artículo 19 de la Constitución Política.
El tercer apartado está dedicado a analizar la jurisprudencia constitucional que desarrolla el principio de igualdad a favor de las personas extranjeras, pero acotado al ámbito del trabajo. La cuarta parte se dedica a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos que han sido aplicados por la Sala Constitucional.
Finalmente, el quinto expone una lista de derechos específicos que la jurisprudencia constitucional ha reconocido a la población trabajadora migrante. Se hace ver que no se trata de una lista acabada de derechos, sino de un recuento de los que, hasta ahora, han sido expresamente reconocidos por la Sala Constitucional en sentencias de diversa naturaleza, ya sean pronunciamientos de acciones de inconstitucionalidad o resoluciones dictadas en procesos de recursos de amparo y hábeas corpus.
Para más información sobre este tema se puede comunicar con Conamaj al teléfono 2295-3322 o bien visitar el sitio web www.conamaj.go.cr para tener acceso al estudio de jurisprudencia constitucional completo.
Esta es una reproducción de la noticia publicada en el Observatorio Judicial - Actualidad Judicial, el 09 de julio de 2015, por la Sección de Prensa, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.