Comunicado de Prensa

• Confirman cese de educadora al no estar calificada para ocupar el puesto.

La sentencia 291-2018 dictada por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia resguardó el derecho de las comunidades indígenas a contar con profesionales en educación, que provengan de su misma etnia y preferiblemente nativos de la Reserva Indígena.

En el análisis particular del caso las y los magistrados laboralistas, señalaron que fue procedente el cese de una educadora, titulada en Cabécar, por no cumplir los requisitos del Convenio 169 de la OIT ni el Decreto Ejecutivo N° 22072-MEP y en este caso lo correcto fue el nombramiento de una persona recomendada por los representantes de la comunidad, quien es nativa de la zona.

Se concluyó que en el proceso de nombramientos de personal docente en centros educativos ubicados en zonas indígenas, no se puede utilizar los mismos parámetros utilizados para cualquier otro centro educativo del país, pues debe resguardarse la especificidad cultural y donde el principio de idoneidad no puede aplicarse en detrimento de los derechos humanos de las comunidades indígenas.

“Con lo anterior no se busca desconocer la preparación académica para evaluar la idoneidad para un puesto, pero no se puede imponer a dichas comunidades un educador que no cuenta con el visto bueno de sus representantes, cuando estos han invocado como fundamento de su recomendación derechos sustanciales propios de la especificidad cultural, pues hacerlo así constituiría un acto violatorio de sus derechos fundamentales”, señaló la sentencia de casación laboral.

La Sala determinó que la accionante debe considerarse como no calificada para ocupar el puesto, por encima de la persona recomendada por la comunidad indígena, pues la diferencia con respecto a ésta última, es que carece del requisito fundamental, en este caso que es ser nativa de la comunidad.

“Ante dicha circunstancia, el Estatuto de Servicio Civil en su numeral 97 establece la posibilidad de nombrar a aspirantes a pesar de poseer una clasificación diferente y que sus atestados académicos no sean iguales a los de un profesional, razón por la cual no puede considerarse como ilegítima la designación de la aspirante ... No debe perderse de vista que cada comunidad se considera única en cuanto a sus costumbres e identidades, de aquí la razón para dar preferencia a las personas que posean la mayor afinidad cultural y étnica con la respectiva comunidad”, puntualizó el Máximo Tribunal Laboral.

El proceso laboral lo presentó una educadora contra el Estado y la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de China Kichá de Pérez Zeledón y ante el Juzgado de Trabajo del I Circuito Judicial de la Zona Sur, con el fin de que se le reinstalara en el cargo en el que se venía nombrando.

Además solicitó que se declarara en sentencia, que sí cumplía con todos los requisitos para el puesto para el cual la cesaron, así como el pago de varios extremos laborales.

La defensa del Estado estableció que el razonamiento de la actora fue infundado, pues no contaba con la idoneidad cultural étnica que exige la norma, pues aún cuando es indígena Cabécar, no es nativa de la Reserva Indígena China Kichá y al existir otra persona que si cumple con los requisitos étnicos se le revocó el nombramiento. Para ello destacaron el fallo de la Sala Constitucional, sobre este mismo caso, que señaló el deber de resguardar la especificidad cultural y su derecho a participar activamente en la toma de sus decisiones sobre los proyectos educativos que les afecten, por encima del particular de la persona actora.

El Juzgado Laboral declaró sin lugar en todos sus extremos la demanda laboral y la sentencia se apeló ante el Tribunal de Trabajo, el cual declaró parcialmente con lugar la demanda y ordenó la reinstalación de la actora y la cancelación de salarios dejados de percibir y otros extremos laborales.

El caso finalmente se elevó ante la Sala Segunda, que revocó la sentencia recurrida y confirmó la dictada por el Juzgado Laboral, al considerar que “Un fallo en sentido contrario implicaría desconocer tanto las normas nacionales como internacionales, así como un retroceso en los derechos humanos de las comunidades indígenas de nuestro país”.

 Esta es una reproducción de la noticia publicada en el Observatorio Judicial - Actualidad Judicial, el 5 de julio de 2018, por la Sección de Prensa, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial. 

Comunicado de Prensa

• El taller fue organizado por la Sala Segunda en coordinación con el Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional.

A casi un año de la implementación de la Reforma Procesal Laboral, se realizó un taller de actualización en el cual se analizaron los temas de Fueros de Protección, Mejoras Tecnológicas e Indicadores de Gestión.

En la actividad compartieron experiencias los Magistrados y Magistradas de la Sala Segunda junto con jueces y juezas coordinadores, así como personal coordinador judicial de los juzgados laborales especializados.

Orlando Aguirre Gómez, Presidente de la Sala Segunda resaltó la importancia de este intercambio, para conocer las inquietudes que se puedan tener en cuanto a diferentes aspectos, y mejorar día con día. “Esta ley ha tenido como propósito acercar a los usuarios a la administración de la justicia, facilitar el acceso a la justicia, para buscar soluciones más prontas a los conflictos y contribuir de esta manera a la paz social de Costa Rica”.

Según explicó el Magistrado Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, se analizaron diversos votos que dictó esta Sala, con el objetivo de aclarar dudas, especialmente sobre los temas de fueros de protección, ya que fue un tema novedoso que introdujo esta reforma. “Tenemos claro que son fundamentales las capacitaciones y se van a realizar otras, pues entre más conocimientos se aplica mejor la ley”.

“Con la Reforma Procesal Laboral se hizo una mejora al proceso y ha generado una gran cantidad de asuntos nuevos por encima incluso de lo planificado, y son asuntos que se han atendido más rápido”, agregó el Magistrado Sánchez.

La Magistrada Julia Varela Araya señaló que “hemos abordado específicamente el tema de los fueros especiales porque hemos notado que ha habido mucha afluencia de público que utiliza este mecanismo, entonces consideramos importante complementar la capacitación que le hemos dado a la población juzgadora para compartir experiencias y afirmar detalles para definir con precisión la línea jurisprudencial”.

Se contó con tres expositores expertos en la materia, Jorge Olaso Álvarez, Magistrado Suplente; Jorge Mario Soto Álvarez, juez del Tribunal de Apelación Civil de Alajuela y Rafael Ortega Tellería, juez de trabajo de Grecia.

“Hacer una lluvia de ideas y comparación de ideas de una norma que es nueva es interesante porque nos permite ver distintas visiones de cómo se analiza e interpreta la norma” comentó Jorge Olaso.

Mientras que Jorge Mario Soto señaló que “como toda legislación nueva estamos en un proceso de aprendizaje, en un proceso de acoplamiento o ajuste donde surgen diversas interpretaciones este tipo de talleres permiten evacuar dudas”.

Esta es una reproducción de la noticia publicada en el Observatorio Judicial - Actualidad Judicial, el 15 de junio de 2018, por la Sección de Prensa, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial. 

Comunicado de Prensa

• Deudor no puede deshacerse de los fideicomisos de garantía mediante este tipo de convenios, señala fallo de casación en materia concursal.
  

La Sala Segunda, mediante resolución número 2017-002016 determinó que el dueño de un bien sujeto a fideicomiso, otorga al fiduciario la facultad del dominio de transformación, enajenación y el encargo de ejecutar la garantía sobre este bien y por tanto requiere de su autorización para formular iniciativas con los acreedores para salir avante de una crisis económica, es decir se requiere de esta  anuencia.  

En el estudio del caso en particular, los magistrados y magistradas del Tribunal de Casación Concursal, concluyeron que no era procedente aprobar un convenio preventivo, solicitado por el deudor de un fideicomiso, solo por contar con la anuencia de la totalidad de sus acreedores y con la ausencia del aval de la entidad a cargo del fideicomiso de garantía.

“Se concluye que un empresario que haya fideicometido un bien en garantía puede hacer propuestas de convenio, pero en principio, tratándose de bienes sobre los que no posea las facultades de enajenación y transformación, la iniciativa no podría implicar de su parte una enajenación o transformación del bien (como aquí acontece), por cuanto no goza de esa facultad; a no ser que la propuesta esté condicionada a la aceptación del otro propietario que ostenta esos atributos”,  puntualizó la resolución de casación concursal.

Para la Sala Segunda, aceptar lo contrario “…sería entender que el deudor puede deshacerse de los fideicomisos de garantía mediante este tipo de convenios, lo que no es jurídicamente concebible. Así las cosas, la oposición expresada por el Banco Improsa impide aprobar el convenio, tal como lo resolvieron los jueces que precedieron en el conocimiento del asunto, quienes no incurrieron en las violaciones acusadas”.

La sentencia de casación concursal destacó que en los proceso

s concursales precautelares, el deudor puede formular iniciativas a los acreedores para salir avante de una crisis económica o financiera por la que esté pasando, las cuales pueden consistir en perdones de deudas, ponerlas en espera o plantear la restructuración de una empresa y hasta el abandono del patrimonio para que sea asumido por los acreedores, como ha señalado en ocasiones la jurisprudencia.

Sin embargo, en los casos donde existe un supuesto de acreedores con un fideicomiso de garantía, desde el punto de vista del derecho de propiedad, el empresario dueño del bien dado en fideicomiso lo que mantiene es una propiedad imperfecta que implica facultades de posesión, de usufructo, de defensa, restitución e indemnización, pero la facultad principal del dominio, de trasformación y enajenación la transfirió al fiduciario.

El proceso convenio preventivo, lo inició un empresario de Cartago ante el Juzgado Civil de Cartago y seguido luego en el Juzgado Concursal del Primer Circuito Judicial de San José.

El actor solicitó que se decretara dicho convenio, con la anuencia de la totalidad de los acreedores, con el fin de continuar con las obras de construcción sobre el terreno dado en garantía fiduciaria.  Sin embargo la entidad que ostentaba la propiedad fiduciaria de los bienes que son objeto de la propuesta expuso su negativa a avalar el convenio votado.

Frente a estos hechos, el Juzgado Concursal rechazó el convenio y declaró la quiebra de la empresa. El Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda, del Primer Circuito Judicial de San José confirmó la sentencia recurrida.

El caso finalmente se elevó ante la Sala Segunda, que rechazó el recurso por las razones antes expuestas.

Esta es una reproducción de la noticia publicada en el Observatorio Judicial - Actualidad Judicial, el 11 de junio de 2018, por la Sección de Prensa, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial. 

Comunicado de Prensa

• Ante consulta enviada por la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.                                       

 Considerar que el proyecto de ley que procura aspectos sobre el pago de remuneraciones en el sector público incide directamente en la organización y funcionamiento del Poder Judicial, es lo que concluye el criterio judicial aprobado por Corte Plena.

 El estudio estuvo a cargo de la magistrada instructora, Julia Varela Araya y se emitió ante la solicitud enviada por la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, que tiene a cargo la tramitación del expediente.

 El informe judicial establece que “…el proyecto de ley consultado incide en la organización y funcionamiento de la gestión del recurso humano, lo que incidirá en la captación de personal especializado para la Administración de Justicia”.

 La iniciativa denominada “Ley de Ordenamiento del Sistema Remunerativo y del Auxilio de Cesantía para el Sector Público Costarricense”, expediente Nº 20.492, procura reformas para unificar criterios en temas puntuales como la dedicación exclusiva, la prohibición, la carrera profesional, la disponibilidad, anualidades y antigüedad, zonaje regionalización y desarraigo, auxilio de cesantía, evaluación del desempeño.

 En el caso del Poder Judicial, en el análisis se indica que el texto legislativo contiene algunas derogaciones a la Ley Orgánica y normas transitorias.

 A criterio de la Corte, se está ante una modificación sobre el método para conceder pluses salariales en el sector público, cuyas competencias se trasladan a órganos dependientes del Poder Ejecutivo.

 Además, el criterio judicial considera que en la estructura administrativa judicial, el pretender darle un trato igual a todos los funcionarios, sería ignorar la naturaleza de las funciones que se desempeñan en los diversos ámbitos.

 Las magistradas Rocío Rojas Morales y Carmenmaría Escoto Fernández incluyeron una nota al informe, en la que consideran entre otros aspectos que “…en nuestro criterio, debe tenerse en cuenta que una regulación general del salario en el sector público no puede incluir funciones que tienen tareas específicas dentro de un determinado Poder. Ello ocurre, por ejemplo, con la administración de Justicia. No debe olvidarse que a nivel constitucional se ha dispuesto una protección presupuestaria para la administración de justicia que involucra, la función de juzgar y ejecutar lo juzgado. La independencia y la calidad jurídica de los jueces está a buen recaudo si se les ofrecen adecuados y competitivos salarios. En fijación salarial de los jueces no aplica la máxima constitucional citada, ya que no es posible establecer un comparable con ningún otro Poder de la República.”

Esta es una reproducción de la noticia publicada en el Observatorio Judicial - Actualidad Judicial, el 29 de mayo de 2018, por la Sección de Prensa, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.