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Noticias 2016 (55)
Magistrado Luis Porfirio Sánchez asume cargo en Sala Segunda
Rosibel Alvarez
Comunicado de Prensa
- Asamblea legislativa lo juramenta en sesión ordinaria
Con el juramento de observar y defender la Constitución y las Leyes de la República; así como cumplir fielmente a sus deberes, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, asumió el puesto de magistrado, tras ser juramentado en la Asamblea Legislativa.
El acto oficial estuvo a cargo del Presidente del Congreso, Antonio Álvarez Desanti, durante la sesión ordinaria del plenario legislativo de este martes 6 de setiembre.
“Uno de los objetivos al asumir el cargo es fortalecer el régimen disciplinario, desde la experiencia adquirida como Presidente de la Inspección Judicial. Quiero incorporarme en el trabajo de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial para darle ese fortalecimiento”, destacó el nuevo magistrado de la Sala Segunda.
Afirmó que aportará todo el conocimiento adquirido como juez laboralista, que será de gran aporte dentro de la Corte Suprema de Justicia.
“Asumir el puesto de magistrado, es la culminación de mi carrera como juez. Dios y la virgen me han premiado con este nombramiento”, expresó.
Sánchez Rodríguez fue electo durante el proceso de votación que se realizó este lunes 5 de setiembre, como magistrado de la Sala Segunda, máximo Tribunal de Casación en materia Laboral, de Familia y Concursal.
El magistrado asumirá sus nuevas funciones por un período de ocho años.
El funcionario judicial cuenta con una Maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, con 23 años de trayectoria en el Poder Judicial, donde se desempeñó como Presidente del Tribunal de la Inspección Judicial desde marzo de 2015.
Se inició en la institución como meritorio, asumió cargos de escribiente, secretario, actuario. Además ocupó cargos de juez, juez de primera instancia y de instancia superior.
Esta es una reproducción de la noticia publicada en el Observatorio Judicial - Actualidad Judicial, el 06 de setiembre de 2016, por la Sección de Prensa, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.
Avances para la implementación de la Reforma Procesal Laboral en Programa Horizontes
Rosibel Alvarez
COMUNICADO DE PRENSA
- Magistrada Julia Varela Araya destacó acciones emprendidas en la institución
La Magistrada Julia Varela Araya, Coordinadora de la Comisión de la Jurisdicción Laboral, participó esta mañana de una entrevista para el Programa Horizontes de Radio Centro, el cual es conducido por Edgar Houed Retana.
La grabación se realizó desde su despacho y tuvo como eje central el ampliar sobre los avances del Poder Judicial en la implementación de la Reforma Procesal Laboral.
Primeramente la Magistrada Varela se refirió a todo el trabajo intensivo y logístico llevado a cabo con la colaboración de la Dirección de Gestión Humana, Dirección de Tecnología de la Información, Dirección Ejecutiva, Planificación y Defensa Pública, con el fin de realizar el diseño de todos los requerimientos para el Presupuesto 2017.
Varela también se refirió a las distintas acciones que se realizan en condinación con la Escuela Judicial, para la realización de los procesos de capacitación de jueces y juezas y los compromisos adquiridos con el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, para la actualización académica de la población externa litigante.
“Queremos empoderar a las juezas y jueces con la capacitación y por medio de un abordaje de conocimiento complementario. Esto será un proceso continuo. Mi meta es darles ese acompañamiento y evacuar todas las dudas que tengan, para minimizar el impacto de la implementación de la reforma”, indicó la magistrada Varela.
Durante la segunda parte de la entrevista la jerarca judicial se refirió a los diferentes beneficios que propone la Reforma Procesal laboral, los cuales serán tramitados bajo el modelo oral-electrónico.
El Programa Horizontes de Radio Centro, se transmite en la frecuencia 96.3 FM
Esta es una reproducción de la noticia publicada en el Observatorio Judicial - Actualidad Judicial, el 30 de agosto de 2016, por la Sección de Prensa, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.
Exponen avances para la implementación de la reforma procesal laboral
Rosibel Alvarez
COMUNICADO DE PRENSA
- Puntualizan el trabajo realizado por los diferentes despachos de la institución. Prioridad es la capacitación.
Dar seguimiento a las acciones tomadas en la institución en torno a la entrada en vigencia de la nueva Reforma Procesal Laboral y analizar las expectativas de trabajo a futuro, fue el objetivo de la reunión sostenida este viernes 19 de agosto.
El encuentro tuvo lugar en el Salón Multiuso de la Corte y contó con la participación de la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge, la magistrada y coordinadora de la Comisión de la Jurisdicción Laboral, Julia Varela Araya, El Presidente de la Sala Segunda, Orlando Aguirre Gómez, así como de representantes de la Defensa Pública, la Dirección Ejecutiva, Planificación, Gestión Humana, la Escuela Judicial, entre otros.
La Presidenta de la Corte, Zarela Villanueva Monge, destacó el seguimiento que se da a la labor que realiza la Comisión, encargada de la implementación del nuevo Código Procesal Laboral y enfatizó en la relevancia de la capacitación y el proceso de reclutamiento de la Defensa Pública, así como los inventarios que se realizan en los despachos de trabajo y las necesidades de infraestructura.
Villanueva Monge indicó que se procura que las personas usuarias vean una mejora en la administración de justicia, para que tengan una solución de sus asuntos de una forma más rápida.
“Nuestras expectativas son avanzar coordinadamente, con metas claras, para que el proceso hacia el cambio sea lo más sensible posible. Queremos que la reforma tenga un impacto positivo en la administración de justicia”, dijo la jerarca judicial.
Para la magistrada y coordinadora de la Comisión de la Jurisdicción Laboral, Julia Varela Araya, estos espacios son muy importantes para exponer los avances que se llevan en el proceso de actualización de la materia laboral, con el fin de informar sobre lo que se ha hecho y plantear las expectativas de trabajo a futuro en base a la reforma.
“Estas reuniones han sido una iniciativa de la Presidencia de la Corte y nos sirven para hacer una rendición de cuentas. En este momento nuestra prioridad son las capacitaciones. Este tipo de reuniones periódicas son importantes para informar sobre los avances y los requerimientos que tenemos y garantizar una efectiva preparación sobre el tema” señaló la magistrada Varela Araya.
Por su parte, el magistrado Orlando Aguirre Gómez, resaltó el compromiso de todas las personas involucradas en este proceso, subrayando los esfuerzos en capacitación y actualización que se realizan en la Escuela Judicial.
Otro aspecto que mencionó el magistrado, es el tema del servicio de asistencia legal letrada gratuita a los trabajadores y trabajadoras de escasos recursos, novedad que presenta la reforma.
“Este es uno de los puntos más sensibles por el impacto económico que tiene, por lo que tenemos que acoplarnos adecuadamente. El tema se ha abordado con mucha seriedad y nos preparamos para poner al servicio de los usuarios y usuarias”, dijo Aguirre Gómez.
Durante la actividad, se presentaron avances sobre el trabajo que actualmente se realiza, con el fin de coordinar las acciones y continuar sobre la ruta correcta en relación con esta importante reforma en la administración de justicia en el tema laboral.
Esta es una reproducción de la noticia publicada en el Observatorio Judicial - Actualidad Judicial, el 19 de agosto de 2016, por la Sección de Prensa, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.
Corte emite criterio sobre reformas en temas de Familia y Laboral
Rosibel Alvarez
Comunicado de Prensa
- Consultas remitidas por comisiones legislativas.
Los informes judiciales sobre el proyecto de matrimonio civil igualitario y el Sistema Inspectivo de Trabajo, fueron remitidos a la Asamblea Legislativa, luego de que fueron discutidos en la sesión ordinaria de Corte Plena.
El estudio de ambas propuestas de ley estuvo a cargo de la magistrada instructora, Eva Camacho Vargas. En ambas iniciativas se determinó que las normas propuestas de reforma no interfieren en el quehacer y organización del Poder Judicial.
La iniciativa “Ley de Matrimonio Civil Igualitario”, expediente Nº 19.508, fue remitido por la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso.
El criterio judicial destaca que el texto que se propone incluye la derogación del artículo 14 inciso 6, del Código de Familia, además plantea modificaciones a los artículos 104 y 242 de ese mismo código y al 49 y 572 del Código Civil.
En este caso, el informe de Corte Plena se concluyó que “…no afecta en forma alguna la organización ni el funcionamiento del Poder Judicial, pues no prevé cambios de esa naturaleza”.
Sobre el expediente 19 130, “Ley de Fortalecimiento al Sistema Inspectivo de Trabajo”, la consulta fue remitida por la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.
El criterio judicial con respecto a las reformas que se pretenden incorporar a la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código de la Niñez y la Adolescencia, el Código de Trabajo, “…es importante destacar que esta versión del proyecto no interfiere en la organización del Poder Judicial ni afecta lo relacionado con su funcionamiento, más que en lo pertinente a la nueva normativa a tomar en cuenta por las personas juzgadoras de este Poder de la República en relación con esta temática”.
Esta es una reproducción de la noticia publicada en el Observatorio Judicial - Actualidad Judicial, el 26 de julio de 2016, por la Sección de Prensa, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.
Poder Judicial y Ministerio de Trabajo en labor conjunta por reforma procesal
Rosibel Alvarez
Comunicado de Prensa
· Abren espacio para convenio interinstitucional en materia de capacitación, apoyo en sistemas informáticos y alianzas estratégicas.
Un trabajo coordinado en la puesta en marcha de la Reforma Procesal Laboral, es la alianza que impulsa el Poder Judicial y el Ministerio de Trabajo, para la implementación, información y divulgación de la Reforma Procesal Laboral, que entrará en vigencia en julio de 2017.
La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge, destacó la anuencia del Poder Judicial en brindar cooperación en materia de capacitación del personal del Ministerio y compartir el desarrollo de sistemas tecnológicos de la institución, con las necesidades de esta entidad pública; así como, acciones tendientes a propiciar cooperación con otras entidades y organismos no gubernamentales que sean aliados estratégicos para la Jurisdicción Laboral del país.
El Ministro de Trabajo, Carlos Alvarado Quesada resaltó la labor que realiza la entidad de cara a la ejecución presupuestaria del país para el 2017, en el tema de la implementación de la reforma procesal laboral.
Destacó la visión integral que tiene el Poder Judicial durante la ejecución de sus proyectos y señaló el interés del Ministerio por contar con cooperación en sistemas y desarrollo informático, así como capacitación por parte del Poder Judicial.
La reunión permitió acordar la elaboración de un convenio interinstitucional para establecer los lineamientos de la cooperación mutua, entre ambas entidades.
Villanueva Monge explicó el trabajo que lleva avanzado el Poder Judicial este año, para la efectiva implementación del nuevo Código Procesal Laboral, mediante la reorganización de los recursos existentes.
“Esto implica cerrar la brecha digital. Hemos reorganizado los recursos existentes para fortalecer el área informática en los despachos laborales. Ya se trabaja en el Sistema de Gestión, con el fin de reformar todos los despachos, de manera que trabajen bajo el modelo oral- electrónico, que será en todo el país”, detalló la Presidenta de la Corte.
A esto se suma el plan de capacitación que desarrolló la Escuela Judicial para abarcar a toda la jurisdicción laboral del país y como parte de este proceso se realizaron tres Talleres de Preparación, que reunió durante tres días a los jueces, juezas y personal coordinador judicial para darles a conocer las acciones que emprende el Poder Judicial.
La máxima jerarca judicial también explicó el proceso de rediseño de los despachos laborales que comprende la especialización de siete Tribunales Superiores de Trabajo, la especialización de 22 juzgados laborales. Además destacó la necesidad de invertir en la construcción de un edificio laboral propio, con el fin de reducir gastos en alquiler de locales.
La actividad contó con el apoyo técnico del Despacho de la Presidencia, la Dirección Jurídica y la Dirección de Tecnología de la Información.
Esta es una reproducción de la noticia publicada en el Observatorio Judicial - Actualidad Judicial, el 15 de julio de 2016, por la Sección de Prensa, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.
Presidenta de la Corte, Zarela Villanueva Monge. “Una visión de justicia más cercana a la población”
Rosibel Alvarez
Comunicado de Prensa
- Talleres de Capacitación para la Reforma Procesal Laboral culminaron este viernes 8 de julio.
Las acciones puntuales que emprenderá el Poder Judicial para implementar la Reforma Procesal Laboral, se dieron a conocer a jueces, juezas y personal técnico que atiende esta materia, en tres Talleres de Preparación. El último finalizó este viernes 8 de julio.
Estas actividades estuvieron a cargo de la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge, el Presidente de la Sala Segunda, Orlando Aguirre Gómez, la magistrada y coordinadora de la Comisión de la Jurisdicción Laboral, Julia Varela Araya y el trabajo técnico de la Dirección de Planificación, Tecnología de la Información, Gestión Humana y la Escuela Judicial.
La Presidenta de la Corte, destacó en este último taller el trabajo que se hace desde hace 25 años en la especialización de esta materia. Resaltó el papel que juega la justicia laboral en la respuesta a las necesidades de las personas trabajadoras de nuestro país.
En el plano institucional, Villanueva Monge hizo hincapié en el objetivo de buscar mayor celeridad en los procesos, con el fin de hacer efectivos los derechos y las garantías que están en la Constitución. “Asumamos con responsabilidad, yo confío en ustedes, hagamos realidad esta reforma” dijo la magistrada.
Para el Magistrado y Presidente de la Sala Segunda, Orlando Aguirre Gómez, es importante también fijar la mirada en el campo del Derecho Colectivo, enriqueciendo sus normativas, para fortalecer las relaciones obrero-patronales y generar mayores alternativas de solución.
“Debemos actualizarnos porque la tarea que viene es ardua y depende de nosotros dar una respuesta adecuada a las situaciones que se presenten, cumpliendo con nuestra labor en la Judicatura de una forma oportuna, acorde a los requerimientos de la ciudadanía” acotó Aguirre Gómez.
De acuerdo con la magistrada Julia Varela Araya, durante estas tres jornadas se dispuso que el Poder Judicial realizara una inducción general a toda la población de la Jurisdicción Laboral del país, sobre el proceso de reorganización que tendrán los despachos de trabajo y el abordaje que se dará a la reforma en materia de capacitación.
“Elaboramos un cronograma regionalizado de la capacitación que se emprenderá de manera regional. Además se informó sobre el apoyo y acompañamiento técnico en tecnología, frente al reto de iniciar de forma electrónica los procesos laborales a nivel nacional, con la reforma procesal”, explicó Varela Araya.
Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación explicó los cambios que vendrán con la reforma, en donde destacó que los Tribunales de Menor Cuantía le darán paso a los juzgados laborales, por lo que la cuantía desaparecerá, mientras que la asistencia legal letrada será una de las novedades.
A nivel organizativo, habrá un cambio en los juzgados contravencionales, algunos quedarán por ministerio de ley atendiendo la materia laboral y otros funcionarán como centros de gestión, de manera que de los 64 juzgados contravencionales que atendían la materia laboral, en adelante solo 24 velarán por esta materia, logrando así una mayor especialización.
Kattia Escalante Barboza, Subdirectora a.i. de la Escuela Judicial, recalcó el papel que han tenido como ente rector de la capacitación en el Poder Judicial en lo que respecta al tema de la reforma, donde conformaron un equipo de trabajo con especialistas en gestión de la capacitación y métodos de enseñanza, para planificar adecuadamente todo el proceso paulatino que implica llevar el tema de la reforma a todo el país.
La capacitación regional iniciará a mediados de julio y se extenderá hasta el mes de enero de 2017, donde se profundizará en temas como la prueba en materia laboral, protección de fueros especiales y tutela del debido proceso, derecho colectivo, solución de conflictos individuales o colectivos mediante árbitros, solución alterna de conflictos, derecho individual laboral e infracciones a las Leyes de trabajo o de previsión social.
Esta es una reproducción de la noticia publicada en el Observatorio Judicial - Actualidad Judicial, el 8 de julio de 2016, por la Sección de Prensa, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.
Jurisdicción laboral asume reto en reorganización y efectiva aplicación legal
Rosibel Alvarez
Comunicado de Prensa
- Poder Judicial en segundo taller preparativo sobre nuevo Código Procesal Laboral.
Hacer efectivo los derechos laborales mediante un proceso ágil y sin retrasos, es el reto que asumen jueces, juezas y personal técnico de todo el país. Así lo dejaron claro las autoridades judiciales durante el segundo taller preparativo para la implementación de las nuevas normas que introduce la Reforma Procesal Laboral.
Durante el taller que impulsa el Poder Judicial, la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge, destacó la importancia de quienes tienen a cargo la administración de justicia laboral, para que conozcan los principios generales de la reforma, los mecanismos que desarrollará la institución para su implementación y la reorganización que se requerirá a partir de julio del 2017.
“Tener claridad en cómo se va aplicar la reforma y que se haga efectiva la aspiración del pueblo costarricense, de acortar procesos y que los derechos laborales encuentren en la administración de justicia su efectividad, es la principal finalidad de todo este esfuerzo institucional”, explicó Villanueva Monge.
Para la máxima jerarca judicial, además de estos talleres, se programarán visitas en cada jurisdicción laboral del país durante este año y el 2017, para explicar el funcionamiento del sistema tecnológico que se pondrá en funcionamiento y la forma en que se harán efectivos los principios de la reforma.
“Contiene una tendencia al impulso de la conciliación, la eliminación de una etapa del proceso para acortarlo, la materialización del principio de concentración y oralidad, que implica una participación efectiva del juez y la jueza, para que sean más activos y lleguen al proceso conociendo y estudiando los casos bajo su conocimiento”, detalló la Presidenta de la Corte.
Según explicó el Presidente de la Sala Segunda, Orlando Aguirre Gómez, las nuevas normas procesales que se introducen contemplan procesos especiales en temas como el derecho a huelga y derechos colectivos, que actualmente no existen en la ley vigente.
“El derecho de trabajo es quizá uno de los derechos más sensibles porque tiene que ver con la seguridad alimentaria de las personas, por ello es indispensable que exista una normativa. En el tema de la organización colectiva, en Costa Rica ha sido efectiva en el sector público, no así en el sector privado. La Organización Internacional del Trabajo ha señalado esta necesidad en el país, donde la negociación sea un instrumento de mayor aplicación y que los conflictos económicos y sociales puedan tener una solución pacífica”, explicó Aguirre Gómez.
El trabajo de la reorganización en esta materia, ha tenido el aporte de la magistrada coordinadora de la Comisión de la Jurisdicción Laboral, Julia Varela Araya, quien destacó la importancia de que los despachos de todo el país impulsen una mejora en la gestión, así como controles en la tramitación, para propiciar una labor sostenible y al día con los asuntos.
“Para ello, mediante un estudio se abordarán los despachos con mayor conflicto en atraso y se les brindará un apoyo técnico, con el compromiso de que el trabajo de mejora sea permanente y perdure. Los procesos de capacitación que se inician este año, se continuarán en el 2017 y esperamos que sea un proceso de actualización permanente a futuro”, determinó Varela Araya.
La magistrada Julia Varela recalcó que “…tenemos una responsabilidad histórica, de implementar un cambio legal para mejorar lo que ya hemos hecho en materia laboral, la estructura procesal nos da herramientas ágiles, pero depende de nosotros su aplicación efectiva”.
El acompañamiento técnico para la implementación contará con la colaboración de un equipo de juristas especializados: Fabián Arrieta Segleau, juez superior de Guápiles; María Alexandra Bogantes Rodríguez, letrada y magistrada suplente de Sala Segunda; Jorge Olazo Álvarez, juez superior civil y magistrado suplente de Sala Segunda; Fabricio Garro Vargas, juez del Tribunal Superior de Trabajo de Cartago; Marniee Guerrero Lobato, jueza coordinadora de la Sección Segunda del Juzgado de Trabajo de Goicoechea; José Antonio Madrigal Soto, juez de Seguridad Social; Ana Luisa Meseguer Monge, jueza del Tribunal Superior de Trabajo y Lourdes Montenegro Espinoza, jueza coordinadora de la Sección Primera de Trabajo de Goicoechea.
Compromiso con reforma procesal
La jueza coordinadora de la Sección Segunda el Juzgado de Trabajo de Goicoechea, Marniee Guerrero Lobato y el juez de Seguridad Social, José Antonio Madrigal Soto, integran el equipo técnico que dará acompañamiento y soporte a los despachos judiciales de todo el país en la implementación de la reforma. Ellos externaron su compromiso por darle efectividad a las nuevas normas procesales laborales.
José Antonio Madrigal Soto
Juez de Seguridad Social
“La introducción de la oralidad en toda la jurisdicción va a implicar una disminución de audiencias y la posibilidad de que los procesos se tramiten en forma más rápida. Este tipo de competencias que contiene por ejemplo el derecho laboral, requieren evidentemente, procesos más ágiles, por la población a la que van dirigida; personas en un Estado de acceso a la justicia limitado o en condiciones de vulnerabilidad.
Lo que queda es hacer una buena campaña de sensibilización y capacitación entre los jueces y juezas y esperamos un acompañamiento del Colegio de Abogados y Abogadas, para que las y los litigantes tengan también esa preparación y así los procesos realmente cumplan con el cometido de lograr una justicia laboral más cercana, democrática y ágil”.
Marniee Guerrero Lobato
Jueza laboral
“Los procedimientos nuevos que introduce la Reforma Procesal Laboral, contemplan plazos más cortos para la tramitación de las demandas laborales e incluye una sanción disciplinaria cuando los plazos de dictado sentencia no se cumplen.
Se concreta el principio de inmediatez del juez que recibe la demanda y el que dicta la sentencia. Cambios importantes en cuanto al derecho colectivo, como en el caso de la huelga, que cuenta ya con un procedimiento específico que en la actualidad no existe y consideramos que con ello, se van a hacer más palpables los derechos en esta materia.
También se tiene el patrocinio letrado en algunos fueros de protección, en el tanto que las personas así lo requieran y este apoyo técnico estará a cargo del Poder Judicial”.
Esta es una reproducción de la noticia publicada en el Observatorio Judicial - Actualidad Judicial, el 1° de julio de 2016, por la Sección de Prensa, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.
Comisión legislativa analizará proyecto de reforma al Avance en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial
Rosibel Alvarez
Comunicado de Prensa
El plenario legislativo acordó ayer jueves 30 de junio, integrar una comisión que dictaminará el proyecto de ley número 19992 que reformaría el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, pero el contenido es el proyecto presentado por gremios judiciales.
Es decir, el proyecto 19651 sustituye al texto del proyecto número 19922.
Al proyecto se le eliminaron los artículos 235 bis y ter que imponía una contribución solidaria que significaba un gravamen en el aporte de las personas servidoras judiciales al fondo, tanto las activas como quienes gozan ya de su derecho jubilatorio.
Esta decisión del plenario también permite que la reforma definitiva se concrete cuando se cuente con el peritaje actuarial que elabora la Universidad de Costa Rica. Se tiene previsto que esto ocurra en setiembre próximo.
La comisión especial que analizará el proyecto se integrará luego del receso legislativo de medio año. La Asamblea Legislativa reiniciará funciones a partir del 18 de julio 2016.
La Presidencia de la Corte, Dirección Ejecutiva y los gremios judiciales han articulado esfuerzos en la defensa del fondo, por ello fue posible esta decisión legislativa.
Es a lo interno de la institución que se han promovido las reformas y acciones necesarias para la sostenibilidad del Fondo a largo plazo.
Esta es una reproducción de la noticia publicada en el Observatorio Judicial - Actualidad Judicial, el 1° de julio de 2016, por la Sección de Prensa, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.
Comunicado de Prensa
- Ante solicitud de Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
La creación de una jurisdicción especial de empleo público, la necesidad de que la reforma establezca recursos para su implementación, así como un posible conflicto con la independencia del Poder Judicial en su administración, fueron temas que Corte Plena expuso en el criterio que emitió sobre el proyecto de ley denominado “Ley de Empleo Público”, expediente Nº 19.431.
El estudio estuvo a cargo de la magistrada instructora, Julia Varela Araya, el cual se elaboró en atención a la solicitud enviada por la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
Uno de los temas que se señalaron fue la propuesta de crear una jurisdicción especial de empleó público. “…si bien es potestativo del Poder Legislativo la emisión de leyes (artículo121 inciso 20, en relación con el 152 y 153 de la Constitución Política), aunque resulta necesaria por el alto volumen de asuntos que la misma genera (antes atendida en la jurisdicción laboral y ahora en la contencioso-administrativa), es lo cierto que su puesta en ejecución exige un adecuado estudio y planeación, así como de recursos materiales y humanos”, especificó el informe judicial.
Se consideró que el tiempo de seis meses para que el Poder Judicial ejecute dicha disposición legal, de convertirse en Ley de la República, es reducido frente a los estudios que requeriría su aplicación, así como la coordinación con los órganos judiciales respectivos y la importancia que la Ley asigne nuevos recursos, por lo que se sugirió que el tiempo para la puesta en marcha de una nueva jurisdicción no podría ser menor a 18 meses.
También se hizo énfasis en la consideración del Poder Judicial como “patrono público” y las implicaciones de una eventual Ley, frente a la independencia constitucional de la institución, al pretenderse regular aspectos referentes al empleo y los salarios de las y los funcionarios que prestan sus servicios. Criterio que fue compartido por la Dirección Jurídica.
“En estas materias el Poder Judicial, en uso de sus potestades legales e independencia constitucional, se ha dado su propio Manual Descriptivo de Puestos y una escala salarial distinta a la regulada por la Dirección General de Servicio Civil. La política salarial es fijada por la Corte Plena, previo estudio e informe de la Dirección de Gestión Humana (artículo 62 del Estatuto de Servicio Judicial)”, destacó el criterio aprobado por mayoría en Corte Plena.
Además, señalaron que aún cuando la iniciativa de ley determina que su aplicación se haría de manera supletoria a las administraciones públicas regidas por estatutos legales especiales institucionales o profesionales, “…lo cierto es que el objeto expreso de la Ley es cubrir el empleo público en todo el sector público (artículo 1 en relación con el tercero del proyecto); de manera que por este medio, se podría generar problemas en la aplicación y lesionan la independencia y autonomía de este Poder”.
Por tales razones se recomendó en el informe hacer la observación a la Asamblea Legislativa sobre una eventual inconstitucionalidad del proyecto, ante la posible infracción a la independencia del Poder Judicial que establece el artículo 9 de la Constitución Política. Y se reiteró la importancia de que se otorgue más tiempo para la puesta en práctica de la jurisdicción de empleo público y que el proyecto contemple la asignación presupuestaria requerida.
Esta es una reproducción de la noticia publicada en el Observatorio Judicial - Actualidad Judicial, el 30 de junio de 2016, por la Sección de Prensa, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.
Poder Judicial inicia preparación académica en Reforma Procesal Laboral
Rosibel Alvarez
Comunicado de Prensa
Juezas, jueces y coordinadores judiciales de diversas zonas del país recibieron la primera capacitación, sobre los alcances de la Reforma Procesal Laboral que entraría en vigencia en julio del 2017.
Este es el primer grupo de tres talleres que se organizaron para el conocimiento de las nuevas herramientas que se aplicarán en los procesos laborales con la normativa.
“El Nuevo Código Procesal Laboral implica cambios en la organización de la jurisdicción laboral de todo el país y esto amerita que estemos preparados para ese cambio, sin mayores implicaciones a lo interno de la institución y a las personas usuarias”, destacó la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge.
La máxima jerarca judicial señaló que la reforma tiene un gran significado institucional, pues el Poder Judicial es el instrumento para hacer efectivo los derechos laborales y de ahí la clara visión de las autoridades judiciales, de impulsar la especialización de la materia y de extenderla a todo el país y con ello mejorar el acceso a la justicia.
Un equipo integrado por ocho jueces, juezas, letrados y letradas especialistas en la materia laboral estarán a cargo del proceso de acompañamiento técnico a todos los despachos que atenderán la materia laboral, con la implementación de la nueva reforma procesal.
Según explicó el Presidente de la Sala de Casación Laboral, Orlando Aguirre Gómez, lo que se busca es facilitar el acceso a la justicia y de que las y los trabajadores cuenten con mejores herramientas para reivindicar sus derechos.
“El nuevo procedimiento permitirá la aplicación efectiva de principios procesalesfundamentales como la celeridad, la concentración y la mediación; así como la creación de otros procesos que vienen a hacer más efectivo el acceso a la justicia, fortaleciendo con ello la designación de jueces y juezas adecuadas, la capacitación del personal judicial, el uso de las tecnologías y la gestión de los despachos”, manifestó Aguirre Gómez.
La actividad se realizó en el Auditorio “Miguel Blanco Quirós”, en el edificio de la Plaza de la Justicia y se trasmitió vía streaming, por parte del Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional.
La magistrada y coordinadora de la Comisión de la Jurisdicción Laboral, Julia Varela Araya, aseguró que el proceso que inicia hoy, de preparación para la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Laboral, contará con un amplio apoyo logístico hacia los despachos laborales de todo el país.
“El abordaje de la reforma procesal demanda un gran esfuerzo por adaptarnos a los nuevos cambios en materia tecnológica y de gestión, frente a una conciencia del país, que demanda una mejora en el servicio de justicia que brinda en esta materia.
Esta es una reproducción de la noticia publicada en el Observatorio Judicial - Actualidad Judicial, el 24 de junio de 2016, por la Sección de Prensa, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.
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Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Procede pago de incapacidades por caso de “enfermedad accidente”
Rosibel Alvarez
Comunicado de Prensa
- Plazo de prescripción corre a partir de que el trabajador tenga conocimiento de la enfermedad que padecía.
Determinar que sí procedía el pago de la incapacidad temporal y permanente a favor de un trabajador de una empacadora bananera, ante la pérdida de la vista, en lo que se consideró una “enfermedad accidente”, fue lo que estableció la Sala Segunda en la sentencia 2016-161.
En el estudio del caso en particular, los magistrados y magistradas señalaron que el plazo de prescripción de la demanda por riesgo de trabajo, debía correr a partir del momento en que la persona trabajadora tuvo conocimiento de la enfermedad.
“La naturaleza del riesgo modifica el momento en que inicia el cómputo del plazo fatal de la prescripción, por cuanto esta solo puede correr en el instante en que el trabajador esté en capacidad de gestionar su reconocimiento y en este asunto, según el ordinal 304 párrafo 1° del Código de Trabajo, el accionante tuvo esa posibilidad hasta el 8 de mayo de 2009, cuando se impuso del conocimiento de que padecía de “uveítis total” según el diagnóstico de la facultativa de la Caja Costarricense de Seguro Social, …, por lo cual, es a partir de esa data que comenzó a correr el plazo de prescripción de tres años para demandar la indemnización por el riesgo, señalado en el artículo 304 del Código de Trabajo (plazo que concluía el 8 de mayo de 2012)”, destacó la resolución de casación laboral.
El Alto Tribunal de Casación Laboral profundizó en el concepto de la “enfermedad accidente”, cuya doctrina señala que cuando existen elementos exteriores que contribuyen a producir o agravar una enfermedad que no es profesional y esos elementos se relacionan con el trabajo, dicho padecimiento puede equipararse a accidente, igualmente llamado”.
“Así las cosas, si la sustancia que le cayó al actor en el ojo cuando prestaba sus servicios en la planta de empaque de banano de su empleadora, le causó una lesión que evolucionó en una uveítis causante de las incapacidades temporal y permanente por ceguera del ojo derecho, el accidente se puede calificar como una “enfermedad accidente” (no como un accidente de trabajo o una enfermedad profesional) y ese infortunio sufrido como un riesgo de trabajo”, puntualizó la Sala Segunda.
La demanda por riesgo de trabajo la presentó un trabajador de una empacadora bananera, ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, sede Pococí.
El actor solicitó la cancelación las incapacidades temporal y total permanente, al señalar que en el 2009 mientras laboraba en la planta empacadora de banano, sufrió un “accidente enfermedad”, al sentir que le cayó algo en su ojo derecho, que terminó en una inflamación ocular, que le generó una incapacidad temporal y finalmente una incapacidad permanente por ceguera en el ojo derecho.
El Juzgado de Trabajo declaró sin lugar la demanda, sin embargo el caso se elevó al Tribunal de Trabajo que revocó parcialmente la sentencia recurrida y ordenó el pago de una incapacidad temporal, desde la fecha del accidente y una renta anual pagadera en mensualidades, por cinco años. En total la indemnización otorgada equivalió a poco más de ¢4 millones.
La empresa elevó el caso a la Sala Segunda, por considerar que el tiempo para presentar la demanda había prescrito, pues desde febrero del 2009 el trabajador tuvo conocimiento de sus padecimientos y la demanda la presentó en el mes de marzo del 2012.
Sin embargo, la Sala Segunda consideró que en los casos por “enfermedad accidente”, hasta que el trabajador tenga la capacidad de gestionar el reconocimiento de la enfermedad, inicia a correr el período de prescripción, para hacer el reclamo indemnizatorio. Por ello, confirmó el fallo recurrido y el pago de las incapacidades solicitadas.
Esta es una reproducción de la noticia publicada en el Observatorio Judicial - Actualidad Judicial, el 14 de junio de 2016, por la Sección de Prensa, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.
Poder Judicial expone sobre impacto de reforma procesal laboral
Rosibel Alvarez
Comunicado de Prensa
- En el marco de la adhesión de Costa Rica a la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico (OCDE).
Las autoridades del Poder Judicial participaron esta mañana en las reuniones de preparación para la adhesión de Costa Rica en la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico, con el fin de dar a conocer los alcances de la Reforma Procesal Laboral, aprobada en diciembre de 2015.
La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge y el magistrado de la Sala de Casación Laboral, Jorge Olazo Álvarez, tuvieron una activa participación en la presentación del impacto que tendrá la reforma procesal laboral en el país.
Dicha participación representa una coadyuvancia con el Poder Ejecutivo y en atención a la invitación que se realizó a las sesiones de trabajo de la Misión OCDE y el Ministerio de Trabajo.
De parte del Poder Judicial se contó con la colaboración técnica del personal asesor de la Presidencia de la Corte, la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI) y la Dirección de Planificación.
La actividad tuvo lugar en el Salón de Sesiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Esta es una reproducción de la noticia publicada en el Observatorio Judicial - Actualidad Judicial, el 13 de junio de 2016, por la Sección de Prensa, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.
Analizan nuevos lineamientos y estrategias para darle mayor impulso al Teletrabajo en el Poder Judicial
Rosibel Alvarez
Comunicado de Prensa
Discutir y revisar la aplicación actual del Teletrabajo en el Poder Judicial, así como definir nuevos lineamientos y políticas prácticas para la incorporación de más personal judicial en esta modalidad, fue el principal objetivo del taller realizado este viernes por parte de la Comisión de Teletrabajo.
“Hemos venido trabajando en el tema y hemos visto un lento avance de esta modalidad de trabajo en la institución. Se han encontrado algunas limitaciones en el reglamento y en los requerimientos de tecnología; por ello decidimos realizar un taller de trabajo, con el fin de revisar el marco jurídico y técnico de este programa, y concretar una serie de mejoras y sugerencias para su valoración, para darle un nuevo impulso y hacerlo más viable y práctico”; comentó Carlos Montero Zúñiga, Coordinador de la Comisión de Teletrabajo e integrante del Consejo Superior.
Parte del trabajo de la mañana, consistió en la discusión del Reglamento y los diferentes tópicos y realidades en la institución. Gabriela Mora Zamora, de la Sección de Análisis de Puestos de la Dirección de Gestión Humana, abordó sobre los antecedentes del Teletrabajo en el Poder Judicial, acuerdos adoptados por Corte Plena y Consejo Superior, conformación de la Comisión. Asimismo, presentó algunos datos desde el punto de vista teórica de las ventajas de desventajas para la organización de la implementación de dicho programa.
Damaris Vargas Vásquez, Directora del Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Funcional Jurisdiccional, brindó su punto de vista de la práctica de esta modalidad desde el Centro de Apoyo, donde reconoció los rendimientos y buena producción de la implementación del Teletrabajo en la judicatura.
“Hay cuotas de rendimientos para ciertas materias, todo esto se establece con un plan de trabajo, no podemos frenarnos, si el Teletrabajo genera una buena producción”; resaltó Vargas Vásquez.
Durante la tarde la sesión de trabajo se basó en la construcción de una propuesta dirigida a las Buenas Prácticas y la discusión del desarrollo de una estrategia de comunicación, con el fin de dar a la conocer las bondades en la aplicación del Teletrabajo. “El teletrabajo es una modalidad nueva de trabajo que bajo ciertos parámetros y controles efectivos, puede ser una herramienta muy exitosa para la institución”, indicó Carlos Montero Zuñiga.
La actividad contó con la participación de los y las integrantes de la Comisión de Teletrabajo: Carlos Montero Zuñiga, Hugo Hernández Alfaro y Carlos Mora Rodríguez del Consejo Superior, María de los Angeles Gamboa Conejo, de la Dirección Ejecutiva, Elías Muñoz Jiménez y Jeremy Eduarte Alemán de la Dirección de Planificación, Michael Jiménez Ureña de la Dirección de Tecnología de la Información, Gabriela Mora Zamora, Silvia Cascante Rueda y Victor Gutiérrez Montero de la Sección de Análisis de Puestos de Gestión Humana. Además contó con asistencia de Juan Carlos Sebiani de la Secretaría Técnica de Valores, Damaris Vargas Vásquez, Directora del Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional y Marcela Castro Cordero, de la Sección de Comunicación Organizacional del Departamento de Prensa y Comunicación.
Esta es una reproducción de la noticia publicada en el Observatorio Judicial - Actualidad Judicial, el 27 de mayo de 2016, por la Sección de Prensa, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.
Sala Segunda. Procede pago de salarios caídos ante despido discriminatorio por salud
Rosibel Alvarez
Comunicado de prensa
- Fallo de casación laboral determinó que el caso de este trabajador agrícola denotó “…una grave infracción al principio de buena fe y al respeto del derecho fundamental del trabajador a la salud.
Determinar que el despido de un trabajador agrícola fue discriminatorio por su situación de salud fue lo que resolvió la Sala Segunda en el voto 2015-000631.
Para la Sala Segunda, en este caso, no solo se despidió al trabajador, “…sino que en la situación acongojante y de sufrimiento que vivía por su estado, se actuó contra su dignidad, agregando elementos perturbadores, al quitársele, sin sustento alguno, los ingresos de que dependía (salarios o subsidios) y la seguridad de la atención médica, sin límite de tiempo, que tenía como asegurado en la seguridad social. Precisamente, es a partir de este análisis, que esta Sala comparte con el Ad quem, que debe calificarse el despido como discriminatorio; sin que pueda considerarse que el Tribunal no analizó la causa de despido”.
En el estudio particular del caso, los magistrados y magistradas del Alto Tribunal de Casación Laboral determinaron que se dio una grave infracción al principio de buena fe y al respeto del derecho fundamental del trabajador a la salud.
Sobre la empresa demanda señaló que “…ni cuando fue debidamente enterada, en la conciliación administrativa, de las circunstancias que rodeaban el caso, ofreció una solución adecuada al trabajador. Todo lo anterior denota la existencia por parte de la empleadora del deseo de deshacerse de un servidor que, por razones de salud, ya no le era útil en la empresa”, puntualizó la sentencia de casación laboral.
La resolución recalcó el tema del derecho a la salud, como un derecho fundamental “…debe serle respetado al trabajador y, su atención, como está demostrado en el expediente, no puede generar una actuación discriminatoria y contraria a la dignidad de la persona humana, como la que se evidencia de las circunstancias que rodean el caso”.
El proceso laboral lo presentó ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, sede Pococí, un trabajador agrícola contra la empresa para la cual laboraba.
El actor solicitó su reinstalación, el pago de los días dejados de laborar por el despido, daños y perjuicios y otros extremos laborales.
Explicó que tuvo una recaída en su salud que lo obligó a incapacitarse de manera continua y que en una de las citas médicas debió internarse de emergencia por varios días, que incluyó una intervención médica de urgencia. Cuando se incorporó a sus labores, su patrono le comunicó el despido, al parecer por no presentar en el tiempo legal la incapacidad.
El Juzgado de Trabajo declaró parcialmente con lugar la demanda y ordenó el pago de los extremos laborales de vacaciones y daños y perjuicios.
Las partes apelaron la sentencia y el Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, sede Pococí, revocó parcialmente el fallo en cuanto al pago de los daños y perjuicios y en su lugar ordenó la cancelación de los salarios caídos que le hubieran correspondido al trabajador, desde el momento del despido discriminatorio y hasta el momento en que se le otorgó la pensión por invalidez.
El caso finalmente fue elevado ante la Sala Segunda. La empresa demandada argumentó que el trabajador faltó a su obligación de avisar de su incapacidad dentro de los dos días siguientes según lo indica el Código de Trabajo y recalcó que no fue por su enfermedad.
Para la Sala Segunda, las pruebas aportadas evidenciaron que el trabajador estuvo imposibilitado a dar aviso a la empleadora de la causa que le impedía asistir al trabajo y no contaba con ningún familiar u otra persona que lo acompañara en tan difícil situación, máxime que quedó en evidencia una situación de soledad, por tanto en este caso no se podía exigir que se diera aviso por sí o por terceros, en los dos días siguientes a su internamiento.
Y por este caso, el fallo de casación laboral confirmó lo resuelto por el Tribunal de Trabajo.
Esta es una reproducción de la noticia publicada en el Observatorio Judicial - Actualidad Judicial, el 20 de abril de 2016, por la Sección de Prensa, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.