Comunicado de Prensa
En el informe aprobado por Corte Plena, sobre el proyecto de regulación del empleo público, se evidenció la incidencia que tendrían las normas propuestas en la administración y funcionamiento del Poder Judicial.
El criterio judicial se dio al atenderse la solicitud emitida por la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, que tiene a cargo la tramitación del expediente 20 057 “Ley de Empleo Público”.
El estudio de la propuesta de ley estuvo a cargo del magistrado instructor, Orlando Aguirre Gómez.
Se concluyó que la iniciativa legislativa desconoce en su forma y esencia el sistema de división de poderes y la competencia judicial, sin perjuicio de lo dispuesto por la Constitución en materia de Servicio Civil.
Corte Plena consideró no adecuada las normas propuestas “… porque subyace en ella la idea de someter a todas las instituciones del Estado, incluido el Poder Judicial, ignorando aquellas disposiciones fundamentales, a la intervención de los otros Poderes, en materia de gobierno y administración de su recurso humano, en temas tan sensibles como lo son la selección de ese recurso, su clasificación (que siempre ha de atender a las necesidades especiales de cada institución u órgano), su valoración, su evaluación e inclusive hasta el régimen disciplinario”.
Para las autoridades judiciales se podría a futuro establecer la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda regular temas de selección, calificación y valoración de puestos, así como el régimen disciplinario de todas y todos los servidores judiciales, incluidos las y los jueces de la República, esto porque la norma no hace ninguna excepción.
Esta es una reproducción de la noticia publicada en el Observatorio Judicial - Actualidad Judicial, el 13 de marzo de 2017, por la Sección de Prensa, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.