Eric Briones Briones (*)

Preludio.

Es muy común que se conceptúen indistintamente y asimilándolos o confundiéndolos los términos Jubilación y Pensión. Sin embargo, en strictu sensu y para efectos jurídicos, es necesario discernir entre ambos. Cuenta el profesor Guillermo Cabanellas que la voz jubilación procede del latín “inbilatio”, originada a su vez en inbilare (dar gritos de alegría) y emparentada con el hebreo “iobel”, aunque la etimología pueda resultar sarcástica allí donde los haberes del jubilado lo condenan a la estrechez económica de los últimos años de la vida. De la liberación de los esclavos, del retorno de las propiedades vendidas a los antiguos dueños, cada 50 años entre los antiguos israelitas, el vocablo pasó a la liberación del trabajo tras una larga vida dedicada a la vida laboral1.

Así tenemos que el término Jubilación es el efecto de cesar definitivamente de su trabajo por razón de la edad o de una imposibilidad física, pasando a formar parte de la clase pasiva, a cambio de una pensión o renta para su manutención. Entre los católicos significa el gozo, reposo y alegría viva.
En cambio la pensión viene a significar el goce de una renta mensual o anual asignada por concepto de jubilación. Entonces el primer concepto es el efecto de retirarse de la vida laboralmente activa por motivo de una circunstancia enmarcada dentro de la legislación y como contraprestación, la remuneración que recibe se conoce como pensión, sea la suma económica que percibe para su subsistencia2.

Dentro de la legislación costarricense el trabajador, tiene el derecho a la jubilación y a recibir por ende de una pensión, sin embargo, ha existido legislación que ha coartado dicho derecho, bajo ciertos presupuestos en la vida del trabajador.

De allí que se considere la necesidad de hacer un recorrido sobre el tema para lo cual se analizará la sentencia n. 1147-90 emitida por la Sala Constitucional y los votos que se han emitido en igual sentido por la Sala Segunda3 en resguardo de este derecho fundamental, para todo trabajador que ha servido en el desarrollo social y económico del país, desde el puesto que le ha tocado desempeñar históricamente.

2- Cuestión Previa.

Ante la pregunta qué es el trabajo, el mismo se podría definir como la actividad humana realizada para la producción y comercialización ya sea de bienes y/o servicios, con un fin económico, lo que origina un pago en dinero o bien cualquier otra forma de retribución para la manutención tanto propia como de la familia. En los inicios de los tiempos no se tenía esta concepción de trabajo, no se consideraba al trabajo como tal, y por lo tanto no existía una legislación que lo regulara. El trabajo lo realizaban los esclavos y a cambio de este trabajo no recibían remuneración alguna, más que su alimento, en algunas ocasiones un techo, o simplemente el derecho a mantenerse con vida4. Como es de imaginarse no contaban con ninguna garantía, ni con los derechos que se tienen hoy en día. Con el pasar del tiempo se empieza a tomar conciencia sobre el trabajo y la necesidad de crear una legislación que regule las relaciones laborales. Más adelante en la historia ocurren acontecimientos como la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, el desenlace de la Gran Guerra Mundial con la firma del Tratado de Versalles (creación en el Capítulo X111. O.I.T) y la Segunda Guerra Mundial, que cambiarían para siempre la visión que se había tenido del trabajo, y que sentarían las bases para la creación del Derecho Laboral. A nivel internacional se vienen a establecer tratados que protegen los derechos de los trabajadores como lo son la jornada laboral máxima (Convenio n.1, 30,31, 46,47), el derecho a vacaciones pagadas (Convenio 54, 91, recomendación 47), protecciones salariales (Convenios 26,95,109,) el derecho a contar con seguros de vejez y otros (Convenios 24,25,35-40,48,102) y sobre todo lo más importante el derecho a negociación colectiva ( 87,98, 135, 154). Nuestro país no fue la excepción y específicamente con la entrada en vigencia el 15 de septiembre de 1943 del Código de Trabajo, se vino a regular las relaciones laborales entre patronos y trabajadores, enmarcada dentro de principios generales básicos como: el de la protección, la norma más favorable, oficiosidad, gratuidad, condición más beneficiosa, continuidad laboral, buena fe, irrenunciabilidad, primacía de la realidad, entre otros. Aunado a ese cambio de concepción que para dicha época fue un paso relevante - por cuanto se derogaban los artículos 1169 a 1174 del código civil, que hasta ese entonces habían regido la vida contractual bajo una percepción civilista, basada en la teoría francesa de la igualdad de las partes y la autonomía de la voluntad; lo que equivalía, en la práctica, al predominio de la ley de la oferta y la demanda, provocando situaciones injustas que siempre le daban al patrono una situación definitiva de privilegio – se había concebido la secretaría de trabajo en el año de 1928 cuya finalidad era lo referente a vigilancia, desarrollo, mejoramiento y aplicación de las leyes, decretos y acuerdos en materia laboral y es en el año de 1955, que se promulga la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo de Seguridad Social (Ley No. 1869) siendo reglamentada por Decreto Ejecutivo No.1508-TBS de 16 de febrero de 1971, llamado Reglamento de Reorganización y Racionalización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Sin obviar el hecho de que dicha normativa se estatuye dentro del Título V de Derechos y Garantías Sociales de la Constitución Política, promulgada en el año 19495.

3- Normativa Nacional
e Internacional.

En materia de jubilación se encuentran regulaciones varias atinentes a dicho concepto, elevándolo a nivel internacional como un derecho fundamental en la vida de todo trabajador, al cual se le confiere el mismo después de un servicio a su patria, dentro de la concepción del trabajo como un derecho y una obligación, en donde todo Estado –independiente del sistema político que adopte- está en la obligación de proveerlo de una manera de libre elección y sin menoscabo de su dignidad.

Así a nivel nacional se le tiene como un derecho –pues- constitucional y fundamental en general; derecho que, como tal, pertenece y debe ser reconocido a todo ser humano, en condiciones de igualdad; sin discriminación alguna. El artículo 33 de la Constitución Política, reza: “Todo hombre es igual ante la ley y no podrá hacerse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”.

En su titulo V de Derechos y Garantías Sociales en el artículo 73 dice: “Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a éstos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la ley determine. La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social. No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales. Los seguros contra riesgos profesionales serán de exclusiva cuenta de los patronos y se regirán por
disposiciones especiales.”

Con base y en amparo de lo dispuesto por el artículo 7 de dicha Constitución, se vienen a entrelazar prácticamente la normativa internacional, la cual sobre la temática tenemos:

A-) Convenio Internacional de la OIT sobre la Seguridad Social (norma mínima), n. 102.

“Artículo 25. Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio deberá garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones de vejez, de conformidad con los artículos siguientes de esta parte. Artículo 28. La prestación consistirá en un pago periódico, calculado en la forma siguiente: a) cuando la protección comprenda a categorías de asalariados o a categorías de la población económicamente activa, de conformidad con las disposiciones del artículo 65 o con las del artículo 66; b) cuando la protección comprenda a todos los residentes cuyos recursos durante la contingencia no excedan de límites prescritos, de conformidad con las disposiciones del artículo 67. Artículo 29. 1. La prestación mencionada en el artículo 28 deberá garantizarse, en la contingencia cubierta, por lo menos: a) a las personas protegidas que hayan cumplido, antes de la contingencia, de conformidad con reglas prescritas, un período de calificación que podrá consistir en treinta años de cotización o de empleo, o en veinte años de residencia; b) cuando en principio estén protegidas todas las personas económicamente activas, a las personas protegidas que hayan cumplido un período de calificación prescrito de cotización y en nombre de las cuales se hayan pagado, durante el período activo de su vida, cotizaciones cuyo promedio anual alcance una cifra prescrita. 2. Cuando la concesión de la prestación mencionada en el párrafo 1 esté condicionada al cumplimiento de un período mínimo de cotización o de empleo, deberá garantizarse una prestación reducida, por lo menos: a) a las personas protegidas que hayan cumplido, antes de la contingencia, de conformidad con reglas prescritas, un período de calificación de quince años de cotización o de empleo; o b) cuando en principio estén protegidas todas las personas económicamente activas, a las personas protegidas que hayan cumplido un período de calificación prescrito de cotización y en nombre de las cuales se haya pagado, durante el período activo de su vida, la mitad del promedio anual de cotizaciones prescrito a que se refiere el apartado b) del párrafo 1 del presente artículo. 3. Las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo se considerarán cumplidas cuando se garantice una prestación calculada de conformidad con la parte XI, pero según un porcentaje inferior en diez unidades al indicado en el cuadro anexo a dicha parte para el beneficiario tipo, por lo menos a las personas que hayan cumplido, de conformidad con reglas prescritas, diez años de cotización o de empleo, o cinco años de residencia. 4. Podrá efectuarse una reducción proporcional del porcentaje indicado en el cuadro anexo a la parte XI cuando el período de calificación correspondiente a la prestación del porcentaje reducido sea superior a diez años de cotización o de empleo, pero inferior a treinta años de cotización o de empleo. Cuando dicho período de calificación sea superior a quince años se concederá una pensión reducida, de conformidad con el párrafo 2 del presente artículo. 5. Cuando la concesión de la prestación mencionada en los párrafos 1, 3 o 4 del presente artículo esté condicionada al cumplimiento de un período mínimo de cotización o de empleo, deberá garantizarse una prestación reducida, en las condiciones prescritas, a las personas protegidas que, por el solo hecho de la edad avanzada a que hubieren llegado cuando las disposiciones que permitan aplicar esta parte del Convenio se hayan puesto en vigor, no hayan podido cumplir las condiciones prescritas de conformidad con el párrafo 2 del presente artículo, a menos que, de conformidad con las disposiciones de los párrafos 1, 3 o 4 de este artículo, se conceda una prestación a tales personas a una edad más elevada que la normal. Artículo 30 Las prestaciones mencionadas en los artículos 28 y 29 deberán concederse durante todo el transcurso de la contingencia”.

B-) Convenio Internacional de la OIT
sobre Igualdad de Trato en Materia
de Seguridad Social, n. 118.

“Artículo 5. 1. Además de lo dispuesto en el artículo 4, todo Estado Miembro que haya aceptado las obligaciones del presente Convenio, en lo que respecte a una o a varias de las ramas de la seguridad social referidas en el presente párrafo, deberá garantizar, a sus propios nacionales y a los nacionales de todo otro Estado Miembro que haya aceptado las obligaciones de dicho Convenio respecto a una rama correspondiente, en caso de residencia en el extranjero, el pago de las prestaciones de invalidez, de las prestaciones de vejez, de las prestaciones de sobrevivencia y de los subsidios de muerte, así como el pago de las pensiones por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, a reserva de las medidas que se adopten a estos efectos en caso necesario de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8. 2. No obstante, en caso de residencia en el extranjero, el pago de las prestaciones de invalidez, de vejez y de sobrevivencia del tipo previsto en el párrafo 6, a), del artículo 2 podrá subordinarse a la participación de los Estados Miembros interesados en el sistema de conservación de derechos previsto en el artículo 7. 3. Las disposiciones del presente artículo no se aplican a las prestaciones concedidas a título de regímenes transitorios”.

C-) Declaración Universal
de los Derechos Humanos:

“Artículo 22 Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Artículo 25 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social”.

D-) Carta Internacional Americana
de Garantías Sociales.

“Artículo 31.- Los trabajadores, inclusive los trabajadores agrícolas, los trabajadores a domicilio, los trabajadores domésticos, los empleados públicos, los aprendices aunque no reciban salario y los trabajadores independientes, cuando su afiliación fuere posible, tienen derecho a un sistema de seguro social obligatorio orientado hacia la realización de los objetivos siguientes:

a) Organizar la prevención de los riesgos cuya realización prive al trabajador de su capacidad de ganancia y de sus medios de subsistencia.

b) Restablecer lo más rápida y completamente posible la capacidad de ganancia perdida o reducida como consecuencia de enfermedad o accidente.

c) Procurar los medios de subsistencia en caso de cesación o interrupción de la actividad profesional como consecuencia de enfermedad o accidente, maternidad, invalidez temporal o permanente, cesantía, vejez o muerte prematura del jefe
de la familia.

El seguro social obligatorio deberá tender a la protec-ción de los miembros de la familia el trabajador y establecer prestaciones adicionales para los asegurados de familia numerosa”.

E-) Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre

“Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los
de la comunidad”.

F-) Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.

“Artículo 9. Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la Seguridad Social, incluso al seguro social”6.

Como es posible observar en las normas mencionadas – tanto a nivel nacional como internacional- se reconoce el derecho fundamental de todo trabajador a su jubilación, y se apunta a la vejez o a una posible discapacidad, como la “contingencia” determinante para el derecho a la prestación; por cuanto los derechos fundamentales son por definición de todo ser humano, por el solo hecho de serlo, debiendo ser reconocidos en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna contraria a la dignidad humana.

4- Trascendencia de las actuaciones privadas en el campo laboral.

Si bien el artículo 28 de nuestra Carta Magna dispone en su párrafo segundo que las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la ley. Dentro de a vida laboral y sobre todo dentro del sector público, muchas de las actuaciones privadas pueden dar al traste con la relación laboral

La misma Sala Constitucional se ha pronunciado analizando esta situación y al respecto a referido:
“El artículo 28 de la Constitución Política establece textualmente, en lo que interesa: “Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley.” Es en virtud del contenido de esta disposición que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado el principio de la libertad, que precisamente rige la conducta de los particulares en un Estado Social y Democrático de Derecho. Así, al tenor de este principio, el particular puede realizar todas aquellas conductas que no sean contrarias a la moral, al orden público y al derecho de terceros, lo que en términos generales implica que para los particulares rige el principio de que pueden hacer lo que no está expresamente prohibido, o lo que es lo mismo, lo no prohibido está autorizado. Es así como la coexistencia de las libertades públicas –que deriva de la convivencia en sociedad­– se constituye en un límite de los derechos fundamentales, por cuanto ello implica la búsqueda de la coexistencia de todos y cada uno de los derechos fundamentales de los demás, precisamente en aras de que todos disfruten en iguales condiciones; junto con los concepto de moral –concebido como el conjunto de principios y creencias fundamentales vigentes en la sociedad, cuya violación ofende gravemente a la generalidad de sus miembros–, y el orden público –constituido por el conjunto de normas y principios fundamentales que se encuentran en la base misma del ordenamiento, de manera que no se circunscriben al carácter político o al moral–. Así, en el ámbito del régimen disciplinario, estos límites tienen perfecta aplicación, por cuanto ésta “[...] ha centrado su interés sancionatorio en el resultado o consecuencias lesivas o dañosas de la conducta del estudiantado. Se trata de sancionar aquellas conductas, que en virtud de sus consecuencias, provoca lesiones o daños en: el normal desarrollo de las actividades de la institución; en el orden público; en la salud; en la moral; en la seguridad; y en la integridad personal. Tales conductas son de fácil determinación, por resultar de constatación objetiva en cuanto a sus resultados lesivos o dañinos, motivo por el cual, no resultan contrarios al principio de tipicidad, como alega el accionante” (sentencia número 5594-94, supra citada). Asimismo, en atención a este principio constitucional, le está vedado a la ley y a cualquier otra normativa, establecer regulaciones que invadan estos limites, o lo que es lo mismo, ninguna disposición normativa puede regular acciones que no sean contrarias a la moral, al orden público y al derecho de terceros; según lo ha considerado con anterioridad este Tribunal Constitucional, “Pero es que el mismo artículo 28, en su párrafo segundo, todavía llega a más: a armonizar aquel principio general de lo llena de contenido, colocando en su base lo que puede llamarse el «sistema de libertad». Según éste, ya el ser humano, no sólo puede hacer todo lo que la ley no le prohíba, sino que tiene también la garantía de que ni siquiera la ley podrá invadir su esfera intangible de libertad y, por ello de armonía e intimidad, fuera de los supuestos previstos taxativamente por la propia Constitución, supuestos excepcionales y, por ende, de interpretación restrictiva, que pueden sumirse en el concepto de «bien común» rectamente entendidos” (sentencia número 3550-92. En igual sentido, entre otras, ver las sentencias número 6506-93, 6982-94 y 0639-98). El contenido del artículo 28 constitucional debe de interpretarse y aplicarse en estrecha relación con el artículo 24, también constitucional; por cuanto al tenor de estas normas se pretende proteger la esfera íntima del particular, entendiendo por tal aquella que no trascienda a terceros –por ser contraria a la moral o al orden público–, y que se manifiesta en aquellas conductas que se residencian en el recinto privado; con lo cual se excluyen aquellas que se residencian en el ámbito de la intimidad familiar y/o social, que es el que se protege en los artículos 24 y 28 de la Constitución Política. Se trata de un fuero de protección a la vida privada de los ciudadanos, a lo que se ha denominado como “la intimidad”, conformada por aquellos fenómenos, comportamientos, datos y situaciones de una persona que están sustraídos al conocimiento de terceros, y cuyo conocimiento por éstos, puede turbarle moralmente por afectar su honor, pudor y recato, a menos que esa persona lo consienta, pero siempre en un ámbito absolutamente cerrado. Así, quedan comprendidos dentro de este ámbito de protección, el entorno familiar de la persona, de manera que cada uno tiene derecho a exigir respeto no sólo por sus actuaciones como ser individual, sino también como integrante de un núcleo familiar, en tanto estos vínculos inciden en la propia esfera de la personalidad de cada uno. En este sentido, se ha manifestado esta Sala, al señalar en sentencia número 4463-96: “Como lo reconoce la doctrina del Derecho Constitucional existe una gran dificultad en clarificar los derechos que integran la vida privada. Ello es así porque puede examinarse desde un punto de vista intimista o, por el contrario, introducir en ella todas las libertades fundamentales, corriéndose, en consecuencia, el riesgo de que este derecho pierda especificidad. El derecho a la intimidad tiene un contenido positivo que se manifiesta de múltiples formas, como por ejemplo: el derecho a la imagen, al domicilio y a la correspondencia. Para la Sala el derecho a la vida privada se puede definir como la esfera en la cual nadie puede inmiscuirse. La libertad de la vida privada es el reconocimiento de una zona de activad que es propia de cada uno y el derecho a la intimidad limita la intervención de otras personas o de los poderes públicos en la vida privada de la persona;” (Voto N. 12.402 de las 15:00 hrs del 03 de noviembre del año 2004).

Ahora bien, en cuanto al régimen de Empleo Público y su potestad disciplinaria, el voto 2995 de las 14:41 hrs del 16 de marzo del año 2005, emitido
por la Sala Constitucional:

“Debe recordarse que el ámbito de aplicación y objetivos del régimen disciplinario es distinto del penal, en tanto su objetivo es asegurar normas de subordinación y el cumplimiento de los deberes de la función de que se trate (sentencia número 5594-94), lo cual se da tanto en el sector público (régimen de empleo público), como en el sector privado, toda vez que en todas las relaciones laborales se da una asignación determinada de funciones al empleado, y se establecen regulaciones en torno a la forma en que deben de cumplirse esos cometidos. Sin embargo, en el ámbito del empleo público existe una diferenciación, en tanto el mismo se sustenta y deriva de las mismas normas y principios constitucionales, propiamente del artículo 192 de la Constitución Política, y que implica una relación de subordinación o sujeción del empleado (o funcionario público) respecto del Estado. Por tal (empleado público) debe entenderse aquella persona que “presta sus servicios a la Administración Pública, como parte de su organización o a nombre y cuenta de ésta, en virtud de un acto válido y eficaz de investidura, con entera independencia del carácter imperativo, repre-sentativo, remunerado, permanente o público de la actividad respectiva” (artículo 11.1 Ley General de la Administración Pública). Nótese que el Estado se vale de sus funcionarios para el cumplimiento de sus fines esenciales, en virtud de lo cual se requiere que su nombramiento se haga con base en su idoneidad comprobada y eficiencia, toda vez que, el cargo se ejerce de manera personalísima. Constituyen deberes esenciales o generales para todos los funcionarios públicos los siguientes: dedicarse al cargo con eficiencia y lealtad, lo cual implica la obligación de asistencia y lealtad con la institución; atender al orden jerárquico, lo cual se traduce en una obligación de obediencia (acatar directrices y órdenes del superior, en los términos del artículo 102 de la Ley General de la Administración Pública); y la dignidad en la conducta, esto es, tanto relativas al respeto del ordenamiento jurídico como de urbanismo y moralidad en su conducta, tanto en la jornada laboral como en su vida privada, en tanto la condición de funcionario reviste una importancia fundamental, toda vez que, como su definición lo indica, actúa en nombre y a cuenta de la Administración, y en consecuencia, se convierte en su imagen. De ahí la importancia de los requisitos de “honorabilidad” y “respetabilidad” que se hace exigida como derivado directo de la norma constitucional –artículo 192–, a todos los funcionarios públicos, en tanto atiende a la exigencia de la “idoneidad comprobada”, al estar llamados a realizar los fines públicos encomendados al Estado. En este sentido se manifestó la Sala en sentencias número 1264-95, y 1265-95, ambos del siete de marzo de 1995: “Los deberes de los funcionarios derivan, como sus derechos, de la ley y de la naturaleza del cargo o función que desempeñan, es decir, tienen carácter objetivo. Los deberes de los funcionarios son de dos clases, los generales, que atañen a todo funcionario por el sólo hecho de serlo, y los especiales, impuestos en relación con la función administrativa específica desempeñada. Así por ejemplo, la obediencia es un deber para todo funcionario público, pero el deber de obediencia de un catedrático no resulta igual del deber de un policía. Algunos deberes generales son: el de obediencia, que consiste en el respeto y obediencia a las autoridades superiores jerárquicas; y la prestación del servicio, que consiste en el deber del funcionario de la realización de las prestaciones propias de su cargo, que viene dado por la naturaleza de la función, para el mejor servicio público, rendimiento o productividad en los servicios, quedando los funcionarios obligados al fiel cumplimiento de la función o cargo, cumpliendo la jornada de trabajo reglamentario, debiendo colaborar lealmente con sus jefes y compañeros de trabajo, para el mejoramiento de los servicios y consecución de los fines de la unidad administrativa en que se halle destinado. La prestación del servicio debe ser personal, en virtud de la presunción oficial en favor de la competencia del funcionario asignado. También constituyen deberes generales el deber de reserva, que estriba en la obligación de proceder con la debida discreción en el desempeño del cargo, guardando el oportuno silencio en los casos en que la índole de la función lo exija -en el sector público el quebrantamiento del secreto puede generar severas sanciones disciplinarias, e inclusive de tipo penal, como es el caso del ámbito disciplinario diplomático y del Poder Judicial, en la revelación de los secretos que afectan la seguridad del Estado, o los intereses de las partes, causando graves daños-; y el deber del decoro exige que el oficio público sea atendido por su titular con el debido respeto y corrección, tanto en lo profesional como en lo social, en razón de la institución que representa. El deber de consagrarse por entero y con todo celo y decoro al cargo asignado, veda al funcionario el ejercicio de otros cargos o funciones, por cuanto imposibilitaría el buen servicio de ambos. En ocasiones la índole del empleo excluye el ejercicio de determinadas profesiones, así el juez no puede desempeñar cargos de dirección o asesoramiento a empresas particulares. El funcionario público no podrá actuar al servicio de terceros en asuntos en que esté interviniendo por razón de su cargo, ni de los que se hallen en tramitación o pendientes de resolución en la oficina en que labore, ni tampoco podrá ser abogado, procurador o perito de tercero en cualquier clase de litigio contra el Estado. El incurrir en alguna de estas incompatibilidades se calificará como falta grave o muy grave, debiéndose además sancionar las faltas o ausencias, retrasos, descuidos, informalidades o negligencias que se originen en el ejercicio de actividades compatibles.”. De tal suerte que, a efecto de garantizar esa debida idoneidad de sus funcionarios, se reconoce y fundamenta la facultad disciplinaria del Estado, con ocasión del incumplimiento o incorrección en el desempeño de las funciones encomendadas y deberes asignados; lo cual ha sido considerado con anterioridad por la Sala (en este sentido, consultar entre otras, las sentencias 1264-95, y 1265-95, ambos del siete de marzo de mil novecientos noventa y cinco, supra citadas), en los siguientes términos: LA FACULTAD DISCIPLINARIA DEL ESTADO. Dentro de las facultades propias del Estado -y de la Administración Pública en general- se encuentra la potestad sancionatoria, la cual puede clasificarse en potestad correctiva y en potestad disciplinaria. La primera tiene por objeto sancionar las infracciones a las órdenes o mandatos de la Administración Pública, es decir, a las acciones u omisiones antijurídicas de los individuos, sean o no agentes públicos, y el contenido de las normas que la regulan constituye el derecho penal administrativo. La segunda tiene como objetivo exclusivo sancionar las violaciones de los agentes públicos a sus deberes jurídicos funcionales, siendo que el contenido de las normas que la regulan constituye el derecho penal disciplinario. Este régimen es una especie de la potestad «sancionadora» del Estado, de la que dimana; potestad que es inherente y propia de la Administración Pública, traduciéndose en la facultad de, por lo menos, un «mínimo» de poder para que ésta aplique sanciones disciplinarias a sus funcionarios o empleados cuando falten a sus deberes. El poder disciplinario es inherente a toda organización pública o privada, es decir, no es exclusiva de la Administración Pública, por ser un poder imprescindible para la gestión ordenada de la responsabilidad pública y privada, pero su fundamento es diverso. Así, el poder disciplinario privado tiene su fundamento en una obligación civil, en virtud de la igualdad jurídica de las partes que informan toda la relación jurídica de derecho privado. Así por ejemplo, se da en la familia, ejerciendo ese poder los padres, no sólo para corrección de los hijos, sino también para la preservación de la unidad moral de la familia, y se reprende no por lo que se ha hecho, sino para que no se vuelva a hacer; en el campo laboral privado -industrial y comercial-, lo ejerce el patrón en defensa de la regularidad de la esfera de trabajo; en los colegios profesionales, etc. En cambio, el poder disciplinario del sector público es creado en virtud de un acto bilateral, pero en su desenvolvimiento, la actividad del funcionario público queda exclusivamente sujeta a la voluntad de la Administración Pública, desde la creación hasta la extinción de la relación, de manera que el servidor se encuentra en un status de especial dependencia con respecto al Estado. El individuo voluntariamente acepta la designación, pero se sitúa en una esfera de sujeción con respecto a la Administración, reglada por el Derecho Objetivo, donde es incuestionable la situación de desigualdad jurídica de las partes en la relación de empleo público; la Administración Pública asume, en consecuencia, una superioridad o preeminencia que se traduce en el poder jerárquico, cuyo correlativo es el poder disciplinario. Este poder, por su propia finalidad se detiene en el círculo de los deberes funcionales del agente, y por lo tanto, las sanciones disciplinarias no pueden, jurídicamente, serle impuestas sino durante la existencia de la relación de empleo, es decir, mientras perdure el status de dependencia. De manera que, el poder disciplinario y sus sanciones están condicionados siempre al ejercicio jurídico del empleo público o de la función, por lo que, sin la existencia del vinculum iuris entre la Administración y el agente, las sanciones disciplinarias son inaplicables. TIPOS DE RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS. La responsabilidad disciplinaria presupone un poder disciplinario de la Adminis-tración. El vinculum iuris que se da entre la Administración Pública y el agente o servidor público implica necesariamente una serie de deberes y derechos, de manera que la transgresión a los primeros determina la responsabilidad del empleado, la cual es regulada o disciplinada distintamente por el derecho según sea la naturaleza jurídica de la responsabilidad. La transgresión a un deber puede ser ocasionada por una acción u omisión, que producen efectos dañosos para la Administración (interna) o para los administrados o terceros extraños a la relación de empleo público (externa), hechos u omisiones que tienen relevancia en cuanto la infracción consiste en el incumplimiento de un deber de la función o del empleo, que en consecuencia causan responsabilidad y su correlativa sanción. La transgresión de un deber no tiene siempre efectos unívocos, ya que puede consistir en la violación de una norma meramente disciplinaria, sin otras consecuencias, o puede configurar un delito (derecho penal), o puede implicar el resarcimiento patrimonial del daño causado. Esta multiplicidad de efectos determina las diferentes clases de responsabilidad del funcionario, la disciplinaria o administrativa, la penal y la civil o patrimonial. Estas responsabilidades no son excluyentes, por lo que un mismo hecho violatorio de un deber jurídico del servidor puede generar los tres tipos de responsabilidad, y por lo tanto, tres tipos diferentes de sanciones. Aquí los principios de “non bis in idem” o “noter in idem” son inaplicables por cuanto se trata de tres géneros distintos de responsabilidad, cada uno con su dominio propio; las tres responsabilidades tienen finalidades específicas e inconfundibles, por lo que el clásico principio sería violado únicamente en el supuesto de tratarse de responsabilidades y sanciones de la misma especie. [...] [En este sentido, consultar las sentencias número 484-94, de las doce horas del ocho de julio de mil novecientos noventa y cuatro]”.Al tenor de lo anterior, la aplicación del régimen disciplinario se limita a las actividades del individuo en su carácter de agente o funcionario público, para compelir y asegurar, preventiva y represivamente, el cumplimiento de los deberes jurídicos del empleo, de la función o del cargo. Así, las faltas generadoras de esta responsabilidad son muchas y variadas, como por ejemplo, la desidia, apatía, descuido, inasistencia, incorrección con superiores, iguales o subordinados y con el público, conducta social irregular, falta de probidad, abandono del cargo, etc., que según su gravedad se clasifican de leves, graves o muy graves”.

Es así como la Sala Constitucional en diversos votos ha estimado la posibilidad de sancionar disciplinariamente conductas que el funcionario realice fuera de la jornada laboral –en los expuestos supra, esto es, de conductas que trasciendan del ámbito de lo estrictamente íntimo, por implicar a terceros, y que sean contrarias a la moral e inclusive, al ordenamiento jurídico, con lo cual se excluyen aquellas que se den en el ámbito de la intimidad familiar y/o social–, resulta no sólo necesario, sino indispensable, en tanto la imagen del funcionario es consustancial con su condición, en tanto actúa a nombre y por cuenta de la Administración, y una actuación indecorosa puede afectar la imagen
de la institución.-

5- Jubilación como
Derecho Fundamental.

Como antecedente teníamos la disposición dentro de la Ley Orgánica del Poder Judicial -promulgada muy anteriormente a la promulgación de las garantías sociales elevadas a rango constitucional a partir del año de 1949- que en lo que interesa estipulaba: Artículo 240: “Aunque las jubilaciones y pensiones tienen carácter de vitalicias, con las excepciones de los artículos 237 y 239, el agraciado pierde su derecho, cuando por sus vicios, faltas de moralidad o responsabilidades penales, calificadas por la Corte, se haga indigno de percibirlas”

Al impugnarse dicha norma –vía acción de inconstitucionalidad- la Sala, optó por reconocer que al respecto se encontraban implicados derechos fundamentales del promovente y que sus circunstancias, conducta o méritos, cualesquiera que ellos fueran, nada tenían que ver para el reconocimiento y garantía de su derecho a la jubilación, pronunciándose de tal suerte, bajo los siguientes argumentos : “ En primer lugar la Sala declara que si existe un derecho constitucional y fundamental a la jubilación, a favor de todo trabajador, derecho que como tal, pertenece y debe ser reconocido a todo ser humano, en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna, de conformidad con los artículos 33 y 73 de la Constitución (…) el derecho a la jubilación, en general o en los regímenes especiales aludidos, no puede ser normalmente condicionado a la conducta de su titular, ya sea ésta anterior o posterior a su consolidación como derecho adquirido. En realidad, no se ignora que el de jubilación, como cualquier otro derecho esta sujeto a condiciones y limitaciones, pero unas y otras solamente en cuanto se encuentren previstas por las normas que las reconocen y garantizan y resulten, además, razonablemente necesarias para el ejercicio del mismo derecho, de acuerdo con su naturaleza y fin (…) Si se tiene entonces a la jubilación como derecho fundamental derivado de la prestación del trabajo, compuesto en importante medida por los aportes realizados por el trabajador, la privación de esta por causas como la conducta impropia del beneficiario, incluso si esa conducta llegare a ser constitutiva de delito, cualquiera que fuere la gravedad o repugnancia de este, resultaría inconstitucional por ser tal privación contraria al concepto de jubilación, esto es, se tiene que la jubilación es un derecho y no una concesión graciosa del Estado o Patrono (…)” (Voto Constitucional N. 1147-90) .

De igual suerte se consideró el derecho general a la seguridad social que tenemos todos los habitantes de Costa Rica, en todas sus manifestaciones fundamentales, entre ellas la jubilación, como derecho universal, igual y exigible, cualesquiera fueran la participación o los méritos legales o morales del beneficiario. En este sentido la Sala consideró imposible que en un Estado de Derecho se pretenda
imponer por la comisión de un delito una pena adicional, manifestando dentro del Voto supracitado:

“nuestro sistema penal ni siquiera contempla la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos como sanción accesoria normal, sino sólo como pena específica para ciertos delitos y, desde luego, para ser impuesta al cabo del respectivo proceso penal. Si a la persona condenada por un delito muy grave, pero que no comporte esa inhabilitación, no podría siquiera impedírsele desempeñar o continuar desempeñando un cargo público- salvo, naturalmente, su imposibilidad material para hacerlo mientras deba descontar una pena privativa de libertad- no encuentra esta Sala ninguna justificación para que, por encima de la condena penal y civil impuesta por los tribunales represivos, se añada al condenado la sanción no prevista de la exclusión del régimen de jubilación, confiscándosele así un patrimonio que, de paso, no sólo es sólo suyo sino también de sus terceros dependientes” (Subrayado es del autor).

El fallo reconoció pues, que el suprimir dicho derecho, además de ser irrazonable, desproporcionado y desvinculado totalmente de la naturaleza y fin de la jubilación, se infringía el principio de irretroactividad, al haber efectos, interpretación o aplicación de una norma que produzca un perjuicio irrazonable a un derecho adquirido. Esto es así, porque desde el momento en que se ingresa al régimen jubilatorio el trabajador queda protegido, no sólo por las reglas y criterios legales y reglamentarios del propio régimen en sí, sino también por las normas y principios constitucionales que consagran su derecho a la jubilación o lo rodean de las especiales garantías de la Ley Fundamental, entre ellos el que prohíbe dar a los primeros efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas (art. 34 Constitución), así como el de los “actos propios”, según el cual las autoridades públicas no pueden ir contra sus propios actos declarativos de derechos, salvo excepciones rigurosamente reguladas; principio este vinculado, a su vez, al propio artículo 34 y al ordinal de la buena fe, que constituye uno de los pilares del Estado democrático de derecho y, por ende, del orden constitucional.

6- A modo de Conclusión.

De lo mencionado es dable pensar que el hombre y la mujer tienen derechos, algunos de éstos declarados como fundamentales e inherentes al ser humano por el simple hecho de serlo, siendo protegidos y garantizados tanto por nuestra Constitución Política como por distintos instrumentos de orden internacional.

Dentro de estos derechos fundamentales del ser humano se hallan las garantías sociales, que pretenden proteger al trabajador, y dentro de estas garantías sociales encontramos a la jubilación, es decir, la jubilación es un derecho fundamental de todo trabajador, y no le puede ser negado. Sin embargo ésta si puede estar sujeta a regulaciones, pero estas regulaciones pueden ser solamente las que imponga el mismo régimen de pensiones al cual se encuentra adherido el trabajador, entre ellas se podrían mencionar la edad y las cuotas que se deben aportar necesariamente al régimen de pensión, como lo dejó entrever el Voto Constitucional 1147 desde el año 1990, al declarar inconstitucional una norma que transgredía todo ese bagaje jurídico de protección, según la cual era posible negar el derecho a la jubilación (aun y cuando este cumpliera con todos los requisitos establecidos por la ley) a un funcionario del Poder Judicial, pero, si cometía algún vicio o falta a la moral o bien por responsabilidades penales calificadas por los Tribunales Nacionales.

Además de estas regulaciones, no existe ningún otro motivo en el cual se pueda fundamentar la negativa para otorgar la jubilación, es decir si el trabajador cumple con todos los requisitos de ley, aunque haya cometido algún acto indigno, ilícito o algún crimen, esto no afecta el derecho a jubilarse, este derecho adquirido se mantiene, y debe ser otorgado al trabajador.

Es importante resaltar que la llamada popularmente, Sala Cuarta - “Acremente censurada por unos, alabada por otros, pero no ignorada (…) ha desarrollado una gestión sumamente activa en la defensa de la supremacía de las normas constitucionales y de la vigencia efectiva de los Derecho Humanos”7- vino a armonizar todo el cúmulo de Derechos Humanos reconocidos internacionalmente, por encima de la legislación nacional, no quedándose atrás la Sala Segunda, en protección de los mismos y al amparo de lo dispuesto por el articulo 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional. Sirva el presente, de cara a la celebración del próximo 75 aniversario de nuestro Código de Trabajo y en donde los derechos no se mendigan, se arrancan.

Notas

(*) Jefe Legal de la Inspección de Trabajo.
1 Consultar, Diccionario de Derecho Laboral, Guillermo Cabanellas, 2001, editorial Heliasta S.R.L.
2 Consultar Diccionario de la Real Academia Española y Diccionario Larousse, Diccionario Enciclopédico, Edición 1998.
3 Ver al efecto Sentencia Constitucional N. 1147-90 de las 16:00 hrs del 21 de septiembre del año 1990. En igual sentido los votos de la Sala Segunda, de las 09:30 hrs del 11 de marzo del año 1992, n. 0287-99 de las 10:40 hrs del 14 de septiembre del año 1999 y 0213-00 de las 10:30 hrs del 14 de febrero del año 2000.
4 Ver en igual sentido trabajo realizado por la estudiante de derecho, Srta. María Isabel Cordero G, en el Curso de Derecho Laboral 1, impartido por el autor en la Universidad Escuela Libre de Derecho.
5 Tomado del artículo: “Un cambio de Concepción de la Inspección de Trabajo”, publicado en opinión, del periódico La Nación, en fecha 15 de abril del año 2008.
6 Instrumentos Internacionales obtenidos en Internet, por medio del buscador Google.
7 Palabras pronunciadas por el Profesor, Lic. Jorge Sáenz Carbonell.

Dr. Wilbert Arroyo Álvarez

“Hay un vínculo entre la legítima y la obligación alimentaria.
Ambas sólo existen a favor de los parientes en línea directa
y, como la legítima, la obligación alimentaria
se relaciona con la noción de deber de familiar..”2

I.- Presentación del tema.

El actual Código Civil de Costa Rica (CC), fue promulgado por ley # XXX del 19 de abril de 18853, y entró a regir a partir de enero de 1888, según ley # 63 del 28 de setiembre
de 1887.

Con él se derogó el Código General, llamado “de Carrillo” (CG), del 30 de junio de 1841. Igualmente el nuevo Código Civil derogó otras legislaciones especiales, en otras la Ley de Sucesiones de 1881.

Hace 119 años se varía el sistema sucesorio que hasta entonces había regido en el Código General, basado en la llamada Legítima, por otro basado en la libertad de testar, por medio de la ley de 18814, que sirvió de transición hacia el nuevo régimen sucesorio del 1886; regulación que por todo lo absoluta que resulta, en cuanto a esa libertad testamen-taria, se pretendió “matizar” con el famoso artículo 595, que será el tema de análisis del presente estudio.

II.- Antecedentes

Histórico-legales:

Como se señaló arriba, el actual C.C. tiene su antecedente inmediato en el Código General de Carrillo de 1841 y con el que se permitió que Costa Rica contara, por vez primera en su historia independiente, con una legislación propia y que abarcaba la materia civil, penal y procesal, organizada y sistematizada en un mismo cuerpo legal.

Antes de esa fecha y en los primeros 20 años de independencia política de España rigieron en el nuevo Estado costarricense la legislación española que se había aplicado durante la colonia, especialmente las Leyes de Toro, Las Siete Partidas del Rey Don Alfonso El Sabio y Leyes de Indias de 16805.

El Código General de18416.

Este Código, en lo que es materia del presente, la civil, y específicamente, el derecho sucesorio, basaba todo este sistema en la legitima, como principio regulador de las situaciones jurídicas que resultaban del acaecimiento de la muerte de una persona.

Según este sistema sucesorio le correspondía las cuatro quintas partes de los bienes del causante a sus descendientes; si sólo tenía ascendientes tocaba a ellos dos tercios del capital. El causante en el primer caso sólo podía disponer de dos tercios del quinto y en el segundo de dos terceras del tercio. La otra parte del tercio, así como el tercio del quinto restante, los debía legar al tesoro de Educación. La cónyuge podía reclamar una cuarta parte (cuarta marital) de la herencia si el causante no le dejó “… con qué vivir bien y honestamente...”7 8 Este Código disponía que “…El testador podrá instituir cuantos herederos guste y a quienes quiera, si no los tiene forzosos…” (art.501). Esta norma, precisamente, instauraba la
Legítima Hereditaria.

Según el tratadista Brenes Córdoba esta forma de sucesión “se inspiraba en el antiguo concepto de que el patrimonio más bien pertenecía a la familia que al causante, a pesar de tener éste en vida la libre disposición de los bienes...”, lo cual critica diciendo que es un “ concepto a todas luces falso y fecundado en deplo-rables resultados9”

Esta legislación perduró por 40 años, soportando toda clase de criticas, especialmente al final del siglo XIX, producto de las corrientes liberales de la época, que, como en otros campos del acontecer nacional, incidió en el derecho patrio y las grandes reformas legales que se planteaban, como
se expondrá.

La Ley de Sucesiones de 1881.

En el año de 1881 se promulga la “Ley de Sucesiones”, que deroga el Libro Tercero, Título I, “ De los Testamentos y Sucesiones” del Código de Carrillo y establece la libertad de testar como derecho de toda persona, aunque aún con ciertas “obligaciones” para el testador de dejarle “... asegurada la subsistencia de sus hijos hasta la mayoridad y la adquisición de la enseñanza primaria elemental”10 Disponía que el testador debía dejar lo necesario para que los hijos varones “aprendiesen un arte u oficio” y que a las hijas se les daría igual suma, “…a menos que en la educación de ellas hubiese invertido igual o mayor suma”11. También debía “proveer la subsistencia de sus padres, de sus hijos incapacitados y del cónyuge sobreviviente que carecía de bienes propios con qué vivir”12.

Con esas reservas, en opinión de Brenes Córdoba “…exageró (el legislador) tanto las obligaciones del causante, que de modo indirecto limitó no poco la libre testamentifacción que vivamente deseaba implantar en Costa Rica”13

Sin embargo, más parece que lo que hizo el legislador del 81 fue regular el aspecto de alimentos a que estaba obligado el testador respecto de sus hijos, padres y cónyuge - constituyéndolos en acreedores alimentarios-, más no reguló de nuevo, en modo alguno, el instituto de la legítima hereditaria, como sí se hizo en el Código del 41.14 En realidad, con esta ley, y pese a esas disposiciones sobre alimentos y manutención – muy parecidas en su formulación genérica a las del 595 actual- se instaura el sistema de libertad de testar en Costa Rica con el que, a criterio de la Secretaría de Justicia, en comunicación que hace al Congreso, el 1 de febrero de ese año “...se reconocen todos los legítimos fueros a la propiedad, la autoridad moral del padre de familia se afirma y la educación pública, a que tanto contribuyen las leyes, se penetra de un individualismo sano que hace que cada hombre lo espere todo de su labor personal..15.

El Código Civil de 1886

La ley anterior estuvo vigente 7 años, hasta que se promulga el actual Código Civil, en 1886, que prescribirá, igualmente, como principio rector del sistema sucesorio la “libre testamentifactio”, tal y como aquella ley lo había declarado y que, en opinión de don Alberto Brenes, el nuevo Código “...si bien se conformó con la doctrina legal consignada en la ley de sucesiones, dióle un desarrollo más amplio y regular ...”16

Dado que los liberales de la Comisión redactora del nuevo Código Civil estaban muy interesados en este tema (el nuevo sistema sucesorio) y otros muchos, que los llevaron a plantearle las más duras críticas, especialmente por medio de la Revista del Colegio de Abogados, “Foro”, al proponer el texto último del nuevo Cuerpo legal, no dudaron en acabar, de una vez por todas, con el sistema de legítimas de sus precedentes legales, tan sólo aceptando una sutil “limitación”- la del tema del presente estudio, 595 CC- que a la postre fue “atolillo con el dedo” pues sus alcances, a la luz de la integralidad del derecho patrio no tiene la “firmeza” y “consistencia” jurídica que se le atribuye y, más bien, es una apariencia que suavizaba la visión liberal del nuevo Código. Fuertes son las críticas al sistema de legítimas y a la regulación de la Ley del 81, por lo que, a no dudarlo los liberales impusieron
su pensamiento.17

Tanto en el Código de Carrillo, como en la Ley de Sucesiones, así como en el vigente Código Civil, se ha tratado el tema de los alimentos pues por su misma “obviedad jurídica” debe ser regulado, independientemente del proyecto político a que responda una sociedad en una época determinada. Así en el primer Código patrio se disponía, en el art. 172 y 508, que, respecto de los hijos naturales “desde la edad de tres años hasta la de dieziocho”(sic), “ y en el caso de ser la madre pobre ”, se debía alimentos “en proporción de las facultades del padre”.

También la Ley del 81 se refería a esta obligación y disponía que el padre debe alimentos a sus hijos, hijas, padres y al consorte lo que no impedía que “Toda persona que esté en plena posesión de sus derechos civiles puede disponer libremente de sus bienes por acto de última voluntad”18 Aunque, ciertamente, esas “obligaciones” se expresaban en términos de “dejarles cantidad bastante para su subsistencia” o “ dotar con cantidad equivalente a cada una de las hijas, a menos que en la educación de ellas se haya invertido igual o mayor suma…”, y “ asegurar la subsistencia de sus padres y cónyuge a menos que éste tenga bienes propios o gananciales que basten para ello….”19

Y exactamente lo mismo sucede con el 595 que motiva este estudio. Lo que se quiere reafirmar es que la tutela jurídica que se da a ciertas personas, considerándolas potenciales beneficiadas de “alimentos” no las convierte, de golpe, en herederas forzosas, o legitimarias y que por ello su condición es precaria, considerando la naturaleza jurídica de este crédito. El que se crea que disponiendo lo concerniente a esta materia se “limita” la libertad testamentaria es a todas luces equivocado, por lo menos desde el punto de vista estrictamente jurídico. Por ello se comparte la opinión de RIPERT, quien afirma:

“Hay un vínculo entre la legítima y la obligación alimentaria. Ambas sólo existen en favor de los parientes en línea directa y, como la legítima, la obligación alimentaria se relaciona con la noción de deber familiar. Sin embargo, no debería verse en la legítima una transformación de la obligación alimentaria que el “de cuius” tenía en vida para sus parientes en línea directa. La obligación alimentaria supone que un pariente esté en la necesidad. Ahora bien para la atribución de la legítima no se tiene para nada en cuenta la situación de la fortuna de los herederos. Además es posible ser acreedor de alimentos sin venir a la sucesión del deudor en calidad de heredero forzoso...”20

Dado la inconsistencia que deviene del 595 del CC es la idea determinar, precisamente, en este trabajo que la norma que éste contiene en nada constituye una limitación a la libertad de testar y que, a lo sumo, reitera lo que, desde el derecho romano, se ha pretendido proteger como alimentos de ciertos alimentarios por su relación familiar con el causante, pero que está muy lejos de ser, desde el punto de vista técnico jurídico, una “legítima atenuada” o una “libertad limitada”

III.- El texto jurídico.

El artículo 595 del actual Código Civil21 dispone:

“ El testador podrá disponer libremente de sus bienes, con tal (de)22 que deje asegurados los alimentos de su hijo hasta la mayoría de edad si es menor, y por toda la vida si el hijo tiene una discapacidad que le impida valerse por sí mismo; además, deberá asegurar la manutención de sus padres y la de su consorte mientras
la necesiten.

Si el testador omite cumplir con la obligación de proveer alimentos, el heredero solo recibirá de los bienes lo que sobre, después de dar al alimentario, previa estimación de peritos, una cantidad suficiente para asegurar sus alimentos.

Si los hijos, los padres o el consorte poseen, al morir el testador, bienes suficientes, el testador no estará obligado a dejarles alimentos.”

A fin de lograr mayor claridad en la exposición, se hacen segmentaciones de la norma transcrita, con lo cual se precisarán mejor, también, sus alcances jurídicos:

“El testador podrá disponer libremente
de sus bienes…”

Este es el principio rector del actual sistema sucesorio: libertad testamentaria, o sea, el derecho de que toda persona física disponga, libremente, por testamento de todos
“sus bienes”.

Y aquí se hace indispensable precisar los conceptos de “libertad testamentaria” por un lado y “limitación testamentaria”, como su contrario.

Cuando en derecho se habla de libertad se puede hacer referencia a una serie de situaciones jurídicas que tienen que ver con esa condición intrínseca del ser humano de “ser libre”, siendo que mi libertad termina donde empieza la del otro, o sea donde la comunidad le señale sus límites. Propiamente en el derecho privado esa posibilidad que tiene toda persona de actuar en su ámbito propio se le denomina “autonomía de la voluntad” que se resume en la expresión de “poder hacer todo aquello que no
está prohibido”23

En ese sentido debe decirse que libertad testamentaria es tener libre disposición, por medio del testamento, de todos mis bienes y derechos para después de mi muerte, con respecto a quienes quiera heredar y sin más que cumplir con los requisitos legales para su otorgamiento y siempre que esté en los supuestos de hecho que demuestren capacidad para testar.

Limitación testamentaria se ha de definir como prohibición legal de disponer de todos mis bienes y derechos, mortis causa, pudiendo hacerlo tan sólo en una parte de ellos puesto que la otra parte será transmitida directa y forzosamente a los herederos legítimos, constituido por la parentela inmediata, los descendientes, ascendientes y cónyuge sobreviviente; prohibición que, si se incumple, incidirá o en la validez del testamento o en su eficacia, o dará las acciones específicas a favor de los herederos preteridos, total o parcialmente de su porción de legítima. En otras palabras, sólo se admite que haya limitación testamentaria donde se regule legalmente la Legítima Hereditaria como Sistema Sucesorio. Y es limitación porque siempre se concibe la posibilidad de testar en parte de los bienes; lo extremo sería no una limitación sino una prohibición absoluta de hacer testamento.

En este sentido, cuando esta norma habla de “disponer libremente”24 se refiere precisamente a lo dicho: cualquier persona, con capacidad para ello, cumpliendo ciertos requisitos, solemnes y de forma, puede otorgar testamento, del tipo que desee, instituyendo como heredero o legatario a la persona, física o moral, que a bien tenga..

“…con tal (de) que deje asegurados
los alimentos…”

Y aquí se da, precisamente, con ese giro gramatical tan eufemístico de “con tal (de) que” una de las mayores inconsistencias jurídicas de nuestro derecho privado, con graves repercusiones en el derecho de familia, pues, efectivamente, si se pensó (¿?) que con tan ligera expresión se “limitaba” las posibilidades “libertinas” que podría ocasionar la recién instaurada libertad testamentaria, los “codigeros” de la época se equivocaron. Así, tal “limitación jurídica”, de acuerdo al concepto señalado arriba, no se da, pues su inserción integral en el ordenamiento jurídico, que -como un todo que debe ser- se ve frustrado en todo intento de interpretación de la dicha norma, que pretende darle “supuestamente” ciertos alcances pero que choca, como se verá más adelante, con el sistema sucesorio mismo en cuanto a la calidad (alimentarios y no herederos) con que son “protegidos” los familiares que la norma indica, así como con la naturaleza jurídica del mismo proceso liquidatorio, que está a la base de todo juicio universal como lo es el sucesorio.

“… de su hijo hasta la mayoría de edad si es menor, y por toda la vida si el hijo tiene una discapacidad que le impida valerse por sí mismo;…”

El primer aspecto que debe llamar la atención es que con esta norma se está muy lejos de una verdadera limitación jurídica de la libertad de testar, como es el caso de la Legítima, y que algunos se atreven a llamar e identificar como “herencia forzosa”25, pues la pretendida tutela, primeramente, lo es en el aspecto puramente alimentario y, segundo, se refiere a sujetos alimentarios y no herederos propiamente dichos, aun cuando en el plano familiar ambas calidades coincidan26. Si se recuerda la evolución normativa del derecho sucesorio en el derecho romano, se verá claramente que precisamente ante el posible abuso en que estaban incurriendo los paterfamilias con los sui heredes, los juristas romanos buscaron ciertas medidas que, aunque no derogaban abiertamente la libertad testamentaria, como atribución de ese pater con sus agnaticios, sí constituían limitaciones pues no sólo se le daba a los sui acciones concretas contra las actuaciones testamentarias del pater sino que éstos, independientemente de sus necesidades alimentarias, accionaban como herederos y respecto de sus derechos hereditarios que eran los que podrían ser lesionados pues, dentro de la concepción económica del antiguo pueblo romano, el pater seguramente utilizaría otros medios legales para no hacer que murieran de hambre y vestido sus hijos, hijas o esposa no heredadas, incluyendo la emancipación, la entrega en adopción del hijo, el matrimonio de la hija o un usufructo sobre la propiedad a la esposa.27

De ahí que, de acuerdo al origen del sistema sucesorio del derecho patrio, podría considerarse como abiertamente inconsistente e incongruente la formula del “con tal (de) que”, que dispone esta norma respecto de los (acreedores) alimentarios quienes, aunque con un crédito con privilegio –general-, que lo hace preferente respecto a otros –generales, como los créditos laborales-, no lo convierte en ninguna Legitima (concepto estrictamente sucesorio) ni garantiza que respecto de otros acreedores con privilegios especiales, como los reales, pueda alegarse mayor cosa, como se analizará.

“…además, deberá asegurar la manutención de sus padres y la de su consorte mientras la necesiten…”.

De nuevo la norma no deja espacio de integración al sistema sucesorio pues, “además” de los alimentos a los hijos, dice que “deberá asegurarse la manutención de sus padres y la de su consorte…” y añade, para rematar con lo que se viene afirmando: “mientras la necesiten”….

Como se dijo anteriormente, el único alcance jurídico que se le puede dar a esta norma es que viene a otorgarles, por vía legal, y no judicial o convencional, la calidad de alimentarios a quienes, en el orden sucesorio del 572 ídem, son herederos en primer grado, algo así como los ius heredes del derecho romano, pero sin que importe esta calidad en el respectivo proceso donde se quiera hacer efectivo el derecho alimentario, pues en ese juicio son acreedores alimentarios como cualquier otro acreedor o, incluso, con menos categoría que otros.

Nótese que la norma habla ahora de “asegurar” y de “manutención”, con lo que reitera lo dicho antes, pues por más que diga asegurar ello no crea mayor obligación que la que, de por sí, dispone el Código de Familia, en lo que a alimentarios se refiere como acreedores respecto de deudores alimentarios, que en este caso, luego de muerto el obligado personal, pasa tal obligación a la sucesión como entidad obligada a cubrir estos créditos por medio del albacea.

“…Si el testador omite cumplir con la obligación de proveer alimentos…”

Y se da – o se pretende- la temida advertencia: “si se omite cumplir…” lo que no deja de ser pura declaración hueca, pues igual da que omita o no para que incida realmente en la eficacia del testamento otorgado, ya que la constitución de la calidad de ser alimentarios en nada dista de lo que sucedería de no haber existido esta norma, tal como está redactada. Si se pretende causar algún efecto psicológico en el ánimo de quien se presta a hacer testamento, y ante la indicación de su notario, para que “no abuse” del derecho a testar y “deje asegurados” los alimentos de los suyos (sui) pues podría tener algún sentido esta disposición cuasimoral, pero, en lo jurídico, si se creyó establecer una “limitación” con una severa sanción ante la violación a ese derecho, quedaron en la intencionalidad, nada más.

“…el heredero solo recibirá de los bienes lo que sobre, después de dar al alimentario, previa estimación de peritos, una cantidad suficiente para asegurar sus alimentos…”

Los términos de la advertencia, que se señala en esta parte, aunque, que en principio, parece ser muy “severa”, no es sino la aplicación de una regla básica de todo proceso de liquidación, o sea de un juicio universal como es el sucesorio. Así, los herederos recibirán su herencia luego de que se hayan pagado acreedores, gananciales y legatarios, en cada caso. De modo que, sean acreedores alimentarios o no, las herencias sólo se darán cuando no hayan pagos anteriores que
deban cubrirse.

Asimismo, aunque esta norma no dijera que a los acreedores alimentarios se les dará

sus “alimentos” de acuerdo a estimación de peritos, ese es el procedimiento normal para la determinación de este tipo de créditos que, por su naturaleza, basta que se compruebe la legitimación de ser tal alimentario, por una lado, y la necesidad alimentaria y monto para satisfacerla, por otro, para que proceda el juez, con el albacea, a hacer la fijación y pago de la “pensión alimentaria” correspondiente.

Hay quienes28 consideran que “los gastos hechos con motivo de la muerte del causante, los de administración y las pensiones alimenticias asignadas en el testamento o por el juez, no se conceptúan, para este efecto, como créditos y que el albacea está autorizado para solventarlos, en vista de su carácter preferente”. No obstante, no se comparte dicha opinión, dado que, de acuerdo al sistema de crédito que rige, los alimentos son créditos, del orden de los que tienen privilegio general y deben someterse a los que estén en mejor posición, como los reales.29 Tal ha sido la reiterada posición que al respecto la jurisprudencia y la doctrina han manifestado:

“ …no es posible admitir que existiendo hipoteca o prenda sobre los bienes del causante, éstos se vean menoscabadas por obligaciones de alimentos, a favor de los herederos. Adviértase siempre que en materia de procesos universales se trata de liquidar un patrimonio para pagar las deudas siguiendo un orden preestablecido, para que luego, en caso de sucesiones, cualquier remanente sea entregado a
los herederos….”30

“…Si los hijos, los padres o el consorte poseen, al morir el testador, bienes suficientes, el testador no estará obligado a dejarles alimento.”

Con esta última disposición se confirma, una vez más, lo que se ha dicho antes: se está muy lejos de ser ésta una limitación jurídica al derecho de testar, como sí lo es la Legítima, pues si el testador no ha instituido como herederos o legatarios a los sui heredes, o sea sus familiares del 595 y 472.1 CC. y, además, éstos, al morir el testador, “poseen bienes suficientes”, aquel “no estará obligado a dejarles alimentos…” O sea que esta disposición lo que dice es que nunca se consideró instaurar –como en los tiempos de la república romana- una verdadera limitación, por medio de cual se tutelara jurídicamente los derechos hereditarios de los sui, ante los posibles abusos del pater, tuvieran o no solvencia esos familiares, pues lo importante era la sucesión como tales, o sea como herederos, antes que como alimentarios-.

Y la cita de lo afirmado por RIPERT se hace de nuevo necesaria: “Hay un vínculo entre la legítima y la obligación alimentaria. Ambas sólo existen en favor de los parientes en línea directa y, como la legítima, la obligación alimentaria se relaciona con la noción de deber de familiar. Sin embargo, no debería verse en la legítima una transformación de la obligación alimentaria que el “de cuius” tenía en vida para sus parientes en línea directa. La obligación alimentaria supone que un pariente esté en la necesidad.

Ahora bien para la atribución de la legítima no se tiene para nada en cuenta la situación de la fortuna de los herederos. Además es posible ser acreedor de alimentos sin venir a la sucesión del deudor en calidad de heredero forzoso...”

Además, eso de que se “obliga” a dejar alimentos “pero” si “ los necesitan” recuerda las regulaciones anteriores, del Código de Carrillo y la misma Ley del 81, en las que también se “obligaba” a dejar a ciertos parientes “alimentos” pero si, por ejemplo, eran “las hijas” ello no era obligatorio si en ellas se hubiere “invertido” “igual o mayor suma” en educación. O en el caso del cónyuge a quien se debía “asegurar su subsistencia” “ …a menos que éste tenga bienes propios o gananciales que basten para ello….”31

Además, hay que advertir que si no se cumple con dejar alimentos a los menores o discapacitados, padres y consorte, en los términos referidos, no se dará ninguna invalidez del testamento, en los términos de las normas que regulan la materia ( arts. 835 ss CC) pues no se estaría con la circunstancia de adolecer el testamento de algún elemento esencial en su conformación o de que haya un vicio tal en esos elementos que lo invalide. En esto se recordará la llamada querella inofficiosi testamenti, del derecho romano, que contrario a lo anterior, hacía caer el testamento al considerarse nulo por falta de capacidad del testador (officium pietatis)32. No obstante, se reitera: no existiendo la Legítima ni siendo ninguna “limitación” la contenida en la norma del 595 CC, tampoco podría plantearse “defensas” algunas, como se
ha comprobado.

IV.- La Doctrina Nacional.

Escasa es la doctrina científica nacional sobre el tema de la supuesta limitación a la libertad de testar, derivada de la norma del 595 del Código Civil.

Para empezar hay que citar a don Alberto Brenes Córdoba quien en esto de las “limitaciones” a la libertad de testar (incluido el 595 CC) mostró siempre, como buen liberal que fue, su más férrea oposición. Así, entre otras manifestaciones, dijo:

“ ... el anterior arreglo a la sucesión ... se inspiraba en el antiguo concepto de que el patrimonio más bien pertenecía a la familia que al causante, a pesar de tener éste en vida la libre disposición de los bienes; concepto -agrega- a todas luces falso y fecundo en deplorables resultados”.

“El derecho para disponer libremente de nuestro caudal en el curso de la existencia, es uno de los más preciados y esenciales atributos de la propiedad. Privarnos de él en el momento solemne en que previendo nuestro fallecimiento, nos replegamos dentro de nosotros mismos, tomamos en cuenta nuestra particular situación, los recursos de que disponemos, las necesidades de las personas cuya suerte nos interesa, su condición, estado y demás especiales circunstancias, para hacer el reparto de los bienes como lo aconsejan el afecto, la prudencia y la justicia, es, ciertamente, al par que notoria inconsecuencia, atentar contra una facultad necesaria, indudable, que el derecho especulativo reconoce
y fundamenta”
“La herencia forzosa relaja los vínculos morales de la familia, al establecer cierto antagonismo entre la libertad del padre para disponer de lo suyo en todo tiempo y el interés de los hijos, quienes miran con desagrado y como un ataque a sus derechos, cuanto tienda a disminuir el caudal de su progenitor. ...los herederos forzosos no sienten la necesidad de aplicarse al trabajo para crearse una posición desahogada, desde luego que cuentan con los bienes de su padre, que necesariamente han de llegar a sus manos algún día”33 34

El Dr. Francisco L. Vargas, autor nacional en temas de Juicios Universales, ha escrito varios libros y artículos sobre Derecho Sucesorio y Derecho Concursal, y en punto al asunto, objeto del presente análisis, ha sostenido, que la libertad de testar en Costa Rica no es un principio absoluto, pues la misma se encuentra limitada al existir restricciones legales como la obligación alimentaria para el testador (595 Código Civil).35

De igual manera, los abogados Marta Barahona y Rafael Oreamuno, en su tesis de grado titulada “La libertad de testar en Costa Rica”, hablan de “derogaciones al Principio” pues sostienen que “... El legislador ha impuesto una limitación expresa a esta libertad en la disposición contenida en el artículo 595 del Código Civil ...”36

En igual sentido, las licenciadas Blanco Vargas, Borloz Soto y Murillo Arias, en su tesis de grado titulada “El Testamento”, sostienen que “nuestro sistema se conforma fundamentalmente con los rasgos de la libre testamentifacción puesto que se puede disponer del patrimonio en su conjunto, a favor de quien se desee; existiendo sin embargo algunas limitaciones dadas por ley” en las que están la obligación alimentaba”37

La posición respecto a esos criterios, aunque respetables, no se comparten por lo expresado arriba y lo que se concluirá al final de este trabajo.

V.- La Jurisprudencia
Nacional.

La jurisprudencia nacional, desde el siglo XIX, tanto de las antiguas Salas Civiles y de Casación, así como de los actuales juzgados civiles, Tribunal Superior Civil y Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ha mantenido la tesis de la “limitación” a la libertad testamentaria contenida en esta norma, sin mayor cuestionamiento teórico.

Incluso, según algunas resoluciones, los tribunales han afirmado que “... el derecho de una persona de disponer de sus bienes por testamento, no es, en verdad, absoluto e irrestricto, pues hay en nuestra legislación positiva varias disposiciones de carácter limitativo que están inspiradas en claros principios que están consagrados por el derecho natural, entre los cuales puede citarse el artículo 595 del Código Civil ...”38

Asimismo, la antigua Sala de Casación va más allá al sostener y considerar al acreedor alimentarlo como “heredero forzoso”, cuando por el contrario, el alimentario puede que no sea heredero y mucho menos del tipo “forzoso” pues éstos no son sino los legitimarios ahí donde se ha regulado la legítima. Incluso la Casación de 15:25 hrs. del 26 de setiembre de 1941, habla del “complemento” cuando no se ha dejado al alimentario lo necesario para vivir. Nada más equivocado. Si con ello se quieren referir a la acción de complemento que existe en las legislaciones que sí regulan la Legítima y que es una defensa para el heredero forzoso preterido en parte de su legítima, en Costa Rica dicha acción no existe al no existir el instituto de la Legítima que
la contenga.

Algunas sentencias del Tribunal (Superior) Primero Civil, de épocas más recientes y con diferentes conformaciones de jueces, sostie-nen sin mayor cuestionamiento lo siguiente:

“…No hay duda de que una de las limitaciones a la libre testamentifacción es lo relativo a los alimentos, cuyo importe lo debe cubrir la sucesión, aun cuando haya una única heredera testamentaria…” (1992 , #1034)

“Si el testamento otorgado por el causante se instituyen como únicos y universales herederos de todos los bienes y derechos que aparezcan en su fallecimiento a otras personas y no al hijo del causante, que pretende ser incluido como parte interesada dentro del sucesorio y si este no es un menor ni un inválido, el apoderado del mismo no tiene personería para actuar en el juicio sucesorio…” (1978, #589)

“Avala el Tribunal todas las con-sideraciones de fondo dadas por el a quo por las cuales acoge el incidente de pensión alimenticia promovida por la madre del causante. No hay duda que una de las limitaciones a la libre testamentifacción es lo relativo a los alimentos, cuyo importe lo debe cubrir la sucesión, aun cuando haya una única heredera testamentaria. No debe confundirse el patrimonio sucesorio con los bienes de los herederos, pues aquél es la prolongación del cujus para los efectos de garantizar el pago de las obligaciones que éste tenía al momento de fallecer” (1992,#1034 )

“…El testador no podrá disponer por testamento de bienes cuya mitad por ley corresponde a la cónyuge supérstite y mientras existan hijos menores a los que debe asegurarse su alimentación hasta la mayoría; lógicamente la cónyuge debe demostrar cuáles bienes fueron adquiridos durante el matrimonio con el de cujus y mientras este punto no sea aclarado el sucesorio sigue su curso normal como testamentario; así las cosas, no puede el juzgado interrumpir el curso normal del proceso testamentario hasta tanto no se demuestre lo ya expuesto en forma debida y legal…” (1987, #74, Tribunal Superior Civil de Pérez Zeledón)

Así las cosas, la jurisprudencia patria ha sido parca en comentarios o análisis sobre el tema alimentario contenido en el 595, dando por sentado que la limitación a la “libre testamentifactio” que contiene es una verdad de Perogrullo.

De todas estas resoluciones judiciales, tomadas de distintas épocas, se puede concluir, sin más dificultad:

Que los jueces no se cuestionan si eso que ellos llaman “limitaciones a la libre testamentifacción” es acorde integralmente con el ordenamiento jurídico, desde la perspectiva del derecho sucesorio y sus correlativos derechos de familia y alimentarios.

Que cuando algunos jueces han identificado en esta norma una “verdadera herencia forzosa” no han hecho sino caer en el “cuento liberal” que se crea a partir de la ligera expresión “con tal (de) que” contenida en la norma del 595, sin determinar qué alcances tiene y, mucho menos, precisando los conceptos de “libertad” y “limitación”.

Que más parece que esa norma, releída por medio de expresiones de “herencia forzosa”, “limitación a la libre testamentifacción”, “acción de complemento”, “obligación alimenticia”, entre otras, sólo ayuda a fundamentar las decisiones judiciales de otorgar una “pensión alimenticia” a algún pariente del causante que fue excluido como heredero y necesita alimentos; de lo contrario no se le permite siquiera intervenir por medio de su representante legal , por “falta
de personería”39(sic).

VI.- CONCLUSIÓN GENERAL

Aún cuando la interpretación que se hace acá de la norma contenida en el 595 del Código Civil no es ni la “oficial” de los Tribunales ni de algunos civilistas nacionales, considero que, aunque esbozado en términos generales, se plantea otra perspectiva del asunto, lo que no significa no estar de acuerdo con la “intencionalidad” de la norma de marras, muy aceptable en cuanto a su altruismo pero que, por eso mismo, debería sufrir una importante reforma para que se logre su fin último (si es que alguna vez se pensó seriamente en él, en cuanto a la protección de la familia
se refiere).

También es cierto que el Código Civil, en su Título Preliminar, sobre “Interpretación y Aplicación de las normas jurídicas”, artículo 9, establece que las normas “… se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de ellas”.

Sin embargo, precisamente del “sentido propio de sus palabras” (del artículo 595 ídem) sólo puede colegirse incongruencia con el mismo ordenamiento jurídico, al expresar en términos aparentemente absolutos una tutela de “herederos” que en esa calidad resulta más bien desprotegidos, siendo la única posibilidad el que, ante el uso que de la libertad testamentaria haga el testador, sólo puedan reclamar “alimentos”, siempre y cuando los necesiten, pues, de lo contrario, ni siquiera en la calidad de “alimentarios” podrán apersonarse al proceso sucesorio.

Si se considerara “los antecedentes históricos y legislativos” de la dicha norma se tendrá que considerar lo expuesto y afirmado ab initio, en cuanto al contexto histórico político-ideológico que prevaleció al gestarse y promulgarse el actual Código Civil y sus inmediatos antecedentes, el Código General de 1,841 y la Ley de Sucesiones de 1,881 donde el primero instauro más abiertamente el sistema de Legítima. En realidad, el legislador del 85 lo que quiso al regular de nuevo, siete años después, la materia hereditaria fue precisamente eliminar toda limitación a ella, si es que la hubo en el 81, pues de haber pensado en mantenerla en el nuevo Código (sólo por razones sistemáticas de codificación), hubiera utilizado iguales términos y porcentajes que disponía a favor de los sui heredes en la normativa anterior del 41, como limitación al testador que quisiese disponer de todos sus bienes para después de su muerte.

Y en cuanto a “…la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de ellas”, se debe reiterar lo dicho antes en cuanto a la realidad “de entonces” a la promulgación del Código Civil (1881-1885). Han pasado casi ciento quince años desde la promulgación del Código actual y, obviamente, la realidad social en que se aplica éste es otra; los acontecimientos de finales y principios de siglo, con un “nuevo liberalismo” que transita aceleradamente, hará difícil sino imposible cambiar el actual sistema sucesorio de libre testamentifacción o al menos “clarificar” e “integrar” la solución “alterna” de alimentos del 595 CC.

Ya se afirmó hace 15 años:

“Hoy nosotros nos atrevemos a decir que esos criterios liberales han demostrado que esa no era la ideología más recomendable máximo en países subdesarrollados y por el contrario cuando en una Nación se presentan características como las nuestras debe existir un grado de intervencionismo estatal que posibilite la dirigencia de campos, etc., hacia el desarrollo global, y si pretendemos una sociedad más justa es necesario proteger ciertos grupos que a causa, en muchas ocasiones, del liberalismo se encuentran en total desamparo y es por ello que deben adaptarse criterios proteccionistas sobre todo en el núcleo familiar”40

A pesar de lo anterior, se reitera la necesidad de reestablecer la Legítima Hereditaria como base del Sistema Sucesorio Costarricense y para lo que se habrían de tomar en cuenta las “nuevas realidades”, tal como parece haberlo hecho el C.C. Peruano, en 1984, cuando reguló el tema sucesorio acorde a los avances de la ciencia jurídica y la situación de las economías latinoamericanas41

Ya Costa Rica se han dado algunos pasos hacia ese reordenamiento en cuanto a aspectos de protección familiar, como el contenido en el art. 922 CPC que se refiere a la “casa-habitación familiar” para efectos posesorios, pero se cae de nuevo en meros “parches” al sistema que si no causan confusión en su aplicación resultan inconsistentes con el sistema sucesorio como un todo.

En todo caso, se reitera, también, que si bien los temas de “alimentos” y “derechos sucesorios” están íntimamente ligados, cada uno tiene sus particulares principios que le rigen por lo que, más bien, deben complementarse antes

que contradecirse. Con ello se evitará que los Tribunales de Justicia, ante una norma jurídica, que no moral, deban decir:

“Si bien es cierto que contra un sucesorio cabe entablar una demanda por pensión alimenticia para cubrir las necesidades de un heredero menor, es fundamento necesario que la misma se imponga en relación con las entradas que produzcan los bienes sucesorios no así en relación con estos mismos. Es decir, si lo bienes no producen, como es el caso de autos, por más derecho que tenga el demandado no es posible conceder la pensión pues el caudal sucesorio no puede pagar sin que se pueda permitir que los bienes desaparezcan en pago de pensión alguna.”42

VI.- PROPUESTAS
DE REFORMA LEGAL.

Para terminar y como aporte en esta discusión, no sólo para aclarar y precisar los alcances del 595 CC, sino como propuesta a posibles reformas al sistema sucesorio, reitero las hechas en las bases de discusión que, en su momento ( al cumplir 100 años el CC) se presentaron43 al Congreso Jurídico de ese año:

Que la porción de la legítima comprende todos los bienes del causante, sea “pars bonorum” y no sólo “pars hereditatis”.

Que de esa porción de legítima el causante no pueda disponer de la mitad de todos sus bienes, a menos que sea en beneficio de los mismos legitimarios. De la otra parte de los bienes podrá el causante disponer incluso en “mejora” de los legitimarios, sea en favor de uno o varios, en forma igual o desigual. Los legitimarios recibirán de la legitima por partes iguales, sin distinción alguna. La legítima hereditaria es intangible. Caso de que se lesione la legítima, porque se le privó completamente al legitimarlo de ella o porque se le dejó menos, tendrá él la acción de reducción y de complemento, respectivamente, implicando ésta última la reducción respectiva. Estas acciones prescriben en diez años y su vía será mediante incidente en el mismo juicio sucesorio. Cualquier gravamen, condición, término, modo o substitución de la legítima se tendrá por no escrita. Sólo podrá privarse al legitimario de su legítima si es declarado judicialmente indigno, conforme la regulación existente y de las causases expresadas por la ley respecto a las cuales proponemos una revisión pues algunas son confusas en su aplicación al caso concreto.

Que se consideren como legitimarios a los integrantes de la “familia nuclear”, que es la que en el estado actual de nuestra sociedad se debe proteger. Se considerarán como legitimarios: En primer orden los hijos y el consorte y a falta de ellos, en segundo orden, los padres del causante. Se tendrá como legitimario, también al compañero
o compañera

La renuncia o transacción sobre legítima futura es prohibida, sea entre legitimarios y testador o entre aquéllos y terceros. Lo recibido por el legitimario del causante por la renuncia de legítima se debe colacionar. Abierta la sucesión sí puede el legitimario renunciar o ceder su porción de legítima.

Cabe representación del legitimario por parte de sus descendientes cuando premuere, repudia la herencia o es declarado indigno. Igual regla se seguirá en el caso de que la legítima se defiera por testamento.
La legítima se calculará, idealmente, restando el “debitum” al “relictum” y sumándole el “donatum”. El cálculo de la legítima es posterior al pago de gananciales que corresponde al cónyuge supérstite si tuviere derechos a ellos. La legítima del cónyuge es independiente de lo que tiene derecho
por gananciales.

Y ya que se ha hecho somera mención del Código Civil Peruano de 1984, valga la ocasión para tener presente, en futuras reformas sobre tema, lo que dice esta normativa al respecto:

● Al cónyuge le pertenece su legítima intangible, pues la regla de que si recibe igual o más por gananciales de lo que recibiría siendo sólo heredera es hablar de “... un legitimario sin legítima y un heredero sin herencia”.

● Innovador es la figura de la “casa-habitación” dentro de la cuota de legítima del cónyuge supérstite que regula ese Código en su art.731.44

● Mientras esté afectado por los derechos de habitación o de usufructo, en su caso, la casa-habitación tendrá la condición legal de patrimonio familiar.

● Si el cónyuge sobreviviente contrae nuevo matrimonio, vive en en unión de hecho o muere, los derechos que le son concedidos se extinguen, quedando expedita la participación del bien.

● También se extinguen tales derechos cuando el cónyuge sobreviviente renuncia a ellos”.

● Las donaciones, legados y en general la institución de heredero, hechos a favor del legitimarlo se considerarán como parte de
la legítima.

● Se considerarán “mejora” sí así lo hace expreso el testador. Si la “mejora” excediera la parte disponible habrá la reducción, pudiendo el mejorado devolverlo en su valor equivalente. La mejora es renunciable.

● Las donaciones hechas a terceros se imputan a la parte disponible y sólo si excedieron se reducirán, a petición del interesado legitimarlo, por la vía legal que corresponda y siguiendo como criterio de reducción antes los legados que las donaciones y respecto a éstas últimas se reducirá la más reciente a la más vieja. Si fueron de igual fecha, se reducirán proporcionalmente.

 

Notas

1 Profesor Catedrático, UCR.
2 RIPERT (Goerges) y BOULANGER (Jean) “Tratado de Derecho Civil”, Ed. 1965.
3 El decreto de “ejecútese”, firmado por el Presidente de la República, don Bernardo Soto, y el Secretario de Justicia, don Ascensión Esquivel, es de fecha 26 de abril de 1886.
4 Aprobada por el Poder Legislativo el 11 de noviembre y por el Ejecutivo el 14 de igual mes, ambos de1881.
5 GUIER ESQUIVEL (Jorge) “Principales Codificaciones legales de Costa Rica”, San José, mimiógrafo, s.a.e.,pag.2 BRENES CORDOBA (Alberto) Historia del Derecho, San José, Ed. 1906,pag. 315; BRENES CORDOBA (Alberto) Tratado de los Bienes”, Juriscentro, 1981.
6 V. ARROYO ALVAREZ (Wilberth) Legítima Hereditaria y Derecho Sucesorio Costarricense”, Publitex, 1988,pags. 25, 26.
7 BRENES ,ob cit, Bienes, pag. 282.
8 Esta antigua regulación disponía que herederos eran aquéllos que, después de la muerte del testador, “…entra en todos los bienes, acciones y derechos del difunto, ocupando el lugar que aquél dejó…” ( art.497 CG) Expresa, además, que “…El testador podrá instituir cuantos herederos guste y a quienes quiera, si no los tiene forzosos…” (art.501).
Los Herederos forzosos eran los legales o por “ministerio de ley”, “hágase o no testamento” y comprendía: los hijos y descendientes legítimos “por su orden y grado”, los padres y ascendientes “en todos sus bienes, de cualquiera calidad que sean”. En caso de ausencia de estos herederos legales, legítimos o naturales, entraban los padres y ascendientes del causante. (arts.515, 516 y 521).
Para efectos del cálculo de la Legítima se hacía “la estimación de los bienes que el difunto haya dejado al tiempo de su muerte; de allí se pagarán las deudas y gastos del entierro… y después se sacará el quinto o mejora, y en seguida el tercio …previo a hacerse los descuentos, se dará a cada uno su legítima, partiendo los bienes aumentados con los traídos a colación….” (art. 647 ss)
En suma a los descendientes les correspondía las cuatro quintas partes de los bienes y si eran ascendientes les correspondía los dos tercios del capital. Aparte de aquellas mejoras, debía dejar, además, el tercio del quinto restante al Estado y una cuarta parte (cuarta marital) de la herencia a la viuda si el causante no le dejó “con que vivir bien y honestamente” CODIGO GENERAL, 1841.
9 Ïdem, pag. 283
10 Idem, pag. 283.
11 Idem,pag. 283.
12 Idem, pag.283.
13 Idem, pag. 284.
14 ARROYO, ob.cit, pag. 60
15 Idem, pag.60
16 BRENES, Bienes, ob cit.,
17 Por vía de ejemplo y como “heredero” y representante de esta ideología liberal cito a don Alberto Brenes C, que aunque posterior a los verdaderos liberales de la época su verbo refleja mucho de este pensamiento: Don Alberto Brenes critica “ ... el anterior arreglo a la sucesión... (pues) se inspiraba en el antiguo concepto de que el patrimonio más bien pertenecía a la familia que al causante, a pesar de tener éste en vida la libre disposición de los bienes; concepto -agrega- a todas luces falso y fecundo en deplorables resultados”’. “El derecho para disponer libremente de nuestro caudal en el curso de la existencia, es uno de los más preciados y esenciales atributos de la propiedad. Privarnos de él en el momento solemne en que previendo nuestro fallecimiento, nos replegamos dentro de nosotros mismos, tomamos en cuenta nuestra particular situación, los recursos de que disponemos, las necesidades de las personas cuya suerte nos interesa, su condición, estado y demás especiales circunstancias, para hacer el reparto de los bienes como lo aconsejan el afecto, la prudencia y la justicia, es, ciertamente, al par que notoria inconsecuencia, atentar contra una facultad necesaria, indudable, que el derecho especulativo reconoce y fundamenta” “La herencia forzosa relaja los vínculos morales de la familia, al establecer cierto antagonismo entre la libertad del padre para disponer de lo suyo en todo tiempo y el interés de los hijos, quienes miran con desagrado y como un ataque a sus derechos, cuanto tienda a disminuir el caudal de su progenitor. ...los herederos forzosos no sienten la necesidad de aplicarse al trabajo para crearse una posición desahogada, desde luego que cuentan con los bienes de su padre, que necesariamente han de llegar a sus manos algún día”. Como las anteriores críticas que del Código General de 1841 hace don Alberto Brenes hacia 1900, parecidos argumentos ya se habían manifestado en 1881 en la exposición de motivos del Proyecto de Ley de Sucesiones que envía el Poder Ejecutivo al Congreso: “... asegurar a los hijos la mayor parte de la fortuna de sus padres ... es exagerar las legítimas aspiraciones de aquéllos, adormecerlos, muchas veces por falta de estímulo en que son más propios los viriles arranques, para labrarse cada cual por sí el bienestar que apetece, desapoderar al padre de un justo influjo sobre la suerte de su familia, amenguando su autoridad natural; y después de todo, introducirse más de lo que conviene en el sagrado de la propiedad, una de cuyas facultades esenciales es la de disponer testamentariamente de lo que nos pertenece ...” BRENES, Bienes, 229. ARROYO, Legítima, 63 ss
18 ARROYO, ob ,cit, pag. 63.
19 BRENES, idem. ARROYO, idem.
20 RIPERT ob cit, pag. 229.
21 Reformado por Ley # 7600 del 2 de mayo de 1996.
22 Este “dequeísmo” no lo contiene el texto original sino algunas reediciones recientes del CC, como la de 1999 de la editorial Investiga-
ciones Jurídicas.
23 Lo que se diferencia del “principio de legalidad”, del derecho público, que dice que el Estado y las personas por medio de las que actúa “sólo puede hacer aquello que expresamente le esté permitido”
24 Recuérdese que el C. Carrillo decía que “…El testador podrá instituir cuantos herederos guste y a quienes quiera, si no los tiene forzosos…” (art. 501)
25 CASACIÓN de 9:40 hrs del 1 de setiembre de 1942.
26 Remitirse a la cita de RIPERT, al inicio.
27 La legítima Romana surgió estando vigente un sistema de absoluta libertad testamentaria y surgió como freno y resorte moderador de dicha libertad cuando, relajadas las costumbres, testadores, usando, abusivamente, de tal libertad instituyeron herederos a extraños, sin dejar cosa alguna a las personas más allegadas, faltando con ello a los deberes de asistencia que incumben a los próximos parientes entes sí…” ROCA SARTRE (RM) Naturaleza jurídica de la legítima, Rev. Derecho Privado, Madrid, 1984.
28 Don Alberto Brenes afirma eso en “Bienes”, ed.1981, pag. 256.
29 Para mayor explicación ver ARROYO ALVAREZ (Wilberth) “Partición de la Herencia y Pago de Acreedores”, en prensa, 2000
30 VARGAS, ob cit. pag. 50.
31 ARROYO ÁLVAREZ, “La legítima…”, pag. 64.
32 V ARROYO ALVAREZ, (Wilberth) “Libre Testamentifactio, La Querella Inofficiosi Testamenti y Legitima Hereditaria en el Derecho Romano”, en prensa,2000.
33 BRENES, Bienes, pag. 230.
34 Confróntese: “Ni lo sagrado e intangible del derecho de la personalidad, ni lo ilimitado y comprensivo del derecho de propiedad, pueden legitimar la ilimitada libertad de testar, porque, aceptados y reconocidos esos derechos en toda la amplitud de su concepto, esto no obsta a las legítimas imposiciones de la ley, ya que no se trata del hombre abstracto y solitario, sino del hombre que ha de moverse en el concierto social. La libertad ilimitada suele de generar en licenciosa; la autoridad privada, de que es una de sus expresiones la libertad de testar, va restringiéndose más y más en aras del bienestar de la sociedad; la propiedad en sí misma ya sufre limitaciones impuestas por las leyes... La autoridad paterna tiene, aún dentro de las legítimas, campo donde actuar su espíritu justiciero por la institución de las mejoras, de la desheredación y encuentra en la legítima un valladar fuerte, ya que no es insuperable, a sus extravíos, siempre posibles. La legítima ofrece un modo de satisfacción a uno de los intereses, el familiar, que concurre a la elaboración del fenómeno sucesorio” DE DIEGO (Felipe Clemente), Instituciones de Derecho Civil, Madrid, Artes Gráficas, Julio San Martín, T. 111, 1959,pag. 194.
“La legítima Romana surgió estando vigente un sistema de absoluta libertad testamentaria y surgió como freno y resorte moderador de dicha libertad cuando, relajadas las costumbres, testadores, usando, abusivamente, de tal libertad instituyeron herederos a extraños, sin dejar cosa alguna a las personas más allegadas, faltando con ello a los deberes de asistencia que incumben a los próximos parientes entes sí…” ROCA SARTRE (RM) Naturaleza jurídica de la legítima, Rev. Derecho Privado, Madrid, 1984.
35 Igualmente sostiene lo mismo respecto de las gananciales (art. 41 Código de Familia) y la “cuarta falcidia” que la identifica en el artículo 612 del Código Civil. VARGAS SOTO, Manual de Derecho Sucesorio Costarricense” , 3 ed., pag. 46.
36 También han dicho: ““ ... el legislador ha establecido una serie de limitaciones a la capacidad de recibir por testamento y consecuentemente, a la libertad de testar”; asimismo dicen que “existen personas a las cuales la ley prohibe otorgar el acto jurídico testamentario, limitándose en ese tanto la capacidad de actuar”. En otra parte de su tesis se refieren a “limitaciones de carácter objetivo; por ejemplo -añaden- las establecidas en materia agraria con la finalidad de evitar la indivisión excesiva de la tierra y la contenida en el artículo 612 del Código Civil que establece la prohibición de disponer de todo el patrimonio en forma de legados en perjuicio de acreedores del causante” . Luego se refieren a “Restricciones directas en cuanto a la familia”, concluyendo: a) “ ... que el patrimonio familiar debe constituir una verdadera limitación a la libre testamentifacción” b) Que las “gananciales”, en el artículo 41 del código de Familia, “impone una limitación a la libre disposición de los bienes por actos mortis causa ... c) “La irrevocabilidad de las disposiciones no patrimoniales constituye una verdadera limitación a la autonomía de la voluntad y por ende a la libre testamentifacción” BARAHONA y OREAMUNO “La Libertad de testar en Costa Rica”, tesis de grado, Facultad de Derecho, 1982.
37 BLANCO VARGAS (Maritza), BORLOZ SOTO (Miriam) y MURILLO ARIAS (Ileana), El Testamento, Seminario de Graduación para optar al título de Licenciados en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 1982.
38 TSC , R # 96 de 1993.
39 TSC, (1978, #589).
40 BADILLA y otros “Legitima Hereditaria”, tesis de grado, 1986.
41 Así por ejemplo, reguló lo concerniente a la “casa-habitación”, como porción de la legítima.
42 TSC, R. # 1008-93.
43 V. ARROYO ÁLVAREZ , “Legitima …, ,pag. 83.
44 Cuando el cónyuge sobreviviente concurra con otros herederos y sus derechos no alcanzaren el valor necesario para que le sea adjudicada la casa-habitación en que existió el hogar conyugal, dicho cónyuge podrá optar por el derecho de habitación en forma vitalicia y gratuita sobre la referida casa. Este derecho recae sobre la diferencia existente entre el valor del bien y el de sus derechos por concepto de legítima y gananciales. La diferencia de valor afectará la cuota de libre disposición del causante, y, si fuere necesario, la reservada a los demás herederos en proporción a los derechos hereditarios de éstos. En su caso los otros bienes se dividen entre los demás herederos con exclusión del cónyuge”. Asímismo el artículo 732 dice: “Si en el caso de¡ artículo 731 el cónyuge sobreviviente no estuviera en situación económica que le permita sostener los gastos de la casa-habitación, podrá con autorización judicial darla en arrendamiento, percibir para sí la renta y ejercer sobre la diferencia existente entre el valor del bien y el de sus derechos por concepto de la legítima y gananciales los demás derechos inherentes al usufructuario.

 

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CÓDIGO DE FAMILIA, Ley 5476 del 21 de diciembre de 1973

CÓDIGO PROCESAL CIVIL, del 16 de agosto de 1989, La Gaceta del 3 de noviembre de 1989,vigente a partir de abril de 1990.

CÓDIGO DE TRABAJO, Ley 2 del 26 de agosto de 1946.

CÓDIGO DE CARRILLO, del 30 de junio de 1841.

LEY DE SUCESIONES DE 14 de noviembre de 1881.