Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos

Nº 8454

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

 

DECRETA:

 

LEY DE CERTIFICADOS, FIRMAS DIGITALES

Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

 

 

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

 

Artículo 1º—Ámbito de aplicación. Esta Ley se aplicará a toda clase de transacciones y actos jurídicos, públicos o privados, salvo disposición legal en contrario, o que la naturaleza o los requisitos particulares del acto o negocio concretos resulten incompatibles.

El Estado y todas las entidades públicas quedan expresamente facultados para utilizar los certificados, las firmas digitales y los documentos electrónicos, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.

 

 

Artículo 2º—Principios. En materia de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, la implementación, interpretación y aplicación de esta Ley deberán observar los siguientes principios:

 

a) Regulación legal mínima y desregulación de trámites.

 

b) Autonomía de la voluntad de los particulares para reglar sus relaciones.

 

c) Utilización, con las limitaciones legales, de reglamentos autónomos por la Administración Pública para desarrollar la organización y el servicio, interno o externo.

 

d) Igualdad de tratamiento para las tecnologías de generación, proceso o almacenamiento involucradas.

 

 

CAPÍTULO II

Documentos

 

Artículo 3º—Reconocimiento de la equivalencia funcional. Cualquier manifestación con carácter representativo o declarativo,expresada o transmitida por un medio electrónico o informático, se tendrápor jurídicamente equivalente a los documentos que se otorguen, residan otransmitan por medios físicos.

En cualquier norma del ordenamiento jurídico en la que se haga referencia a un documento o comunicación, se entenderán de igual manera tanto los electrónicos como los físicos. No obstante, el empleo del soporte electrónico para un documento determinado no dispensa, en ningún caso, el cumplimiento de los requisitos y las formalidades que la ley exija para cada acto o negocio jurídico en particular.

 

Artículo 4º—Calificación jurídica y fuerza probatoria. Los documentos electrónicos se calificarán como públicos o privados, y se les reconocerá fuerza probatoria en las mismas condiciones que a los documentos físicos.

 

Artículo 5º—En particular y excepciones. En particular y sin que conlleve la exclusión de otros actos, contratos o negocios jurídicos, la utilización de documentos electrónicos es válida para lo siguiente:

 

a) La formación, formalización y ejecución de los contratos.

 

b) El señalamiento para notificaciones conforme a la Ley de notificaciones, citaciones y otras comunicaciones judiciales.

 

c) La tramitación, gestión y conservación de expedientes judiciales y administrativos; asimismo, la recepción, práctica y conservación de prueba, incluida la recibida por archivos y medios electrónicos.

De igual manera, los órganos jurisdiccionales que requieran la actualización de certificaciones y, en general, de otras piezas, podrán proceder sobre simples impresiones de los documentos en línea efectuadas por el despacho o aceptar las impresiones de dichos documentos en línea, aportadas por la parte interesada y certificadas notarialmente.

 

d) La emisión de certificaciones, constancias y otros documentos.

 

e) La presentación, tramitación e inscripción de documentos en el Registro Nacional.

 

f) La gestión, conservación y utilización, en general, de protocolos notariales, incluso la manifestación del consentimiento y la firma de las partes.

 

No se podrán consignar en documentos electrónicos:

 

a) Los actos o negocios en los que, por mandato legal, la fijación física resulte consustancial.

 

b) Las disposiciones por causa de muerte.

 

c) Los actos y convenios relativos al Derecho de familia.

 

d) Los actos personalísimos en general.

 

Artículo 6º—Gestión y conservación de documentos electrónicos. Cuando legalmente se requiera que un documento sea conservado parafutura referencia, se podrá optar por hacerlo en soporte electrónico, siempreque se apliquen las medidas de seguridad necesarias para garantizar suinalterabilidad, se posibilite su acceso o consulta posterior y se preserve,además, la información relativa a su origen y otras características básicas.

La transición o migración a soporte electrónico, cuando se trate de registros, archivos o respaldos que por ley deban ser conservados, deberá contar, previamente, con la autorización de la autoridad competente.

En lo relativo al Estado y sus instituciones, se aplicará la Ley del Sistema Nacional de Archivos, Nº 7202, de 24 de octubre de 1990. La Dirección General del Archivo Nacional dictará las regulaciones necesarias para asegurar la gestión debida y conservación de los documentos, mensajes o archivos electrónicos.

 

Artículo 7º—Satisfacción de los requisitos fiscales. Cuando la emisión de un acto o la celebración de un negocio jurídico en soporte electrónico conlleve el pago de requisitos fiscales, el obligado al pago deberá conservar el comprobante respectivo y exhibirlo cuando una autoridad competente lo requiera.

 

CAPÍTULO III

Firmas digitales

 

Artículo 8º—Alcance del concepto. Entiéndese por firma digital cualquier conjunto de datos adjunto o lógicamente asociado a un documento electrónico, que permita verificar su integridad, así como identificar en forma unívoca y vincular jurídicamente al autor con el documento electrónico.

Una firma digital se considerará certificada cuando sea emitida al amparo de un certificado digital vigente, expedido por un certificador registrado.

 

Artículo 9º—Valor equivalente. Los documentos y las comunicaciones suscritos mediante firma digital, tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito. En cualquier norma jurídica que se exija la presencia de una firma, se reconocerá de igual manera tanto la digital como la manuscrita.

Los documentos públicos electrónicos deberán llevar la firma digital certificada.

 

Artículo 10.—Presunción de autoría y responsabilidad. Todo documento, mensaje electrónico o archivo digital asociado a una firma digital certificada se presumirá, salvo prueba en contrario, de la autoría y responsabilidad del titular del correspondiente certificado digital, vigente en el momento de su emisión.

No obstante, esta presunción no dispensa el cumplimiento de las formalidades adicionales de autenticación, certificación o registro que, desde el punto de vista jurídico, exija la ley para un acto o negocio determinado.

 

CAPÍTULO IV

Certificación digital

 

SECCIÓN I

Los certificados

 

Artículo 11.—Alcance. Entiéndese por certificado digital el mecanismo electrónico o digital mediante el que se pueda garantizar, confirmar o validar técnicamente:

 

a) La vinculación jurídica entre un documento, una firma digital y una persona.

 

b) La integridad, autenticidad y no alteración en general del documento, así como la firma digital asociada.

 

c) La autenticación o certificación del documento y la firma digital asociada, únicamente en el supuesto del ejercicio de potestades públicas certificadoras.

 

d) Las demás que establezca esta Ley y su Reglamento.

 

Artículo 12.—Mecanismos. Con las limitaciones de este capítulo, el Estado, las instituciones públicas y las empresas públicas y privadas, las personas jurídicas y los particulares, en general, en sus diversas relaciones, estarán facultados para establecer los mecanismos de certificación o validación que convengan a sus intereses.

Para tales efectos podrán:

 

a) Utilizar mecanismos de certificación o validación máquina a máquina, persona a persona, programa a programa y sus interrelaciones, incluso sistemas de llave pública y llave privada, firma digital y otros mecanismos digitales que ofrezcan una óptima seguridad.

 

b) Establecer mecanismos de adscripción voluntaria para la emisión, la percepción y el intercambio de documentos electrónicos y firmas asociadas, en función de las competencias, los intereses y el giro comercial.

 

c) De consuno, instituir mecanismos de certificación para la emisión, la recepción y el intercambio de documentos electrónicos y firmas asociadas, para relaciones jurídicas concretas.

 

d) Instaurar, en el caso de dependencias públicas, sistemas de certificación por intermedio de particulares, quienes deberán cumplir los trámites de la Ley de contratación administrativa.

 

e) Fungir como un certificador respecto de sus despachos y funcionarios, o de otras dependencias públicas, en el caso del Estado y las demás instituciones públicas.

 

f) Ofrecer, en el caso de las empresas públicas cuyo giro lo admita, servicios comerciales de certificación en condiciones de igualdad con las empresas de carácter privado.

 

g) Implantar mecanismos de certificación para la tramitación, gestión y conservación de expedientes judiciales y administrativos.

 

Artículo 13.—Homologación de certificados extranjeros. Se conferirá pleno valor y eficacia jurídica a un certificado digital emitido en el extranjero, en cualesquiera de los siguientes casos:

 

a) Cuando esté respaldado por un certificador registrado en el país, en virtud de existir una relación de corresponsalía en los términos del artículo 20 de esta Ley.

 

b) Cuando cumpla todos los requisitos enunciados en el artículo 19 de esta Ley y exista un acuerdo recíproco en este sentido entre Costa Rica y el país de origen del certificador extranjero.

 

Artículo 14.—Suspensión de certificados digitales. Se podrá suspender un certificado digital en los siguientes casos:

 

a) Por petición del propio usuario a favor de quien se expidió.

 

b) Como medida cautelar, cuando el certificador que lo emitió tenga sospechas fundadas de que el propio usuario haya comprometido su confiabilidad, desatendido los lineamientos de seguridad establecidos, suplido información falsa al certificador u omitido cualquier otra información relevante, para obtener o renovar el certificado. En este caso, la suspensión podrá ser recurrida ante la Dirección de Certificadores de Firma Digital regulada en la siguiente sección, con aplicación de lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley General de la Administración Pública.

 

c) Si contra el usuario se ha dictado auto de apertura a juicio, por delitos en cuya comisión se haya utilizado la firma digital.

 

d) Por orden judicial o de la Dirección de Certificadores de Firma Digital. En este último caso, cuando esta lo determine o cuando el Ente Costarricense de Acreditación (ECA) acredite que el usuario incumple las obligaciones que le imponen esta Ley y su Reglamento.

 

e) Por no cancelar oportunamente el costo del servicio.

 

Artículo 15.—Revocación de certificados digitales. El certificado digital será revocado en los siguientes supuestos:

 

a) A petición del usuario, en favor de quien se expidió.

 

b) Cuando se confirme que el usuario ha comprometido su confiabilidad, desatendido los lineamientos de seguridad establecidos, suplido información falsa al certificador u omitido otra información relevante, con el propósito de obtener o renovar el certificado.

 

c) Por fallecimiento, ausencia legalmente declarada, interdicción o insolvencia del usuario persona física, o por cese de actividades, quiebra o liquidación, en el caso de las personas jurídicas.

 

d) Por orden de la autoridad judicial o cuando recaiga condena firme contra el usuario, por delitos en cuya comisión se haya utilizado la firma digital.

 

Artículo 16.—Revocación por el cese de actividades del certificador. El cese de actividades del certificador implicará la revocatoriade todos los certificados que haya expedido, salvo que anteriormente hayansido traspasados a otro certificador, previo consentimiento del usuario.

 

Artículo 17.—Conservación de efectos. La suspensión o revocación de un certificado digital no producirá, por sí sola, la invalidez de los actos o negocios realizados con anterioridad al amparo de dicho certificado.

 

SECCIÓN II

Certificadores

 

Artículo 18.—Definición y reconocimiento jurídico. Se entenderá como certificador la persona jurídica pública o privada, nacional o extranjera, que emite certificados digitales y está debidamente autorizada según esta Ley o su Reglamento; asimismo, que haya rendido la debida garantía de fidelidad. El monto de la garantía será fijado por la Dirección de Certificadores de Firma Digital y podrá ser hipoteca, fianza o póliza de fidelidad de un ente asegurador, o bien, un depósito en efectivo.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 3º, 9º y 19 de esta Ley, los certificados digitales expedidos por certificadores registrados ante la Dirección de Certificadores de Firma Digital, solo tendrán pleno efecto legal frente a terceros, así como respecto del Estado y sus instituciones.

 

Artículo 19.—Requisitos, trámites y funciones. La Dirección de Certificadores de Firma Digital será la encargada de establecer, vía reglamento, todos los requisitos, el trámite y las funciones de las personas que soliciten su registro ante esta Dirección; para ello, el ECA, a solicitud del Ministerio de Ciencia y Tecnología, deberá fijar los requerimientos técnicos para el estudio, de acuerdo con la Ley Nº 8279, de 2 de mayo de 2002, y las prácticas y los estándares internacionales.

 

Artículo 20.—Corresponsalía. Los certificadores registrados podrán concertar relaciones de corresponsalía con entidades similares del extranjero, para efectos de homologar los certificados digitales expedidos por estas entidades o que estas hagan lo propio en el exterior con los emitidos por los certificadores registrados.

Se deberá informar a la Dirección de Certificadores de Firma Digital, acerca del establecimiento de relaciones de esta clase, de previo a ofrecer ese servicio al público.

 

Artículo 21.—Auditorías. Todo certificador registrado estará sujeto a los procedimientos de evaluación y auditoría que acuerde efectuar la Dirección de Certificadores de Firma Digital o el ECA.

 

Artículo 22.—Cesación voluntaria de funciones. Los certificadores registrados de carácter privado podrán cesar en sus funciones, siempre y cuando avisen, a los usuarios, con un mes de anticipación como mínimo, y con dos meses a la Dirección de Certificadores de Firma Digital.

 

SECCIÓN III

Administración del Sistema de Certificación

 

Artículo 23.—Dirección. La Dirección de Certificadores de Firma Digital, perteneciente al Ministerio de Ciencia y Tecnología, será el órgano administrador y supervisor del Sistema de Certificación.

 

Artículo 24.—Funciones. La Dirección de Certificadores de Firma Digital tendrá las siguientes funciones:

 

a) Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de inscripción de los certificadores.

 

b) Llevar un registro de los certificadores y certificados digitales.

 

c) Suspender o revocar la inscripción de los certificadores y de certificados, así como ejercer el régimen disciplinario en los casos y en la forma previstos en esta Ley y su Reglamento.

 

d) Expedir claves y certificados a favor de los certificadores registrados, y mantener el correspondiente repositorio de acceso público, con las características técnicas que indique el Reglamento.

 

e) Fiscalizar el funcionamiento de los certificadores registrados, para asegurar su confiabilidad, eficiencia y el cabal cumplimiento de la normativa aplicable, imponiendo, en caso necesario, las sanciones previstas en esta Ley. La supervisión podrá ser ejercida por medio del ECA, en el ámbito de su competencia.

 

f) Mantener una página electrónica en la red Internet, a fin de divulgar, permanentemente, información relativa a las actividades de la Dirección de Certificadores de Firma Digital y el registro correspondiente de certificadores.

 

g) Señalar las medidas que estime necesarias para proteger los derechos, los intereses y la confidencialidad de los usuarios, así como la continuidad y eficiencia del servicio, y velar por la ejecución de tales disposiciones.

 

h) Dictar el Reglamento respectivo para el registro de certificadores.

 

i) Las demás funciones que esta Ley o su Reglamento le señalen.

 

Artículo 25.—Jefatura. El superior administrativo de la Dirección de Certificadores de Firma Digital será el director, quien será nombrado por el ministro de Ciencia y Tecnología y será un funcionario de confianza, de conformidad con el inciso g) del artículo 4, del Estatuto de Servicio Civil. El director deberá declarar sus bienes oportunamente, de acuerdo con la Ley contra el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos.

 

CAPÍTULO V

Sanciones

 

Artículo 26.—Sanciones a certificadores. Previa oportunidad de defensa, la Dirección de Certificadores de Firma Digital podrá imponerles, a los certificadores, las siguientes sanciones:

 

a) Amonestación.

 

b) Multa hasta por el equivalente a cien salarios base; para la denominación salario base se considerará lo indicado en el artículo 2º de la Ley Nº 7337, de 5 de mayo de 1993.

 

c) Suspensión hasta por un año.

 

d) Revocatoria de la inscripción.

 

El certificador a quien se le haya revocado su inscripción, no podrá volver a registrarse durante los siguientes cinco años, ya sea como tal o por medio de otra persona jurídica en la que figuren las mismas personas como representantes legales, propietarias o dueñas de más de un veinticinco por ciento (25%) del capital.

 

Artículo 27.—Amonestación. Se aplicará la amonestación, a los certificadores, en los siguientes casos:

 

a) Por la emisión de certificados digitales que no incluyan la totalidad de los datos requeridos por esta Ley o su Reglamento, cuando la infracción no requiera una sanción mayor.

 

b) Por no suministrar a tiempo los datos requeridos por la Dirección de Certificadores de Firma Digital, en ejercicio de sus funciones.

 

c) Por cualquier otra infracción a la presente Ley que no tenga prevista una sanción mayor.

 

Artículo 28.—Multa. Se aplicará la multa, a los certificadores, en los siguientes casos:

 

a) Cuando se emita un certificado y no se observen las políticas de seguridad o de certificación previamente divulgadas, de modo que cause perjuicio a los usuarios o a terceros.

 

b) Cuando no se suspenda o revoque, oportunamente, un certificado, estando obligados a hacerlo.

 

c) Por cualquier impedimento u obstrucción a las inspecciones o auditorias por parte de la Dirección de Certificadores de Firma Digital o del ECA.

 

d) Por el incumplimiento de los lineamientos técnicos o de seguridad impartidos por la Dirección de Certificadores de Firma Digital.

 

e) Por la reincidencia en la comisión de infracciones, que hayan dado lugar a la sanción de amonestación, dentro de los dos años siguientes.

 

Artículo 29º—Suspensión. Se suspenderá al certificador que:

 

a) No renueve oportunamente la caución que respalde su funcionamiento o la rinda en forma indebida.

 

b) Reincida en cualesquiera de las infracciones que le hayan merecido una sanción de multa, dentro de los siguientes dos años.

 

Artículo 30.—Revocatoria de la inscripción. Se podrá revocar la inscripción de un certificador cuando:

 

a) Se compruebe la expedición de certificados falsos.

 

b) Se compruebe que el certificador suministró información o presentó documentos falsos, con el fin de obtener el registro.

 

c) Reincida en cualesquiera de las infracciones que le hayan merecido una sanción de suspensión, dentro de los cinco años siguientes.

 

Artículo 31.—Procedimiento. Todas las sanciones serán impuestas mediante el procedimiento administrativo ordinario, previsto en la Ley General de la Administración Pública, salvo en el caso de amonestación, en que podrá aplicarse el procedimiento sumario.

 

Artículo 32.—Publicidad. Excepto el caso de amonestación, todas las sanciones administrativas impuestas serán publicadas por medio de reseña o trascripción íntegra en La Gaceta, sin perjuicio de que, en atención al caso concreto, se disponga, además, publicarlas en uno o más medios de circulación o difusión nacional.

Asimismo, la Dirección de Certificadores de Firma Digital dispondrá la publicación electrónica en su página de información en Internet.

 

 

CAPÍTULO VI

Disposiciones finales y transitorias

 

Artículo 33.—Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará esta Ley dentro de los seis meses siguientes a su publicación.

Además, para el trámite eficiente de sus asuntos, cada dependencia pública podrá adoptar las medidas particulares de aplicación de esta Ley de acuerdo con sus necesidades.

 

 

Transitorio único.—Los rubros presupuestarios requeridos para que la Dirección de Certificadores de Firma Digital entre en funcionamiento, deberán ser incluidos por el Ministerio de Hacienda, a propuesta del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el primer presupuesto remitido a la Asamblea Legislativa, después de promulgada esta Ley.

 

Rige a partir de su publicación.

 

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los treinta días del mes de agosto del dos mil cinco.

 

“Rendición voluntaria de cuentas del Magistrado  Bernardo van der Laat Echeverría”

 

(Octubre 1997-Setiembre 2002)

 

 

 

 

Introducción

 

Con ocasión de unas declaraciones del Diputado Lic. José Miguel Corrales, el día lunes 27 de mayo del 2002, en la que expresaba su preocupación por que no hay ningún control sobre los Magistrados, quienes resultábamos ser “Jueces de sí mismo”, dirigí una nota a don José Miguel, el día 28 de mayo, con copia a los señores Jefes de Fracción, en la que  les indiqué mi disponibilidad a rendir cuentas en cualquier momento en que fuera requerido.(ver documento no.2).

 

Reiteradamente, la opinión pública, expresa un clamor para que quienes ocupamos funciones públicas rindamos cuentas. Diferentes autores y columnistas, con frecuencia, lo han señalado.

 

Por otra parte, las circunstancias que mediaron en mi nombramiento, hace que sea muy fuerte en mí conciencia, el  llamado a la rendición de cuentas. Este se me presenta como un compromiso vital, tácito y en extremo vinculante con quienes propusieron mi nombre a conocimiento de la Asamblea Legislativa y  me eligieron.

 

Sin duda, sería válida la observación,  del por qué hasta ahora rindo cuentas, luego de más de cuatro años en el cargo.  Sin embargo,  no es sino a raíz de los sucesos políticos que han ocurrido, y de algún suceso en mi vida, un quebranto de salud, que he tomado conciencia de esta ineludible obligación moral y considerando que,  el próximo 13 de octubre, cumplo 5 años de haber sido designado en el cargo que desempeño, estimé que era un momento oportuno para hacerlo, porque puede considerarse que estoy a mitad de mi período y que cualquier eventual crítica, observación o sugerencia que pueda resultar del análisis del presente informe, todavía podría ser considerada.

 

Sin perjuicio de lo que he expuesto, presento este informe, voluntario, en cuanto no esta establecido en norma alguna; creyendo fielmente en la independencia del Juez y del Poder Judicial y,  por lo tanto, nada que de él se diga, debe entenderse contra ese principio fundamental  de la democracia.  Los aspectos de los que daré cuenta, son aquellos en que considero es procedente la rendición de cuentas, sin perjuicio de la independencia dicha.

 

A la hora de proceder a preparar este informe, me enfrenté a una serie de interrogantes, como, a quién rendir las cuentas, cuál tenía que ser su contenido, y otras de la misma índole.  Ante la ausencia de normativa al respecto, he hecho lo que he creído que comprende una rendición de cuentas, según mi leal  saber y entender; por lo tanto, cualquier error o carencia en este informe, se debe a  esa circunstancia y a las dudas que me pueden haber surgido, no al deseo de ocultar alguna actuación o circunstancia de mi gestión como Magistrado.

 

Con la perspectiva que he indicado, presento este informe dividido en las siguientes partes: I. La función jurisdiccional.  II. La participación a nivel de Corte Plena.  III. Aspectos de índole administrativo.   IV.  Aspectos académicos.   V. La participación en Comisiones.    VI. Otros aspectos.  VII. Reflexión final.

 

Parte I.  La función jurisdiccional.

 

La función jurisdiccional obviamente resulta ser la labor fundamental del Magistrado; por ese motivo, es a ella a la que me referiré en primer lugar.

 

En el seno de la Sala existen varios roles según se trate alguna de las materias que le corresponde por ley conocer a ella; así, los asuntos que ingresan ( laboral, familia, responsabilidad civil contra Jueces, ejecuciones de sentencias en materia de tránsito y juicios universales) se van  distribuyendo entre los Magistrados en estricto orden rotativo.  En los asuntos que se le asignan al Magistrado, éste debe preparar un proyecto de sentencia que hace llegar a  los demás integrantes de la Sala, y cuando todos han visto el proyecto se procede a someterlo a votación. Igual sucede respecto de los asuntos que corresponden a los demás Magistrados.  En consecuencia, cada integrante de la Sala debe preparar el  proyecto de los asuntos que le son asignados a su despacho, y revisar los proyectos preparados por sus compañeros.

 

En el período comprendido entre el 5 de noviembre de 1997 y el 14 de agosto del 2002, me correspondió dictar 389 sentencias. (ver documento no.3).

 

En el mismo período, la Sala conoció de 2091 asuntos ( ver documento no.3).  En consecuencia aparte de las sentencias, el informante realizó el estudio de 1072 expedientes, correspondientes a los casos redactados por los demás integrantes de  la Sala.

 

Al día 30 de agosto, fecha en que se termina el presente informe, el suscrito tiene asignados 13 expedientes, de los cuales ya se encuentran en proyecto 6 expedientes.(ver documento no. 4)

 

Al momento en que empecé a trabajar en la Sala, la duración promedio de los juicios, por ejemplo, en materia laboral, era de 10 meses. (ver documento no. 5), posteriormente dicho rendimiento mejoró descendiendo a una duración de 3 meses y 1 semana ( ver documento no.5). No cuento con el dato del presente año.  Espero que mi contribución, no haya sido ajena a la disminución del término de duración de los expedientes. En efecto, trato de sacar los asuntos que me son enviados por los compañeros a la brevedad posible, generalmente, dentro de las 24 o 48 horas siguientes al momento en que recibo el proyecto, y solamente en casos muy calificados, o de especial complejidad, tomo más tiempo.

 

He procurado que en mis fallos comprendan, siempre que esto sea posible, un análisis de la doctrina.  Pueden consultarse los números de las sentencias que he dictado, en la base de datos de la Sala.  Sin embargo, solamente como  para ilustrarle al lector, me permito acompañar párrafos de algunos de los fallos que considero más relevantes ( véase documentos no. 7).

 

También he procurado siempre mantener el menor número de expedientes posibles en estudio. Puede verificarse que desde el momento de mi nombramiento a la fecha, tradicionalmente he alternado entre el primer y segundo lugar, entre los Magistrados que  tienen menor número de expedientes a su cargo. Los cuadros que se anexan ilustran como ha sido la situación en el último año. (ver documentos nos.8, 9 y 10).

 

A la fecha, me encuentro totalmente al día en la elaboración de notas en las sentencias y de votos salvados ( ver documento no.3).

 

Parte II.La participación a nivel de Corte Plena.

 

1. Asistencia

 

Durante el  período que comprende el informe, la Corte Plena celebró 229 sesiones ordinarias y extraordinarias. (ver documento no. 11).  Asistí a todas ellas, con excepción de 36.  Las ausencias se dieron en 13 casos, por estar disfrutando de vacaciones (generalmente asistiendo a algún evento científico); en 11 sesiones por incapacidad, (a raíz de un  infarto cerebral  estuve incapacitado durante los meses de enero, febrero, marzo y parte de abril);  disfruté permiso con goce de salario en 6 ocasiones, y no aparezco asistiendo a  4 sesiones.(ver documento no. 13).  La razón de mi inasistencia en esos casos, es la siguiente: en dos ocasiones, por encontrarme indispuesto, por ser algo pasajero y sorpresivo, no aporté la respectiva constancia médica, y no quedó constando el motivo de mi inasistencia.  En otra ocasión por encontrarme acompañando en una actividad oficial de la Corte, al Profesor José Luis Tortuero, en la ciudad de Limón, ( ver documento no.13);  solamente en una ocasión, concientemente, no asistí, eso fue un día que media hora después de haber sido convocada la sesión, por no haber quórum se levantó ésta; sin embargo, posteriormente una hora más tarde se volvió a convocar de inmediato la sesión,  en señal de protesta por la inasistencia de los compañeros; tema que siempre me ha preocupado, me negué a  asistir a esta reunión convocada en esa forma.

 

Me encuentro al día en cuanto a los informes que me han sido encomendados.  En los registros aparecen 2; sin embargo, el que surge como el más antiguo, lo cuestiono con mis registros y, el otro es de hace una semana (ver documento no. 14 a, b y c).

 

2.Temática

 

He creído oportuno señalar, cual  ha sido mi pensamiento en la Corte Plena.  Para ese propósito, me he permitido agrupar por tema, algunas de las intervenciones que he tenido durante el período objeto del presente informe. 

a) Materia Presupuestaria:

 

En relación con el último presupuesto de la Corte Suprema de Justicia, expresé mi preocupación por atrasos incurridos en su tramitación. ( ver documento no. 25). He señalado que debemos actuar  con prudencia y con realismo y fundamento ético, (ver documento no. 26 y 27). Además, he buscado algunos mecanismos que permitan bajar algunos de los costos que tiene la institución, así, a manera de ejemplo: 1- En el último presupuesto, evité que se incluyera una partida de 1.270 millones para pagar un eventual aumento de la ‘anualidad’, toda vez que es un derecho que no tienen los trabajadores, y que crear la  partida presupuestaria podría desarrollar falsas expectativas (ver documento no. 28).  2- Se eliminó, a propuesta mía, una partida de 503 millones para pago de la cesantía a los afiliados a la Cooperativa: toda vez que no hay ningún derecho a ese pago por parte de tales trabajadores (ver documento no.29).  3-Igualmente se cuestiona la creación de un departamento de cobro administrativo integrado por  7 personas, por considerarlo demasiado grande e innecesario para necesidades institucionales y una actividad que perfectamente podría sacarse a licitación para que la desarrollaran abogados litigantes. ( ver  documento no. 30).  4- Abogué para que no se crearan plazas nuevas a nivel de la Presidencia de la Corte y de las Salas de la Corte Suprema de Justicia (ver documento no. 31).  5-Objeté en presupuestos pasados, la inclusión de una partida para la compra de jarras y pines alusivos a un evento (ver documento no. 32). También propuse posponer el cambio de vehículos, salvo los indispensables por deterioro ( ver documento no. 32 b) y la rebaja de la partida de recepciones (ver documento no. 33). 

 

b) Vacaciones Colectivas.

 

Desde el año 1999, propuse que parte de las vacaciones  se disfrutaran en forma colectiva. Lo anterior, por cuanto se había observado que, las vacaciones tomadas en forma individual, provocaban una serie de problemas, por ejemplo,  el suplente nunca rendía como el titular, y muchas veces ni siquiera desempeñaba su trabajo.  El empleado judicial tiene derecho a  31 días naturales de vacaciones.  Si se toman las vacaciones, una parte al final de año en los días tradicionalmente llamados de festejos populares, y la Semana Santa, todavía le quedaban para disfrute, a su antojo,  9 días hábiles, prácticamente igual a las dos semanas a que tiene derecho cualquier otro trabajador.  Para la institución el cerrar colectivamente, tenía una serie de ventajas, aparte de la economía en recurso humano indicada, pues implica menor gasto de servicios como electricidad, teléfono, agua, vigilancia..., y para el usuario, si bien tiene el inconveniente que el servicio público justicia no abra todos los días, o no abra algunos días, aunque realmente, por lo dicho, la oficina esta abierta, pero el servicio no se está prestando, en realidad es en dos épocas del año, fin de año y Semana Santa, que usualmente gran número de instituciones y empresas da vacaciones colectivas.  La anterior  medida produce un efecto presupuestario importantísimo toda vez que, significa una economía de 1.200 millones por año en que se aplica (ver documentos nos. 34, 35).

 c) Política de Becas.

 

El Poder Judicial ha mantenido una política de otorgar becas a sus funcionarios.  En años recientes, en algún momento, solo en el exterior se encontraban 16 funcionarios. Consideré necesario que la Corte definiera, de previo más becas, primero para qué se iba a capacitar, toda vez que la asignación de las becas por materia, era muy casual y subjetiva; se asignaba, por ejemplo, una beca a laboral, dos a penal, porque alguien, sin ningún estudio técnico, consideraba que esas eran las materias que era necesario capacitar.  Planteé que era necesario definir primero el punto de, para qué se quería capacitar, y luego dar las becas, y si no era para capacitación, que se definiera que era como una política de incentivos, no salariales. También mantuve el caso concreto de un funcionario que fue becado por 5 años; su contrato lo obligaba a trabajar dos años por cada año beca, y basándose en una ley para funcionarios del Poder Ejecutivo, que ya conocía cuando firmó el contrato; trató de limitar esa prestación futura de servicios solamente a dos años.  ( ver documentos nos. 35,36,37,38).  Así mismo, en forma reiterada consideré la necesidad de observar en forma estricta los procedimientos objetivos de selección de las personas que podrían disfrutar de una beca, a través de un concurso público y abierto a todo el personal;  además, sostuve que los beneficiarios de una beca deben estar nombrados en propiedad.

 

En relación con los pasos previos a la definición de una política de becas, propicié una serie de consultas con autoridades de diferentes componentes institucionales para conocer las necesidades.( ver documento no. 39)

 

d) Docencia en horas laborales.

 

El artículo 9.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, permite como excepción a la prohibición de realizar otras actividades al servidor judicial, la docencia, en horas laborales hasta por cinco horas semanales. Esta es una norma extraordinaria porque, implica eventualmente para quienes laboramos en instituciones públicas de enseñanza, la autorización para que se nos pague una superposición horaria.

 

La inconveniencia de ésta disposición legal, así como que el servidor judicial se ausente para dar lecciones, en horas laborales, es fuente de gran costo para la institución y de molestia y atraso para los usuarios, pues afecta la posibilidad de hacer juicios, votar asuntos, dar audiencias. Por tal motivo, presenté una moción para que se planteara ante  la Asamblea Legislativa, una reforma a esa disposición.  La moción fue rechazada, (ver documento no.40).

 

e) Posibilidad de que los litigantes de otras religiones disfrute de los días feriados correspondientes a ellas.

 

Con ocasión de una gestión que realizó un abogado de religión judía, me correspondió dar un informe en el que, se recomendó a la Corte reconocer la especial situación de los practicantes de otras religiones, con ocasión de las fiestas de preceptos de éstas y su ejercicio profesional.  (ver documento no.41).

 

f) Respeto de la Ley para realizar los nombramientos en propiedad.

 

Dado que en un determinado momento habían muchos funcionarios interinos, la Corte se abocó como era necesario, a realizar los concursos respectivos.  Sin embargo, se planteó una polémica, porque se pretendía que, aparte de los que por concurso debían aparecer en la respectiva terna, debía incluirse también al interino que ocupaba el puesto, aunque no tuviera el puntaje requerido.  El suscrito, sostuvo la tesis, que debería respetarse la disposición legal y a pesar de una decisión en contra por parte de la Corte, finalmente la Sala Constitucional resolvió el punto, dándome la razón. (ver documento no.42, 43 a y b ).

 

g) Una política de mayor esfuerzo.

 

En diferentes ocasiones, planteé cuestiones como:

 

1’- Eliminación del día del empleado judicial, toda vez que era un asueto adicional, que causaba muchos problemas a los usuarios.(ver documento no. 44). 

 

2’- Que las sesiones de Corte Plena se prolongaran hasta las 9:00 de la noche. (ver documento no.45)

 

3’- Que se siguiera sesionando los días lunes todo el día, hasta que se agotaran los temas prioritarios de agenda de Corte. ( ver documento no.46).

 

4’-Que se planteara a la Asamblea Legislativa, reformar la Ley Orgánica, para que las vacaciones se otorgaran en forma escalonada. Lo anterior porque actualmente, cualquier empleado judicial, independientemente de su antigüedad en la institución, tiene derecho a 31 días naturales. En todas las demás instituciones públicas hasta donde conozco, las vacaciones se van otorgando más en función del mayor número de años de servicio.(ver documento no.47).

 

5’- Reglamento de asistencia a sesiones de Corte Plena a fin de que no se pagara al Magistrado ausente de la sesión de Corte Plena, el salario correspondiente al día, en igual medida se le pagaría en caso de no asistir a la sesión completa. (ver documento no.48).

 

6’- Política restrictiva de concesión de permisos con goce de salario a los  Magistrados, para asistir a eventos académicos ( ver documento no. 49).

 

h) Respeto a la Carrera Judicial.

 

i)  Preocupación para que se asegure a funcionarios que viajen , o a invitados de la Corte. (ver documento no. 50).

 

 j)   En material de licitaciones públicas. (ver documento 51).

 

Por ejemplo, con ocasión de cuantiosas licitaciones públicas (cerca de $400.000,00) solicité un estudio de ventajas y desventajas, porque se estaba realizando una contratación que vinculaba prácticamente de por vida a la Corte con una empresa suplidora de material informático. ( ver documento no.51 a y b).

 

 

 

Parte III. Aspectos de índole administrativo.

  

1.Viajes.

 

Como Magistrado he realizado viajes que considero pueden clasificarse de tres tipos: A) De índole Institucional,  B) De capacitación,  C) De carácter personal- académicos.

 

A). De índole Institucional.

 

Desde que fui nombrado, he participado en 3 viajes que  clasifico de índole institucional, a saber:

 

a-) Participación en la “X Reunión de Cortes Supremas de Justicia de Centroamericana y Panamá”, celebrada en Nicaragua del 14 al 16 de Junio del 2000.  Este viaje tuvo un costo de ¢138.550.50 colones ( ver documento no.15); participé por designación de la Corte Suprema de Justicia, que consideró oportuno que por una vez la Corte tuviera participación importante en cuanto a número en la  Reunión de la Corte Centroamericana de Justicia que se celebraría en Managua, por la Sala II fue designado el suscrito.  Por considerar importante la reunión, el grado de participación que se indicó y celebrarse ésta en Nicaragua, que no conllevaba mayores gastos aéreos, participé en la reunión. 

 

b-) Visita a San Salvador-El Salvador,  para intercambiar experiencias sobre los avances del proceso de modernización y específicamente para  combatir la mora judicial.  Este viaje se realizó del 17 al 20 de noviembre de 1999, y tuvo un costo de ¢ 173.160.00 colones.  La Corte consideró oportuno la visita de varios funcionarios de la Corte y el suscrito como Magistrado para observar  los programas de combate de la mora judicial, que con mucho éxito se llevaban a cabo en ese país y otros aspectos de la reforma judicial, que podrían ser de interés, en vista de los cambios que se estaban suscitando en el país.(ver documento no.16).

 

c-) Participación en la  89° Conferencia Internacional del Trabajo. 

Por petición del Ministro de Trabajo, y de común acuerdo con las partes sociales (Empleadores y Trabajadores), se me integró como observador de la Delegación de Costa Rica a la 89° Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra- Suiza, en junio del 2001.(ver documento no. 15 b)    El costo de este viaje fue de ¢ 826.679,50  colones de viáticos y $ 1048,95 dólares de pasaje.(ver documento no. 15).

 

d-) Curso sobre instrumentos para las reformas judiciales.  Este curso se   celebró del  6 al 19 de enero del 2002, en Santiago de  Chile, en el Centro de Estudios Judiciales de las Américas.,(C.E.J.A.)  Inicialmente, la existencia del curso fue conocido por el Consejo de Personal, que en ese momento presidía y el Consejo, por voto unánime, consideró que estando la Corte inmersa en un ambicioso programa de reformas judiciales, era importante la capacitación en esta materia y el curso, según la información que se nos suministró, reunía esa característica.  La Corte Plena acordó que fuera un miembro de cada una de las Salas.  Por la Sala II, mediante sorteo, fue designado el suscrito.  En cuanto a mi participación, resultó fallida, toda vez que, iniciando el curso, el  día lunes 7 de enero del 2002,  el día 9 sufrí un infarto cerebral que obligó a mi internamiento y a una incapacidad de varias semanas.  El costo que tuvo este viaje fue de $ 942.25 dólares el pasaje, y de ¢281.927,25 colones de viáticos.(ver documento no. 16). Adjunto el programa del curso (ver documento no. 17).

 

B) De capacitación.

 

Como puede ser verificado en mi hoja de vida, (ver documento no.1), realicé, antes de entrar a la Corte, más de veinte viajes de capacitación financiados, o  con recursos propios,  por invitación de los organizadores y, en alguna ocasión, por la Universidad de Costa Rica.  Considero de que el hecho de que se me considere un especialista en el campo del Derecho del Trabajo, materia que enseño desde hace cerca de 27 años en la Universidad de Costa Rica, fue definitivo para mi selección para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala II, Sala a la que le corresponde conocer la materia laboral, y que en su circulante incluye un 80% de casos de esta materia.  Creo fundamental, mantenerme constantemente actualizado, sobre lo que ocurre en este campo, porque estimo, que mi conocimiento debe ser de los más completos en el país.  Por consiguiente no consideré incorrecto que, a partir del momento del ingreso a la Corte, fuera la institución la que me proporcionara la oportunidad de mantenerme actualizado.  Desde esa perspectiva, se me autorizó a viajar  por cuenta de la Corte Suprema de Justicia,  a los siguientes eventos:

 

a-) Congreso Mundial de Relaciones Industriales (Visión Pluridisciplinaria) celebrado en Bologna- Italia, del 22 al 26 de setiembre de  1998. Costo ¢491.000,00 de viáticos (ver documento no.- 16), no se me certificó el costo del boleto. El tema central de la reunión fue; “Developing competitivenss and social justice the  interplay between institutions and social partners”.

 

b-) Congreso Mundial  de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, celebrado en Jerusalén- Israel, del 3 de setiembre al  7 del 2000. Costo ¢675.674,85 colones de viáticos y $ 1.449,00 dólares el boleto aéreo.(ver documento no. 15).

 

Los temas conocidos en este Congreso fueron: Relaciones Laborales en el Sector Público incluidos conflictos colectivos.  Similitudes y diferencias entre Contratos Laborales y Contratos Comerciales y Civiles.  Pensiones de retiro (Seguridad Social: Esquemas nacionales.  Seguro Social y Fondos Privados).

 

C) De carácter personal-académico.

 

Los viajes de índole académica; fueron pagados con recursos propios o por invitación de los organizadores ( Universidades, Asociaciones de la especialidad).  Participé en los siguientes:

 

1-) Congreso Iberoamericano del Derecho del Trabajo. Panamá, del 27 al 30 de abril de 1989.

 

2-) IV Congreso Regional Americano del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Santiago de Chile, del 11 al   13 noviembre de 1998.

 

3-) Gira de conferencias a  la Universidad Complutense de Madrid, y a la Universidad de Santiago de Compostela.  Marzo de 1999.

 

4-) Jornadas Iberoamericanas sobre Legislación Laboral.  Barcelona 18 al 20 de marzo de 1999.

 

5-) Congreso Nacional de Derecho Burocrático.  San Luis Potosí, México, del 1 al 3 de noviembre del 2000.

 

6-) Gira de Conferencias a la Universidad Complutense de Madrid, Sede de Segovia y a la Universidad de Salamanca.

 

7-) V Congreso Regional Americano de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.  Lima- Perú. Setiembre del 2001.

 

8-) Reunión Europea de Jueces Laborales. Ginebra- Suiza. Diciembre del 2001.

 

Debo aclarar que, para asistir a ellos tomé días de vacaciones y no de permiso con goce de salario.

 

Todos los viajes costeados por la Corte Suprema de Justicia, fueron pagados siempre en clase económica.  Sin embargo, en tres ocasiones que de seguido explico, se me concedió por decisión, en dos casos, de la línea aérea y en otro de los organizadores, el “Up Grade” a la clase Ejecutiva.  En efecto, en el viaje realizado a El Salvador- San Salvador, al llegar al aeropuerto, fui pasado por decisión de la compañía, en el viaje de ida, a la clase ejecutiva.  En el pasado, antes de ser Magistrado, me había ocurrido algo similar en algunas ocasiones, por lo que no consideré que fuera con una intención torcida.  El viaje para participar en la Reunión de Jueces Laborales Europeos, lo realicé por invitación de la Organización Internacional del Trabajo, el cual, por tratarse de viajes que tienen una duración superior a 5 horas, acostumbra dar el tiquete en clase ejecutiva.  En el viaje de regreso de Santiago de Chile, ciudad en la que, como indique atrás, sufrí un infarto cerebral, y me encontraba paralizado  medio cuerpo, la compañía aérea, Grupo Taca, consideró pasarme a la clase ejecutiva junto con mi señora, para facilitar el traslado y para comodidad mía y de los demás pasajeros. En relación con éste suceso, le envié una carta de agradecimiento a dicha compañía  ( ver documento no.18) y consideré oportuno, para evitar que se considerara que quedaba comprometido con la citada empresa, devolver un tiquete que me había sido dado como indemnización por la cancelación de un vuelo San José- Lima, el día 5 de noviembre de 1997, que era mi viaje de Bodas,  cancelación  que me obligó, a su vez, a anular un viaje a Cuzco, un almuerzo con Magistrados Peruanos y una conferencia. (ver documento no.18).

 

2. Vehículo.

 

El tema de los vehículos de uso discrecional, es uno de los más delicados para quienes ejercemos la función pública.  Cuando fui designado Magistrado, me preocupó mucho el alcance de la discrecionalidad.  Por tal motivo, visité al señor Contralor General de la República y recabé el criterio de diversos compañeros Magistrados y otros funcionarios que usan vehículos discrecionales. La única conclusión que saqué, obvia por lo demás, es que, es un concepto de gran contenido subjetivo, pues prácticamente cada una de las personas consultadas me dio una versión diferente. En consecuencia, he usado el vehículo según mi propia discrecionalidad, que ha consistido, por supuesto, en considerarlo un instrumento de trabajo del funcionario, pero tomando en cuenta la jerarquía y el estatus de éste, el hecho de que es un funcionario que ejerce su cargo las 24 horas al día, 365 días al año;  sea que se es Magistrado fuera de horas de despacho.  También tomando en cuenta que el vehículo cumple un papel importante en la seguridad del funcionario; y que, para quién viene fuera del Poder Judicial, como fue mi caso, se constituye un complemento salarial no dinerario  que se toma en cuenta a la hora de valorar la aceptación del cargo.

 

No obstante lo dicho, he usado el citado bien con austeridad y prudencia.

 

Dentro de esa discrecionalidad apuntada informo, que se me ha asignado el vehículo marca Chrysler, estilo Stratus, modelo 2000.  Desde el día 7 de mayo de 1999, a la fecha ha recorrido casi 49.000 kilómetros.  Se mantiene en perfecto estado de conservación y funcionamiento.  Si fue necesario comprar 2 llantas nuevas pues, muy a mi pesar, se dañaron por caer en grandes baches.

 

A-) Consumo de combustible.

 

Desde el 7 de mayo de 1999,  empecé a llevar un control personal del combustible utilizado por el vehículo a mi disposición. ( ver documento no.19).  A partir del mes de julio del año 2002, la institución generalizó el control sobre el consumo de la gasolina y limitó a una cuota de 300 litros mensuales el consumo disponible por Magistrado.  En los meses de julio y  agosto, el consumo del vehículo asignado ha sido de 186 y 204 litros respectivamente por mes.  ( ver documento no.20). 

 

3. Remodelaciones y mobiliario.

 

El edificio del Poder Judicial es un edificio con oficinas que pueden definirse como lujosas.  La oficina asignada a un Magistrado, consta de tres aposentos, la oficina del Magistrado enchapada en maderas finas, en el caso de la que yo ocupo, de Caoba; la oficina de la Secretaria y recibo y una oficina más pequeña que generalmente se usa por el Letrado.

 

Cuando fui nombrado,  según se me informó, hacía más de 15 años  no se cambiaba la alfombra ni se pintaba la oficina asignada; en igual circunstancia se encontraban los muebles de recibo de la oficina;  me molestaba el hecho, que el descuido que se encontraba, me fuera achacado, pues siempre he sido muy cuidadoso con los bienes públicos, y por lo tanto, no consideré un despilfarro el que se cambiara la alfombra, pintar la oficina y  forrar los muebles. La alfombra tuvo un costo de ¢ 177.500,oo ( ver documento no.15).  No fue posible determinar el costo de la pintura y la tapicería (ver documento no. 19 c). Traje de mi propiedad, para uso de la oficina, un escritorio de la marca Urgellés y Penón, un  juego forrado en cuero de la misma mueblería, algunos muebles pequeños, y una pequeña colección de pinturas de autores nacionales, así mismo, compré diversas plantas que adornan la oficina. Además tengo instalado en la oficina el teléfono número 258-8174, que es de mi propiedad y cuyo pago mensual realizo.

 

Tengo una valiosa biblioteca especializada en materia del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, que es un instrumento básico y esencial para mi trabajo.  Son cerca de 5.000 volúmenes. La oficina carecía de bibliotecas suficientes para tal número de libros; en consecuencia, también solicité que se me dotara de ese mueble.  El costo del mismo fue de ¢560.400,00 (ver documento no.19 c).  No omito informar que la biblioteca es, en la práctica, la de la Sala, pues la usan quienes deseen, especialmente los letrados, abogados ajenos al Despacho y también por estudiantes.  Y que no tuve ninguna participación en la determinación del tipo de mueble hecho.

 

El baño no fue remodelado y se encuentra en el estado en que estaba cuando asumí el cargo.

 

También se dotó de persianas toda vez que la oficina carecía de ellas.

 

4.  Pago de horas extras.

 

El personal de que dispongo para el cumplimiento de las labores, es una Secretaria, un Abogado(a) Asistente ( Letrado(a)) y un Chofer.  La secretaria, ni  la letrada, han devengado nunca horas extra, ni pago en días de descanso,  durante el tiempo que tengo de ser Magistrado.  En el caso del chofer, se le han pagado las horas extra que constan en la constancia que adjunto ( ver documento no.20), por un monto total de ¢123.346,75, en el período que va de mayo de 1998 al 13 de agosto último.  Estas horas extra o pago de trabajo en días no laborales, se originan básicamente en lo siguiente:  asistencia a los  actos  de inauguración del Año Judicial, celebrados en Nicoya y Liberia; reunión con la comunidad en Cañas; acompañar al Profesor José Luis Tortuero Plaza a Liberia y Limón; inauguración del edificio de Golfito; primera piedra del edificio de Santa Cruz; actos oficiales de los días 1ero. de Mayo, y del Traspaso de Poderes, Acto del 2 de agosto en Cartago.

  

5. Suministros de Oficina.

 

Pedí a la administración un detalle de los útiles de oficina suministrados a mi despacho. Sin embargo, se me informó que el control lo realizaban por Salas de la Corte.  Por tal motivo no puedo dar el detalle específico del consumo. Acompaño el dato de lo entregado en los últimos 3 meses. ( ver documento no.21).

  

Parte. IV Actividad Académica.

 

Soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica  desde 1973. Actualmente ostento el grado de Catedrático y el puntaje alcanzado dentro del régimen académico es de 121.50 (ver documento no.22).  En la actualidad conforme a la posibilidad dada la Ley Orgánica del Poder Judicial, tengo en propiedad un cuarto de tiempo y por lo general doy un curso de Derecho del Trabajo, 4 horas por semana.  Por decisión personal con la excepción del primer semestre de 1998, todos los demás semestres, he impartido las lecciones en horario a partir de las 4:30 de la tarde.( ver documento no.22 b).

 

Desde que fui nombrado Magistrado,  he participado en los Congresos que se detalló en la parte correspondiente a viajes (bid. atrás Parte III),y he realizado las siguientes publicaciones:

 

a)    “Constitución, Personificación y  Representatividad del Sindicato”.  En “Instituciones de Derecho del Trabajo”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, en coautoría con Carlos Carro Zúñiga. UNAM; México, 1997.

 

b)    “Límites de la Flexibilidad”. En “ Libro Homenaje al Profesor Héctor Hugo Barbagelata”, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1997.

 

c)    “Protección a la Libertad Sindical” en coautoría con el Dr. Alexander Godínez.  Editorial Juricentro, San José, Costa Rica. 1998.

 

d)    “Costa Rica. En “ Internacional Enciclopedia for Labour Law and Industrial Relations”, Kluver, Nederlands.  En coautoría con el Dr. Alexander Godínez. 1999.

 

e)    “Costa Rica (Informe General sobre Legislación Laboral comparada de España, Portugal, Países Iberoamericanos)”, Centro Iberoamericano de Documentación Laboral (Cidla), Barcelona. 1999.

 

f)      “ La Relación de Empleo Público –Perspectiva Jurisprudencial” Congreso Nacional de Derecho Burocrático. San Luis, Potosí, 1-3 noviembre. 2000.

 

g)    “ La Reinstalación en el Sector Privado”. Foro Estabilidad Laboral y   Régimen Indemnizatorio.  Memorias. 26 y 27 de julio 2000.

 

h)    “Cláusulas Sociales” y Reformas Normativas en la Región. Agosto 2001. Relacentro Año 1,  No. 1. San José.

 

i)       “Relación entre lo Individual lo Colectivo y la Seguridad Social”  V Congreso Regional Americano del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.  Lima- Perú. Setiembre 2001.

 

j)       “La Dimensión Social de la Globalización: Cláusulas Sociales, Códigos de Conducta y Normas de Responsabilidad Social del Empresario”.  Salamanca. Abril 2001.

  

Parte V. Comisiones.

 

Soy actualmente miembro de la Comisión de Asuntos de la Jurisdicción Laboral y de la Comisión de Género; en el pasado presidí el Consejo de Personal, e integré otras.  Las comisiones si bien llevan actas, no son  éstas de tal naturaleza que permitan reconstruir, con fidelidad, la participación e iniciativas del respectivo Magistrado.  Sin embargo, creo haber tenido una participación importante y contribuido, por lo tanto, a realizar la obra que se indicará en la Comisión de Asuntos Laborales y en el Consejo de Personal.  Por supuesto, junto con el Magistrado y Magistradas, en diversos momentos, Dr. Jorge Rojas Sánchez, Licda. Zarela Villanueva Monge, Dra. Anabelle León Feoli y el extraordinario aporte del Dr. Luis Paulino Mora Mora, Presidente de la Corte y del Lic. José Luis Calderón Flores, Jefe del Despacho de la Presidencia.

 

 

1. Comisión de Asuntos Laborales.

 

Desde su constitución he sido miembro de ella, y  durante un tiempo también su presidente.  Destaco las siguientes actuaciones de dicha comisión en las que tuve participación importante:

 

a) Jornada vespertina:

 

Por circunstancias que no es del caso analizar en este informe (traslado a Goicoechea, rezago ya importante en ese momento, juicios masivos contra instituciones del estado, y compañías bananeras, etc. el Juzgado de Trabajo del Circuito Judicial de Goicoechea, se encontraba colapsado.  Se veía la necesidad de ampliar los servicios de este despacho. Sin embargo, no habían los recursos para la compra del equipo que se necesitaba ni las instalaciones físicas; por ello, consideré oportuno proponer la apertura de una jornada vespertina que se iniciara a las 4:30 de la tarde y terminara a las 10:30 de la noche, que permitiría usar el mismo equipo durante el día, en las mismas instalaciones pero con otro personal. Además de trabajar por lo menos una fracción de la jornada sin atención de público, lo que aumentaba la concentración de los trabajadores, y  en cuanto al  público, especialmente a los litigantes se les podía ofrecer más horas de atención (hasta las 19:00 horas).

 

b). Más Jueces

 

En un determinado momento se determinó que había 2060 asuntos muy atrasados (al momento juicios de años anteriores a 1995).  Se pidió y se obtuvo de la Corte Plena el nombramiento de 10 Jueces extraordinarios que se dedicaran especialmente a sacar ese vergonzoso rezago.

  

c). Cursos de Capacitación.

 

1- Curso sobre Convenios de la OIT.

 

Por ser de gran importancia, como fuente de normativa y generalmente muy desconocida, se estimó oportuno con la asistencia de expertos  de la Organización Internacional del Trabajo, realizar unos cursos sobre los convenios de esa Organización ratificados por Costa Rica y luego otro específico sobre los Convenios en Materia de Seguridad Social.

 

2- Encuentro Iberoamericano de Justicia Laboral.

 

Con participación de 19 países y con el auspicio de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, se llevó a cabo, organizado por la Comisión de Asuntos Laborales y coordinado por el suscrito, el Encuentro, siendo tratados los siguientes temas: Los Principios del Derecho Laboral. La asistencia letrada a los trabajadores.  La celeridad en los juicios laborales.

 

3- Capacitación en Materia de Derecho Colectivo de Trabajo.

 

Esta materia, que es muy importante en la vida social del país, no es impartida por la gran mayoría de las facultades de derecho; por consiguiente, se estimó oportuno, en varias oportunidades que el suscrito celebrara encuentros con los Jueces Laborales de diferentes circuitos sobre el Derecho Colectivo del Trabajo.

 

4- Capacitación en Seguridad Social.

 

La Seguridad Social es una materia que por lo general no se enseña en las Facultades de Derecho y que genera muchos asuntos en los tribunales laborales, en consecuencia se consideró oportuno implementar unos cursos monográficos, según el caso de 3 días, o de una jornada, por parte de una autoridad mundial en la materia.  En ese sentido, dentro del proyecto Corte- BID, se logró el financiamiento para que el Dr. José Luis Tortuero Plaza, Catedrático de Derecho de Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid, y coautor con el Profesor Manuel Alonso Olea, de la obra “ Seguridad Social” que lleva 18 ediciones, impartiera el cursillo en diferentes viajes, a los Jueces del II Circuito , a los de Guanacaste en Liberia,  a los de la Zona Sur en Golfito, a los de la Zona aledaña a San Ramón en esa ciudad, y en Limón, en la Zona Atlántica.

 

d). Reforma Procesal Laboral.

 

Con el Ministro de Trabajo Lic. Víctor Morales,  y posteriormente el Lic. Bernardo Benavides, y ahora el Lic. Ovidio Pacheco, junto con el Magistrado Rojas, como integrantes ambos en su momento de la Comisión de Asuntos Laborales, participé en la etapa preliminar que se está desarrollando, para ajustar la Legislación Procesal Laboral a las nuevas circunstancias o a la eventual vigencia de un Código General de Proceso.

 

e). Política de especialización de los despachos judiciales.

 

Se impulsó una política de especialización de los despachos que  atendían materia civil y laboral, dividiéndolos para que la materia laboral fuera conocida como lo es, como una materia especial.

 

f). Visitas a Juzgados Laborales.

 

Se propició una política de visita a diferentes Juzgados de la jurisdicción laboral, o  despachos de la jurisdicción laboral ( Tribunal Superior, Juzgado de Mayor  y Menor Cuantía Goicoechea, Heredia, Puntarenas y Cartago).

 

g). Se estableció una política de trasladar personal, convirtiendo las plazas de oficinas con escaso trabajo a otras de más volumen, del Tribunal de Menor Cuantía al Juzgado de Trabajo de Goicoechea.

 

h). Conferencias de expertos.  Aprovechando mis contactos con el mundo académico internacional procuré que, cada vez que visitaba el país, un profesor de prestigio diera una conferencia para los funcionarios de la Corte.  Algunos de ellos que recuerdo , fueron los profesores; Mario Pasco ( Perú), Joaquín García Murcia ( Oviedo), Antonio Sempere (Murcia), Wilfredo Sanguinetti ( Salamanca), Mario Grandi (Bolonia), José Luis Tortuero ( Madrid), Fernando Valdes (Madrid),  Javier Garote ( Santiago de Compostela).

 

2. Consejo de Personal.

 

Me correspondió presidir el Consejo de Personal del 2000, a diciembre del 2001.  Las competencias están determinadas por norma, su campo de acción es muy concreto. Tomé iniciativas en las siguientes materias; unas de las cuales también se reflejaron después como se mencionó atrás en mi posición en Corte Plena.

 

a). Que en la elaboración del  plan de becas participara cada uno de los sectores integrantes del Poder Judicial, a saber, jurisdiccional, administrativo, OIJ.

 

b). Realización de concursos para la asignación de becas.

 

c). Recabar criterio de las comisiones especializadas para determinar en qué campos era necesaria la formación profesional.

 

d). Necesidad que la Corte Plena, definiera para qué se quiere capacitar.

 

e). Utilización aún para los nombramientos interinos, de los procedimientos objetivos de selección de personal. 

 

Sobre todo lo anterior, ver los documentos nos 54, 55, 56, 57 y 58.

 

 

3. Otras Comisiones.

 

Actualmente participo en la Comisión Institucional de  Género, y en el pasado en diversas comisiones, como la que se integró para preparar el  Reglamento de Comisiones.

 

Parte VI. Otros aspectos.

 

Como fui elegido por la anterior Asamblea Legislativa, y no participé en un proceso de selección, como el que actualmente se sigue y atendiendo una inquietud que recientemente expresó el Lic. Juan Diego Castro Fernández. (ver columna Palanca,  La Prensa Libre del 13 de agosto último, documento no. 23), indico:

 

Antes de ser abogado litigante trabajé como estudiante de Derecho, en el Departamento Legal del Instituto de Tierras y Colonización , hoy Instituto de Desarrollo Agrario. Laboré en los Bufetes de los Licenciados Enrique Gamboa Rodríguez, Carlos Manuel Coto Albán, Carlos Carro Zúñiga. Con orgullo por ser o haber sido profesionales muy distinguidos y  de reconocida honorabilidad. Ya como abogado, tuve  el privilegio de trabajar por cerca de 15 años con el Lic. Rodrigo Madrigal Nieto, y aprendí mucho dado sus grandes cualidades morales, cívicas y profesionales.

 

Ejercí profesionalmente solo, desde 1983, sin embargo, en la misma planta física, que compartíamos como condueños, laboraban los Licenciados, José Miguel Fonseca Saborío,  Mario Gutiérrez Quintero, el  Dr. Rafael González Ballar,  la Licda. Goldy Ponchner Geller.

 

Siempre pagué mis impuestos.  Pude encontrar los recibos de pago desde 1986.  El último, de 1998, corresponde a honorarios que me fueron pagados después del cierre de mi oficina, por haber entrado en posesión del cargo de Magistrado.(ver documento no.24).

 

Mi manera de pensar puede ser analizada en mi obra científica de más de 50 artículos y libros, cuyo detalle se da en el currículum. ( ver anexo no. 1 ) y en la sentencias que me ha correspondido redactar.

 

No  informé sobre los bienes que poseo porque, al igual que ustedes, lo hago anualmente ante la Contraloría General de la República, en “Declaración Jurada”, pero pueden tener la seguridad que mi patrimonio ha sufrido merma.  En todo caso si se considera necesario brindaré cualquier información al respecto y la autorización que eventualmente se requiera para analizar mi cuenta corriente No. 29478-5 del Banco Nacional, o cualquier otra  autorización o información  que estimen  pertinente.

 

 Parte VII. Reflexiones finales

 

El ejercicio de la rendición de cuentas, es también un examen de conciencia, por cuanto, sin duda, la verificación de las actuaciones propias, aparte de la satisfacción que produce, deja una serie de inquietudes en el informante, sobre cosas que no hizo o hizo mal, o podría haber hecho mejor, o diferente.  Es también un desafío sobre la conducta futura para tratar de ser un mejor funcionario.

 

 

 

 

CONTENIDO

  

FUNCIONES DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION:

 

--La justicia como un instrumento para el desarrollo  humano.-Retos en el Poder Judicial.  Posiciones  en Corte Plena-

 

--Políticas en el Poder Judicial en violencia doméstica. La sostenibilidad de las acciones.

 

 

--CONSEJO DE PERSONAL: Política de otorgamiento de becas con criterios objetivos de selección y  estudios en las áreas prioritarias para la institución. 

 

--COMISIÓN DE LA JURISDICCIÓN LABORAL:

 

Especialización interna de la jurisdicción (medio para  transformar megadespachos.)

 

Métodos de Cálculo en temas básicos de materia laboral.

Seminario sobre la jerarquía impropia

 

Agilización de los procesos de reinstalación por embarazo

 

 

-COMISIÓN DE MEGADESPACHOS: Informe para detener y corregir la implantación del sistema.

 

 -COMISIÓN DE FAMILIA: Impulso  de la especialización de  los juzgados de familia y de pensiones alimentarias

 

-COMISIÓN DE GÉNERO:

 

Política de género

 

Estadísticas con perspectiva de género

Evaluación de la Ley contra la Violencia  Doméstica.

 

Investigaciones  sobre la carrera judicial.

 

-COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PRÉSTAMO CORTE BID: Reforma judicial con rostro humano-

 

 

CAMPO INTERNACIONAL

 

-Formación y consolidación de la Asociación Internacional de Juezas

 

-Cumbres Iberoamericanas  de Presidentes de Corte y Tribunales Constitucionales. -Realización de la ponencia sobre “Acceso a la Justicia de las Mujeres” Carta de los derechos de la persona ante la justicia

 

-Encuentros Latinoameriacanos de Magistradas. DECLARACIONES

 

-Convenio con la OPS:

 

 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA:

 

Laboral : 1008 sentencias

 

Familia : 102 sentencias

 

 Civil   :     15 sentencias,

 

 

San José, 19 de Septiembre 2005.

 

Señor

Diputado Gerardo González E.

Presidente

Asamblea Legislativa

S.D.

 

 

Estimado señor:

      Cumpliendo con lo establecido por la Constitución Política en su artículo 11, y sin perjuicio de informar sobre cualquiera de mis actuaciones, me permito rendir el siguiente informe sobre mi labor como Magistrada de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, puesto que desempeño desde el 09 de octubre de 1989. Este nombramiento  significó un paso más en la carrera de jueza iniciada en el año de 1976, desempeñándome en todas las instancias, de la carrera judicial.

 

Para efectos de ordenar este informe, y de acuerdo  con lo establecido a las funciones atribuidas en la Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder Judicial lo divido en funciones jurisdiccionales y funciones de gobierno y administración.

 

 

FUNCIONES DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

 

       Una concepción democrática de la Administración de Justicia un instrumento para promover el desarrollo humano.

 

      He concebido la “Administración de Justicia” como un servicio público, que es parte de la función del estado para la solución de los conflictos de la población. Como servicio público, en un contexto democrático, no es una manifestación de poder sino de un instrumento fundamental para el logro de una convivencia social armoniosa y equilibrada una garantía para el respeto de los derechos de todas las personas. Quienes administrados justicia somos gestoras y gestores de los intereses de la comunidad y estamos obligados/as a responder ante ella de forma eficiente y adecuada. Dentro de la estructura, la organización y las políticas judiciales se ejecutan en un contexto social dentro del cual la administración de justicia es un factor para garantizar el respeto de los derechos humanos. Es un instrumento para promover el desarrollo humano.

 

Este ha sido el norte que ha guiado mis actuaciones en relación con el Gobierno y Administración del Poder Judicial. Iniciativas que fortalecieran un gobierno interno que garantizara un ejercicio democrático del poder, con la participación y la consulta a los diversos sectores involucrados en la administración de justicia. Mi posición ha sido pública y clara en cuanto a limitar la concentración del ejercicio del poder de manera prolongada en determinadas personas y grupos. Por otra parte, he sido defensora del establecimiento de criterios objetivos en los nombramientos que estaban a cargo del Poder Judicial y en propiciar una definición de política clara sobre el respeto a la Carrera Judicial. Esta posición consta en las actas de la Corte y concretamente en la No. 19-99 del 28 de abril de 1999, artículo único. Conciente de la problemática de la Administración de Justicia, he expuesto ante la Corte Plena los principales desafíos y posibles soluciones . Consta en el acta de Corte Plena del 23 de agosto de 1999, artículo XXI un resumen de los aspectos sobre los cuales he venido trabajando  desde mi nombramiento.

 

“RETOS DEL PODER JUDICIAL

 

       Ante la problemática que afronta el Poder Judicial me permito señalar PROPUESTAS CONCRETAS, A LAS CUALES DEBEMOS AVOCARNOS PARA DEFINIR UNA POLÍTICA JUDICIAL ACORDE CON LAS NECESIDADES DEL SERVICIO PÚBLICO QUE PRESTAMOS. 

Mora judicial:

 

      La administración de justicia constituye la prioridad uno, y esto debe reflejarse en la inversión de recursos.  Sólo se llenaran otras necesidades si se han dotado a los despachos judiciales de los recursos materiales y humanos que garanticen su adecuado funcionamiento.  Así se estructurará el presupuesto.    

 

       Como medidas concretas sobre este tema, propongo:

 

a)   La  identificación inmediata de los tribunales que tienen problemas de atraso.  Deben determinarse  las causas  del mismo y sus posibles soluciones, con  la intervención y explicación de quienes trabajan en la oficina.

 

b)  El traslado de equipos constituidos por  jueces  y  juezas  experimentados/as, y/o de personal de apoyo, para que de manera programada, previo estudio y elaboración de un plan,  pongan al día el trabajo.  Considero inconveniente, por la experiencia que hemos tenido, la creación de plazas interinas en los tribunales.  Han provocado problemas en el personal, y expectativas que luego hacen imposible su eliminación.

 

c)     Programación del seguimiento y la ejecución de medidas permanentes, con un sistema de  control que tenga en cuenta, la opinión de los usuarios y las usuarias. 

 

d)              Establecimiento de parámetros  concretos para el manejo adecuado de los procesos en cada tribunal, según la materia y otras particularidades (prototipo de cada despacho).

 

e)     Instauración de  Asambleas o consejos de personal,  primero en las jurisdicciones donde  hay problemas de atraso,  para que, en forma conjunta, analicen los informes estadísticos de sus oficinas, cada tres meses por ejemplo; discutan los resultados y propongan medidas.  A estos  entes  deliberativos se les pueden atribuir otras funciones, y se extenderán a  todas las jurisdicciones.  Pienso que podrían recibir y analizar quejas,  proponer soluciones, constituirse en apoyo para la capacitación, etc.

 

f)  Creación de una contraloría de servicio a la persona usuaria, donde se depositen, canalicen y se dé respuesta y seguimiento a las quejas de los usuarios y de las usuarias.

 

g)   Los proyectos sobre resolución alternativa de conflictos deben   diseñarse, en estos momentos, en función de solucionar la mora judicial, con el cuidado de no crear nuevas oficinas, de resultados inciertos.  La Corte Suprema dirigirá lo que se haga en este campo.

 

Inversión especializada:

 

       La inversión de todo tipo de recursos ha de ser especializada.  Se revisará la cantidad y la calidad de los que se destinan a cada materia.  Estos, enfocarán la problemática específica de las distintas áreas de la administración de justicia. Es totalmente inconveniente diseñar un modelo de tribunal, aún en su construcción, y extenderlo a todas las jurisdicciones, sin  considerar sus diferencias.

 

       En materia de familia urge la acción del Poder Judicial. Debe dársele respuesta efectiva, y con clara decisión política, al problema de violencia  doméstica, que tiene ahora dimensión nacional y donde se evidencian, diariamente, nuestras debilidades.

 

a) Separar el conocimiento de la violencia doméstica de los juzgados de familia, donde los estudios lo determinen (en GUADALUPE ES URGENTE) para crear juzgados especializados.

 

b) Estos juzgados contarán con un equipo interdisciplinario constituido, inicialmente, por una trabajadora social y  una psicóloga (o), que  en primer término, puedan darle una atención específica a la víctima, en el momento de crisis. Tendrán también una disposición constante en el despacho, para atender a los usuarios y usuarias. Además de realizar los estudios que se le soliciten, antes de la resolución,  le darán el seguimiento correspondiente a las medidas que se impongan.  Estos equipos interdisciplinarios, constituirán el vínculo institucional con la comunidad y con quienes en ella trabajan en la misma materia. Actualmente hay redes nacionales que enfocan, desde distintos ángulos, la violencia, y muchas instituciones  estatales, con las cuales  es importante coordinar. Con el adecuado estudio, y para garantizar la efectividad, estos tribunales deben contar con  personal específico para citar o notificar.

 

c) Estructurar un equipo de atención a la víctima, que la oriente adecuadamente, en los trámites que se deben efectuar. Es conveniente la creación de oficinas de atención y orientación  a las víctimas, separadas pero dependientes del Juzgado de violencia doméstica  o del de familia, donde  la incidencia de este fenómeno lo amerite.  El trabajo de esos equipos y tribunales se coordinará con la defensa pública para lo que legalmente le compete a ésta.

 

d) Los juzgados de familia y los de violencia doméstica contarán con las instalaciones  físicas y  con los medios  apropiados para que las usuarias y usuarios tengan privacidad en el momento de declarar, y con espacios adecuados, para que los menores puedan esperar sin peligro.

 

e)  Al personal profesional de apoyo -en psicología  y trabajo social-  se  le escogerá  después de definir un perfil donde se contemple como requisito la experiencia en  violencia doméstica. Sus funciones se definirán previamente y se incorporarán una vez que  hayan sido  capacitadas para las  labores que se les asignan. Las tareas del equipo interdisciplinario deben definirse y construirse detalladamente para no  perder  o confundir los objetivos de la administración de justicia.

 

f) Los nombramientos interinos en materia de familia sólo se harán de la lista de elegibles, o exigiendo los mismos requisitos que para hacerlo en propiedad.  Esto es  un principio general para todas las materias.

 

g)   Se nombrará una persona experta en violencia doméstica y en estudios de género, para que recomiende y asesore,  a la Corte Suprema, en las políticas judiciales en esta materia.  Trabajará en coordinación con la Comisión de Seguimiento a la violencia doméstica, y en la Escuela Judicial, donde también puede  capacitar.

 

h) La Comisión de Seguimiento a la Violencia Doméstica en el Poder Judicial contará con los recursos de apoyo necesarios para su trabajo.

 

Desarrollo equilibrado entre las áreas jurisdiccionales

 

       Para buscar un desarrollo equilibrado entre las áreas jurisdiccionales,  hago las siguientes propuestas:

 

a)   Cada materia realizará las actividades para propugnar por su reforzamiento de manera conjunta, no aislada, y definir sus políticas generales.

 

b)  Impulsar las comisiones que están trabajando en reformas legales en cada materia, para facilitar su trabajo y  rápido informe. Interés especial tienen la de Oralidad y la de Contencioso-administrativo.  La inversión en esto es urgente y es parte de la solución a la mora judicial.

 

Participación de los y de las funcionarios/as involucrados/as

 

Las medidas que se tomen en relación con el funcionamiento y organización de los despachos judiciales, deben considerar, dentro de su procedimiento de decisión, a quienes estén involucrados o involucradas en ellas.

 

Hacia una política interna y coherente de recursos humanos

 

Se diseñarán y ejecutarán políticas que contemplen al recurso humano, profesional y no profesional, de manera integral, con normas y programas para el ingreso, ascensos, capacitación y retiro.  Lógicamente, cuando existen, deben aplicarse y, cuando no, crearse.  Con ese propósito, es preciso:

 

a)   Darle al Departamento de Personal los recursos necesarios para  implementar políticas en esos campos. En su formulación participarán los servidores judiciales, y las asociaciones conformadas por ellos.

 

b)     Realizar programas de salud ocupacional, preventiva y curativa, considerando las particularidades de  las distintas áreas de trabajo. Definir políticas y considerarlas prioritarias, destinando recursos.

 

La carrera judicial

 

La carrera judicial constituye un elemento básico para mejorar la calidad de la justicia, garantiza estabilidad y CRITERIOS OBJETIVOS DE NOMBRAMIENTO.  Debe existir la decisión política de aplicarlos y no seguir nombrando con criterios casuales.  La carrera también es fundamental para garantizar la inversión en capacitación.  Asegura que quien se capacita ocupará el puesto en la materia en la cual se le capacitó por un determinado tiempo.

 

Resulta trascendental tener claro que si  los nombramientos recaen  en  las personas calificadas objetivamente como las mejores, ello permitiría y complementaría  la delegación de funciones.

 

Será  política de la institución, nombrar al personal profesional y no profesional de una lista de elegibles, que confeccionará  el Departamento de Personal, o quien corresponda cuando la ley o  un reglamento lo designen.  Este criterio se seguirá en los puestos en propiedad y en los interinos.  No se podrá  nombrar a ningún funcionario que no haya  realizado un trámite  de reclutamiento  en el Departamento  respectivo y la capacitación  que hubiere recibido en la institución le dará más méritos para su escogencia.

 

Para aclarar lo anterior, indico que no se nombrará personal,  en cualquier parte del país, y en cualquier puesto, si no ha seguido  un proceso de reclutamiento, y  tiene el documento que lo acredite. Será obligación y responsabilidad de cada jefe de oficina, o de departamento,  controlar esta disposición.

 

Escuela Judicial- Capacitación

 

Es urgente la revisión y programación de la capacitación. A esta labor debe  dársele la importancia institucional que tiene, como parte de la solución a la mora  judicial, y como factor para el mejoramiento de la calidad de la justicia.  Actualmente, existen acciones que la abordan, a las cuales, pienso, no les hemos dado la atención  prioritaria que requieren:  la relacionada con el proyecto del BID y  las propuestas del Director  y Subdirector interinos de la Escuela.  Con independencia de  ellas, la política debe tener como lineamientos el impulso a la capacitación:

 

a)  Dirigida  a  las abogadas y abogados que desean  administrar justicia, antes de su nombramiento, y en coordinación con lo establecido  por las normas de la carrera judicial.  Se diseñarán cursos que comprendan la transmisión de  los conocimientos  básicos  y específicos.  Los costos económicos, y el aporte del tiempo,  se compartirán en alguna proporción con el interesado o interesada.

 

b)   Dirigido al personal  no profesional que  pretende ingresar a la institución. Se hará por medio de actividades cortas y compartiendo costos.

 

c)  En un tercer lugar, y para  evidenciar  que lo prioritario es lo anterior, se programarán cursos de actualización, también compartiendo costos y tiempo.

 

El segundo circuito judicial de San José (Goicoechea)

 

La revisión, análisis y corrección del SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE -Goicoechea- es también prioritaria.  Como modelo, debe perfeccionarse e invertirse los recursos necesarios para ello.  Hasta que esto no ocurra no puede extenderse a ninguna otra jurisdicción.

 

Necesidad de una verdadera política de construcción

 

a) Se analizará de manera global la situación actual, de tal forma que conozcamos, donde tenemos edificios propios y donde  alquilamos. Con criterios previamente determinados, por ejemplo,  en los lugares de mayor población, o en los sitios donde el pago de alquileres es más alto,  se programará la compra de terrenos, si no los hay, o  la construcción. Todo respondiendo a un programa que visualice y proyecte la situación general.

 

b)  Se paralizarán las grandes edificaciones que reúnan jurisdicciones alejadas del lugar donde están ubicadas.  De ninguna manera se construirán para introducir en ellas, asuntos que provengan, en su mayoría, de territorios que no correspondan al lugar sede.

 

c)  Debe estar claro que lo primero es determinar qué y cómo se va a introducir en una edificación.  La construcción no es lo importante sino lo que hay dentro de ella.  Los planos se analizarán por parte de la Corte con la visión conjunta del Tribunal que se traslada y su organización.

 

d)  No se construirá el edificio de Hatillo hasta que no se replantee  su tamaño y aplique lo anterior.  Los recursos que se tengan previstos se destinarán a mejorar la administración de justicia y Goicoechea.

 

Revisión del sector administrativo, consultivo y técnico

 

El sector administrativo, consultivo y técnico debe revisarse para que la Corte Plena cuente, a la hora de tomar sus decisiones, con estudios imparciales y oportunos.  Estos se confeccionarán con criterios y orden de realización objetivos, no dependiendo de quien lo solicita.

 

a)   Es necesario implantar líneas de comunicación claras entre la decisión, la ejecución y el seguimiento.

 

           Percibo como un grave problema la existencia de distintos centros de poder. Hay comisiones, supercomisión, Consejo Superior, jefaturas, Presidencia y Corte Plena. Los destinatarios de las órdenes pueden recibirlas de todos, y esto provoca desorden, superposición de funciones y poca efectividad.  Algo peor: nadie conoce exactamente, qué es lo que se está haciendo.  Además, partiendo de que en el desempeño hay absoluta buena fe, las personas  que efectúan los trabajos o funciones  asignadas, piensan que están cumpliendo con lo que institucionalmente se ha determinado como apropiado, cuando en realidad, acatan, en la gran mayoría de los casos, lo que unos pocos quieren.  Esto es contraproducente y produce desmotivación, cuando se constata la realidad. Por eso no basta ordenar el trabajo de las  comisiones. Es urgente un rediseño de la estructura organizativa.  Conviene  contratar asesoría para esto, y provocar una discusión amplia para detectar las fallas, y proponer soluciones.

 

b)  El examen comprenderá una revisión de las jefaturas, sus nombramientos, y la posibilidad  de crear  cargos de confianza, para que quien ejerza la presidencia cuente con un personal de  apoyo de su escogencia, sobre  la idea del ejercicio de un  período de gobierno. Se evitaría la creación de artificios para  rodearse de determinadas personas. Esta idea debe madurarse, yo la vínculo únicamente, con la existencia de períodos presidenciales no reelegibles, y  como un equipo de gobierno que no se eterniza.

 

Reformas legales

 

       Es una acción prioritaria discutir, trabajar y proponer reformas legales, para mejorar  la organización del Poder Judicial, aparte de las que se han citado específicas, en cada materia.  Tenderán a:

 

a)  Estructurar un período de gobierno donde el Presidente y el Vice-Presidente, inicien y terminen labores de manera conjunta y no puedan ser reelectos consecutivamente.  Además, contarán con un equipo de apoyo para su trabajo. El próximo Presidente debe comprometerse y estar dispuesto a someterse a esta norma.  Al próximo Vice-Presidente, cuyo plazo es de dos años, se le podría reelegir sólo por un nuevo plazo, para hacerlo coincidir con el Presidente. A esto debe comprometerse.

 

b)       Implantar consejos jurisdiccionales o asambleas. La idea es crear verdaderos gobiernos en cada cabecera de provincia, y donde se determine, que lo ejercerán funcionarios  y funcionarias que trabajen en esos lugares. Se le trasladarán todas o algunas de las funciones que ahora realiza el Consejo Superior, en relación con su jurisdicción. Esto sería democratizar.  Como las tareas en todo el país las realizarán los calificados como mejores, y  son los que conocen directamente las necesidades y su solución, al asignarles derechos y obligaciones,  las decisiones se ajustarán a la realidad. Trabajarán  junto con la Contraloría de servicio a la persona usuaria  y con las Unidades administrativas. Las normas para su nombramiento preverán, también, su no reelección inmediata.  Trabajarán con objetivos claros y rendición de cuentas. Analizarán estadísticas, quejas y propondrán, tomarán y ejecutarán las soluciones que correspondan. Como un estímulo, acorde con la responsabilidad, quienes ejerzan este gobierno recibirán un sobresueldo”.

 

POLÍTICAS  EN EL PODER JUDICIAL EN VIOLENCIA DOMÉSTICA: La sostenibilidad de las acciones.

         La ejecución de las directrices en esa materia la he asumido de manera continua y prioritaria, con el apoyo y participación de muchas otras personas. Por su importancia, y por estar convencida de que los derechos fundamentales de las personas se deben respetar en todos los ámbitos en los cuales se desenvuelven, comenzando por los hogares, destaco en este apartado lo realizado.

     Durante el ejercicio de mi magistratura he tratado de visualizar la problemática de la violencia doméstica y que nuestra institución, responda a sus obligaciones legales en esta temática. Con la participación de numerosos funcionarios y funcionarias se han realizado acciones que de manera sostenible pretendan dar la respuesta a las obligaciones que le corresponden al Poder Judicial, tarea en la cual he estado siempre pendiente. 

    A continuación describo el proceso desarrollado:

         Si bien es cierto PLANOVI, fue el instrumento que impulsó al Poder Judicial, a introducir la temática de violencia doméstica, el trabajo de capacitación y sensibilización se inició por mandato legal años atrás.

 

         El artículo 16 de la Ley de Promoción de Igualdad de la Mujer, promulgada en el año de 1990, le impuso al Poder Judicial la obligación de capacitar al personal competente para tramitar los procesos relacionados con la agresión contra las mujeres. Esa norma, cuya aplicación podía haber pasado inadvertida, fue el respaldo y la excusa para promover la capacitación. Cabe señalar que dieciséis años atrás el tema era inusual, y el contexto más resistente a la problemática. Las acciones en este campo fueron tímidas en sus inicios y se hicieron, fundamentalmente, aprovechando recursos externos ya que ha sido durante los últimos ocho  años, aproximadamente, que se han asumido como parte de los programas de capacitación de la Escuela Judicial.

 

- PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

 

         El Poder Judicial ha desarrollado diversos programas para sensibilizar a los/as funcionarios/as entre ellos el ”Proyecto de Capacitación Permanente en el Tema de Violencia Doméstica”, su objetivo general era contribuir al fortalecimiento de los derechos humanos, a las luchas por la igualdad y a la eliminación de todo tipo de discriminación y de violencia contra las mujeres, las niñas y los niños, a través de una planificada labor que, en el corto plazo, humanizara el proceso judicial al cual deben someterse víctimas y agresores, al tiempo que impulsara iniciativas para reformar la ley procesal y sustantiva que, al estar concebida desde la perspectiva que invisibiliza los fenómenos de violencia, especialmente familiar y sexual, atenta contra los derechos humanos fundamentales de las víctimas.

 

El Programa Mujer y Derechos Humanos está dirigido a:

 

1.     Informar y sensibilizar a las/os participantes del sistema judicial, sobre los orígenes y sobre las consecuencias de la violencia doméstica y extrafamiliar contra mujeres de todas las edades y niños /as.

 

2.     Hacer conciencia en las/os participantes, sobre los derechos humanos que tienen las mujeres de todas las edades y los niños/as que son víctimas de agresión física, incesto y/o violación, para que en todo el proceso judicial se cumpla con la ley y se haga justicia.

 

3.     Proveer a las/os participantes estrategias de género, que les permitan atender a las víctimas de una manera adecuada y eficaz, evitar así revictimizaciones durante el proceso judicial.

 

         Por su parte, la Escuela Judicial costarricense ha desarrollado: sensibilización en violencia doméstica, derechos humanos y mujer, teoría de género, leyes específicas y jurisprudencia. Se han utilizado, en primer término, recursos externos provenientes de programas financiados por organismos internacionales y con capacitadoras/es ajenas/os a la institución. Un paso importante fue la financiación de las capacitaciones con recursos propios, y lo recalco porque soy partidaria de que se utilicen todos los recursos externos que puedan llegar sin duda a los Poderes Judiciales donde el personal es estable, como el nuestro, ya que se asegura una buena inversión. Sin embargo, es más importante que se destinen recursos propios en cada presupuesto, porque esta capacitación es una prioridad institucional y su existencia no puede depender de lo que otros puedan dar. Lo normal es usar los recursos que se tienen en las necesidades urgentes, y esta área es de urgencia, amerita que se destine inversión.

 

- CREACIÓN DE UNA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL

 

      Con el convencimiento de que era necesario reforzar las labores de capacitación y de seguimiento, dándoles una mayor consistencia, sistematicidad y coordinación, en noviembre de 1995, a propuesta de la suscrita la Corte Plena designó la Comisión Permanente para el Seguimiento de la Atención y la Prevención de la Violencia Intrafamiliar en el Poder Judicial. Entre sus tareas está el coordinar con el Plan Nacional de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar y con las instituciones estatales relacionadas, detectar las fallas en el servicio y promover acciones.

 

Esa comisión elaboró un programa que abarca distintos campos:

 

PRIMERO: La realización de talleres diagnóstico para la discusión de experiencias y sugerencias de servidores/as judiciales y sectores relacionados con el tratamiento jurisdiccional de la violencia familiar.

 

SEGUNDO: Una investigación-diagnóstica para detectar las fortalezas y debilidades del sistema judicial en relación con la violencia doméstica. Se contrató la realización de un diagnóstico.

 

TERCERO: La preparación de instructivos para el usuario y para los servidores y las servidoras judiciales, con el objetivo de dar a conocer, de manera accesible, lo que debe hacerse en el aparato judicial ante un problema de violencia familiar. Se preparó la edición de una Ley de Violencia Doméstica comentada, un manual de Procedimientos y un desplegable sobre los derechos de los usuarios y las usuarias. El objeto de estas acciones es sensibilizar y dotar a los servidores y a las servidoras judiciales del instrumental conceptual y práctico necesario que les permita el manejo de las situaciones de violencia intrafamiliar; brindar un servicio oportuno y eficiente a las personas afectadas que se presentan a reclamar los servicios de los tribunales de justicia, y propiciar un mayor control en la reincidencia de los agresores.

 

CUARTO: Un programa de inter-aprendizaje, que facilitase sentir, pensar y enfrentar el problema de la violencia intrafamiliar.

 

- CREACIÓN DE LOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS EN FAMILIA Y VIOLENCIA DOMÉSTICA

 

         La Ley contra la Violencia Doméstica (Ley No. 7586) de marzo de 1996 estableció un trámite especial para el otorgamiento de medidas de protección en casos de violencia doméstica, y atribuyó esta competencia a los juzgados de familia. Su impacto provocó un aceleramiento en los procesos de especialización de la jurisdicción de familia que se venía realizando desde la década de los ochenta. A su vez, se consolidó la intervención interdisciplinaria en esta materia mediante el aporte de trabajadores/as sociales y psicólogos/as.

 

La Corte Suprema de Justicia a propuesta de la suscrita incluyó en el presupuesto para el año 2000 las previsiones necesarias para el funcionamiento del Juzgado Especializado de Violencia Doméstica, en el Segundo Circuito Judicial de San José. Se ha pretendido crear un juzgado modelo. Los jueces y juezas titulares de este despacho fueron los primeros nombrados mediante la Ley de Carrera Judicial, porque se buscaba estabilidad en los y las designadas. A todo el personal se le dio capacitación sobre la problemática y la legislación, y se sensibilizó para intervenir adecuadamente. Se diseñó un modelo para trabajar de manera interdisciplinaria con una profesional en trabajo social y otra en psicología.

 

Inicialmente, fueron los Juzgados de Familia y los de Menor Cuantía, Contravencionales y de Asuntos Sumarios de todo el país, los que asumieron el conocimiento de la materia de violencia doméstica. Luego, el Poder Judicial impulsó un proceso de especialización de los Juzgados de Familia y de Violencia Doméstica. De 1996 a la fecha, se han creado ocho nuevos Juzgados de Familia. En el año 2000 se creó el primer Juzgado Especializado de Violencia Doméstica, que se ubica en el Segundo Circuito Judicial. En el 2001, Cartago, Heredia y Alajuela abren su respectivo Juzgado Especializado. El año siguiente, se crea un Juzgado de Turno Extraordinario, que brinda atención las 24 horas del día durante todo el año y que requiere de 16 jueces. Actualmente, hay 76 despachos con competencia en esta materia, distribuidos de la siguiente manera: provincia de San José (18), provincia de Alajuela (15), provincia de Cartago (15), provincia de Heredia (6), provincia de Guanacaste (10), provincia de Puntarenas (14), Provincia de Limón (6).

 

- JUSTICIA INTERDISCIPLINARIA

 

       Los juzgados especializados de violencia doméstica se han reforzado con profesionales en otras disciplinas. Se han abierto plazas de trabajadores y trabajadoras sociales y psicólogas y psicólogos. Actualmente, se cuenta con 59 plazas de trabajo social y las 28 de psicología en todo el país.

 

      También, ha sido necesario acondicionar espacios físicos y destinar mobiliario y equipo para los diferentes juzgados que se han creado.

 

     La intervención del Poder Judicial dentro de la problemática de la violencia doméstica está definida por las atribuciones que le impone fundamentalmente la Ley Contra la Violencia Doméstica, publicada el 2 de mayo de 1996, estableció un trámite especial para el otorgamiento de medidas de protección y atribuyó esta competencia a los juzgados de familia. No comprende la tipificación de delitos por actuaciones violentas en relaciones de poder por género, sino únicamente de medidas cautelares. Su impacto provocó un aceleramiento en los procesos de especialización de la jurisdicción de familia, los cuales se venían realizando desde la década de los ochenta. Los datos sobre las solicitudes de estas medidas constituyen un indicador de la violencia que sufren las mujeres.

 

  La finalidad de esa normativa es la protección inmediata a la víctima, no se pretende solucionar, en forma definitiva, el conflicto que da lugar a la intervención estatal. Para llegar a esa conclusión basta con remitirse a los términos utilizados para definir sus objetivos:

 

a)      Aplicación de las medidas de protección necesarias para garantizar la vida, integridad y dignidad de las víctimas de la violencia doméstica.

 

b)     Protección especial a madres, niños, niñas, personas de sesenta años o más y personas discapacitadas. 

c)      Protección a las víctimas de violencia en las relaciones de pareja y en casos de abuso sexual incestuoso.

 

    La intervención judicial busca, entonces, ofrecer a las víctimas una protección que, por su propia naturaleza es temporal. Lógicamente, esto posibilita la decisión de romper el círculo de violencia y emprender otras acciones personales y legales, tendientes a generar otras respuestas institucionales con vocación de permanencia.

 

     Una característica de esta legislación es que no sólo incluye a las mujeres, sino a niños y niñas, adultos (as) en el ámbito intrafamiliar. Esta circunstancia ha provocado cuestionamientos y confusiones en su aplicación.

 

- CREACIÓN DE LAS FISCALÍAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DELITOS SEXUALES:

 

      Desde enero de 1998 se creó la Fiscalía Especializada contra la Violencia Doméstica y los Delitos Sexuales, que investiga los ilícitos en esas áreas – aquellos que se dan en el seno de la familia, o sea cuando el padre, madre, abuelo/a, hermano/a, conviviente, hijo/a, etc., agrede a su pariente y le causa lesiones, ya sean leves, graves, gravísimas, le causa la muerte, abusa sexualmente, le daña o le quita los bienes, etc., aun cuando la persona agresora ya no viva en la misma casa o el vínculo ya no exista, por ejemplo, que se encuentren divorciados o separados- así como los delitos sexuales perpetrados por terceros. Su competencia abarca el área metropolitana.

A partir del año 2003 el Poder Judicial a propuesta de la suscrita, incrementó el número de plazas para este tipo de fiscalías, se creó una en cada cabecera de provincia y fueron complementadas con la extensión de los equipos interdisciplinarios para evitar la revictimización de las ofendidas. Es importante destacar que la creación de estos puestos proviene de la voluntad de la Corte Plena del Poder Judicial, que las incluyó en el presupuesto anual, sin que hubiera sido una iniciativa de la propia Fiscalía General. Esto explica, también, que su labor e implementación puede calificarse de poca trascendencia.

 

     No ha existido una política criminal definida que contemple la violencia contra las mujeres como uno de sus ejes. La forma en que se ha enfrentado la problemática de la violencia doméstica en Costa Rica se muestra en que el área penal no la ha asumido en forma especializada, ni tampoco de manera prioritaria. Al contrario, quienes ostentan el pensamiento jurídico penal imperante se han esforzado en darle un tratamiento similar, entre comillas, a otros tipos de violencia, situación que  ha permitido calificarla como de resistencia.

Lo cierto es que, con la bandera de tratamientos igualitarios, se ha obstaculizado la claridad en el abordaje y la solución de la problemática”.

      Este proceso, continua. Hoy es urgente la evaluación de la aplicación de La Ley contra la Violencia Doméstica, la efectividad de las medidas de protección, tarea sobre la cual se han dado pasos.

 

CONSEJO DE PERSONAL

 

Integré el Consejo de Personal de 1990  a 1996. Destaco de mi labor  en este órgano  el impulso a una política en el otorgamiento de becas, que  garantizara las mismas oportunidades para funcionarios y funcionarias judiciales de todas las dependencias y de todas las regiones del país, estableciendo criterios objetivos de selección y estudios en las áreas prioritarias para la institución. Lo usual era que los funcionarios y funcionarias, que tenían facilidades de acceder a becas, lo comunicaran a la institución para que se les otorgara el respectivo beneficio. Esto se invirtió, estableciendo primero, las prioridades de la institución en las áreas de estudio, y luego divulgando a los funcionarios de todo el país la existencia de la beca institucional. Realizado el concurso y con criterios técnicos se seleccionaban los becarios y becarias. Con esta política se promovió el otorgamiento de becas en áreas denominadas deprimidas: familia y laboral. Ni la institución, ni el país, contaban en ese período con estudios de post grado o doctorado en esas materias, ni con profesionales con estudios superiores a la licenciatura. Esto impedía abrir también la especialidad. La institución cuenta hoy con dos doctores en cada una de esas áreas.

 

      Con clara visión, el Consejo de Personal que integré, otorgó becas para estudios superiores con la idea no sólo de promover el crecimiento de las diversas jurisdicciones, sino con la finalidad de preparar el personal que sustituyera la más alta jerarquía, otorgando oportunidades a personas que de otra manera, no hubieran podido estudiar fuera del país, una finalidad democrática en el acceso a los recursos, y a los cuadros de sustitución de las jerarquías. He tenido la oportunidad de ver los resultados, porque muchos de estos becarios y becarias son hoy magistrados y magistradas titulares y suplentes. La beca, les permitió competir con ventaja en concursos para magistrados o magistradas.

 

     Por anecdótica, y porque evidencia las posiciones que he tenido en la Corte  transcribo la finalización de mi nombramiento en este Consejo, que consta en el acta No. 26-98, artículo III de la sesión ordinaria de Corte Plena celebrada a las trece horas treinta minutos del cinco de octubre de mil novecientos noventa y ocho “ En memorial que presenta en el acto la Magistrada Villanueva se refiere al nombramiento antes mencionado y en virtud de que ella no se encontraba presente en esa sesión solicita que se consignen las siguientes manifestaciones:

 

“1.-  Respeto la voluntad de esta Corte de designar a quien considere conveniente y en el momento que decida, la integración del Consejo de Personal.  Dentro de una organización, que pretende tener un gobierno democrático, o por lo menos, donde sus jerarcas participen  con iguales responsabilidades y facultades, resulta totalmente normal, que se discuta ampliamente el nombre de las personas que ejercen los cargos establecidos.

Las formas de gobierno donde familiares y amigos de quienes ejercen el poder, están en los cargos, han sido afortunadamente superadas.  El grado de evolución de una sociedad y de una organización, se mide por el respeto y cumplimiento de los derechos y deberes de sus integrantes, tanto respecto de quienes ejercen el poder como, de sus destinatarios.

2.-  No ha sido lo usual en esta Corte, que los órganos mediante los cuales funciona y concretamente, la integración de sus comisiones, sea revisada y discutida periódicamente.  Desde esta perspectiva, la propuesta de la Presidencia del cambio de los miembros del Consejo de Personal, resulta sorpresiva y casual.  No responde a una política general.  Por el rango de Magistrada que ostento, su propuesta de mi cambio, que no se consignó en el acta, sin que se me explicaran los motivos, resulta inusitada y descortés.  Es una desconsideración al cargo y a la persona.  No puede tomarse como una forma adecuada del manejo de las relaciones humanas, que dentro de quienes ostentan igual jerarquía, debe imperar.

3.-  Ante estas circunstancias que he expuesto, considero un deber, renunciar a la otra comisión que integro -Comisión de Comunicación e Información- y no aceptar ningún nombramiento para esos efectos -no inherente al cargo- mientras no exista una política que garantice un ejercicio democrático del poder.  Aprovecho la ocasión, para renunciar, también, al frecuente encargo que se me hace de entregar flores, en ocasiones protocolarias, con el que debe comenzarse el aprendizaje democrático.”   

COMISIÓN DE LA JURISDICCIÓN LABORAL

-       Especialización interna de la jurisdicción laboral: En el año 2003 se me designó como integrante de esta Comisión, coordinándola durante 10 meses. Esta jurisdicción se concentra en un 80% en el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea. Es uno de los tribunales más representativos de los llamados megadespachos. La inversión de recursos en él, ha sido constante y el rendimiento en relación con los otros tribunales de la misma jurisdicción no es positivo. Desde la comisión pretendí promover la especialización interna de la jurisdicción, para que en ese gran tribunal, existieran equipos especializados que atendieran separadamente, ordinarios laborales del sector privado, del sector público, los riesgos de trabajo, la reinstalación de trabajadoras despedidas por embarazo. Se promovió, también, evaluar los rendimientos. Sin embargo, la especialización del megadespacho, disgustó a la presidencia,  quien en una reunión celebrada en su despacho en relación con el trabajo de la comisión tuvo una actitud desde mi punto de vista no aceptable. Esto motivó mi renuncia a la comisión, y las recepción en Corte Plena donde de las disculpas respectivas. Parte de lo anterior consta en el Acta de Corte Plena del 24 de noviembre de 2003, Artículo X, de lo cual transcribo lo siguiente, con la aclaración de que el tema de la resolución alterna de conflictos fue accesorio en la discusión:

 

“Quisiera aprovechar la oportunidad para ampliar, ya que la nota mía fue muy escueta. Yo dije posterior a la reunión le comunico mi renuncia, no hice ningún comentario ni pensaba hacer de esto ninguna manifestación mayor. También creo que las decisiones y los comportamientos son unos, porque se ha de pensar cuando uno hace las cosas y por eso tampoco pensaba que yo presentaba una renuncia para que luego me hablara alguien. Entonces quiero aprovechar la ocasión para nada más resaltar o dar un informe sobre lo que hemos venido haciendo y esto lo podemos apreciar en la sesión número 14-03 del 7 de abril del 2003, en está el informe de la Comisión de la Jurisdicción Laboral, creo que fue una práctica que se quiso implementar a la cual no se le ha dado continuidad, ahí señalamos cuál ha sido el trabajo, la continuación del trabajo de la Comisión que se ha preocupado fundamentalmente por organizar el funcionamiento del Juzgado de Guadalupe, donde se ha revisado el inventario físico, el inventario del Tribunal, los métodos de cálculo que se hicieron,  también se ha trabajado sobre la jerarquía impropia. En el Juzgado se ha tratado de preparar éste para realizar un trabajo que conozca de manera más rápida y más ágil cierta materia como es la reinstalación de mujer embarazada, igualmente los temas de seguridad social fundamentalmente y dividirlo por áreas, para dar un mayor resultado. Igualmente hemos tratado de que se visibilice el resultado de los equipos, el número de sentencias y se personalice el trabajo. Yo soy una convencida de que la burocracia judicial tenía la diferencia de la burocracia estatal porque ponía la firma y yo he querido recuperar esto, personalizar la burocracia judicial para volver a ser una burocracia que responda y diferente a la generalidad, en la cual cada una de las personas se identifica. Pues entonces estábamos trabajando en visibilizar y en actualizar el sistema de gestión que no tenía o no presentaba esas facilidades.  En cuanto al Tribunal, debo decirles que tuvo el proceso de inventario, después tuvo una especialización de una de las secciones para hacerse cargo de todo lo del Magisterio Nacional, y como última medida se ha prolongado esta sección para poder sacar los asuntos del Magisterio Nacional.  Está pendiente, y le voy a dejar a la Corte, porque ya hemos avanzado, lo que es las jerarquías impropias que tenemos en el Poder Judicial en la materia laboral. Este es un trabajo que le encargamos a la Magistrada Varela y que ella presentó.  Existe el compromiso, porque así es, de la Defensoría de los Habitantes de presentar ellos, un recurso sosteniendo la idea de que el Poder Judicial no debe conocer este tipo de asuntos. Lo voy a dejar planteado porque es un asunto que queda pendiente.  La visita que le hicimos al señor Presidente, pues de regreso a las vacaciones, un poco por sugerencia y en compañía que agradezco y aprovecho para agradecer a la Magistrada León, un poco por su idea fue visitar al Presidente por algunos acuerdos que había tomado la Comisión, es más, los tomó incluso sin mi presencia, no estaba yo el día en que inicialmente se conoce el tema de la resolución alterna de conflictos; sin embargo yo avalé lo actuado, y a raíz de un anuncio periodístico, posterior también a la necesidad de coordinación que esta Corte aprobó, pues decidimos visitar al Presidente para aclarar, creo, lo que estaba sucediendo, no creo que hubiera en nuestro ánimo ningún interés más. De la conversación deduzco y deduje, y no fue una idea particular, que el señor Presidente considera que el trabajo de la Comisión no es acorde a sus intereses, lo cual creo yo que tiene todo su derecho, y que en lo particular se refiere a mi pensamiento que conoce tal vez más que los otros integrantes, que no tiene que ver, como lo hice ver con nada de lo que debe asumir el Poder Judicial en resolución alterna de conflictos. Le dije al señor Presidente que he sido partidaria y he participado desde hace muchos años con el Patronato Nacional de la Infancia y este Poder Judicial cuando era financiado por el A.I.D., en proyectos de resolución alterna de conflictos. Le hice ver al señor Presidente y lo hago ver aquí, lo que no puedo estar de acuerdo es en que no haya evaluación, en que no se evalúen y que esto ha sido un continuo en nuestro accionar, en que la temática se pueda prestar para proteccionismos o para otro tipo de comportamientos que han sucedido históricamente aquí.  La reacción del señor Presidente entiendo que fue un poquito fuerte, diciendo mejor levantemos paredes en estos Tribunales, dividamos por materias y hagamos paredes me imagino que en Guadalupe, creo que esto es relacionado con la necesidad de evaluación.  Pero yo reitero que es necesario evaluar, que no tengo nada contra la resolución alterna de conflictos, pero que sí he creído que debe darse pasos seguros en los cuales se evalúe lo que se está haciendo y se informe, además de que se coordine.  Creo también que uno tiene que trabajar con las personas a las cuales les tiene confianza y no es sólo una cuestión de este momento, esa ha sido mi tesis en reiteradas ocasiones, he presentado alguna moción para que el señor Presidente tenga su equipo de trabajo, creo que debe ser así, nadie va a un gobierno si no tiene un equipo de trabajo y yo creo que lo consecuente con esta posición es la decisión que tomé.  Yo le agradezco la visita, como le digo he aprendido a que hay que meditar, pero en lo que es cortesía por supuesto que también debo cumplir, y también me lo enseñaron, así es que agradezco la visita, le agradezco a los miembros de la Comisión, y dejo rendido este informe”.

 

      Acorde con mi pensamiento de la división del juzgado laboral organizado como megadespacho, se introdujo esa posibilidad en el proyecto de Reforma Procesal al Código Laboral, elaborado por la Sala II a la que pertenezco, y que fue entregado al señor Presidente de la República para su presentación ante la Asamblea Legislativa.

 

- Documento para facilitar el cálculo de los extremos laborales: Para facilitar el trabajo de los jueces y juezas se publicó el documento: “Métodos de Cálculo en temas básicos de Materia Laboral”. Este manual fue elaborado por las juezas Shadid Gamboa y Madrigal Mena y recopila los diferentes sistemas de cálculo de extremos laborales y el procedimiento para ejectutarlos reuniéndose una información que estaba dispersa y creándose un instrumento para facilitar esa labor, que por ser dificultosa prolonga la duración de los procesos.

 

- Jerarquía Impropia en Pensiones: El 15 de mayo 2003 se realizó un seminario sobre la Jerarquía Impropia del Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José en materia de pensiones del Magisterio Nacional, reuniéndose a representantes de ese Magisterio, Defensoría de los Habitantes, Ministerio de Trabajo, sindicatos, con la finalidad de estructurar una propuesta consensuada que permitiera un trámite rápido y legal a los reclamos de pensiones. La actividad se realizó, pero los sectores gremiales no tenían ninguna disposición de colaborar.

 

- Agilización de procesos de reinstalación por embarazo: Durante mi permanencia en esa comisión procuré la agilización en los procesos de reinstalación de trabajadoras despedidas por embarazo. Igualmente se realizó una importante actividad académica denominada Seminario Internacional “Conciliación entre responsabilidades familiares y derecho del trabajo”. El tema de este seminario era de mi particular interés y tenía la finalidad de generar la discusión sobre la maternidad, y el  cuido de personas adultas mayores y de niños y niñas en la sociedad, tareas que son una responsabilidad de la sociedad en su conjunto y exclusivamente de las mujeres. La idea es promover cambios legislativos y por eso se trajo a exponentes de España donde se tiene una ley específica.

 

COMISIÓN DE MEGADESPACHOS

    Integré la Comisión de Megadespachos con los Magistrados  Ricardo Zeledón Zeledón, Rodrigo Castro Monge y Adrián Vargas Benavides, y en el año de 1999 junto con los tres primeros rendimos un informe por medio del cual recomendamos a la Corte, fundamentalmente, la paralización de la implantación de este sistema, el retorno de la figura del secretario y de presidente de los tribunales, la limitación en el tamaño de los  despachos, y la paralización de la construcción de otros edificios con ese modelo. Este informe no fue conocido en su totalidad y hasta la fecha no hay la decisión política de definir la situación. No obstante eso, mi posición ha sido reiterativa. Remito a la Secretaría de la Corte para el informe de esta Comisión, mi posición en el acta No. 3 de enero de 1999.

 

COMISIÓN DE FAMILIA  

    Congruente con mi quehacer institucional desde esta comisión impulsé, junto con sus integrantes, la especialización de los juzgados de familia y de pensiones alimentarias, así como su adecuado funcionamiento. Se promovió el intercambio de juezas de la materia con sus homólogas en los Estados Unidos para que vieran el funcionamiento de los juzgado de violencia doméstica. A raíz de esta iniciativa se realizó el taller de reformas a la Ley de Violencia Doméstica y hoy se encuentra en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley respectivo.

 

COMISIÓN DE GÉNERO

    Convencida como estoy de que hoy el progreso y la democracia se miden por las opciones que disponen todas las personas para tener una vida saludable y creativa, y que la discriminación y la violencia es un asunto de carácter público, ante la realidad de nuestra sociedad donde un 50% de la población lo constituyen las mujeres, pero sus necesidades han sido históricamente invisibilizadas, y con la convicción de que el Poder Judicial, no es  ajeno a esa actitud, se promueven diferentes acciones en la institución, para atender desde nuestra obligación constitucional, los requerimientos de estas personas. Las acciones no tenían coordinación y era necesario su monitoreo y sostenibilidad.

    La estrategia para lograrlo fue a través de la unión de las magistradas titulares y suplentes, creando una propuesta de monitoreo y una investigación sobre el delito de desobediencia a la autoridad. Es así como, con el apoyo del ILANUD, promoví el Primer Encuentro Latinoamericano de Magistradas que dio inicio a un movimiento internacional y nacional de fortalecimiento a las labores de cada uno de los países de Latinoamérica cuya finalidad era para visibilizar las necesidades del 50% de la población. Después del Encuentro hicimos una petición a la Corte, y esto dio como resultado la creación de esta Comisión de Género que me ha correspondido coordinar. Por su importancia transcribo aquí la Carta que enviáramos a la Corte Plena, correspondiente a la sesión ordinaria No. 12-2001 celebrada el 02 de abril del año 2001.

ARTÍCULO VII

         El Presidente informa que recibió nota de 8 de marzo recién pasado, suscrita por las Señoras Magistradas Propietarias y Suplentes de esta Corte y la ex Magistrada Dora Guzmán Zannetti, a la que adjuntan la “Declaración del Primer Encuentro de Magistradas de las Cortes Supremas de Justicia y Cortes Constitucionales de América Latina y el Caribe”. La nota literalmente dice:

 

“Nosotras magistradas titulares, suplentes y ex – magistrada  de la Corte Suprema de Justicia, al saludarlo respetuosamente, queremos externarle lo siguiente:

 

1.- Nuestro sincero agradecimiento por su incondicional apoyo para la realización del Primer Encuentro de Magistradas de las Cortes Supremas de Justicia y Cortes Constitucionales de América Latina y el Caribe “Por una Justicia de Género”, sin el cual no hubiera sido posible tan destacado acontecimiento.  Su constante preocupación e intervención en el desarrollo del mismo, permitió que tuviera el éxito esperado.

2.- Le entregamos, para su conocimiento, y el de la Corte Plena, la declaración del Primer Encuentro de Magistradas de las Cortes Supremas de Justicia y Cortes Constitucionales de América Latina y el Caribe “Por una Justicia de Género”, que recoge la inquietud y el compromiso, de las magistradas participantes, de realizar un trabajo conjunto en la región, con el objetivo de crear y fortalecer los servicios que brindan los Poderes Judiciales de la región a las usuarias en general.

 3.-  Las mujeres significan el 50.5% de la población  y por la forma en que está estructurada nuestra sociedad, sus problemas no han alterado el ritmo de la vida pública.  Han contado, históricamente, con menos facilidades para organizarse, para reclamar, para protestar, y los aparatos estatales, no han respondido en forma acorde con los requerimientos que tienen.  Estamos convencidas que el progreso de nuestro país está vinculado al desarrollo humano, a la plena realización de cada uno de las personas.  La familia, también constituye una célula fundamental para preservar nuestra paz y nuestro progreso.  Estamos convencidas de que cada uno de sus integrantes madre, padre, hijos e hijas deben encontrar, el ámbito propicio para su desarrollo; y el Estado debe fomentarlo.  Sabemos que, el Poder Judicial costarricense ha venido dando pasos para asumir la responsabilidad que le corresponde, en esa tarea.  Creemos que el momento es propicio para acelerar,  profundizar y consolidar los avances logrados.  La institución debe contribuir a eliminar la persistencia de políticas y prácticas culturales que acentúen las discriminaciones de todo tipo.  Se hace necesario identificar las áreas donde el servicio de la justicia se relaciona con las necesidades de las mujeres, para invertir recursos en estas áreas y mejorar el servicio. Las acciones deben ser coordinadas y desarrolladas como parte de una estructura general, no aislada.  Su monitoreo debe ser constante, relacionándolas con instituciones que representen a las usuarias y con mecanismos que la fiscalización.

4.- El proceso que ha venido realizando nuestra institución requiere de un  cambio cualitativo.  Hay que pasar de las acciones desarticuladas y aisladas a la CREACIÓN Y EJECUCIÓN DE UNA POLÍTICA INTEGRAL CON PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PODER JUDICIAL.  

Nos parece prioritario la acción con objetivos generales concretos:

a.- Diseñar una política integral que homogenice y garantice la perspectiva de género en el Poder Judicial y articule los servicios existentes para la atención de violaciones a derechos derivados de la condición de género de las personas. 

b.- La creación de una instancia permanente, que constituya el punto de conexión del sistema integral, lo implemente, impulse, facilite el proceso, monitoree los avances y potencialice a los actores del sistema –tanto en lo interno como lo externo.

c.- Fortalecer mediante la inversión de recursos los servicios que se prestan.

Específicamente consideramos necesario:

1.- Identificar los componentes del sistema, sus funciones, las rutas críticas, los fines comunes y los nudos de interdependencia que los involucran en un sistema llamado a tener coherencia y homogeneidad, para pasar del accionar separado a la articulación de cada instancia en el marco de la política integral.

2.- Generar un perfil de usuarias y de sus necesidades que posibilite el insumo al sistema desde esta perspectiva, en concordancia con sus derechos, necesidades e intereses estratégicos.

3.- Potenciar las fortalezas y superar los obstáculos que se evidencien en la prestación de los servicios.

4.- Identificar y potenciar las fortalezas de las personas que operan los servicios del Poder Judicial, sus capacidades, conocimientos, experticias y la garantía de imparcialidad y estabilidad, tanto para la creación del sistema, como para la interacción con la sociedad civil y las instancias gubernamentales.

5.- Identificar las redes existentes en la sociedad civil para que con información y trabajo coordinado con el Poder Judicial, puedan ejercer el doble rol de monitoreo de los servicios del Poder Judicial y el soporte de referencia de las personas usuarias.

6.- Articular un sistema de información cualitativa y estadística que permita evaluar resultados.

7.- Desarrollar un programa de capacitación permanente sobre el derecho de género.

8.- Impulsar la voz y participación técnica de las personas operadoras del sistema en la creación, reforma y evaluación de los instrumentos jurídicos existentes.

9.- Compilar, publicar y divulgar la jurisprudencia más destacada que fundamente los derechos de las mujeres desde una perspectiva género.

10.- Promover la investigación de temas específicos sobre las violaciones y respuestas socio jurídicas a las violaciones de los derechos de las mujeres.

11.- Desarrollar programas de cooperación internacional para la articulación y mejoramiento de los servicios.

12.- Desarrollar campañas de promoción y divulgación, a través de los mecanismos existen, sobre la actividad e incidencia, interna y externa, de la política institucional con perspectiva de género del Poder Judicial. 

      De una revisión inicial de lo existente, señalamos la importancia de accionar en las siguientes instancias:

Juzgados Especializados en Violencia Doméstica –creación y monitoreo-

Juzgados de Familia –apoyo interdisciplinario a los juzgadores (as)-

Juzgados de Pensiones Alimentarias

Juzgados de Trabajo

Juzgados de Ejecución de la Pena con especialidad en Mujeres Privadas de Libertad

Fiscalía Especializada contra la Violencia Doméstica y los Delitos Sexuales del Ministerio Público -extensión en todas las jurisdicciones-

Escuela Judicial

Defensa Pública (especializada en Pensiones Alimentarias y Ejecución de Pena para Mujeres Privadas de Libertad) –creación y definición de tareas-

Organismo de Investigación Judicial - es urgente crear en el Organismo de Investigación Judicial una policía especializada en los servicios que ese órgano brinda a las usuarias (delitos relacionados con violencia doméstica, delitos sexuales, etc.) .-

Oficina de Información y Orientación a la Víctima

Oficina de Trabajo Social

Observamos la necesidad de crear una estructura permanente, que coordine el proyecto, identifique los componentes del sistema, los recursos internos y externos, monitoree, facilite el cumplimiento de los objetivos y genere los mecanismos de promoción y divulgación de las acciones.  Esta instancia deberá estar adscrita a la máxima jerarquía del Poder Judicial, la Presidencia,  como indicador del apoyo institucional con el que se desarrolla el proyecto.

Lo que hoy le proponemos, constituyen sólo ideas básicas que debemos día con día perfeccionar; pero estamos conscientes que es fundamental en la implementación de las mismas su aporte, y el  de todos los sectores que institucionalmente están involucrados.  Es también un proceso, que requiere de un plan de ejecución.  Por tal razón,  proponemos a la Corte Suprema de Justicia que realice las acciones y destine los recursos necesarios para su desarrollo y le manifestamos nuestra disposición de trabajar para su realización.

      De Usted con nuestras más sinceras muestras de aprecio...”

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         La Declaración es la siguiente:

El Primer Encuentro de Magistradas de las Cortes Supremas de Justicia, Poderes Judiciales y Cortes Constitucionales de América Latina y del Caribe acuerda:

1.     Exhortar a los Estados de la región a que promuevan la aplicación efectiva de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer como marco jurídico de todas las acciones programáticas.

2.     Instar a los Estados de la región a que retiren sus reservas a ambas convenciones; suscriban, ratifiquen e implementen el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de  todas las formas de discriminación contra la mujer y que adecuen y adopten las legislaciones nacionales para garantizar la plena  incorporación de la perspectiva de género en sus políticas públicas, particularmente en la esfera de la administración de justicia para corregir desigualdades y garantizar la plena realización de los derechos humanos de las mujeres;

3.     Reconocer  la necesidad de acelerar, profundizar y consolidar los avances logrados hasta la fecha para superar los obstáculos que presenta la persistencia de políticas y prácticas culturales que, al no tomar en consideración la perspectiva de género, acentúan la inequidad y las discriminaciones de todo tipo, pero particularmente las de género;

4.     Promover la incorporación e institucionalización de la perspectiva de género en la administración de justicia, y en los programas curriculares de capacitación judicial, que desarrollan las Escuelas y Unidades de Capacitación de los Poderes Judiciales, así como hacer conciencia sobre la situación de la mujer como usuaria, víctima, delincuente, y como administradora y operadora del sistema de justicia mediante la puesta en ejecución de un Plan de Acción para América Latina y el Caribe “Por una Justicia de Género 2001-2005”

5.     Incorporar en las reuniones regionales convocadas para definir políticas en la Administración de Justicia –reuniones de Presidentes de Cortes- el tema de la perspectiva de género;

6.     Solicitar que se incorpore en los programas de “modernización” y “reforma” de los Poderes Judiciales, la perspectiva de género, como elemento indispensable en su ejecución;

7.     Adoptar un Plan de acción regional para América Latina y el Caribe “Por una Justicia de Género” que refleje el resultado del Primer  Encuentro Regional de Magistradas de las Cortes Supremas de Justicia y Cortes Constitucionales de América Latina y el Caribe, establecer la Secretaría Técnica de éste y los futuros Encuentros en el Programa Regional Mujer, Justicia y Género del ILANUD y promover el seguimiento del Plan de Acción;

8.     Instar al Programa Regional de Mujer, Justicia y Género del ILANUD, a continuar comprometiendo sus esfuerzos en la realización periódica de estos Encuentros Regionales para  promover el debate y el diálogo entre Magistradas de las Cortes Supremas de Justicia y Cortes Constitucionales que fomenten el  seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan de Acción Regional para América Latina y el Caribe,

9.     Instar a la cooperación internacional y a los organismos multilaterales de financiamiento presentes en la región a brindar  su apoyo al Plan de Acción Regional que se adopte y a incluir el tema de la igualdad de la mujer en el sistema de administración de justicia en sus planes de cooperación y de financiamiento.

10. Agradecer al Gobierno y a la Corte Suprema de Justicia de  Costa Rica su calurosa hospitalidad e iniciativa y al gobierno de Dinamarca y a su Programa de Derechos Humanos para Centroamérica que, desde 1994, ha venido apoyando el Programa Regional de Mujer, Justicia y Género del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el tratamiento del Delincuente (ILANUD) que ha hecho posible la realización de  este Primer Encuentro e instarlo a extender esta cooperación a otros países de la región.”

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         Se acordó:  Tomar nota de la “Declaración del Primer Encuentro de Magistradas de las Cortes Supremas de Justicia y Cortes Constitucionales de América Latina y el Caribe”. Nombrar en una próxima reunión una Comisión para que se encargue de diseñar una política integral que homogenice la perspectiva de género en el Poder Judicial y articule los servicios existentes para la atención de violaciones a derechos derivados de la condición de género de las personas, conforme se solicita por las señoras Magistradas y la señora ex Magistrada. Cada una de las Salas propondrá candidatos para conformar la Comisión a que se refiere este acuerdo. Solicitar a la Comisión nombrada por esta Corte para negociar una ampliación del préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, tome en consideración la propuesta contenida en la comunicación de las señoras Magistradas y la señora ex Magistrada, en el diseño de la posible ampliación del préstamo.

 

Esta comisión ha venido trabajando en:

 

 - Incorporación de la Política de Género en la normativa del Poder Judicial.

 - Ejecución de Talleres de Masculinidad.

- Análisis de la Ley de Pensiones Alimentarias y definir si procede reformarla. (De acuerdo con el taller realizado el pasado mes de noviembre).  

- Justificación y compra de cámaras de Gessell  en el Poder Judicial.

- Propuesta “Protección de la Maternidad es para todas y todos”.

- Implementación del Sistema de Gestión con las nuevas  variables de género.

- Elaboración e implementación de las propuestas en procedimientos para los Juzgados de Pensiones Alimentarias de Desamparados y el I Circuito Judicial de San José.

 

- Elaboración de Estadísticas con perspectiva de género dentro del Sistema de Gestión de Goicoechea. Se organizó la  conferencia pública denominada "Estadística con Perspectiva de Género"; y una revisión de los formularios utilizados en la institución para que lleven incluida, de manera total, la perspectiva de género. En coordinación con el Consejo Superior se preparó la circular  en la cual se estableció como obligatorio el llenado de la casilla "sexo" en todos los sistemas que se utilicen dentro del Poder Judicial (artículo LV de la sesión número 34-04 del 13 de mayo del 2004).

 

- Evaluación de la Ley contra la Violencia Doméstica: Se desarrolló una Propuesta de Evaluación de la Ley Contra la Violencia Doméstica en Costa Rica con la Organización Panamericana de la Salud, la cual contó con la participación de las siguientes organizaciones: Instancias Gubernamentales: Poder Judicial; Instituto Nacional de las Mujeres; Ministerio de Salud; CCSS; Delegaciones de la Mujer; Albergues; Oficinal Municipales. No Gubernamentales y redes: CEFEMINA; Fundación Ser y Crecer; Líneas de auxilio; Redes interinstitucionales. La evaluación se llevó a cabo en varias fases: A- Diseño de la propuesta de evaluación: Elaboración de propuesta preliminar. Reuniones con las organizaciones seleccionadas de discusión de la propuesta. Reuniones de trabajo, respecto al tema, con el departamento de planificación del Poder Judicial.    B- Diseño de metodología para el monitoreo y evaluación de resultados de leyes sobre violencia doméstica: Etapa de evaluación y monitoreo. Planificación del proceso de evaluación. Selección de información requerida y sus indicadores    C- Diseminación de los resultados: Reunión con los actores seleccionados para presentar los resultados  preliminares. Elaboración del informe final. Publicaciones en la página WEB  de la OPS y el Poder Judicial del informe final.

 

REFORMA JUDICIAL CON ROSTRO HUMANO: PRÉSTAMOS CORTE BID

 

     El Poder Judicial desarrolló un primer proyecto de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo cuyo principal logro es el modelo de Guadalupe y el Sistema de Gestión ahí implantado. Con los méritos y errores que pueda tener el proyecto que no es del caso analizar, tenía una carencia básica. No distinguía las diferencias y características en la naturaleza de las distintas materias o áreas jurisdiccionales, tampoco las características sociales, de género, étnicas de los usuarios y las usuarias, con los requerimientos específicos de despacho, sin respetar diferencias jurisdiccionales, ni tampoco las geográficas, etc. Se creó un modelo general. Ante la posibilidad de un segundo préstamo y con el apoyo de las compañeras Magistradas, participé en la negociación del segundo préstamo del Proyecto Corte -BID. Como un lente para distinguir y visibilizar las diferencias, se introdujo la necesidad de incorporar la perspectiva de género en todas las acciones de ese proyecto, garantizando esta exigencia mediante la creación de la Secretaría Técnica de Género para monitorear todo el desarrollo e incorporando en la ley del préstamo la integración de la Comisión de Seguimiento con la Secretaria de Género y con la Coordinadora de la Comisión de Género. Es el primer proyecto de reforma judicial en América que tiene esta temática. La labor en el cumplimiento de esta ley es constante. También lo es la incorporación en ella de la  perspectiva de género, y una concepción democrática dentro de la inversión de recursos en la Administración de Justicia. Este trabajo es continuo, pues se busca  la forma de incorporarlo en todos los carteles, tarea en la cual no hay procedimientos anteriores, y todo resulta novedoso.

     En este programa y en mi doble condición de coordinadora de la Comisión de Género y representante de la Sala Segunda, he impulsado la contratación de la revisión de los procedimientos utilizados en los Juzgados de Pensiones Alimentarias, el impulso al proceso de revisión de la legislación en esa misma área, el establecimiento de una política de género, con la participación de todos los sectores. También la realización de talleres de masculinidad, de protocolos en delitos sexuales y en violencia doméstica para evitar la revictimización. Con la misma finalidad la compra de Cámaras de Gessell. En las contrataciones para la organización del Ministerio Público y la Defensa Pública se ha tratado de introducir como un factor a considerar la visualización de la distinciones entre funcionarias y funcionarios, usuarios y usuarias. Con la idea de documentar la historia institucional, inexistente en la actualidad, y necesaria para visualizar las direcciones en que se debe avanzar se promueven las siguientes investigaciones:

-         Aplicación de la Figura de Desobediencia a la Autoridad, Ley contra la violencia Doméstica

-         La Carrera Judicial en Costa Rica (estudio con perspectiva de género).

-         El Departamento de Trabajo Social y Psicología en el Proceso Judicial.

 

      La labor de la Comisión de Género se vincula, también, al seguimiento del Préstamo Corte BID, y se ha realizado con la participación de las asociaciones de funcionarios y funcionarias judiciales.

 

EN EL CAMPO INTERNACIONAL

     Mi participación en este ámbito ha sido guiada por la misma motivación de visualizar las necesidades de quienes por diversas razones no han sido tomadas en cuenta como un factor importante para el funcionamiento de la Administración de Justicia. En igual sentido, ha sido un mecanismo de fuerza para impulsar el trabajo nacional de quienes tienen el mismo pensamiento.

     Distingo en lo internacional los siguientes ámbitos de acción:

A-   Formación y consolidación de la Asociación Internacional de Juezas: Participé desde  su inicio, en el año 1999, en esta organización como una miembra  activa,  ocupando su vicepresidencia y siendo la delegada para América Latina y el Caribe.  En  Costa Rica impulsé la creación de la  Asociación Costarricense de Juezas de la cual fui su primera presidenta durante los años 1991 – 1995. Asistí a Bolivia y Ecuador a las reuniones que constituyeron por primer vez las asociaciones de juezas en esos países, respaldando su labor.

B-   Las Cumbres Iberoamericanas: La Corte me designó, en el año 2002 para asistir a esta reunión. Aunque el nombramiento no fue con la debida anticipación, logré introducir entre los acuerdos finales la necesidad de un diagnóstico sobre la situación de la mujer en la Administración de Justicia, y como usuaria del servicio. Estratégicamente, se logró que la compañera Presidenta de Panamá presentara la moción que tenía esa finalidad. Posteriormente, por elección de la Corte fui designada coordinadora nacional para las cumbres, puesto que desempeñé hasta después de la celebración de la Sétima Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas de Justicia, de Tribunales Constitucionales y Consejos Superiores en Cancún, México. En el ejercicio de este cargo, y a través de mi participación en la reuniones preparatorias introduje como un punto de la agenda el tema de “Acceso a la Justicia de las Mujeres”. Asumí la redacción del documento base para la discusión de  ese tema y para su declaración. El mismo fue acogido y forma parte de la Declaración de Cancún. Esta cumbre tiene la característica de haber analizado la justicia desde el punto de vista de los usuarios y de las usuarias. Se hizo la declaración sobre “Carta de los derechos de las personas ante la justicia”, documento que posteriormente recogió la Corte Suprema de Justicia y encargó que se uniera al Estatuto del Juez que había sido conocido en la Cumbre anterior. El proyecto se encuentra en la Asamblea Legislativa.

C-   Los Encuentros Latinoamericanos de Magistradas: Impulsé en el año 2002, el Primer Encuentro de Magistradas de Latinoamérica, con el respaldo del ILANUD, y el apoyo de las Magistradas Suplentes, la única exmagistrada que existía y la Magistrada del Tribunal Supremo de Elecciones en ese momento. El objeto ha sido analizar la problemática de la Administración de Justicia en nuestra región, el Acceso a la Justicia de la Mujeres y los problemas en el ejercicio de la judicatura para ellas. Hoy se han realizado cinco encuentros y las declaraciones de ellos constituyen el pensamiento y la voz de un grupo importante de magistradas. Los encuentros, además de visibilizar situaciones ignoradas, han constituido un apoyo para el trabajo interno de cada magistrada. Igualmente, les ha dado presencia en un foro internacional, porque a los existentes, incluyendo las cumbres, normalmente son otros los que asisten. Los Encuentros de Magistradas han exigido presencia de ellas en las Cumbres Iberoamericanas de Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia.

 

- Para fortalecer el trabajo de las magistradas latinoamericanas en sus respectivos países, colaboré con la publicación realizada por el Tribunal Constitucional de Bolivia en el que participé con la ponencia “Una mirada de las Sentencias del Tribunal Constitucional de Bolivia desde la Perspectiva de Género”.

 

D-   Colaboración de la Organización Panamericana de la Salud al Poder Judicial: En el año 2003 convocada por este organismo se llevó a cabo una reunión de expertas con el objetivo de establecer la áreas y los componente críticos para el desarrollo de legislación y de políticas sobre violencia intrafamiliar de conformidad con las normas internacionales, a la cual fui invitada. Esta reunión dio origen al: “Modelo de Leyes y Políticas sobre Violencia Intrafamiliar contra las Mujeres”, que esta siendo validada en Brasil, Honduras, República Dominicana y Costa Rica. Excepto en nuestros país la validación,  la realizaban ONG.  En la reunión celebrada inicialmente, logré que se encargara al Poder Judicial de Costa Rica el trabajo a desarrollarse aquí. Es así como el Consejo Superior firmó un acuerdo entre la OPS y el Poder Judicial mediante el cual el primero nos otorgó $7.000 y la institución se comprometió a dar su aporte logístico para realizar lo que denominó “Propuesta de Monitoreo de la Ley Contra la Violencia Doméstica en Costa Rica”. El trabajo se hizo bajo mi coordinación y con la ejecución de la Secretaría Técnica de Género. La publicación y los informes respectivos que dan cuenta de todas las actividades, realizadas constan en las actas del Consejo Superior.

E-   He colaborado con la Organización de Estados Americanos, a través de las reuniones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y mediante la Relatora Especial sobre Derechos de la Mujer, en el análisis del Acceso a la Justicia de las Mujeres.

Debo dejar claro que estas tareas las he hecho con la única motivación de contribuir en la promoción de una mejor Administración de Justicia, y como recargo de mis funciones normales.  

 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

      La labor jurisdiccional, es una tarea constante y bastante voluminosa. Mis funciones como jueza constituyen la realización de mi vocación, y el ejercicio profesional que elegí . No encuentro criterios para señalar o mostrar sentencias específicas. Con la debilidades propias de todo ser  humano pongo mi empeño en resolver en forma tal que coincidan la justicia y la ley. Están a disposición de Uds., las sentencias que me ha correspondido resolver, que ascienden al número de 1136, además de los votos salvados. Agrego como ejemplo una sentencia seleccionada porque mi posición significó el criterio mayoritario. Aportaré las resoluciones que Ustedes indiquen, señalándome los criterios que les interesa conocer.  

     Aporto sobre mi función jurisdiccional la certificación de la Secretaría de la Sala donde consta que tengo asignados a mi estudio 51 asuntos de los cuales 28 tienen proyecto de sentencia y están en circulación donde los otros magistrados y 23 se encuentran en mi despacho para estudio.

     La Sala a la que pertenezco tiene un desempeño que es analizado constantemente por la Sección de Estadística. Adjunto su último informe anual, del año 2004, y los dos últimos trimestres del 2005.

Cantidad de procesos votados por el despacho a mi cargo desde octubre de 1989 al 17 de agosto del 2005:

CIVIL	LABORAL	FAMILIA	OTROS	TOTAL
15	1008	102	11	1136

 

Como parte del trabajo de la Sala también se han venido realizando la modificación del  proceso laboral con el que culminó con el Proyecto de Ley presentado y entregado al señor Presidente de la República.

Deseo dejar constancia de mi disposición de acudir ante ustedes para aclarar o ampliar lo que consideren pertinente. 

Expreso, por último, mi agradecimiento a ese Poder de la República y a la Institución para la cual laboro por haberme permitido ejercer la judicatura y trabajar por la justicia que ha sido parte de mi realización personal.

     Cualquier consulta con gusto la atenderé en mi correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

                                                       Zarela Villanueva Monge

 

 

 

PROYECTO DE REFORMA DEL CÓDIGO DE TRABAJO

 

PRESENTACIÓN

            A mediados del año trasanterior fui comisionado por la Corte Plena para elaborar un proyecto de reforma del Código de Trabajo,  con el propósito de modificar el Título correspondiente a la Jurisdicción Especial del Trabajo, introduciendo como base del procedimiento el principio de la oralidad.

        Concluido el trabajo, entregué un ejemplar de él al señor Presidente de la Corte, Dr. Luis Paulino Mora Mora, y a los compañeros Magistrados de la Sala Segunda Lics. Zarela María Villanueva Monge y Julia Varela Araya, Dr. Bernardo van der Laat Echeverría y Lic. Rolando Vega Robert. Con ellos y los Magistrados Suplentes de la Sala Drs. Eva Camacho Vargas y Rocío Carro Hernández, Lic. Ana Luisa Meseguer Monge, Lics. Oscar Bejarano Coto, Juan Carlos Brenes Vargas, Ricardo Vargas Hidalgo y Drs. Víctor Ardón Acosta y Fernando Bolaños Céspedes, revisamos el documento en seis sesiones de trabajo de un día cada una.

 De todos se recibieron valiosísimas sugerencias, las cuales se incorporaron al Proyecto. Con su formación intelectual y su importante experiencia como jueces, profesores universitarios y abogados y abogadas litigantes contribuyeron a mejorarlo en forma sustancial, dándole el contenido que hoy presenta.

Como puede observarse del texto, el Proyecto se amplió para comprender temas relacionados con el Derecho Colectivo de Trabajo y de ese modo se sugieren reformas en el Título correspondiente a las medidas de presión con ocasión de los conflictos colectivos económicos y sociales (huelga y paro); modificaciones importantes en el sistema de solución arbitrada de los conflictos jurídicos laborales; simplificación de los procedimientos de arreglo directo, conciliación y arbitraje de los conflictos económicos y sociales, propios del ámbito laboral; introducción de un procedimiento de calificación de los movimientos huelguísticos; y al mismo tiempo se sugieren reglas para la solución de los conflictos económicos y sociales en el sector público. Se  estimó que los desfases propios del tiempo y la existencia de importantes sentencias de la Sala Constitucional sobre temas de derecho colectivo (huelga en los servicios esenciales, constitucionalidad de los laudos y convenciones colectivas en el sector público), hacen indispensable la revisión del Código en todos esos temas, sin lo cual una reforma del procedimiento jurisdiccional, no tendría mayor trascendencia en el Código de Trabajo como herramienta de solución de los conflictos jurídicos, económicos y sociales  del sector laboral del país.

Tal y como se autorizó en la Corte, me encargué de divulgar el Proyecto entre los jueces y juezas de trabajo, abogados del sector laboral, sindicatos y cámaras. Se llevaron a cabo talleres en el Colegio de Abogados con participación de los jueces y juezas, abogados laboralistas, profesores universitarios e inclusive con participación de invitados extranjeros. También se organizaron talleres con jueces exclusivamente y con funcionarios del Ministerio de Trabajo. Personalmente hice presentaciones del Proyecto en esas actividades, así como en la Unión de Cámaras y con Sindicatos.

En noviembre del año pasado hice presentación y entrega del Proyecto en el Consejo Superior de Trabajo y este órgano, con representación tripartita (Ministerio de Trabajo, Cámaras y Sindicatos) lo analizó durante los meses anteriores.

De todos esos trabajos se recogieron observaciones, todas las cuales fueron analizadas posteriormente por el suscrito Magistrado, con el apoyo de una Comisión integrada en el Consejo Superior de Trabajo y en la que colaboraron el Lic. Oscar Bejarano Coto, por parte de la Unión de Cámaras, y el Dr. Fernando Bolaños Céspedes, por los Sindicatos. Al grupo se sumó en varias sesiones de trabajo el Lic. Mauricio Castro Méndez, de la Asociación de Empleados Públicos y Privados.

Para realizar este trabajo, se contó con el valiosísimo apoyo de la Presidencia de la Corte, del Ministerio de Trabajo, de la Organización Internacional del Trabajo y el Gobierno de Canadá.

No está de más agregar que en el Proyecto que se sugiere se introduce una modificación en la estructura del Código, con el propósito de ubicar en primer lugar las disposiciones sustantivas y posteriormente o al final los temas procesales, lo que así corresponde dada la naturaleza adjetiva de estos últimos.

También se sugieren algunas reformas a artículos del Código, para adecuarlos a los tiempos y a criterios constitucionales y finalmente se incluyen las modificaciones relacionadas con los cambios que es necesario hacer en la organización del Poder Judicial para poner en práctica la reforma.

El texto resultante se incluye a continuación.

San José 3 de agosto del 2005.

 

Orlando Aguirre Gómez

Magistrado Presidente de la Sala Segunda

de la Corte Suprema de Justicia.

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TEXTO DEL PROYECTO:

             Artículo 1°.- Refórmanse los Títulos VI a XI del Código de Trabajo y se agrega a ese mismo Código un Título XII, los  cuales  se leerán así:

 

“TITULO VI

DE LAS MEDIDAS DE PRESION

 

CAPITULO I

DE LAS HUELGAS LEGALES E ILEGALES[1]

 

            ARTICULO 371.[2]  La huelga legal es un derecho que consiste en la suspensión concertada y pacífica del trabajo, en una empresa, institución,[3] establecimiento o centro de trabajo, acordada y ejecutada por una pluralidad de tres personas trabajadoras, como mínimo, que represente, al menos, el cuarenta por ciento de sus empleados o empleadas involucrados en un conflicto colectivo de trabajo, [4] para la defensa y promoción de sus intereses económicos y sociales. Supone la suspensión colectiva de las labores o cualquier otra medida que altere el normal desenvolvimiento del proceso productivo.

 

            ARTICULO 372. Los titulares del derecho de huelga son los trabajadores y las trabajadoras, quienes lo ejercerán por medio de sus organizaciones sindicales o de una coalición temporal, en las empresas, instituciones, establecimientos o centros de trabajo donde no hubiere personas sindicalizadas o cuando su número fuere insuficiente para constituir una organización sindical.

 

            ARTICULO 373. El derecho de huelga comprende: la participación en las actividades preparatorias  que no interfieran con el desenvolvimiento normal de las labores de la empresa o centro de trabajo, de convocación, de elección de su modalidad, de adhesión a una huelga ya convocada o la negativa a participar en ella, de participación en su desarrollo, de desconvocatoria, así como la decisión de dar por terminada la propia participación en la huelga.

 

             ARTICULO 374. En el caso de instituciones o empresas que tengan más de un establecimiento o centro de trabajo, el cuarenta por ciento de apoyo mínimo requerido, conforme con el artículo 371, se contabilizará,  considerando a todas las  personas trabajadoras de la empresa,  institución o  respectivo centro de trabajo.    

           

ARTICULO 375.  Para cumplimentar el porcentaje de apoyo mínimo requerido, conforme con las disposiciones de este Título, se seguirá el siguiente procedimiento.

a)                          Si en la empresa, institución, establecimiento o centro de trabajo existiere uno o varios sindicatos que, individual o colectivamente reúnan el porcentaje de apoyo mínimo requerido, este se tendrá por satisfecho si en la Asamblea General del sindicato o sindicatos convocantes según sea el caso, se acordase la convocatoria a la huelga conforme con lo dispuesto en el artículo 346 inciso e).

b)                          Si en la empresa, institución, establecimiento o centro de trabajo no existiere un sindicato o grupo de sindicatos constituidos que, por sí solo o en conjunto, reúnan el porcentaje de apoyo mínimo requerido, se convocará a un proceso de votación secreta, en el que tendrán derecho a participar todos los trabajadores y trabajadoras, con las excepciones señaladas en el artículo siguiente.

c)                          En el supuesto de huelgas convocadas  por personas trabajadoras de una misma ocupación u oficio, regirá el procedimiento indicado en los dos incisos anteriores pero considerando, exclusivamente, el total de los trabajadores y trabajadoras de una misma profesión u oficio que laboren en esa empresa, institución, establecimiento o centro de trabajo.

d)                          El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá velar por la transparencia  y legitimidad de este tipo de procesos, para lo cual deberá emitir la reglamentación correspondiente.

e)                          A los fines de las verificaciones previstas en este artículo, en relación con el acuerdo de huelga, se requerirá acta notarial o informe levantado por la autoridad de trabajo.

             

             ARTICULO 376. Para la determinación del porcentaje mínimo de convocatoria y apoyo a la huelga, se debe excluir:

a)                            A  las personas trabajadoras que ingresaron a laborar luego del inicio del proceso de conciliación, a las interinas o en período de prueba, las de confianza y aquellas cuyos contratos se encuentren suspendidos.

b)                           A  quienes figuren como representantes patronales.

c)                            A los o las aprendices.

 

ARTICULO 377. Para declarar una huelga legal, las personas trabajadoras deben:

a)      Observar los extremos preceptuados en el artículo 371.

b)     Agotar los procedimientos de conciliación que señale este Código. En los conflictos jurídicos indicados en el artículo 386 y que den lugar a la huelga legal, éste requisito se entenderá satisfecho por medio de la intimación que el sindicato o los trabajadores y trabajadoras hagan al empleador o empleadora, otorgándole un plazo de al menos un mes para resolver el conflicto.

c)      Ajustarse a las normas que establece este Código en materia de continuidad de la prestación de servicios esenciales.

           

ARTUCULO 378. La huelga, cualquiera que sea su modalidad, sea que la convoque uno o más sindicatos o, en su caso, una coalición de personas  trabajadoras, podrá ejecutarse intermitentemente, de manera gradual  o en forma escalonada. En estos casos los días y horas de suspensión, así como la modalidad  de la huelga, deben ser comunicados a la parte  empleadora previamente a su inicio, por escrito.

 

ARTICULO 379. El plazo máximo de una huelga será de cuarenta y cinco días naturales, finalizado el cual sin arreglo o avenimiento definitivo entre las partes, el arbitramento se convertirá en obligatorio, debiendo procederse entonces conforme con lo dispuesto en el Capítulo XIII del Título X y en el Título XI de este Código. El plazo indicado correrá desde el inicio de la huelga, con independencia de la modalidad empleada.

 

ARTICULO 380. Los actos de coacción o de violencia sobre las personas o propiedades, realizados durante una huelga, serán sancionados por las autoridades represivas comunes con las penas correspondientes.

 

 

ARTICULO 381.  La huelga legal suspende los contratos de trabajo vigentes en la empresa, institución, lugar o centro de trabajo en que se declare, por todo el tiempo que ella dure.

 

            ARTICULO 382. La no prestación de servicios mínimos en el caso de huelgas que impliquen el cese o impidan la continuidad de los servicios públicos esenciales, determinará por sí sola la ilegalidad del movimiento.[5]

Se entiende como servicios públicos esenciales aquellos cuya paralización ponga en peligro  los derechos a la vida, a la salud y a la seguridad pública, el transporte, mientras el viaje no termine, y la carga y descarga en muelles y atracaderos, cuando se trate de productos perecederos o de bienes de los cuales dependa la vida o la salud de las personas.

   No será permitida la huelga a las personas trabajadoras que resulten  indispensables para mantener el funcionamiento y la continuidad de  los servicios mínimos.

En caso de huelgas que afecten la continuidad de los servicios públicos considerados esenciales, será indispensable que se acuerde y convoque al menos por una organización sindical con  personalidad jurídica vigente o una coalición de personas trabajadoras  con representantes conocidos, que garantice dichos servicios mínimos durante el tiempo de huelga.

Cualquiera sea el caso o modalidad escogida, la huelga que afecte servicios públicos considerados como esenciales, requerirá de un preaviso, dado con anterioridad a su inicio, no menor de dos semanas naturales.

El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de este artículo facultará a la parte empleadora para  solicitar la declaratoria de ilegalidad de la huelga.[6]

 

ARTICULO 383. Presentado por el sindicato, sindicatos o coalición al empleador o empleadora, el plan  de los servicios esenciales mínimos que se van a prestar durante el tiempo de huelga no fuere de aceptación, la parte empleadora podrá solicitar al juzgado de trabajo de la jurisdicción, dentro de los tres días hábiles siguientes, que se haga esa determinación. El juzgado dará traslado a la contraparte por el plazo que estime pertinente y resolverá el asunto, con los elementos de juicio que le suministren los interesados o que el despacho se provea por su cuenta, en un plazo no mayor de quince días, contado a partir del momento en que se solicitó  su intervención. Si vencido ese plazo,  no se hubiere producido resolución judicial, se entenderá aprobado provisionalmente el plan, a los efectos del inicio de la huelga, sin perjuicio de las modificaciones que se introduzcan en la resolución definitiva. La resolución del juzgado tendrá apelación para ante el tribunal de apelaciones del Segundo Circuito Judicial de San José, el cual resolverá en un plazo no mayor de ocho días hábiles contados a partir del recibo de los autos, sin nuevas audiencias ni requerimientos.

 

ARTICULO 384.  La parte o partes empleadoras afectadas por la huelga podrán solicitar ante la jurisdicción de trabajo la declaratoria de ilegalidad del movimiento, cuando los trabajadores, trabajadoras o sus organizaciones sindicales no se hubiesen ajustado en el ejercicio del derecho de huelga a las previsiones y requisitos de la legislación laboral. De la misma forma, será facultativo para los trabajadores, trabajadoras o sus organizaciones sindicales solicitar la declaratoria de legalidad de la huelga, de previo a su iniciación.  En ese último caso,  no podrán iniciar la ejecución de la huelga sin que estuviere firme la declaratoria de huelga legal. Los trabajadores, trabajadoras o el sindicato respectivo también podrán solicitar la calificación de la huelga con posterioridad a su ejecución, e incluso luego de su finalización, para efectos de lo establecido en el artículo 386.

 

ARTICULO 385. Firme la declaratoria de ilegalidad de la huelga, la parte empleadora podrá ponerle fin, sin responsabilidad para ella, a los contratos de trabajo de los huelguistas, cuando éstos no se reintegren al trabajo en las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de la resolución. Esta notificación se hará por medio de un periódico de circulación nacional, así como por afiches que colocará en lugares visibles del centro o centros de trabajo, o por cualquier otro medio que garantice la realización efectiva de la notificación. Quedan a salvo las sanciones de orden represivo que en su contra lleguen a declarar los tribunales penales. Sin embargo, en los nuevos contratos que celebre el patrono, no podrán estipularse condiciones inferiores a las que,  en cada caso, regían antes de declararse la huelga ilegal.

 

ARTICULO 386. Si la huelga fuere declarada legal por los tribunales y se determinare además en la misma resolución, que los motivos de la huelga son imputables al empleador o empleadora, [7]por negativa a negociar una convención colectiva, a reconocer la personería de la organización sindical, a reinstalar a los representantes de las personas trabajadoras a pesar de existir sentencia firme que así lo ordene, o por maltrato o violencia contra los trabajadores o trabajadoras, condenará a aquel al pago de los salarios correspondientes a los días en que éstos hayan holgado. La liquidación respectiva se realizará por medio del proceso de ejecución de sentencia.

 

CAPITULO II

DE LOS PAROS LEGALES E ILEGALES[8]

 

ARTICULO 387. Paro legal o cierre patronal es la suspensión temporal del trabajo ordenado por dos o más empleadores o empleadoras, en forma pacífica y con el exclusivo propósito  de defender sus intereses económicos y sociales comunes.

El paro comprenderá siempre el paro total de las empresas, establecimientos o negocios en que se declare.

 

ARTICULO 388. El paro será legal si los empleadores o empleadoras se ajustan a los requisitos previstos en el artículo 377 y dan luego a sus trabajadores un aviso con un mes de anticipación para el solo efecto de que estos puedan dar por terminados sus contratos, sin responsabilidad para ninguna de las partes, durante ese período.

 

ARTICULO 389. La reanudación de los trabajos se hará de acuerdo con las normas que establece el artículo 77.

 

ARTICULO 390. Son aplicables al paro las disposiciones de los artículos 380 y 381.

 

ARTICULO 391. Se tendrá también por paro ilegal todo acto malicioso del empleador o empleadora que imposibilite a las personas trabajadoras el normal desempeño de sus labores.

 

ARTICULO 392. Todo paro ilícito tiene los siguientes efectos:

a)                             Faculta a los trabajadores o trabajadoras para pedir su reinstalación inmediata o para dar por terminados sus contratos, con derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones legales que procedan.

b)                            Obliga a la parte empleadora a reanudar sin pérdida de tiempo los trabajos  y a pagar a dichas personas los salarios que debieron haber percibido  durante el período  en que estuvieron las labores indebidamente suspendidas; y,

c)                             Da lugar en cada caso, a la imposición de una multa de quince a veintitrés salarios mensuales base, a que se hace referencia en el artículo 401, según la gravedad de la infracción y el número de personas trabajadoras afectadas por ésta, sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier otra índole que lleguen a declarar contra sus autores los tribunales comunes.

 

CAPITULO III

DISPOSICIONES COMUNES

 

            ARTICULO 393. Ni los paros ni las huelgas deben [9] perjudicar en forma alguna a los trabajadores o trabajadoras que estuvieren percibiendo salarios o indemnizaciones por accidentes, enfermedades, maternidad, vacaciones u otras causas análogas.

 

            ARTICULO 394. El hecho de que un paro o una huelga terminen por arreglo directo entre las partes empleadoras y trabajadoras, por decisión judicial o por cualquier otro motivo,[10] no exime de responsabilidad a los que hubieren cometido delitos o faltas con motivo del conflicto.

 

            ARTICULO 395. En caso de huelga o paro legalmente declarado, los tribunales de trabajo darán orden inmediata a las autoridades de policía para que mantengan clausurados los establecimientos o negocios que el conflicto  afecte y protejan debidamente a las personas y propiedades.

            Mientras la huelga no haya sido calificada se prohíbe la contratación de trabajadores o trabajadoras temporales para sustituir a quienes estén holgando. Igualmente, mientras el movimiento no haya sido declarado ilegal, será aplicable lo dispuesto en el artículo 615.

            En caso de ilegalidad de la huelga o el paro,  los tribunales competentes ordenarán a las autoridades de policía que garanticen la continuación de los trabajos por todos los medios a su alcance. Si se tratare de servicios públicos en manos de empresarios particulares, el Poder Ejecutivo podrá, con ese fin, asumir su control temporal.

 

            ARTICULO 396. El derecho de las partes empleadoras al paro y el de las trabajadoras a la huelga son irrenunciables; pero será válida la cláusula, en virtud de la cual se comprometa a no ejercerlos temporalmente, mientras una de las partes no incumpla  los términos de la convención, o instrumento colectivo. [11]

           

            ARTICULO 397. Toda persona que incite públicamente a que una huelga o un paro se efectúe contra las disposiciones de este Título, será sancionada con una multa de cinco a diez salarios base.

 

 

           

ARTICULO 398. Los individuos que participen en un conflicto colectivo utilizando medios que alteren el carácter pacífico del movimiento, serán repelidos y expulsados del entorno donde este se desarrolla, por cualquier autoridad policial[12], y sancionados con una multa de cinco a diez salarios base.[13]

 

TITULO VII

DE LAS INFRACCIONES A LAS LEYES DE TRABAJO Y SUS SANCIONES[14]

 

            ARTICULO 399 Constituyen faltas punibles las acciones u omisiones en que incurran las partes empleadoras, sus representantes y administradores,[15] los trabajadores, trabajadoras o sus respectivas organizaciones, que transgredan las normas previstas en la Constitución Política, los pactos internacionales sobre derechos humanos, los Convenios adoptados por la Organización Internacional del Trabajo, ratificados por la Asamblea Legislativa, y demás normas laborales y de seguridad social.

 

 

ARTICULO 400. Los procesos que se originen en dichas faltas, serán de conocimiento de los órganos de trabajo, de acuerdo con las reglas de  competencia y por el procedimiento que en este mismo Código seseñalan. [16]

           

            ARTICULO 401. Las personas transgresoras referidas en el artículo 399 de este Código, serán sancionadas con multa, según la siguiente tabla:

1.      De uno a tres salarios mensuales base.

2.      De cuatro a siete salarios mensuales base.

3.      De ocho a once salarios mensuales base.

4.      De doce a quince salarios mensuales base.

5.      De dieciséis a diecinueve salarios mensuales base.

6.      De veinte a veintitrés salarios mensuales base.

La denominación de salario base utilizada en esta ley en todo su articulado,[17]salvo disposición expresa en contrario, debe entenderse como la contenida en el artículo 2° de la Ley 7337, de 5 de mayo de 1993, de conformidad con lo establecido en este mismo Código.[18]

 

            ARTICULO 402. La responsabilidad es subjetiva. No obstante, cuando la conducta la realice un representante patronal de una empleadora persona jurídica o grupo de interés económico, en los términos del artículo 5 de este Código, la sanción recaerá también sobre estos según corresponda, a quienes solidariamente se extienden  los efectos económicos de la falta del representante.

 

            ARTICULO 403. Las infracciones a las normas prohibitivas de este Código o de las leyes de trabajo y seguridad social, serán sancionadas a partir dela multa comprendida en el numeral 3 de la tabla de sanciones del artículo anterior, o superiores establecidas por ley especial.[19]

 Cuando se trate de la negativa a otorgar informes, avisos, solicitudes, permisos, comprobaciones o documentos requeridos según este Código y las leyes de trabajo y seguridad social para que las autoridades de trabajo puedan ejercer el control que les encargan dichas disposiciones, los responsables serán sancionados con la multa comprendida en el numeral 1 de la tabla de sanciones contenida en el artículo 401,  siempre que haya mediado prevención con un plazo de quince días.

 

           

ARTICULO 404. Al juzgarse las faltas de trabajo, se aplicará la sanción que corresponda en cada caso, tomando en cuenta la gravedad del hecho, sus consecuencias, el número de faltas cometidas y la cantidad de trabajadores o trabajadoras que han sufrido los efectos de la infracción.

 Podrá aminorar la sanción, siempre y cuando el infractor se comprometa a reparar el daño de inmediato en forma integral. [20]

                       

 

TITULO VIII

PROHIBICIÓN DE DISCRIMINAR[21]

 

            ARTICULO 405. Se prohíbe toda discriminación en el trabajo por razones de edad, etnia, género, religión, raza, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación, situación económica o cualquier otra forma análoga de discriminación.[22]

 

            ARTICULO 406. Todas las personas trabajadoras que desempeñen en iguales condiciones subjetivas y objetivas un trabajo igual, gozarán de los mismos derechos, en en cuanto jornada laboral y remuneración, sin discriminación alguna.

 

            ARTICULO 407. Se prohíbe el despido de los trabajadores o trabajadoras por las razones señaladas en el artículo tras anterior.

 

            ARTICULO 408. Queda prohibido a las personas empleadoras discriminar por edad al solicitar un servicio o seleccionar a un trabajador o trabajadora. [23]

           

            ARTICULO 409. Todas las personas, sin discriminación alguna, gozarán de las mismas oportunidades para obtener empleo y deberán ser consideradas elegibles en el ramo de su especialidad, siempre y cuando reúnan los requisitos formales solicitados por la persona empleadora o establecidos mediante ley o reglamento. [24]

 

            ARTICULO 410. Toda discriminación de las contempladas en el presente título,  podrá ser hecha valer por las autoridades o la parte interesada ante los juzgados de trabajo, en la forma dispuesta en este Código.[25]

           

            ARTICULO 411. Los empleadores o empleadoras a quienes se les compruebe haber cesado a personas trabajadoras por cualquiera de los motivos de discriminación antes indicados, deberán reinstalarlas a su trabajo, con el pleno goce de sus derechos y las consecuencias previstas para la sentencia de reinstalación.[26]

 

           

TITULO IX

DE LAS PRESCRIPCIONES Y DE LA CADUCIDAD DE LA POTESTAD  DE LAS ADMINISTRACIONES PARA EJECUTAR LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS[27]

 

            ARTICULO 412. El cómputo, la suspensión,  la interrupción y demás extremos relativos a la prescripción se regirán, en cuanto no hubiere incompatibilidad con este Código, por lo que dispone el Código Civil.[28]

 

            ARTICULO 413. Los derechos provenientes de sentencia judicial prescribirán en el término de diez años, que se comenzará a contar desde el día de la firmeza de la sentencia.

 

            ARTICULO 414. Salvo disposición especial en contrario, todos los derechos y acciones provenientes de contratos de trabajo y de cualquier otra relación convencional íntimamente vinculada a esos contratos, así como el derecho para reclamar contra las sanciones disciplinarias que se hayan aplicado, prescribirán en diez años, mientras la relación o contrato estuviere vigente, que se computarán a partir de que la obligación o derecho sea exigible o pueda hacerse valer. Si la relación  se extinguiere, el término para reclamar cualquier derecho o acción de ella proveniente, prescribirá  en un año a partir de la extinción.[29]

           

            ARTICULO 415. Sin perjuicio de lo que establezcan disposiciones especiales sobre el plazo de prescripción, los derechos y acciones de los empleadores o empleadoras para despedir justificadamente a los trabajadores o trabajadoras o para disciplinar sus faltas, prescribirán en el término de tres meses,[30] que comenzará a correr desde que se dio la causa para la separación o sanción o, en su caso, desde que fueren conocidos los hechos causales.

            En el caso de que la parte empleadora deba cumplir con un procedimiento sancionador, la intención de sanción debe notificarse al empleado dentro de ese plazo y a partir de ese momento los tres meses comenzarán a correr de nuevo en el momento en que la persona empleadora o el órgano competente en su caso, esté en posibilidad de resolver, salvo que el procedimiento se paralice o detenga por culpa atribuible exclusivamente a la parte empleadora, situación en la cual la prescripción es aplicable, si la paralización o suspensión  alcanza a cubrir ese  plazo.

           

ARTICULO 416. La potestad para ejecutar las sanciones disciplinarias impuestas a los servidores públicos, caduca en el plazo de un año, a partir de la firmeza del respectivo acto administrativo ejecutorio o de que se pueda ejecutar cuando medie algún impedimento que haga imposible  la ejecución.  

 

            ARTICULO 417. Los derechos y acciones de las personas trabajadoras para dar por concluido con justa causa su contrato de trabajo, prescriben en el término de seis meses, [31] contados desde el momento en que el empleador o empleadora dio motivo para la separación, o desde el momento en que dicha persona tuvo conocimiento del motivo.

 

            ARTICULO 418. Los derechos y acciones de los empleadores o empleadoras, para reclamar contra quienes se separen injustificadamente de sus puestos, caducarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de este Código.

 

            ARTICULO 419. Salvo disposición legal en contrario, todos los derechos y acciones provenientes de este Código, de sus reglamentos, de sus leyes conexas, incluidas las de previsión social, que no se originen directamente en contratos de trabajo, ni se relacionen con conflictos jurídicos entre personas empleadoras y trabajadoras, prescriben en un año. Ese plazo correrá para las primeras desde el acaecimiento del hecho respectivo o desde que tuvieron conocimiento  y para las segundas  y demás personas interesadas desde el momento en que estén en posibilidad efectiva de reclamar sus derechos o de ejercitar las acciones correspondientes.[32]

 

            ARTICULO 420. La acción para sancionar las faltas cometidas contra las leyes de trabajo y de previsión social, prescribe en dos años, [33]contados a partir del momento en que se  cometan o desde el cese de la situación cuando se trate de hechos continuados.

            La presentación de la acusación y la intimación interrumpen dicho plazo.

            La prescripción se suspenderá por un plazo igual cuando el proceso se paralice por rebeldía del supuesto infractor. Transcurrido ese plazo, continuará corriendo la  prescripción.

            La prescripción de la sanción impuesta en sentencia firme se regirá por lo dispuesto en el artículo 413.    

 

TITULO X

DE LA JURISDICCION ESPECIAL DE TRABAJO

                                                       CAPITULO PRIMERO                                       

ORGANIZACIÓN, EXTENSION Y LÍMITES DE LA JURISDICCION DE TRABAJO

SECCION I

DISPOSICIONES GENERALES

 

            ARTICULO  421. En la jurisdicción de trabajo, establecida en el artículo 70 de la Constitución Política,  se dirimirán   los conflictos individuales y colectivos, cuya solución requiera la aplicación de normas del derecho de trabajo y  seguridad social y los principios que lo informan, así como de los asuntos conexos a las relaciones sustanciales propias de ese derecho.

             Dentro de ese ámbito se incluye el conocimiento de todas las pretensiones derivadas de las relaciones de empleo público, para el cobro de prestaciones de naturaleza laboral y para la impugnación de los actos de todas las instituciones u órganos de derecho público, relativos a dicho empleo.

 

            ARTICULO 422. Además de los principios generales correspondientes a todo proceso, como lo son los  de exclusividad y obligatoriedad de la función jurisdiccional, independencia de los órganos jurisdiccionales, contradicción o audiencia bilateral, publicidad, obligatoriedad de los procedimientos legales, de la necesaria motivación de las resoluciones judiciales y de preclusión, el proceso laboral  se rige por los siguientes principios procesales básicos: la conciliación, actuaciones prioritariamente orales, la sencillez, el informalismo, la oficiosidad relativa, así como la celeridad, concentración, inmediación, búsqueda de la verdad real, libertad probatoria, lealtad procesal y gratuidad o costo mínimo.[34]/[35]

           

ARTICULO 423. Al interpretarse las disposiciones de este Título, deberá tenerse en cuenta que su finalidad última es permitir ordenadamente la aplicación de las normas sustanciales y los principios que las informan, incluidas la justicia y la equidad, cuando resulten aplicables. Las personas encargadas de los órganos de esta materia, dirigirán el proceso en forma protagónica, impulsándolo oportunamente, buscando la verdad real dentro de los límites establecidos, dándole a ésta primacía sobre las expresiones formales, tutelando la indisponibilidad de los derechos y aplicando en forma adecuada las reglas “pro operario” (in dubio pro operario, norma más favorable y condición más beneficiosa); de modo que en la solución de los conflictos se  cumpla con los principios de justicia social y la desigualdad de la parte trabajadora no se exprese en el resultado del proceso.

           

            ARTICULO 424. En los procesos en que sea parte el Estado, sus instituciones y órganos, sobre relaciones regidas por el derecho público, se aplicará lo dispuesto en el artículo anterior, siempre y cuando no se contravenga el principio de legalidad.

Sin embargo, la regla de la primacía de la realidad y las normas no escritas del ordenamiento [36] podrán ser invocadas como fuente de derecho cuando ello sea posible de acuerdo con la Ley General de la Administración Pública.[37]

           

            ARTICULO 425.  El proceso es de iniciativa de la parte y una vez promovido, los órganos de la jurisdicción deberán dictar, de oficio, con amplias facultades, todas las medidas dirigidas a su avance y finalización, sin necesidad de gestión de las partes.

 

            ARTICULO 426. Además de las exenciones acordadas en el artículo 10 de este Código, en el proceso regulado en este Título no se exigirán depósitos de dinero, ni cauciones de ninguna clase, con las excepciones previstas expresamente en la ley. [38]Las publicaciones que deban hacerse en el periódico oficial serán gratuitas.

 

 

            ARTICULO 427.  Se consideran contrarias al sistema de administración de justicia laboral la utilización por parte de los juzgadores de formalidades exageradas, abusivas e innecesarias. Como tales formalidades, se tendrán el decreto excesivo de nulidades, la falta de aplicación del principio de saneamiento y conservación del proceso cuando ello fuere procedente, la disposición reiterada de prevenciones que debieron haberse hecho en una sola resolución, el otorgamiento de traslados no previstos en la ley, darle preeminencia a las normas procesales sobre las de fondo o aplicar inconducentemente formalidades y en general cualquier práctica procesal abusiva.

 

            ARTICULO 428. Las partes, sus apoderados o apoderadas, representantes, abogados o abogadas, los auxiliares de la justicia y los terceros que tuvieren algún contacto con el proceso, deberán ajustar su conducta a la buena fe, a la dignidad de la justicia y al respeto debido a los juzgadores y a los otros litigantes y demás participantes.

            Se consideran actos contrarios a la lealtad y cometidos en fraude procesal, las demandas, incidencias o excepciones abusivas o reiterativas, el ofrecimiento de pruebas falsas, innecesarias o inconducentes al objeto del debate, el abuso de las medidas precautorias y de cualquier mecanismo procesal, la colusión, el incumplimiento de órdenes dispuestas en el proceso, el empleo de cualquier táctica dilatoria y no cooperar con el sistema de administración de justicia en la evacuación de las pruebas necesarias para la averiguación de los hechos debatidos.[39]

 

            ARTÍCULO 429.  La inexistencia de normas procesales expresamente previstas para un caso o situación concreta, se llenará mediante la aplicación analógica de las otras disposiciones de este mismo Código  y sus principios,  en cuanto resulten compatibles.

            La legislación procesal civil, y la procesal contencioso administrativa en los procesos sobre relaciones regidas por el derecho público, serán de  aplicación  supletoria, para llenar los vacíos normativos de este Código o para utilizar institutos procesales no regulados expresamente, que sea necesario aplicar para la tutela de los derechos de las partes y los fines del proceso, con la condición de que no contraríen el texto y los principios procesales de este Título.

            En todo caso, si hubiere omisión acerca de la forma de proceder,  los órganos de la jurisdicción laboral estarán autorizados para idear el procedimiento que sea más conveniente, a fin de que pueda dictarse con prontitud la resolución que decida imparcialmente las pretensiones de las partes, con tal de que se garantice a estas el debido proceso. En todo caso se respetará la enunciación taxativa de los recursos hecha en este Código.[40]

 

SECCION II

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

 

            ARTICULO 430.  La jurisdicción de trabajo  estará a cargo de juzgados, tribunales de conciliación y arbitraje y tribunalesde apelación y órganos de casación, todos  especializados.[41] Sobre su organización y funcionamiento se aplicará, en lo pertinente, además de lo dispuesto en este Código, lo que se establece en la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto de Servicio Judicial.

            Los juzgados  conocerán en primera instancia de los asuntos propios de su competencia, cualquiera que sea el valor económico de las pretensiones, y servirán como base, en las circunscripciones territoriales que señale la Corte Suprema de Justicia, para la constitución de los tribunales de conciliación y arbitraje.

            Los tribunales de apelación conocerán en segunda instancia de las alzadas que procedan en los conflictos jurídicos individuales de conocimiento de los juzgados y en los procesos colectivos a que se refiere este Código.[42] Tendrán la  sede y competencia territorial que les señale la Corte Suprema de Justicia.

            Los órganos de casación conocerán del recurso de casación admisible contra los pronunciamientos de los juzgados y funcionarán como tales la Sala de la Corte Suprema de Justicia que señale la Ley Orgánica del Poder Judicial y los tribunales creados al efecto por la ley.

            Asimismo, dichos órganos  conocerán  de los demás asuntos que indique la ley.

            En los circuitos judiciales donde el volumen de casos lo amerite, la Corte Suprema de Justicia  podrá encargar a un determinado despacho el conocimiento de los asuntos de seguridad social o de alguna otra especialidad, correspondientes al  territorio que se señale.[43]

             

SECCION III

 COMPETENCIA[44]

           

            ARTICULO 431. Los juzgados de trabajo conocerán en primera instancia de:

            1. Todas las diferencias o conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico derivados de la aplicación del presente Código o de las normas que regulan el empleo público,  del contrato de trabajo o de hechos íntimamente vinculados a las respectivas relaciones

            2. Los conflictos de carácter económico y social, una vez que se constituyan en tribunales de arbitraje. Tendrán también competencia para arreglar en definitiva los mismos conflictos, una vez que se constituyan en tribunal de conciliación, conforme se establece en este Código.

            3. Los juicios que se establezcan para obtener la disolución de las organizaciones sociales.

            4. Las cuestiones de carácter contencioso que surjan con motivo de la aplicación de la Ley de Seguro Social y sus Reglamentos.

5. Las pretensiones referidas a los distintos regímenes de pensiones, siempre y cuando estén vinculadas a relaciones de empleo público o privado.

            6. Las demandas de riesgos de trabajo, regulados en el Título IV de este Código.

            7. Los juzgamientos de las faltas cometidas contra las leyes de trabajo o de previsión social.

            8. Todos los demás asuntos que determine la ley.

 

            ARTICULO 432. Los órganos  tienen  limitada su competencia al territorio señalado para ejercerla, excepto los casos en que sea necesario su traslado a otro territorio para practicar actuaciones indelegables.[45]Los gastos de traslado correrán por cuenta de la parte interesada,  salvo cuando se trate de las personas trabajadoras, caso en el cual serán cubiertos por el Estado.

            Únicamente podrá prorrogarse la competencia en beneficio de la persona  trabajadora; nunca en su perjuicio. La presentación de la demanda por esa persona en un determinado órgano jurisdiccional, hace presumir que la correspondiente competencia territorial representa un beneficio para ella.[46]

            Sin perjuicio de dispuesto en normas especiales, la competencia territorial de los juzgados se determinará de acuerdo con las siguientes disposiciones:

            1. Como regla general, será juzgado competente el del lugar de la prestación de los servicios o el del domicilio del demandado, a elección del demandante.

            2. Si los servicios se prestan en lugares de distintas circunscripciones territoriales, el actor podrá elegir entre el lugar de su propio domicilio, el de la firma del contrato o el domicilio del demandado.

            3. En el caso de riesgos laborales, será competente el órgano jurisdiccional del lugar de la prestación de los servicios, del domicilio del demandado o del lugar donde acaeció el riesgo, a elección del demandante.

            4. Si fueren varios los demandados y se optare por el fuero de su domicilio, si éste no fuere el mismo para todos, el actor podrá escoger el de cualquiera de ellos.

            5.  En los procesos contra el Estado o sus instituciones, será juzgado competente el del lugar de la prestación de los servicios o el del domicilio del demandante, a elección de este último.

            6. El juzgado del domicilio del demandado será el competente para conocer de los conflictos colectivos entre las partes empleadoras y trabajadoras o de estas entre sí.

            7. La calificación de la huelga corresponderá al juzgado del lugar donde se desarrollan los hechos. Si tuvieren lugar en distintas circunscripciones, el conocimiento corresponderá a cualquiera de los juzgados de esos territorios, a elección del solicitante.  Si se pidiere la calificación en juzgados distintos, las solicitudes se acumularán de oficio o a solicitud de parte, a la que se tramite en el despacho que previno en el conocimiento.[47]

            8. Las acciones para obtener la disolución de las organizaciones sociales, se establecerán ante el juzgado del domicilio de estas.

            9. El juzgado del último domicilio de la persona fallecida, será el competente para conocer de los procesos de distribución de sus prestaciones legales y de cualquier otro extremo que deba distribuirse en esta jurisdicción.[48]

            10. Las acciones nacidas de contrato verificado con costarricenses, para la prestación de servicios o ejecución de obras en el exterior, serán de competencia del juzgado del lugar del territorio nacional donde se celebró el contrato, salvo que en éste se hubiere estipulado alguna otra cláusula más favorable para la persona trabajadora o para sus familiares directamente interesados.

            11. Las acusaciones por infracciones a las leyes de trabajo o de previsión social, serán de conocimiento de los juzgados de trabajo en cuya jurisdicción se cometió la falta o infracción o del domicilio del eventual responsable, a elección del acusador. 

            12. Para realizar los actos preparatorios, de aseguramiento o la aplicación de cualquier medida precautoria atípica  será competente el juzgado del proceso a que se refieran. Sin embargo, en casos de urgencia, los actos preparatorios o de aseguramiento podrán plantearse ante cualquier otro órgano con competencia material, el cual no podrá en ningún caso excusarse de conocer del asunto. Realizado el acto, las actuaciones se pasarán al órgano competente.

            En todos aquellos casos en que dos o más órganos tengan competencia para conocer  por razón del territorio de una misma pretensión o conflicto, se tendrá como único y definitivo competente al que prevenga en el conocimiento.

 

            ARTICULO 433. Cuando se trate de derechos irrenunciables, los órganos de trabajo, al dictar sus sentencias, ajustarán los montos respectivos a lo que legalmente corresponda, aunque resulten superiores a lo indicado en la pretensión, cuando  algún documento o medio probatorio lo sustente en forma indubitable. Respecto de los extremos renunciables, las estimaciones o fijaciones hechas en la demanda regirán como límites que los órganos de trabajo no podrán sobrepasar.[49]

 

ARTICULO 434. La competencia de los órganos de la jurisdicción laboral se extiende a las pretensiones conexas aunque consideradas en sí mismas sean de otra naturaleza, siempre y cuando se deriven  de los mismos hechos o estén íntimamente vinculadas a la relación substancial que determina la competencia.

 

            ARTICULO 435. En materia de competencia internacional, son competentes los tribunales costarricenses:

1. Para conocer  pretensiones de personas domiciliados en  Costa Rica, contratadas laboralmente en el país  para trabajar fuera del territorio nacional.[50] Se incluyen dentro de este supuesto los contratos iniciados en el territorio nacional y continuados posteriormente en otros territorios.

2. Cuando las pretensiones se originen en contratos de trabajo realizados en el extranjero, para ser ejecutados en forma indefinida y permanente, o por períodos que impliquen permanencia, en el territorio nacional.

3. Cuando las partes así lo hayan establecido contractualmente, siempre que alguno de ellos sea costarricense y al mismo tiempo exista algún criterio de conexión con el territorio nacional.

En los supuestos de los tres incisos anteriores, se aplicará siempre a toda la relación de trabajo la legislación nacional, en lo que resulta más favorable al trabajador o trabajadora.[51]

 4. Cuando así resulte de tratados o convenios internacionales o de la prórroga expresa o tácita que pueda operarse en los términos de esos instrumentos. En el caso de la prórroga debe respetarse la competencia legislativa[52] aplicable a la relación substancial, según el contrato o las normas y principios del Derecho Internacional, salvo pacto expreso en contrario.

 

ARTICULO 436. La competencia sólo se puede delegar para la práctica de actos procesales con cuya realización no se viole el principio de inmediación y que se requieran como auxilio para la substanciación del proceso. Queda absolutamente prohibida, bajo pena de nulidad,  la delegación para la recepción de pruebas y de cualquier otro acto propio de la audiencia. Los tribunales podrán, sin embargo, incorporar al proceso, hasta en  la audiencia, cuando ello sea necesario, elementos probatorios, incluidos testimonios,  a través de medios de comunicación electrónica, siempre y cuando quede garantizada la autenticidad del contenido  de la comunicación y no se afecte el debido proceso.

 

            ARTICULO 437.  La parte actora no podrá impugnar la competencia del órgano ante quien radicó la demanda, al cual quedará vinculada hasta el fenecimiento y ejecución, en su caso,  con arreglo a derecho. En consecuencia, no podrá hacer variar esa competencia aunque posteriormente cambien las circunstancias de hecho existentes al momento de instaurarse el proceso.[53]

 

ARTICULO 438. La competencia por la materia es improrrogable. Únicamente podrá ser protestada por la parte interesada, al contestarla demanda  ao contrademanda.

La  excepción de incompetencia será rechazada de plano, cuando  las pretensiones deducidas en la demanda o reconvención sean de naturaleza laboral incuestionable, sin perjuicio de lo que se resuelva en sentencia atendiendo a las probanzas sobre la relación substancial que les sirvan de base. [54]

 

ARTICULO 439. Acerca de la excepción de incompetencia por la materia, cuando sea procedente su trámite, se dará traslado por tres días a la parte contraria y transcurrido ese término, el juzgado resolverá lo que corresponda.

La incompetencia por la materia podrá decretarse de oficio únicamente por el tribunal de primera instancia,[55] en cualquier estado del proceso, antes de dictarse la sentencia. Se prohíbe decretar incompetencias por esa razón después de cumplido ese acto.

 

 

             ARTICULO 440. En los dos supuestos del artículo anterior, lo resuelto será apelable[56]  para ante el órgano competente según la Ley Orgánica del Poder Judicial para resolver cuestiones de competencia  entre tribunales de distintas materias. Será necesario fundamentar el recurso y al respecto, así como para el  trámite de la impugnación, se estará a lo dispuesto para la apelación en los artículos 557  y 558 de este mismo Código.

El pronunciamiento de ese órgano no tendrá  ulterior recurso y será vinculante para las jurisdicciones involucradas.

Si el pronunciamiento del juzgado no fuere apelado, el órgano de la materia a quien se le atribuye la competencia podrá promover el respectivo conflicto ante el órgano indicado en el párrafo primero de este artículo, dentro del plazo perentorio de cinco días, a partir del día siguiente a la fecha en que se reciba el expediente.[57]

  

            ARTICULO 441. Salvo disposición expresa en contrario, es prohibido a los tribunales declarar de oficio la incompetencia por razón  del territorio y la parte interesada solo podrá protestarla alcontestar la demanda.[58]

            La excepción se resolverá una vez transcurrido el término del emplazamiento.

La resolución  que se dicte será apelable. Si la protesta se reduce a  la competencia respecto de circunscripciones territoriales nacionales, la alzada será resuelta por el superior del órgano que dictó el pronunciamiento y lo que éste resuelva será definitivo y vinculante para los órganos de la otra circunscripción territorial, sin que sea posible plantear ningún conflicto. Si la excepción se interpuso alegándose que el asunto no es competencia de los tribunales costarricenses, la apelación la conocerá el órgano de la Corte Suprema de Justicia con competencia para conocer del recurso de casación en los asuntos laborales. [59]

Si lo resuelto por el juzgado no fuere recurrido, se considerará  firme y vinculante para las partes y, en su caso,  el órgano jurisdiccional nacional  en cuyo favor se haya establecido la competencia por razón del territorio deberá asumir el conocimiento del proceso, sin que le sea posible disentir por la vía del conflicto.[60][61]

           

            ARTICULO 442. La competencia subjetiva se regirá por lo dispuesto en la legislación procesal civil y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero los jueces de Trabajo, además de las causales indicadas en dicha legislación, estarán sujetos a inhibitoria en los procesos contra el Estado o sus instituciones, cuando:

            a)  hubieren participado en la conducta activa u omisa objeto del proceso o se hubieren manifestado previa y públicamente respecto de ellas.

            b) tengan parentesco, dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con las autoridades de la jerarquía administrativa que participó en la conducta sometida  a su conocimiento y decisión.

            c) se encuentre en igual relación con la autoridad o con los funcionarios que hubieren participado en la conducta sometida a proceso o informado respecto de ella.[62]

            d) cuando en el momento de dictarse el acto que origina el proceso hayan formado parte como titulares  de la jerarquía del órgano, organización  o empresa que lo dictó, o cuando formen parte de uno u otras, aunque no hayan participado en la decisión.[63]

             ARTICULO 443. Las recusaciones deberán interponerse:

            1. En instancia, antes de la celebración de la audiencia  de conciliación y juicio o antes del dictado de la sentencia en los procesos en los cuales no se lleve a cabo  ese trámite.

            2. En los recursos donde no esté previsto el trámite de vista, antes de emitirse el voto correspondiente.

            3. En los recursos con trámite de vista, antes de la celebración de la vista.

            Se exceptúan los casos en los cuales la parte no ha estado en posibilidad de conocer a la persona antes de la audiencia o vista. En estos casos la parte podrá plantear la recusación dentro de los  cinco días posteriores al conocimiento que se tenga de la intervención de esa persona.         

            La no interposición oportuna de la recusación, hace perecer, de plano,  el derecho de protestar y reclamar en cualquier vía por esa misma causa y torna inatendible cualquier  protesta, debiendo el órgano disponer su archivo. [64]

             La recusación no suspende la ejecución de la sentencia  o de lo resuelto antes desu interposición, cuando se trate de actos de mera ejecución.[65]

 

CAPITULO SEGUNDO

DE LAS PARTES DEL PROCESO

 

SECCION I

 CAPACIDAD Y REPRESENTACION DE LAS PARTES

 

            ARTICULO 444. Tienen capacidad para comparecer en juicio en defensa de sus derechos subjetivos e intereses legítimos quienes se encuentren en ejercicio de sus derechos.

 

            ARTICULO 445. Los trabajadores y trabajadoras gozan a  partir de los quince años, de plena capacidad para ejercer ante las autoridades administrativas y judiciales las pretensiones que sean de su interés y en general para la tutela de sus derechos laborales y de seguridad social.

En los procesos en que figure como parte una persona  menor de edad pero mayor de quince años, puede intervenir en la tutela de sus intereses cualquiera de los padres en el ejercicio de la patria potestad o quien legalmente ejerza su depósito.

          Los menores de quince años serán representados por uno de sus padres con ese poder o su depositario legal y en su defecto, en forma gratuita por el Patronato Nacional de la Infancia, el que, para ese efecto, designará a una persona abogada .

 

            ARTICULO 446. Las personas declaradas en estado de interdicción, los incapaces naturales mayores de dieciocho años y los ausentes comparecerán por medio de sus representantes legítimos. Si no lo tuvieren o el que ostentan se encuentra opuesto interés, se nombrará para que los represente como curador, sin costo alguno, a una persona abogada de asistencia social.      

 

            ARTICULO 447. Los sindicatos tendrán legitimación para la defensa de los intereses económicos y sociales que les son propios. Para ejercer derechos subjetivos  de sus afiliados es indispensable el otorgamiento de poder suficiente.

            Cualquier organización social o persona trabajadora estará legitimada para demandar la tutela de intereses difusos o colectivos, atinentes a cualquier parte social del sector laboral.[66]Admitida la demanda para su trámite, se llamará al proceso a todo aquel que tenga interés en él para que dentro del término del emplazamiento se apersone a hacer valer sus derechos, mediante un edicto que se publicará en el Boletín Judicial. En estos casos el emplazamiento comenzará a correr a partir del día siguiente hábil a la publicación o de la notificación, si esta se hizo posteriormente. Al mismo tiempo, se colocará por lo menos un aviso en un lugar público y visible de la zona o sector involucrado, sin perjuicio del aviso que el demandante pueda dar a los afectados fácilmente determinables.[67]

 

            ARTICULO 448. Las personas jurídicas comparecerán en el proceso a través de su representante legítimo.

 

            ARTICULO 449. En las demandas contra el Estado, por actuaciones de la Administración Central, de los Poderes del Estado, del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Contraloría General de la República y de la Defensoría de los Habitantes de la República, en tanto ejerzan función administrativa, la representación y defensa corresponderá a la Procuraduría General de la República.[68]

 

            ARTICULO 450. La representación y defensa de las entidades descentralizadas se regirá de acuerdo con lo que establezcan sus propias leyes. Cuando la designación de representantes con facultades suficientes para litigar se hace en el Diario Oficial, bastará con que los representantes invoquen la publicación como prueba de su personería y aseguren bajo juramento que la designación no ha sido modificada o dejada sin efecto.

 

            ARTICULO 451. Quienes actúen como demandados o coadyuvantes, con excepción de la Contraloría General de la República en los casos en que puede intervenir en los procesos  conforme a la ley, podrán litigar unidos bajo una misma representación y dirección, siempre que sus posiciones no sean contradictorias.[69]-[70]

 

            ARTICULO  452. Las partes podrán comparecer por sí mismas, pero con patrocinio letrado,[71] excepto si fueren profesionales en derecho en ejercicio, o hacerse representar por una persona con mandato especial judicial, mediante poder constituido de acuerdo con las leyes comunes. Salvo pacto o disposición legal en contrario, el otorgamiento confiere al apoderado o apoderada la facultad de solucionar el proceso mediante conciliación, aunque expresamente no se haya estipulado. [72]/[73]

           

ARTICULO 453. El Patronato Nacional de la Infancia será parte en los procesos en los cuales intervengan menores de edad o madres demandando derechos relacionados con la maternidad.

 

SECCION II

BENEFICIO DE JUSTICIA GRATUITA

 

            ARTICULO 454. El Patronato Nacional de la Infancia suministrará asistencia legal gratuita a las personas trabajadoras menores de edad que necesiten ejercitar acciones en los tribunales de trabajo, así como a las madres para  el reclamo de sus derechos laborales relacionados con la maternidad.[74]

 

            ARTICULO 455. Las personas trabajadoras cuyo ingreso mensual no supere dos salarios básicos del cargo de Auxiliar Judicial I, según la Ley de Presupuesto de la República, tendrán derecho a asistencia legal gratuita, costeada por el Estado,para la tutela de sus derechos en conflictos jurídicos individuales. Las modificaciones hechas administrativamente en ese salario no se tomarán en cuenta para estos efectos hasta tanto no sean incorporadas en dicha ley. [75] La limitación económica indicada en esta norma no rige para las madres y menores de edad respecto de la asistencia especial del Estado a que tienen derecho.

            Con ese propósito, funcionará en el Departamento de Defensores Públicos del Poder Judicial, una Sección Especializada, totalmente independiente de las otras áreas jurídicas, con profesionales en Derecho, denominados abogados o abogadas de asistencia social, la cual estará encargada de brindar gratuitamente el patrocinio letrado a las personas trabajadoras que cumplan con el requisito indicado en el párrafo primero de esta norma. La Corte Suprema de Justicia establecerá, mediante un reglamento interno de servicio, la organización y funcionamiento de dicha Sección.

            Los recursos que se requieran para el funcionamiento de esa Sección, no se considerarán como parte del porcentaje de recursos ordinarios que le corresponden al Poder Judicial en el Presupuesto de la República.[76] Los dineros por costas personales que se generen a favor de la parte patrocinada por la asistencia social, serán depositados en el Fondo de Apoyo a la Solución Alterna de Conflictos que se crea por esta ley.[77]

 

ARTICULO 456. El Colegio de Abogados y cualquier otra organización gremial pueden constituir por su cuenta centros o redes de asistencia legal gratuita con fines de servicio social. La persona designada para atender un asunto asumirá el papel de  directora profesional, con todas las responsabilidades que ello implica, y en ningún caso sus honorarios correrán a cargo del Poder Judicial.  Las organizaciones definirán a lo interno la forma de prestación del servicio, pudiendo convenirse con la organización el pago de los  honorarios en montos menores a los fijados en las tarifas existentes o la prestación del servicio mediante el pago de un salario. En el caso de resultar victoriosa la parte patrocinada, las costas personales que se le impongan a la  contraria le corresponderán en forma total, salvo pacto en contrario, al abogado o abogada.[78]

           

 

CAPITULO III

SOLUCION ALTERNA DE CONFLICTOS

 

            ARTICULO 457. La conciliación, la mediación y el arbitraje serán utilizados prioritariamente como instrumentos de paz entre las partes y para la sociedad.

            En los procesos judiciales los órganos jurisdiccionales tienen el deber de promover una solución conciliada del conflicto, por encima de la imposición que implica la sentencia.

            Extrajudicialmente, con la intervención de mediadores del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social o de un centro de resolución alterna de conflictos, en este último caso con la presencia de una persona abogada o de un representante sindical que asista a la parte trabajadora, podrán transigirse entre las partes los derechos en litigio.[79]

           

            ARTICULO 458. En toda conciliación deberán respetarse los derechos irrenunciables, indisponibles e indiscutibles de las personas trabajadoras. La judicial debe ser homologada por el juzgado  y tanto la judicial como la extrajudicial producirán  los efectos de la cosa juzgada material;  pero la no judicial puede ser revisada por los tribunales en el proceso donde se pretenda hacer valer, únicamente sobre la validez de los acuerdos sobre extremos no conciliables.[80]

           

            ARTUCULO 459. La Administración Pública  y las demás instituciones de Derecho Público, podrán conciliar sobre su conducta administrativa, la validez de sus actos o sus efectos, con independencia de la naturaleza pública o privada de esos actos.

            A la actividad conciliatoria asistirán las partes o sus representantes, con exclusión de los coadyuvantes.

            Los representantes de las instituciones del Estado deberán estar acreditados con facultades suficientes para conciliar, otorgadas por el órgano competente, lo que deberá comprobarse previamente a la audiencia respectiva, en el caso de intervención judicial.

            Cuando corresponda conciliar a la Procuraduría General de la República, se requerirá la autorización expresa del Procurador General de la República o del Procurador General Adjunto, quienes deberán oír previamente  al Procurador Asesor.[81]/[82]

                       

CAPITULO IV

ACTUACIONES PREVIAS A LA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL

SECCION I

SOLUCION ALTERNA PREVIA

 

            ARTICULO 460. Es facultativo para los trabajadores y las trabajadoras someter la solución de sus conflictos, en forma previa a la intervención de los órganos jurisdiccionales, a conciliadores o mediadores privados o del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La solicitud de conciliación, debidamente planteada ante el citado Ministerio interrumpirá la prescripción, la cual tampoco correrá mientras se ventila la cuestión en esa sede, por un plazo máximo de tres meses.[83]

También podrán  solicitarle al órgano jurisdiccional que antes de la tramitación del proceso se intente la solución  del caso mediante la conciliación, la cual estará a cargo del mismo órgano, preferentemente a cargo de  un juez  o una jueza conciliadora especializada, si lo hubiere en el despacho. En este caso el proceso se mantendrá en suspenso hasta por tres meses, lapso durante el cual no correrá plazo alguno de prescripción.[84]

            Esta regla también es aplicable a los empleadores o empleadoras, en lo que respecta a las acciones o demandas que pretendan deducir en los órganos jurisdiccionales; pero si se tratare de una contrademanda o pretensiones acumuladas, la suspensión del proceso sólo podrá acordarse por el indicado lapso de tres meses para intentar la conciliación, a solicitud de ambas partes.[85]

              

SECCION II

AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA

 

            ARTICULO 461. En las demandas contra el Estado, sus instituciones y demás  órganos de derecho público, para la  impugnación o revisión  de sus actos administrativos o  la satisfacción de derechos vinculables a esos actos, es necesario el agotamiento de la vía administrativa.[86] Este se tendrá por efectuado, sin necesidad de ninguna declaración expresa en tal sentido, cuando:

1. La parte interesada no hace uso en tiempo y forma de los recursos administrativos ordinarios y el acto se torna firme en sede administrativa.

2. Se ha hecho uso, en tiempo y forma, de todos los recursos administrativos ordinarios.

Cuando el acto emanare, en única instancia, de un superior jerárquico supremo  del respectivo órgano o ente administrativo, podrá formularse recurso de reconsideración ante el mismo órgano que ha dictado el acto, en el plazo de quince días.[87]

Podrá tenerse por desestimado el recurso interpuesto y por agotada la vía administrativa, una vez transcurrido un mes desde su presentación, sin que se haya resuelto.

3.  La ley lo disponga expresamente.

Agotada la vía administrativa, se podrán deducir o hacer valer en la vía jurisdiccional todos los derechos que le puedan corresponder al demandante, derivados del acto o actos a que se refiere la impugnación o pretensión, aunque expresamente no se hayan mencionado en la gestión administrativa.

 

ARTICULO 462. El requisito del agotamiento de la vía administrativa no se exigirá de oficio y cualquier falta al respecto se tendrá por subsanada si la parte demandada no alega la excepción   oportunamente.  Esta debe interponerse siempre, bajo pena de rechazo de plano, en forma fundada, indicándose y demostrándose en el mismo acto, cuando ello sea necesario, la razón concretapor la cual la discusión administrativa no puede tenerse por cerrada.

 

 

             

CAPITULO V

ACTIVIDAD PROCESAL

SECCION I

DISPOSICIONES VARIAS

 

            ARTICULO 463.  Para que los actos de proposición de las partes y en general todas sus gestiones escritas tengan efecto, deberán estar firmadas  por el peticionario.

            Si la persona no supiere escribir o tuviere imposibilidad física para hacerlo, se hará constar una u otra circunstancia en el escrito y firmará a su ruego otra persona

En todo caso, con las excepciones que resulten de esta ley, las firmas serán autenticadas por la de una o un profesional en derecho autorizado para litigar. Si se omitiere el requisito, la presentación será ineficaz.

 

ARTICULO 464. No se exigirán copias de los escritos y documentos que se aporten al proceso. Los documentos, cuya pérdida puede causar perjuicio irreparable, serán certificados a costa de la parte interesada, a la que le serán devueltos para que los mantenga en supoder bajo su responsabilidad y a la orden del juzgado. Si se presentare alguna impugnación, para atender la cual se requiera del documento, la parte deberá presentarlo en el plazo que se le señale y si no lo hace el documento será absolutamente ineficaz. 

El despacho brindará a las partes las facilidades para que en cualquier momento durante la jornada laboral puedan obtener, por su cuenta, copias de las piezas de los expedientes.

 

ARTICULO 465. En todos los actos procesales será obligatorio el uso del idioma español. Los documentos redactados en otro idioma y ofrecidos como prueba por la parte trabajadora, deberán traducirse por cuenta del Despacho. Los que ofrezca la parte empleadora en esas condiciones, serán traducidos por su cuenta. Cuando los declarantes no hablen español, o no puedan comunicarse oralmente, la declaración se tomará con el auxilio de un intérprete a cargo de la parte proponente si se trata de la empleadora o por cuenta del Despacho cuando el proponente sea la trabajadora. Si en el respectivo circuito judicial se contare con el servicio de intérprete en el idioma específico, será éste quien, en cualquiera de los dos supuestos mencionados, auxilie, como parte de sus funciones, al funcionario encargado de recibir la declaración.

 

ARTICULO 466.  Los representantes legales de toda persona jurídica, incluidas las organizaciones sociales,  deberán demostrar su personería, a través del respectivo documento o invocando la publicación en el caso en que esté permitido hacerlo de ese modo. Si su comparecencia lo es como parte actora, la personería del representante debe comprobarse en el acto de la primera presentación; y si lo fuere como demandada, es suficiente que el actor en el escrito de demanda indique el nombre o razón social, en cuyo caso el traslado se notificará válidamente en la sede social con la persona que ante la parte demandante fungió como representante en los términos del artículo 5 de este Código o con quien  en ese momento figure como encargado o atienda al público los intereses de la empresa.

            La carga de probar la personería legal le corresponde a la parte demandada, quien deberá hacerlo al realizar su primera presentación. Si se presentase alguna omisión, se prevendrá suplirla dentro de tercero día, bajo pena de considerar ineficaz la presentación.

Se considera un deber de la parte demandada, derivado del principio de lealtad procesal, hacer al tribunal las observaciones necesarias sobre su nombre o razón social, para que se hagan las correcciones que fueren del caso.

La falta de esas indicaciones no será causa de nulidades futuras y en cualquier tiempo podrán hacerse las correcciones pertinentes, aún cuando haya sentencia firme, siempre y cuando las modificaciones en los sujetos procesales no impliquen sustituciones que violen el debido proceso.

En los casos en que se halle demostrada la personería, el traslado se le podrá notificar al representante válidamente en la sede social, centro de trabajo o casa de habitación.[88]

 

ARTICULO 467.  Todos los días y horas son hábiles para realizar las actuaciones judiciales. Sin embargo, cuando en este Código se fijen términos o plazos en días para la realización de actuaciones judiciales, se entenderá que se trata de días ordinariamente hábiles según la ley.

Las providencias y los autos deberán dictarse dentro de tercero día. La sentencia en la audiencia, se dictará  al final de esa actividad, salvo disposición expresa en contrario,  y en los  asuntos en que no se celebraaudiencia se  emitirá dentro de los cinco días siguientes a aquel en que  queden listos los autos  para dictarla.

La personas que funjan como titulares de los órganos jurisdiccionales, las encargadas de la tramitación de los procesos y las que laboran como sus asistentes, velarán por el cumplimiento de los plazos judiciales y porque todas las actividades dispuestas en el proceso se realicen con prontitud y corrección, de modo que el proceso alcance su fin en forma oportuna. Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.[89]

 

ARTICULO 468. Las gestiones escritas se presentarán directamente  en el despacho judicial al que van dirigidas o en el sitio previsto por la organización judicial para hacer esas presentaciones y sus efectos se producirán en este último caso el día y hora de la presentación, con independencia de la jornada ordinaria de trabajo del respectivo despacho.

Las gestiones escritas presentadas equivocadamente en un despacho u oficina que no corresponde, surtirán efectos a partir del momento en que sean recibidas por el órgano que debe conocerlas.

 

ARTICULO 469.  Cada proceso dará lugar a la formación, con foliación  ordenada y numerada, de expedientes físicos. La creación de estas piezas en forma electrónica, no eliminará la obligación de los órganos jurisdiccionales de mostrar a las partes interesadas aquellos expedientes, cuando así lo requieran.

 

 ARTICULO 470. La práctica de las notificaciones y todo lo relativo a ese acto procesal, se regirá por la ley especial de notificaciones, salvo que en este Código o en sus leyes conexas se disponga otra cosa.[90]Sin embargo, los órganos de la justicia laboral podrán disponer, en casos de urgencia, formas rápidas de notificación, a través del propio órgano o de medios de comunicación que garanticen la realización efectiva del acto.

Las resoluciones que se dicten en las audiencias orales se notificarán en forma oral, en el mismo acto de dictarlas o en la oportunidad que se señale para hacerlo.

 

 

SECCION II

ACTIVIDAD DEFECTUOSA,  SANEAMIENTO Y REGIMEN DE NULIDADES

 

            ARTICULO 471. Las actuaciones jurisdiccionales deberán cumplir con  las disposiciones que ajustan la competencia de los jueces y consagran las ritualidades establecidas para garantizar el debido proceso.

Los titulares de los órganos jurisdiccionales velarán  por el cumplimiento de esas disposiciones, de tal manera que no se produzca en ningún momento denegación del acceso a la justicia o se afecte el derecho de defensa.

 

            ARTICULO 472. Procederá la nulidad:[91]

1.  De las actuaciones realizadas por quien no tiene competencia para llevarlas a cabo, porque la ley no se la confiera y no haya posibilidad de prórroga, o porque la potestad jurisdiccional le esté suspendida o se haya extinguido de acuerdo con la ley, o bien porque se haya declarado con lugar una recusación contra quien emitió el acto o participó en él.

2.  De las actuaciones de los tribunales colegiados realizadas  sin la debida integración.

3.  De las actuaciones de quien se encuentre impedido para intervenir en el proceso o del tribunal a cuya formación haya concurrido un integrante con impedimento, siempre que el motivo conste en el expediente o deba ser  de conocimiento del funcionario y no haya transcurrido el plazo para presentar protestas por esta  causa.

4. De lo actuado en el proceso cuando éste se ha seguido con una persona carente de capacidad procesal o con indebida o insuficiente  representación.

5.  Por la falta del emplazamiento, notificación defectuosa que produzca indefensión a las partes o intervinientes procesales, falta de citación a la parte para alguna actividad procesal que implique indefensión, omisión de traslados para referirse a probanzas y formular, cuando ello esté previsto, alegatos de conclusiones o de expresión de agravios.

6. De las actuaciones o diligencias en las cuales se le ha impedido, sin justa causa, intervenir  a la parte o a su abogado o abogada.

            7. Por violación del principio de inmediación.

            8. Respecto de las actuaciones realizadas en contra de normas prohibitivas.

            9. Cuando de alguna manera se ha impedido el acceso a la justicia o al derecho de defensa, o se ha incurrido en la violación del debido proceso.

10. En los demás casos expresamente previstos en la ley.

 

ARTICULO 473. La nulidad podrá decretarse a solicitud de parte.

Si se pidiere antes de la audiencia, el órgano puede decretarla, oyendo a la contraria por tres días.

 Si para valorar la solicitud hecha fuere necesaria la evacuación de pruebas y cuando la nulidad se pida durante la audiencia, se substanciará  en esa actividad procesal.

La petición de nulidad de actuaciones posteriores se tramitará en la forma indicada en el párrafo segundo de este artículo y la  evacuación de pruebas  se hará en audiencia única y exclusivamente cuando sea necesario para el respeto del principio de la inmediación.

La nulidad de las resoluciones, por vicios intrínsicos a ellas, deberá alegarse concomitantemente con los recursos que quepan contra el respectivo pronunciamiento. Cuando no tengan ulterior recurso, la nulidad deberá pedirse dentro de tercero día.[92]

La petición de nulidad que pueda alegarse después de concluido el proceso, se tramitará en la vía incidental.

 

ARTICUL 474. La nulidad de los actos viciados también podrá declararse de oficio mientras subsista la competencia del órgano, cuando el quebranto procesal sea evidente.

Si la nulidad viciare actuaciones de un órgano superior, el competente para decretarla será este último y lo que resuelva no tendrá ulterior recurso.

 

ARTICULO 475. Los  vicios procesales deberán ser corregidos, subsanados o saneados y la nulidad se decretará únicamente cuando la subsanación  no sea posible. Pero en tal caso se procurará siempre evitar  la pérdida, repetición o destrucción innecesaria de etapas del proceso, actos o diligencias cumplidas y se conservarán todas las actuaciones que en sí mismas sean válidas, de modo que puedan ser aprovechadas una vez que el proceso se ajuste a la normalidad.

En el supuesto indicado en el inciso 4° del artículo 472, la parte incapaz o indebidamente representada puede aprovecharse del resultado de la actividad procesal en lo que le fuere favorable, a través de la ratificación de  las actuaciones realizadas indebidamente, por pare del representante legítimo.

 

ARTICULO 476. Las nulidades no reclamadas durante el proceso y en las oportunidades señaladas, se tendrán como definitivamente consentidas y subsanadas. Únicamente en los supuestos de falta de capacidad de alguna de las partes, indebida o insuficiente representación, falta del emplazamiento y la defectuosa  notificación de este último a quien perjudique el resultado del proceso, con efectiva indefensión, podrá hacerse valer el vicio después de la sentencia  con autoridad de cosa juzgada. En estos supuestos, el derecho de pedir la nulidad caducará en el término de un año, a partir de la mayoridad de la parte, cuando hubiere figurado como tal siendo menor de edad, si al mismo tiempo ha debido conocer dicho resultado; y, en los demás casos, a partir del momento en que la parte se halle  en capacidad de ejercitar sus derechos, si al mismo tiempo es o ha sido conocedora de la sentencia o, en el caso contrario, desde el momento en que razonablemente deba considerarse que deba haber sabido de su existencia.[93]

Las solicitudes de nulidad, reiterativas de otras ya denegadas en otras fases del proceso, serán inatendibles y se rechazarán de plano, salvo las que fundamenten algún medio de impugnación admisible.

 

SECCION III

REGIMEN PROBATORIO

 

ARTICULO 477. La actividad probatoria en el proceso laboral tiene como objetivo fundamental la búsqueda de la verdad material. Las partes, a través de un comportamiento de buena fe[94], deben cooperar con los tribunales de justicia  en el acopio de los elementos probatorios necesarios para resolver con justicia los conflictos sometidos a su conocimiento y los titulares de esos órganos pondrán todo su empeño y diligencia para la consecución de dicho objetivo.

 

ARTICULO 478 En principio, la carga de la prueba de los hechos controvertidos, constitutivos e  impeditivos,  le corresponde a quien los invoca en su favor.[95]

El concepto de carga debe entenderse como la obligación de la parte que debe probar de ofrecer y de allegar o presentar la probanza  en el momento procesal oportuno.[96]

 

ARTICULO 479. En los conflictos derivados  de los  contratos de trabajo, le corresponde a la parte trabajadora la prueba de la prestación personal de los servicios[97]  y a la parte empleadora la demostración de los hechos impeditivos que invoque  y de todos aquellos que tiene la obligación de mantener debidamente documentados o registrados.

 

En todo caso, le corresponderá al empleador o empleadora probar su dicho, cuando no exista acuerdo sobre:[98]

1. Fecha de ingreso del trabajador o trabajadora.

2. Antigüedad laboral.

3. Puesto o cargo desempeñado y la naturaleza o características de las labores ejecutadas.

4. Las causas de la extinción del contrato.

5. La entrega a la persona trabajadora de la carta de despido, con indicación de las razones que motivaron  la extinción de la relación laboral.[99]

6. El pago completo de las obligaciones salariales, incluidos sus montos y componentes, cuando así se requiera;  las participaciones en utilidades, ventas o cobros; incentivos y demás pluses convencional o legalmente establecidos.

7.       La clase y duración de la jornada de trabajo[100]

8. El pago o disfrute de los días feriados, descansos, licencias, aguinaldo y vacaciones

8.       El cumplimiento de las obligaciones correspondientes al sistema de seguridad social.

9.       La justificación de la  objetividad, racionalidad y  proporcionalidad de las medidas o conducta señaladas como discriminatorias en todas las demandas relacionadas con discriminaciones.[101]

10. Cualquier otra situación fáctica cuya fuente probatoria le sea de más fácil acceso que al trabajador o trabajadora.

           

ARTUCULO 480. Puede ofrecerse todo medio probatorio que sirva a la convicción del tribunal, admisibles en derecho público y en derecho común, siempre que no esté expresamente prohibido ni sea contrario al orden público o a la moral.[102] Particularmente podrán ofrecerse   los siguientes:

1.      Declaración de la parte.

2.      Declaración de testigos incluidos los  testigos-peritos.

3.      Declaración de funcionarios públicos.[103]

4.      Dictámenes de peritos.

5.      Documentos e informes de funcionarios

6.      Reconocimiento judicial.

7.      Medios científicos.

8.      Reproducciones gráficas o sonoras.[104]

          Cuando se pida la declaración de la parte, deberán indicarse de manera concreta los temas sobre los cuales ha de interrogarse.

Los testigos podrán ofrecerse sobre los hechos generales, hasta en un número máximo de cuatro,  o bien por temas concretos. En este último caso, sólo serán admisibles dos testigos por tema.

 

            ARTICULO 481 No requieren prueba las normas de derecho internacional o interno debidamente publicadas, los hechos notorios, los que se encuentren amparados por una presunción legal y los ya probados, admitidos o confesados. Si se invocare como fuente de una pretensión una norma convencional o reglamentaria interna de la parte  demandada, su existencia debe acreditarse por quien la hace valer. De ser necesario, a solicitud de la parte interesada, se prevendrá a la empleadora en el traslado de la demanda aportar un ejemplar de la respectiva normativa. El incumplimiento de la prevención se tendrá como un acto de deslealtad procesal y la existencia de la norma o disposición podrá reputarse como existente en los términos en que fue invocada por la parte demandante.[105]

Las pruebas practicadas o evacuadas válidamente en un proceso podrán incorporarse en otro sin necesidad de ratificación, cuando sea imposible, o innecesario a criterio del tribunal, repetirlas. La ratificación de la declaración de testigos sólo procederá cuando en el proceso anterior no han intervenido las mismas partes.

Los procesos administrativos se incorporarán como parte de los procesos jurisdiccionales que se interpongan por la misma causa y se tomarán como prueba, conjuntamente con los elementos de convicción en ellos incorporados, salvo que la impugnación involucre su invalidez y esta se estime procedente.

 

ARTICULO 482. Las pruebas se valorarán respetando el resultado del contradictorio, con criterios lógicos, de la experiencia, la ciencia, el correcto entendimiento humano y las presunciones humanas o legales.

Deberán expresarse los fundamentos fácticos, jurídicos y de equidad de las conclusiones y las razones por las cuales se les ha conferido menor o mayor valor a unas u otras.

Si bien la apreciación debe llevarse a cabo en forma armónica en atención al conjunto probatorio, es prohibido hacer una referencia general a este último como único  fundamento de una conclusión, sin hacer la indicación  concreta  de los elementos particulares que sirven de apoyo.

   

ARTICULO 483. Cuando la parte  dispone de los documentos donde constan las pruebas de los hechos controvertidos, debe suministrarlos al proceso, si es requerida para ello. Si no lo hace injustificadamente, su comportamiento puede tenerse como malicioso y considerarse que la documentación omitida le da razón a lo afirmado por la contraria.

 

ARTICULO 484. En los supuestos de atribución específica de la carga procesal a los empleadores, señalados en el párrafo final del artículo 469, los tribunales tendrán facultades suficientes para requerir todas las pruebas que el caso amerite  y valorarán  la verosimilitud de las aserciones de la demanda con prudencia, de modo que impidan cualquier abuso derivado de esa atribución.

 

ARTICULO 485. En los procesos regidos por el derecho público, deberán respetarse los requisitos de validez y prueba de los actos exigidos por el ordenamiento, así como los valores establecidos en forma particular para determinados elementos probatorios, presunciones y principios, establecidos como criterios de valoración o fuerza probatoria, o que resulten de aplicación de acuerdo con la respectiva doctrina.[106]

 

            ARTICULO 486. Las fotocopias de documentos o textos, aunque no estén firmadas, podrán ser apreciadas como elementos probatorios, salvo que la parte a quien se oponen  las haya impugnado y al mismo tiempo desvirtuado su contenido.

 

            ARTOCULO 487. Los tribunales de trabajo podrán ordenar las  pruebas complementarias que juzguen necesarias para resolver con acierto los casos sometidos a su conocimiento, incluyendo elementos probatorios nuevos o no propuestos por las partes, siempre y cuando lo hagan  en forma oportuna y dentro de los límites propios de cada fase del proceso.

            Sin embargo, les está prohibido, bajo pena de nulidad de las que evacuen, ordenar probanzas para desvirtuar hechos admitidos por las partes o que deban de tenerse como admitidos conforme a la ley.

 

SECCION IV

ACUMULACION DE PRETENSIONES Y FUERO DE ATRACCION

 

ARTICULO 488.  La acumulación de pretensiones  sólo será procedente cuando se haga en el mismo acto de la demanda o mediante reconvención, siempre y cuando se den los requisitos para la procedencia de la acumulación, según la ley común; que todas las demandas sean propias de la competencia de los tribunales de trabajo o íntimamente vinculadas a las relaciones substanciales que sirven de base a las pretensiones propias de su jurisdicción; y que la vía señalada para tramitarlas sea la misma para todas.

Si dos o más procesos, conexos entre sí, se iniciaren por separado, la acumulación procederá únicamente si ambos radican en la jurisdicción especial de trabajo y su tramitación sea la misma para todos, siempre y cuando no se hubiere celebrado la audiencia o dictado la sentencia de primera instancia en los casos donde no existe el trámite de audiencia.

La acumulación podrá ordenarse de oficio, sin recurso alguno, cuando los procesos radiquen en un mismo despacho. De lo contrario se estará al trámite de la acumulación señalado en la legislación procesal civil.

 

ARTICULO 489. Los asuntos laborales no estarán sujetos a fuero de atracción por los procesos universales. Su trámite se podrá iniciar o continuar con el albacea, curador o interventor.

El órgano de la jurisdicción ordenará, de oficio o a solicitud de parte, la anotación  en el proceso universal, tanto de la demanda como de la sentencia y de las liquidaciones, en su momento oportuno.

El órgano que conoce del proceso universal remitirá al tribunal laboral el producto de la liquidación que sea necesario para cubrir el principal y los accesorios fijados. La parte actora estará legitimada para gestionar en el proceso universal la liquidación de bienes y el traslado del producto necesario a su proceso, para la satisfacción de los derechos dentro de éste, o su pago directo, según el orden de preferencia establecido en la ley.

Los créditos laborales no soportarán gastos de la masa, a menos que del producto de la liquidación no sobre lo suficiente para cubrirlos.

 

SECCION V

PROCEDIMIENTOS CAUTELARES Y ANTICIPADOS

 

ARTICULO 490. Antes de iniciarse el proceso y durante su tramitación, inclusive en la fase de ejecución, el órgano jurisdiccional podrá ordenar las medidas cautelares, adecuadas y necesarias, para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

También  podrá ordenar cualquier medida preparatoria o anticipada  que sean necesarias para la preservación del ejercicio de un futuro derecho, así como cualquier otra medida atípica que no exceda los límites de racionalidad y proporcionalidad. En estos casos el órgano puede  disponer en forma prudente todo lo que sea  necesario para lograr el objetivo de la medida, de modo que no se incurra en extralimitaciones.[107]

Con respecto a la tipología de las medidas, tanto cautelares como preparatorias, y a la forma de practicarlas, sustituirlas o levantarlas, se estará a lo dispuesto en la legislación procesal civil, con las excepciones que se indican a continuación.

 

ARTICULO 491.  Las medidas se ordenarán a solicitud de parte y de oficio únicamente en los casos expresamente previstos en la ley. Al ponerlas en práctica los tribunales actuarán diligentemente, de manera que no se frustre el fin perseguido y éstos, además de las tipologías previstas en la ley común, podrán hacer uso de cualquier otra medida, si se considera necesaria para garantizar el eventual futuro derecho.

 

ARTICULO 492. El embargo preventivo  procederá sin necesidad de fianza cuando haya evidencia de que el patrimonio del deudor corre peligro de desmejorarse durante la tramitación del proceso, como  garantía de los eventuales derechos del trabajador o trabajadora, tornándolo insuficiente. Con el propósito de comprobar prima facie la prestación personal del servicio y  la veracidad del hecho o hechos en que el pedimento se apoya, esa parte deberá ofrecer el testimonio de dos personas, así como cualquier otro elemento probatorio que juzgue importante. Las probanzas se sustanciarán sumariamente en forma escrita, aún sin asistencia de la parte contra quien se solicita la medida [108] y al valorarse la situación los tribunales actuarán con prudencia, de tal manera que el embargo sea proporcionado y no se utilice en forma innecesaria o  abusiva. La prueba testimonial evacuada sólo tendrá eficacia para sustentar la medida del embargo.

Si el embargo se solicitare como acto previo a la demanda, la presentación de esta última deberá hacerse a más tardar diez [109]días después de practicado. Si no lo hiciere, de oficio o a solicitud de parte, se revocará la medida y se condenará al solicitante al pago de los daños y perjuicios en el tanto de un diez por ciento del monto del embargo. Estas consecuencias serán advertidas en la resolución inicial. Su fijación y cobro mediante la vía del apremiopatrimonial, se hará en el mismo proceso. 

 

ARTICULO 493. El arraigo se decretará sin más trámite ni garantía. Si se solicita como previo a la demanda, ésta deberá presentarse dentro de los tres días siguientes a la notificación. De lo contrario se levantará de oficio o a petición de parte y se condenará al peticionario al pago de los daños y perjuicios en un cincuenta por ciento del salario base del Auxiliar Judicial I que conste en presupuesto de la República. Se ejecutará en la misma forma indicada en la norma anterior.

 

ARTICULO 494. En los procesos contra el Estado o cualquiera de sus instituciones u órganos, que no versen sobre la violación de fueros especiales de tutela,  cuya pretensión tenga como efecto la reinstalación al puesto de trabajo, podrá plantearse como medida cautelar la suspensión de los efectos del actode despido o, en su caso, la reinstalación provisional de la persona trabajadora.

 La medida cautelar será procedente, cuando la ejecución o permanencia de la conducta administrativa sometida a proceso puede ser fuente de daños y perjuicios, actuales o potenciales, de difícil o imposible reparación.

La medida también será procedente, en supuestos no regidos por el derecho público,  cuando en proceso judicial se impugne la validez o la injusticia del acto del despido y se invoque alguna norma de estabilidad.

El órgano jurisdiccional, al pronunciarse sobre la solicitud ponderará  no solo la seriedad de la petición y los intereses cuya tutela provisional se pide, sino también las eventuales lesiones que se puedan producir al interés público o a la armonía o seguridadde las empresas, de tal manera que no se afecte el funcionamiento de la organización o entidad, ni el buen servicio, disponiendo o manteniendo situaciones inconvenientes.[110]La satisfacción del interés público se tendrá, al resolverse estas situaciones, como valor preeminente.

 

ARTICULO 495. La solicitud se substanciará en proceso incidental. Si lo que se pide es la suspensión de los efectos del acto, al dársele curso a la articulación, se ordenará a la autoridad administrativa no ejecutar el acto hasta tanto no se resuelva la solicitud, apercibiéndola de que el incumplimiento la hará incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad y en el pago de salarios caídos. La notificación se hará legítimamente por cualquier medio escrito, inclusive por la propia parte interesada, si comprueba al despacho el recibido de la comunicación.

La reinstalación se regirá en lo pertinente por lo dispuesto en el Capítulo que regula el “Procedimiento de Ejecución”.

En todo supuesto de violación de fueros especiales de tutela, la reinstalación precautoria se regirá por lo señalado en el procedimiento previsto para esos casos.

 

CAPITULO VI

PROCEDIMIENTO ORDINARIO

SECCION I

PRETENSIONES, TRASLADO  Y EXCEPCIONES

 

ARTICULO 496. Se substanciará  en el procedimiento ordinario toda pretensión para la cual no exista un trámite especialmente señalado.

 La demanda deberá ser presentada por escrito y obligatoriamente contendrá:

1. El nombre del actor, sus calidades, el número del documento de su identificación, y su domicilio y dirección exacta, si los tuviere.[111]

2. El nombre del demandado, sus calidades, domicilio y dirección exacta. Si se tratare de una persona jurídica o de una organización empresarial, se deberá hacer referencia al nombre o razón social del centro de trabajo y de ser posible al nombre de la persona o personas bajo cuya dirección se ha laborado.

3. Indicación del lugar donde se han prestado los servicios.

4. Los hechos y los antecedentes del caso, relacionados con el objeto del proceso, expuestos uno por uno, numerados y especificados.

5. Las pretensiones que se formulen, las cuales deben exponerse en forma clara y separadas unas de otras, debiendo indicarse cuáles son principales y cuales subsidiarias, en el supuesto de que la modalidad de la pretensión incluya a estas  últimas. Cuando se reclamen daños y perjuicios, deberá concretarse el motivo que los origina, en qué consisten y su estimación, la cual podrá hacerse en forma prudencial.[112]

6. El ofrecimiento detallado de todos los medios de prueba. La documental debe presentarse en ese acto. Podrá solicitarse en la demanda orden del tribunal, que éste no negará a menos que lo pedido sea ilegal, para obtener de registros  o archivos, particulares o privados, informes documentados, constancias o certificaciones, que sean de interés para el proceso. Es obligación de la parte diligenciar directamente la obtención de esas pruebas. Deberá advertirse a los destinatarios que deben cumplir con lo ordenado en un plazo no mayor de cinco días, bajo pena de incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad. El tribunal dispondrá en cada caso si la prueba debe ser entregada a la parte o remitida por el destinatario de la orden directamente al Tribunal.La prueba podrá ser evacuada por medios electrónicos, directamente por el órgano.

La parte puede proponer prueba pericial a su costa, aún en aquellos casos en que de acuerdo con la ley deba nombrarse un perito del Organismo de Investigación Judicial. Si el ofrecimiento fuere hecho por ambas partes, el nombramiento recaerá en una misma persona y se hará de acuerdo con las disposiciones de la legislación procesal civil o mediante terna que se pedirá por cualquier medio de comunicación, incluido el electrónico, al respectivo colegio profesional.[113] El ofrecimiento de prueba pericial por las partes, no excluye la designación de peritos oficiales, cuando así esté dispuesto o permitido por las leyes.  

7. La dirección para notificar a la parte demandada. Si para  ese efecto fuere necesario comisionar a otra autoridad, la parte actora  podrá hacer llegar la  comisión a la respectiva autoridad y suministrarle la información que se requiera  para realizar el acto. De lo contrario el despacho hará  el envío por correo certificado.

8. Cuando así se requiera, la prueba de la cual se deduzca que la vía administrativa está agotada.

9.      Lugar, forma [114]o medio electrónico para atender la notificación de las resoluciones escritas.

 

ARTICULO 497. Cuando la demanda no cumpla con los requisitos antes señalados, excepción hecha del que se refiere al agotamiento de la vía administrativa, el juzgado ordenará su subsanación dentro del plazo de  cinco días[115], para lo cual deberá indicar los requisitos omitidos o incompletos, bajo pena de ordenar la inadmisibilidad y archivo del expediente. El archivo provocará el fenecimiento del asunto desde el punto de vista procesal y sólo podrá readmitirse para su trámite subsanándose las omisiones o defectos prevenidos, teniéndose la demanda como no puesta para todo efecto.[116]

También ordenará a la parte integrar debidamente la litis, cuando ésta se encuentre incompleta o incorrectamente planteada y podrá hacérsele ver  las posibles omisiones en que se hubiere incurrido sobre extremos irrenunciables, dándole un plazo para que, si a bien lo tiene, los incorpore en esa etapa del proceso como parte de la demanda o contrademanda, sin perjuicio de que la ampliación la pueda hacer posteriormente pero no más allá de la fase preliminar de la audiencia.[117]Sin embargo, cuando el defecto en la integración se origine en u litis consorcio pasivo necesario, la integración podrá  ordenarse de oficio.[118]

 

 

ARTICULO 498. Presentada la demanda en debida forma, se dará traslado de ella por un plazo perentorio de diez días para su contestación.[119] En esta se expondrá con claridad  si se rechazan los hechos o si se admiten con variantes o rectificaciones y se deberán ofrecer todas las pruebas de interés para la parte y hacer el respectivo señalamiento de lugar, forma o medio para notificaciones. En cuanto  a la aportación  de las pruebas  por la parte, se aplicará también lo dispuesto para la demanda, inclusive en lo que respecta a prueba pericial en los casos en que debe designarse un perito oficial.

También en el último escrito podrá presentarse contrademanda.Esta última sólo es posible proponerla en el procedimiento ordinario y se regirá en lo pertinente por lo dispuesto en los dos artículos anteriores; pero la declaratoria de inadmisibilidad hará imposible su reiteración dentro del mismo proceso.

En los casos de demandas relacionadas con intereses difusos y colectivos, se estará también a lo dispuesto en el artículo 435.

 

ARTICULO 499. La contrademanda, cuando la hubiere, será trasladada a la parte reconvenida por diez [120]días y su contestación se ajustará a lo dicho en el artículo anterior. Es suficiente la notificación de ese traslado a la parte reconvenida en el lugar o medio señalado para notificaciones.

Al darse el traslado de la demanda y contrademanda, se prevendrá a la parte que si no contesta en el  término concedido o no responde en forma clara, se le tendrá por allanada en cuantos a los hechos no contestados o no respondidos según queda dicho, los que se tendrán por ciertos en sentencia, salvo que en el expediente existan elementos probatorios que los desvirtúen.  [121]

También, en ese mismo momento procesal se ordenarán  las peritaciones a cargo de dependencias oficiales que se ofrezcan o que sea necesario evacuar por estar así previsto en la ley, lo cual se comunicará de inmediato a los órganos correspondientes, para que las practiquen.

 

ARTICULO 500. La presentación de la demanda, en si misma considerada, así como el emplazamiento, debidamente notificado, producen la interrupción de la prescripción. El emplazamiento provoca, además,  una situación de pendencia, durante la cual y hasta la firmeza de la sentencia, producirá efectos interruptores de la prescripción en forma continuada.[122]

 

ARTICULO 501.   En el mismo escrito de contestación de la demanda o contrademanda, deberán oponerse todas  las defensas formales y de fondo, con indicación de los hechos impeditivos, las razones que sirven de fundamento a la oposición y  ofrecerse los medios de prueba que le correspondan.

En el caso de despido, el empleador o empleadora sólo podrá alegar como hechos justificantes de la destitución los indicados en la carta de despido entregada  a la persona trabajadora en la forma prevista en el articulo 35 de este mismo Código o tomados en cuenta en el acto formal del despido, cuando ha sido precedido de un procedimiento escrito.[123]

Se podrá justificar la falta de la entrega de la carta  y alegar las  conductas atribuidas como causa del despido sin responsabilidad, si al mismo tiempo se comprueba haber entregado copia del documento a la oficina del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la forma y términos indicados en el artículo 35 de este Código. [124]

 

                              ARTICULO 502. Las pruebas de la contrademanda y réplica deben presentarse u ofrecerse  en la misma forma establecida para la demanda y las relacionadas con las excepciones en el momento en que la parte deba referirse a ellas o, a más tardar, en la audiencia preliminar.

 

            ARTICULO 503. Las partes no tienen  obligación de indicar los  fundamentos jurídicos de las proposiciones; pero deben plantearlas con claridad y precisión e indicar las razones que a su juicio las amparan.[125]

 

ARTICULO 504. Serán de previa resolución  las siguientes excepciones:

1.   Compromiso arbitral

2        Falta de competencia

3        Falta de agotamiento de la vía administrativa

4        Falta de capacidad de la parte, inexistencia o insuficiencia de la representación.

   5. Existencia de defectos en el escrito de demanda o contrademanda que a juicio de la parte que la interpone impiden verter pronunciamiento válido sobre el fondo.

   6.   Litis pendencia.

7.      Indebida acumulación de pretensiones.     

8.  Improcedencia del proceso elegido.

10.  Indebida integración de la litis.

                             

                              La excepción de incompetencia deberá ser resuelta en forma escrita  antes de la etapa de audiencias y  se estará a  lo dispuesto en la Sección III del Capítulo I de este Título.[126]

                              Las otras  excepciones previas se reservarán para ser conocidas en la  audiencia preliminar o en la fase preliminar de ese acto procesal en los procesos de única audiencia, con evacuación de las pruebas que las respalden.              

                              La improcedencia de la vía escogida podrá apreciarse también de oficio para efectos  de orientar la tramitación del proceso.

 

                              ARTICULO 505. Si bien todas las excepciones materiales pueden oponerse hasta en la contestación de la demanda o contrademanda, las de cosa juzgada, transacción, prescripción y caducidadautorizada expresamente por el ordenamiento sustantivo, podrán alegarse hasta en la audiencia preliminar o en la fase preliminar de la audiencia  en los procesos de única audiencia. En este  caso  serán substanciadas sumariamente en ese mismo acto.[127]

                              También podrán oponerse  en esa misma oportunidad otras excepciones materiales, cuando los hechos en que se funden hubieren ocurrido con posterioridad a la contestación o hubieren llegado a conocimiento de la parte después del plazo para contestar.

                              Esas mismas excepciones podrán oponerse en la audiencia de juicio, cuando los hechos que las sustentan se hubieren dado o consolidado con posterioridad a la audiencia preliminar.

 

                              ARTICULO 506. Si alguna parte invocare como fundamento de una excepción procesal elementos de hecho sustanciales o viceversa, el error no será motivo para rechazar de plano la gestión, y los tribunales le darán a la objeción el tratamiento correcto, según su naturaleza.

 

                       

SECCION II

SENTENCIA ANTICIPADA[128]

 

                              ARTICULO 507. Si la parte demandada se allanare a las pretensiones del actor,  no contestare oportunamente la demanda o no hubiere respondido todos[129] los hechos de la demanda en la forma prevista en este Código, se dictará sentencia anticipada, en la cual se tendrán por ciertos esos hechos y se emitirá pronunciamiento sobre las pretensiones deducidas, siempre y cuando no se hayan opuesto excepciones que, con independencia de la contestación, requieran ser debatidas en audiencia.[130]

                              Al emitir pronunciamiento,  salvo el caso de allanamiento, se tomarán en cuenta las pruebas que existan en el expediente que impidan tener por ciertos los hechos en la forma expuesta en la demanda.

                               Es prohibido a los tribunales ordenar pruebas tendientes a desvirtuar  hechos admitidos por las partes o que deban tenerse por ciertos de acuerdo con esta norma.

                                                    

                              ARTICULO 508. Cuando la certeza de los hechos de la demanda  sólo puede establecerse  parcialmente o tal certeza está referida únicamente a los hechos de la contrademanda, las cuestiones inciertas se debatirán mediante audiencia. En esta última  no se debatirá sobre los hechos admitidos o que deban tenerse por ciertos.

 

                              ARTICULO 509.  También podrá dictarse sentencia anticipada, de oficio o mediante la interposición de la correspondiente excepción, declarando la improponibilidad de la demanda y su consiguiente archivo, cuando:

1.      La pretensión ya fue objeto de pronunciamiento en un proceso anterior con autoridad de cosa juzgada, de modo que el nuevo proceso sea reiteración del anterior.[131]

2.      El derecho hubiese sido transado con anterioridad.

3.  Cuando haya evidencia de demanda simulada o el fin perseguido en el proceso sea ilícito o prohibido. [132]

 

 

ARTICULO 510. La prescripción  y la caducidadautorizada expresamente por el ordenamiento sustantivo, de los derechos pretendidos en juicio, son declarables en sentencia anticipada.

 

ARTICULO 511. La improponibilidad y la caducidad pueden declararse de oficio únicamente por el juzgado de instancia; pero de previo deberá oírse al respecto a las partes por tres días. [133]

Si en alguno de los casos tratados en los dos artículos anteriores fuere necesario evacuar pruebas de hechos sustentantes o enervantes de la excepción o intención oficiosa, se postergará la resolución para la etapa de la audiencia.

 

            ARTICULO  512. En los asuntos de puro derecho se dictará la sentencia dentro de los quince días posteriores a  la  contestación de la demanda o contrademanda, o, en su caso, de las excepciones interpuestas.

 

SECCION III

DE LAS AUDIENCIAS

 

                              ARTICULO 513. El proceso ordinario se substanciará, como regla general, en dos audiencias orales: una de carácter preliminar y la otra complementaria o de juicio.[134]

 

                              ARTICULO 514.     En la preliminar se realizarán las siguientes actuaciones:

                              1. Informe a las partes sobre el objeto del proceso y el orden en que se conocerán las cuestiones a resolver.

                              2. Aclaración, ajuste y subsanación de las proposiciones de las partes, cuando a criterio del juzgado sean oscuras, imprecisas u omisas respecto de derechos irrenunciables, tanto en extremos principales o accesorios, cuando con anterioridad se hubiere omitido hacerlo. Si se estimare que hay deficiencias en uno u otro de esos sentidos,  se le dará al respecto la palabra primero a la parte actora y después a la demandada, para que manifiesten lo que sea de su interés.[135]         

                              3. Intento de conciliación. Se tratará de persuadir a las partes para que solucionen el conflicto en forma conciliada en lo que fuere legalmente posible. Al efecto, se les ilustrará sobre las ventajas de una solución conciliada, [136] sin que sus manifestaciones constituyan motivo para recusar a la persona que juzga. En el acta no se incluirán manifestaciones hechas por las partes con motivo de la conciliación y lo afirmado por ellas no podrá interpretarse como aceptación de las proposiciones efectuadas. La conciliación estará  a cargo preferentemente de un  conciliador judicial, si lo existiere en el juzgado o en el respectivo circuito judicial  y estuviere disponible, en cuyo caso la asumirá en la misma audiencia, sustituyendo a quien la dirige, para esa única actividad. De no haberlo, la conciliación la dirigirá quien esté juzgado el caso.

                              4. Si no se diere la conciliación, se procederá a recibir  la prueba que se estime pertinente sobre: nulidades no resueltas anteriormente, vicios de procedimiento invocados en la audiencia y  excepciones previas.

                              5. De seguido se discutirá y resolverá sobre todas esas cuestiones.

                               De existir vicios u omisiones, en un único pronunciamiento ordenará las correcciones, nulidades y reposiciones que sean necesarias.

                               Cuando se trate del cumplimiento de requisitos o formalidades omitidas, se ordenará a la parte subsanarlas en ese mismo acto o, de ser necesario, se le dará un plazo prudencial para cumplirlas. Si no se cumpliere lo ordenado, se dispondrá la inadmisibilidad de la demanda o contrademanda y el archivo del expediente en su caso, en la forma y con los efectos ya previstos.

                              Si se declarare procedente la litis pendencia se tendrá por fenecido el proceso y se ordenará el archivo del expediente.

                              De disponerse  la improcedencia de la vía escogida, se le dará al proceso la orientación que corresponda.

                              6. Recepción de las pruebas sobre excepciones previas o cuestiones de improponibilidad reservadas y emisión anticipada  del pronunciamiento  correspondiente, que hubieren sido admitidas al convocarse la audiencia. Si las mismas  probanzas están ligadas, además de la cuestión que se puede resolver en forma anticipada,  con el fondo del asunto, la resolución del punto se reservará para la sentencia final. 

                              7. Se emitirá pronunciamiento sobre las pruebas ofrecidas por las partes  respecto de las cuestiones de fondo debatidas; se fijarán los honorarios de los peritos no oficiales; se dará traslado sumarísimo sobre las pruebas allegadas al expediente y que se hubieren dispuesto al cursarse  la demanda o reconvención; y, en su caso, se ordenarán las pruebas que el Tribunal juzgue indispensables como complementarias o para mejor proveer, a indicación de las partes o de propia iniciativa, siempre y cuando versen sobre los hechos introducidos legalmente a debate en el proceso.

                              8. Se hará señalamiento de hora y fecha para la audiencia complementaria o de juicio, cuando así se requiera, la cual necesariamente deberá llevarse a cabo dentro de los dos meses siguientes.

                             

                              ARTICULO  515. En la audiencia complementaria o de juicio:

                              1. Se dará traslado  de las probanzas incorporadas al expediente después de la audiencia preliminar.

                              2. Se leerán las pruebas anticipadas e irrepetibles, las cuales se incorporarán por esa vía al debate. Este acto podrá suprimirse según lo dispuesto en esta misma Sección.

                              3. Se recibirán las pruebas admitidas.

                              3.1. Primero se llamará a los peritos citados quienes en primer término harán un resumen de su dictamen y luego se discutirá sobre la peritación, debiendo el perito responder las preguntas que le hagan las partes. Para hacerlo, tendrán facultad de consultar documentos, notas escritas y declaraciones.

                              Podrán solicitarse al perito adiciones y aclaraciones verbalmente.

                              3.2. De seguido se recibirán las declaraciones de  parte y de los testigos que se hayan propuesto, de acuerdo con los hechos o temas que a cada uno correspondan, según sea el caso.

                              La declaración se iniciará a través de una exposición espontánea del deponente, dando las razones de su dicho,  y luego se le permitirá a las partes hacerles las preguntas de su interés y finalmente quien dirige el debate podrá también repreguntar al testigo sobre lo que le parezca conveniente.

                              Tanto en el caso de los peritos, como de los declarantes, el que dirige moderará el interrogatorio y evitará preguntas capciosas, sugestivas, repetidas, excesivas,  impertinentes, indebidas, de tal manera que el derecho de preguntar no se torne en un abuso contrario de la dignidad de las personas y al principio de celeridad.

                              4. Se procederá a la formulación de las conclusiones de las partes, por el tiempo que fije el juzgado.

                              5. Se deliberará y dictará la parte dispositiva de la sentencia de inmediato en forma oral, debiendo señalarse en ese mismo acto hora y fecha, dentro de los cinco días siguientes,[137] para la incorporación al expediente y entrega a las partes del texto integral del fallo. En procesos complejos o con abundante prueba podrá postergarse por ese mismo lapso, improrrogablemente, el dictado completo de la sentencia, incluida su parte dispositiva. Los votos de minoría en tribunales colegiados deberán consignarse dentro de  esos mismos términos y si así no se hiciere se tendrán por no puestos de pleno derecho.

                              Cuando todas las partes se manifiesten satisfechas con la sentencia en su parte dispositiva, podrán relevar al juzgado de la redacción  de las otras partes de esa resolución, debiéndose dejar constancia, en forma expresa, de esa conformidad.[138]

                               

                              ARTICULO 516. Las partes podrán solicitar verbalmente al despacho judicial la entrega de cédulas de citación para los testigos.

                              El diligenciamiento de la orden de citación le corresponderá a la parte que ofreció la prueba y el documento deberá ser entregado al despacho antes de la audiencia, con la debida constancia de haberse hecho la citación.

                              También podrá pedirse por escrito al juzgado la intervención de las autoridades judiciales o de policía para llevar a cabo la citación, cuya prueba también deberá aportarse al despacho antes de la celebración de la audiencia. En estos casos sólo se procederá del modo indicado  si el número de testigos ofrecidos sobre el mismo tema no es superior al permitido por la ley y para proceder de ese modo se valorará  la admisibilidad del testimonio.

                              Si la parte hubiere sido ofrecida como declarante, deberá obligatoriamente comparecer a la audiencia, sin necesidad de ninguna citación. Su inasistencia se tendrá como acto de deslealtad y podrá ser tomada en cuenta para tener por ciertos los hechos que se pretenden acreditar con la declaración, salvo que en el expediente existas elementos probatorios que los desvirtúen.

 

                              ARTICULO 517. Las pericias oficiales se harán sin costo alguno para las partes. Los honorarios de los peritos no oficiales, que se designen a petición de los litigantes, deberán ser cubiertos por la parte que los propone, dentro de los cinco días siguientes a la admisión de la probanza, bajo pena de tenerla como inevacuable de pleno derecho, si no se depositan oportunamente a la orden del despacho.

                              La negativa de una parte a someterse a una valoración  o  la obstaculización para practicar una pericia, se tendrá como maliciosa o como indicio de lo que se quiere demostrar, desvirtuar o hacer dubitativo.

                              Con excepción de los asuntos sobre seguridad social, en los cuales los dictámenes deberán presentarse siempre al juzgado por escrito en forma completa,[139]  en los demás procesos podrá presentarse por escrito al juzgado o rendirse en forma oral en la audiencia cuando esta tuviere lugar. [140] En estos últimos, el perito deberá presentar en forma escrita al menos las conclusiones de su dictamen. En todos los casos en que se celebre audiencia, los peritos tienen el deber, bajo pena de ineficacia del dictamen, de comparecer a ese acto para la exposición oral de la experticia  y posibilitar el contradictorio. En materia laboral no se aplicará el artículo 34 de la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial, en cuanto le atribuye competencia al Consejo Médico Forense para conocer en grado, a través de recurso de apelación, de los dictámenes rendidos por miembros del Departamento de Medicina Legal de dicho Organismo; pero se le podrá tomar criterio a ese Consejo, si así se ordena para mejor proveer. En este caso, el dictamen se presentará en la forma prevista en esta Sección y se discutirá, cuando fuere necesario, con la participación de uno solo de sus miembros.[141]

                              El incumplimiento injustificado de las personas nombradas para hacer las peritaciones, dará lugar a responsabilidad civil y laboral, reputándose la omisión como falta grave y motivo suficiente para excluirlas de los respectivos roles de peritos o iniciar el respectivo procedimiento disciplinario.[142]

 

                              ARTICULO  518  A solicitud de parte o por decisión del juzgado, los procesos ordinarios podrán ventilarse en única audiencia si el órgano jurisdiccional lo considere conveniente en atención al principio de celeridad, para lo cual tomará en cuenta la inexistencia de excepciones o cuestiones procesales de resolución en la audiencia preliminar y la sencillez del caso. La decisión debe ser  razonada.

 

                              ARTICULO 519. Cuando en un proceso no ordinario deba ventilarse alguna cuestión en forma contradictoria que requiera la recepción de pruebas cumpliendo el principio de inmediación, se substanciará  en una única audiencia, salvo que el juzgado, atendiendo a la complejidad del caso o algún  otro motivo razonable, disponga lo contrario.

 

                              ARTICULO 520. En los supuestos previstos en las dos normas anteriores, en la misma resolución que haga el señalamiento para la audiencia, el juzgado se pronunciará sobre la admisibilidad de las pruebas y las partes podrán pedir al juzgado verbalmente las cédulas de citación para los testigos.

                              En la  audiencia única,  se cumplirán en forma resumida los actos de las audiencias preliminar y de juicio que sean necesarios, dándosele la debida importancia al intento de conciliación.     

                              Lo dispuesto en los artículos anteriores se aplicará en lo que sea pertinente.

 

                              ARTICULO 521. Cuando se deniegue alguna prueba, el ofrecimiento podrá reintentarse en la audiencia respectiva y se mantuviere la denegatoria ésta podrá impugnarse en esa oportunidad, en la forma prevista en este Código, caso en el cual la apelación se tramitará en forma reservada.[143]

                 

SECCION IV

                  CONVOCATORIA A  AUDIENCIAS Y REGLAS APLICABLES A ESOS ACTOS

 

                              ARTICULO 522. Si no se estuviere en un supuesto de sentencia anticipada, contestada la demanda o la reconvención en su caso y no hubiere ninguna  cuestión que requiera solución previa, en una sola resolución se pondrán esas contestaciones en conocimiento de la parte contraria,  y se señalará hora y fecha para la celebración  de la audiencia preliminar, a más tardar dentro del mes siguiente, debiendo hacer las previsiones necesarias en la agenda del juzgado para el evento de que la audiencia complementaria deba llevarse a cabo. Si hubiere ofrecimiento de pruebas que daban evacuarse en la audiencia preliminar, en esa misma resolución se emitirá pronunciamiento acerca de su admisiblidad.

 

                              ARTICULO 523. Las audiencias se iniciarán obligatoriamente a la hora y fecha señalada y serán públicas, salvo que el juzgado disponga que su celebración sea privada, en atención a la dignidad de alguna de las partes.[144]

                              La parte que asiste tardíamente tomará la audiencia en el momento en que se halle y no podrá pedir la repetición de actos ya cumplidos.

                              Se realizarán en el despacho o sala existente al efecto. Sin embargo, los jueces podrán disponer que la celebración  sea en otro lugar si ello es más conveniente para un mejor desarrollo de la audiencia.

                              La persona titular del órgano deberá asegurar durante su celebración el pleno respeto de los principios de la oralidad; promoverá el contradictorio como instrumento para la verificación de la verdad real;  velará por la concentración de los distintos actos procesales que corresponda celebrar; y fungirá como directora de la audiencia, abriendo y dando por concluida sus etapas, otorgando y limitando el uso de la palabra, disponiendo sobre los aspectos importantes que deben hacerse constar en el acta y realizando todas las actuaciones necesarias para que el debate transcurra ordenadamente.

                             

                              ARTICULO 524.  Las partes, o sus representantes debidamente acreditados en el caso de las personas jurídicas, deberán comparecer  a las audiencias a  que sean convocadas. Podrá hacerlo en su lugar una persona con poder especial judicial.[145] Sin embargo, cuando  la parte en persona o través del representante social deba comparecer como declarante, su asistencia es obligatoria, bajo pena de tener la incomparecencia como presunción de veracidad de los hechos o temas objeto de la declaración.

                              La inasistencia de la parte que estuviere obligada a asistir podrá justificarse, a los efectos de reprogramar el acto de su declaración, sólo por razones que realmente impidan la asistencia y siempre y cuando la justificación se haga antes de la hora y fecha señaladas, salvo que los hechos que la motivan se hayan dado el mismo día de la audiencia, caso en el cual deberá avisarlo en forma inmediata al despacho por cualquier vía y justificarlo el día siguiente. [146]

                              El impedimento del abogado o abogada deberá comprobarse en la misma forma y si lo invocado fuere otra actividad judicial coetánea, sólo se tomará como justa causa para no asistir si aquella se hubiere dispuesto y notificado con anterioridad.

                              No será válido invocar  como justificantes actividades de interés personal o familiar.

 

                             

                              ARTICULO 525.  La audiencia se celebrará si asiste por lo menos una de las partes o su representante legal, con el debido patrocinio letrado cuando se requiera. En tal caso se desarrollarán todos  los actos de la audiencia que sea posible llevar a cabo y en ella se recibirá la prueba de esa parte y los testimonios de las personas ofrecidas por la contraria, que se presentaren.

                              Si la parte demandada o reconvenida no asistiere a una audiencia preliminar o única, se tendrán como desistidas las excepciones o cuestiones formales de previa resolución deducidas por esa por esa parte, propias de ser conocidas la fase preliminar; pero si versaren sobre defectos que impidan resolver válidamente el fondo, el juzgado dispondrá de oficio las correcciones o integraciones que sean necesarias.

                             

                              ARTICULO 526.  Si se produjere la inasistencia de alguna de las partes o de todas a la audiencia única o de juicio,   la sentencia se dictará apreciando los hechos  a la luz de las pruebas recibidas o incorporadas, las cargas probatorias omitidas, el mérito de los autos y los criterios de valoración establecidos en este Código.[147]

                              En estos casos, el órgano puede ordenar pruebas complementarias o para mejorproveer, que sean indispensables para resolver con acierto el fondo del conflicto, disponiendo para ello, si fuere necesario y por una única vez, la prórroga de la audiencia. Si lo ordenado fuere prueba documental, se fijará un plazo para su evacuación.                                   

                             

                              ARTICULO 527. En las audiencias se otorgará la palabra, por su orden, al actor, al demandado, a los terceros o coadyuvantes, o sus respectivos representantes. Si alguna de las partes tuviere más de una o un abogado, los intervinientes deberán distribuirse su actividad y uso de la palabra  e informarlo anticipadamente al tribunal. Queda prohibida la participación conjunta en una actuación específica.

 

                              ARTICULO 528. Las resoluciones de las cuestiones que deban conocerse o que se  planteen dentro  de la audiencia, se dictarán oralmente y quedarán notificadas a las partes en ese mismo acto con la sola lectura, debiendo consignarse en el acta, al menos sucintamente, los fundamentos jurídicos y de hecho del pronunciamiento.

                              Con excepción de la sentencia, contra las resoluciones dictadas en la audiencia cabrá el recurso de revocatoria, el cual deberá interponerse en forma oral y resolverse en esa misma forma, de inmediato.                       

                              Igualmente, salvo el caso de la sentencia, si procediere la apelación contra algún pronunciamiento emitido en la audiencia, este recurso deberá interponerse en forma oral inmediatamente después de la notificación y el punto quedará  resuelto definitivamente si no se hace así.

                              La alzada se tramitará únicamente en aquellos casos en que el pronunciamiento impide la continuación de la audiencia. En los demás, se reservará para ser conocida conjuntamente con el recurso que proceda contra la sentencia, según la actualidad de su interés.

 

                              ARTICULO 529. Lostraslados que se den en las audiencias serán sumarísimos, para ser evacuados en forma inmediata, de tal manera que no constituyan un obstáculo para el normal desarrollo de la actividad. [148]

                             

                              ARTICULO 530.  Quienes asistan tienen el deber de permanecer en actitud respetuosa y en silencio, mientras no estén autorizados para exponer o responder a las preguntas que se les formulen. Les queda absolutamente prohibido portar armas u objetos aptos para incomodar u ofender y adoptar comportamientos intimidatorios, provocativos o de insinuación. Si la persona, no obstante haber sido prevenida, continúa con el comportamiento indebido, podrá ser expulsada de la audiencia,  lo cual dará lugar a que se le tenga como inasistente a partir de ese momento,  para todo efecto.

 

                              ARTICULO 531. Con motivo de la audiencia se levantará un acta, en la cual se dejará constancia de:

                              1. La hora y fecha de inicio de la actuación.

                              2. Los nombres de las partes y de los abogados o abogadas  que asisten, peritos y declarantes.

                              3. Una descripción lacónica de las etapas de la audiencia  y de su desarrollo y de producirse, del contenido de la solución conciliada del conflicto.

           4. Los pedidos de revocatoria u objeciones de las partes y las resoluciones orales del juzgado, respecto de las cuales se incluirá una fundamentación lacónica.

            5. De la prueba documental que se incorpora  en el acto de la audiencia, lo que deberá hacerse mediante lectura, la cual realizará quien dirige la audiencia o la persona  que le asiste.La lectura podrá suprimirse si las partes están de acuerdo o cuando razonablemente sea necesario para salvaguardar el debido proceso.

                              6. Del nombre de las partes declarantes, testigos o peritos, las calidades y del documento de identificación de cada uno.

                              7. De las apelaciones interpuestas por las partes. Deberá indicar en forma muy concreta los motivos de los recursos, sin perjuicio de que la parte apelante los  desarrolle [149]posterior y oportunamente por escrito.

                              8. De la parte dispositiva de la sentencia y de su lectura, cuando se dicta en el mismo acto de la audiencia.

                              El acta será firmada por la persona que ha dirigido la audiencia, las partes y sus abogados o abogadas. Las otras personas comparecientes firmarán un documento de asistencia, el cual será agregado al expediente.[150] Si alguna persona se negare a firmar, o se ha retirado antes de la lectura de la parte dispositiva de la sentencia, se dejará constando ese hecho también en el acta.

 

                              ARTICULO 532. Con la excepción antes mencionada respecto del contenido de la conciliación, se prohíbe la trascripción literal o en forma extensa de los contenidos probatorios.

                              Los tribunales deberán grabar las audiencias a través de medios tecnológicos que garanticen adecuadamente la  conservación  de sus contenidos  y sirvan como ayuda de memoria en la redacción de la sentencia.

                              Las grabaciones se mantendrán sin borrarse hasta un año después de ejecutada la sentencia firme y las partes podrán obtener copias o reproducciones  a cu costa.

 

                              ARTICULO 533. Las audiencias se desarrollarán sin interrupción, durante las horas y días que se requieran,  salvo  para:

                              1. El estudio y resolución de cuestiones complejas que se presenten en su transcurso. Estas interrupciones se harán en forma muy breve,  de tal manera que no se afecte la unidad del acto.

                              2. Para realizar el reconocimiento de lugares u objetos que se hallen en sitio distinto al de la audiencia o para evacuar el testimonio de personas que no puedan trasladarse.

3. Para intentar acuerdos conciliatorios, si así lo piden las partes de consuno.

4. Cuando, a juicio de quien dirige la audiencia fuere absolutamente indispensable para garantizar el derecho de defensa de los litigantes.

 

                              ARTICULO 534.  Podrá posponerse la conclusión de una audiencia de juicio aun después del alegato de conclusiones o reprogramarse siempre por una única vez y que la posposición no sea por más de quince días,[151] cuando sea necesario recibir alguna probanza  no evacuada en esa oportunidad o cuya trascendencia surja durante la audiencia, en ambos casos si se ordena  para mejor proveer,  o bien cuando sea necesario para debatir adecuadamente sobre excepciones o cuestiones nuevas, legalmente alegadas en la audiencia, o para recibirle declaración a testigos desobedientes de la citación. En este caso,  sin necesidad de petición de la parte, se ordenará la presentación de esos testigos mediante la fuerza pública.

                              En el mismo acto se señalará la hora y la fecha para la continuación o reprogramación de la audiencia.

                               Si se tratare de la ampliación del debate sobre excepciones o cuestiones nuevas, también en ese mismo acto se emitirá pronunciamiento sobre la admisión de pruebas  ofrecidas y a su respecto se estará a lo señalado en normas anteriores.  

                              Una vez evacuadas las probanzas pendientes o nuevas que fueren admisibles o incorporadas cuando procediere, se les dará la palabra a los asistentes, para el complemento de la conclusión y luego se dictará la sentencia, en la misma forma y términos  previstos en el artículo 515.

                               En estos casos la audiencia se concluirá válidamente con las partes  que asistan y con ellas se realizarán las actuaciones faltantes, en la forma ya dispuesta.

                              La inasistencia de las partes no impedirá la recepción o la incorporación de la prueba ordenada y el dictado de la sentencia  podrá hacerse de inmediato o en forma postergada, dentro del plazo previsto en este Código.

                              Las actuaciones se dejaran constando en un acta, que se consignará y firmará en la misma forma ya dispuesta. Todo lo que se resuelva se tendrá por notificado tanto a las partes asistentes como a las que dejaron de asistir.       

                             

                              ARTÍCULO 535. Expirados los plazos para el dictado, documentación y notificación  a las partes de la sentencia, con incumplimiento del órgano, lo actuado y resuelto será nulo y el juicio deberá repetirse ante otro juez o jueza, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y disciplinarias correspondientes. Únicamente se dejarán a salvo de dicha nulidad las pruebas y los actos o actuaciones  no reproducibles que se puedan apreciar válidamente en una oportunidad posterior.

 

SECCION V

                  REGLAS ESPECIALES APLICABLES A LAS PRETENSIONES SOBRE SEGURIDAD SOCIAL

 

            ARTICULO 536. Las pretensiones correspondientes a la seguridad social se substanciarán por el procedimiento ordinario, con las siguientes modificaciones:

            1. Cuando se requieran valoraciones por peritos oficiales, en el mismo auto de traslado de la demanda se ordenará hacerlas al organismo correspondiente, [152]las cuales se remitirán al juzgado por escrito o mediante comunicación electrónica que el funcionario competente de ese órgano se encargará de documentar materialmente en el expediente y de ponerlas en conocimiento de las partes  por tres días.

            2. La parte demandada deberá presentar con la contestación de la demanda una copia completa del expediente administrativo, incluyendo en ella el texto de los dictámenes médicos o jurídicos, cuando los hubiere. Si lo incumpliere se producirá una presunción de veracidad o de certeza de los hechos cuya prueba depende de esa documentación, salvo que enel expediente haya prueba que lo contradiga o que exista causa justa que impida la presentación.

            3. Podrá ordenarse  a solicitud de la parte interesada como prueba complementaria o de oficio para mejor proveer dictámenes científicos de peritos particulares; pero su costo correrá a cargo de la parte interesada.

            4. Se convocará a las partes a una audiencia única cuando deban evacuarse pruebas distintas de la documental, cuando haya discrepancias respecto de las periciales o cuando el órgano lo considere necesario para cumplir el debido proceso. [153]

            5. Comparecerán  a la audiencia todos los peritos que hubieren intervenido.

            6. Si no fuere del caso la convocatoria a audiencia, la sentencia se dictará dentro de los quince días posteriores al traslado de la contestación de la demanda,  de la réplica o la prueba documental o científica.

            7. Al resolverse se tomarán en cuenta los antecedentes administrativos y el cúmulo de pruebas allegado al expediente en la sede judicial. En el caso de discrepancia entre dictámenes científicos, se resolverá aplicando las reglas de valoración propias de este procedimiento y los principios aplicables de la materia.

            8. Los beneficios pretendidos sólo podrán estimarse dentro de las limitaciones legales y si se cumplen los requisitos exigidos por el respectivo ordenamiento.

             9. Cuando se acoja una determinada prestación social sin establecerse en forma líquida, y surgiere posteriormente alguna discrepancia, se hará la fijación por el órgano jurisdiccional en la vía de ejecución de sentencia, debiendo en tal caso la parte interesada presentar la respectiva liquidación, indicando en forma concreta las bases tomadas en cuenta para hacerla.

                10. Los órganos jurisdiccionales deberán velar en forma estricta el cumplimiento de los plazos y las partes obligadas a otorgar prestaciones sociales tendrán el deber de ejecutar en forma pronta las sentencias que las impongan y en caso de que sea necesario en el trámite de ejecución, brindar toda colaboración para que la fijación pueda hacerse con prontitud.

 

CAPITULO VII

                                                              PROCESOS ESPECIALES

SECCION I

               IMPUGNACIÓN DEL DESPIDO DE LOS SERVIDORES

MUNICIPALES

 

            ARTICULO 537.  En los procesos administrativos sobre el despido de servidores municipales, en el escrito de impugnación del pronunciamiento final deberán indicarse en forma clara y concreta las razones por las cuales se impugna el acto del despido; las pruebas que le interesan a la parte sean evacuadas o que se repongan; y un lugar o medio para notificaciones. Deberá ser presentado ante el órgano administrativo para que lo remita a la autoridad judicial dentro de los cinco días siguientes, conjuntamente con el expediente  completo donde se dictó el acto recurrido.

            La apelación también podrá ser presentada directamente ante el juzgado de Trabajo competente, dentro del plazo fijado en la respectiva legislación. Cuando así suceda, en el auto de traslado se le ordenará a la parte demandada presentar,  con la contestación, dicho expediente.

            Cuando la fundamentación sea defectuosa, de manera que no sean claros  los  motivos que la sustentan, se le concederán al impugnante tres días para corregir el defecto, bajo pena de declarar la inadmisibilidad de la impugnación y la conclusión y archivo del proceso.

            Sobre la impugnación se dará un traslado por cinco días al ente municipal y el proceso se substanciará siguiendo en lo pertinente las reglas del ordinario.

            En la sentencia se apreciarán los elementos probatorios evacuados válidamente en el proceso antecedente, salvo que en resulten desvirtuados en sede judicial.

            Únicamente se convocará a audiencia cuando sea indispensable evacuar pruebas que lleven aparejado el principio de inmediación.

            En la sentencia se revocará o anulará el acto impugnado  y se emitirá pronunciamiento sobre cualquiera otras pretensiones que se hubieren deducido en el libelo de impugnación.

            La falta de impugnación en esta vía en el plazo previsto, no obsta el ejercicio de las acciones correspondientes en la vía ordinaria.

 

 

                                                         SECCION II

PROTECCIÓN EN FUEROS ESPECIALES  Y TUTELA DEL DEBIDO PROCESO

 

            ARTICULO 538. Las personas trabajadoras, tanto del sector público como del privado, que, en virtud de un fuero especial gocen de estabilidad en su empleo o de procedimientos especiales para ser afectados, podrán impugnar en la vía sumarísima prevista en esta Sección, con motivo del despido o de cualquier otra medida disciplinaria o discriminatoria, la violación de fueros especiales de protección, de procedimientos a que tienen derecho, formalidades o autorizaciones especialmente previstas.

            Se encuentran dentro de esa previsión:

            1. Los servidores y servidoras del Estado en régimen de servicio civil,  respecto del procedimiento ante el Tribunal de Servicio Civil que les garantiza el ordenamiento.

            2. Las demás  personas trabajadoras del sector público para la tutela del debido proceso o fueros semejantes, a que tengan derecho de acuerdo con el ordenamiento constitucional o legal.[154]

            3. Las mujeres en estado de embarazo o período de lactancia, según se establece en el artículo 94 de este Código.

            4. Las personas trabajadoras adolescentes, conforme lo manda el artículo 91 del Código de la Niñez y Adolescencia, promulgado mediante Ley  N° 7739 del 6 de enero de 1998.

            5. Las personas cubiertas por los  artículos 392de este Código y cualquiera otra disposición tutelar del fuero sindical.

            6. Las y los denunciantes de hostigamiento sexual, tal y como se establece en la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, N° 7476, del 3 de febrero de 1995.

            7. Las trabajadoras  y los trabajadores que sean objeto en su trabajo o con ocasión de él, de discriminación por cualquier causa.

            8. Las personas trabajadoras indicadas en el artículo 615 de este Código.

            9. Quienes gocen de algún fuero  semejante mediante ley, normas especiales o instrumento colectivo de trabajo.

            La tutela del debido proceso podrá demandarse en  esta vía, cuando se  inobserve respecto de las personas aforadas a que se refiere este artículo.

[155]

            ARTICULO 539. La solicitud de tutela se presentará ante el juzgado de Trabajo competente mientras subsistan las medidas o efectos que provocan la violación contra la cual se reclama. La aplicación de tutela por violación del debido proceso en el caso de despido, se regirá por el plazo de prescripción señalado en este Código.

              La firma del solicitante no requiere ser autenticada por la de un o una profesional en derecho, si la persona interesada presenta personalmente el respectivo libelo; pero si fuere necesario debatir en audiencia, debe contarse con patrocinio letrado.

            La petición deberá cumplir en lo pertinente los requisitos señalados para la demanda, excepto el que se refiere al agotamiento de la vía administrativa,[156] e incluir el nombre de la persona, institución,  órgano, departamento u oficina a la que se atribuye la arbitrariedad.

 

            ARTICULO 540. El juzgado substanciará el procedimiento sin pérdida de tiempo, posponiendo cualquier asunto de diversa naturaleza que se tramite en el despacho.A más tardar dentro de las veinticuatro horas siguientes al recibo de la solicitud, la autoridad judicial le dará curso, pidiéndole a la institución,  autoridad  u órganos públicos o persona  accionada un informe detallado acerca de los hechos que motivan la acción, el cual deberá rendirse bajo juramento dentro de los cinco días siguientes a la notificación, acompañado de copia de los documentos que sean de interés para la parte y de una copia certificada del expediente administrativo en el caso de las relaciones de empleo público, o el expediente del debido proceso en su caso, sin costo alguno para la parte demandante.

            En el caso de actuaciones con resultados lesivos, en la misma resolución se podrá disponer la suspensión de los efectos del acto, y la parte accionante quedará repuesta provisionalmente a su situación previa al acto impugnado.  Esa medidase ejecutará de inmediato sin necesidad de garantía alguna y podrá revisarse y modificarse a instancia de la parte accionada, hecha mediante la interposición del recurso correspondiente, por razones de conveniencia o de evidente interés público, o bien porque valorada la situación en forma provisional se estime que existen evidencias excluyentes de discriminación, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre el fondo.[157]

            Cuando la acción verse sobre actos de las administraciones públicas, aunque no pida, se tendrá como demandado al Estado o a quien corresponda y se  pondrá la resolución inicial también en conocimiento de la Procuraduría General de la República o en su caso del órgano jerárquico  de la institución autónoma u organización, que la represente legalmente, para que pueda apersonarse al  proceso dentro del mismo plazo de cinco días a hacer valer sus derechos.

            Si la acción versa sobre actuaciones de una organización empresarial privada, el informe se le solicitará a la persona a quien, en funciones de dirección o administración en los términos del artículo 5 de este Código, se le atribuye la conducta ilegal, y se le advertirá que la notificación surte efectos de emplazamiento para la parte empleadora, y que ésta puede hacer valer  sus  derechos en el proceso dentro del indicado plazo, a través de su representante legítimo.   [158]

            La parte empleadora deberá presentar copia certificada del expediente del debido proceso indicado en el artículo anterior, si el caso versare sobre la violación de ese derecho.

            Las notificaciones se harán a través de los medios autorizados por la ley o por la propia parte interesada, siempre que lo haga con el respaldo de la autoridad administrativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o de policía, la que tendrá la obligación de asistirla en forma inmediata sin costo algunoy de dejar constancia de su intervención. Los juzgados de trabajo podrán disponer la notificación inmediata por un asistente judicial o un funcionario designado al efecto.

           

            ARTICULO 541. Si no se respondiere dentro del término señalado y al mismo tiempo no se produce oposición  de la parte demandada, o bien si no se aporta la certificación del expediente del debido proceso cuando este haya sido necesario, se declarará con lugar la acción, si el caso, de acuerdo con los autos no amerita una solución diferente, según el ordenamiento.

            En el caso contrario, el informe rendido y cualquier respuesta se pondrán en conocimiento por tres días a la parte promotora del proceso.

            Si fuere necesario evacuar pruebas no documentales, su substanciación se llevara a cabo en audiencia, la cual se señalará en forma prioritaria a los asuntos de ordinario conocimiento del despacho. En tal supuesto, la sentencia se dictará en la oportunidad prevista para la substanciación del proceso en audiencia.

                       

            ARTICULO 542. La competencia del órgano jurisdiccional se limitará, para estimar la pretensión de tutela, a la comprobación del quebranto de la protección, procedimiento o aspectos formales garantizados por el fuero y si la sentencia resultare favorable a la parte  accionante, se decretará la nulidad que corresponda y se le repondrá a la situación previa al acto que dio origen a la acción y condenará a la parte empleadora a pagar los daños y perjuicios causados. Si los efectos del acto no se hubieren suspendido, se ordenará la respectiva reinstalación, con el pago de salarios caídos.

            Si la acción se desestima y los efectos del acto hubieren sido detenidos, su ejecución podrá llevare a cabo una vez firme el pronunciamiento denegatorio, sin necesidad de ninguna autorización expresa en ese sentido.

            La sentencia estimatoria en estos casos no prejuzga sobre el contenido sustancial o material de la conducta del demandado, cuando la tutela se refiere únicamente a derechos sobre un procedimiento, requisito o formalidad.[159]

 

            ARTICULO 543. Si la pretensión deducida no corresponde a este procedimiento especial, se orientará la tramitación en la forma que proceda.

            Cuando se presentare alguna pretensión de tutela correspondiente a este procedimiento, en forma acumulada con otra u  otras cuyo trámite deba realizarse en la vía ordinaria, será desacumulada y tramitada según lo previsto en esta Sección, sin perjuicio del curso de las otras pretensiones.

            La tutela, una vez otorgada en sentencia firme producirá la conclusión del proceso ordinario cuando se produzca una falta de interés. En ese supuesto se dará por concluido el proceso total o parcialmente, según proceda, sin sanción de costas.

 

SECCION III

DISTRIBUCIÓN DE PRESTACIONES  DE  PERSONAS  TRABAJADORAS FALLECIDAS

 

            ARTICULO 544. La distribución de las prestaciones laborales  a que se refiere el artículo 85, inciso a) de este Código, se regirá por lo dispuesto en esta Sección. También se dirimirá en este proceso, a favor de los sucesores o beneficiarios indicados en esa norma, en el mismo orden que en ella se señala,  la adjudicación de los montos de dinero por salarios, compensación por vacaciones no disfrutadas y aguinaldo, así como cualquier otro extremo derivado de la relación de trabajo, incluidos los ahorros obligatorios y depósitos en cuentas de intermediarios financieros provenientes del contrato de trabajo, que por ley no tenga un beneficiario distinto, adeudados a la persona trabajadora fallecida. Igual regla se aplicará a los montos adeudados a las personas pensionadas o jubiladas fallecidas.

 

            ARTICULO 545. El proceso  puede ser promovido por cualquiera que tenga interés, ante el juzgado de trabajo competente. La solicitud deberá contener:

            1°. El nombre de la persona fallecida  y el de la parte empleadora o de la institución o dependencia deudora de los extremos a distribuir.

            2°. El nombre del consorte de la persona fallecida, de sus padres y de sus hijos, así como la dirección de éstos, indicándose quienes son menores de edad o incapaces.

            3°. Prueba del fallecimiento y del parentesco que sea de interés acreditar.

 

            ARTICULO 546. Presentada en forma la solicitud, se abrirá el procedimiento, disponiéndose:

            1°. La publicación de un edicto en el Boletín Judicial, en el cual se citará y emplazará por ocho días [160]a toda persona que considere tener interés en la distribución, para que se apersone a hacer valer sus derechos.

            2° La notificación a las personas  interesada indicados en la solicitud inicial.      3° Una orden a la persona  o institución obligada al pago, de que, si no hubiere consignado las prestaciones a distribuir, las deposite en la cuenta bancaria  del despacho, dentro de cinco días siguientes.

            4° Si hay menores de edad interesados, la notificación al Patronato Nacional de la Infancia, institución que asumirá la tutela de sus intereses  en el caso de que estén en opuesto interés con algún interesado que ejerza su representación legal.

            5° Si hubiere inhábiles interesados, no sujetos a curatela, se le nombrará como representante ad hoc a un profesional en derecho  de asistencia social.

 

            ARTICULO 547. Transcurrido el término del emplazamiento, se hará la declaratoria de las personas a quienes corresponde como sucesoras el patrimonio a distribuir, disponiéndose su adjudicación y entrega en la forma establecida en la ley.

            Si surgiere contención  sobre el derecho de participación, la cuestión se dirimirá en el mismo expediente, aunque involucre la aplicación de normas e institutos propios del Derecho de Familia. El escrito de demanda de mejor derecho o de oposición deberá reunir los requisitos de la demanda ordinaria, inclusive el que se refiere al ofrecimiento de las pruebas. Figurarán como contradictoras las personas cuyo derecho se pretende afectar, a quienes se trasladará la demanda por cinco días. El conflicto se juzgará sumariamente en audiencia oral, debiendo dictarse la sentencia en la misma forma prevista para el proceso ordinario.[161]

           

            ARTICULO 548. Quienes tengan interés en la distribución no están legitimados para gestionar o demandar en otras  vías el pago directo de las prestaciones a distribuir, pero sí para que se depositen judicialmente a la orden del juzgado.

 

SECCION IV

AUTORIZACIONES

 

            ARTICULO 549. Cuando de acuerdo con la ley se requiera de la autorización de un órgano jurisdiccional para llevar a cabo un determinado acto, la parte interesada lo solicitará por escrito, cumpliendo en lo que resulten pertinentes los requisitos de la demanda.

            Acerca de la solicitud se  dará traslado por tres días a quien se pretenda afectar con el acto, en la misma forma prevista para la demanda. Si no fuere del caso la evacuación de pruebas testimonial o técnica, se dictará sentencia dentro de los cinco días siguientes al recibido de la contestación o del plazo para contestar cuando no se hubiere respondido el emplazamiento. De lo contrario, se convocará a audiencia, debiendo estarse a su respecto a lo ya dispuesto para esta actividad.

 

SECCION V

PROCEDIMIENTO PARA LA RESTITUCION EN RIESGOS DE TRABAJO Y REINSTALACION DE ORIGEN LEGAL[162]

 

            ARTICUL0 550. Las personas trabajadoras que se encontraren en alguno de los supuestos  previstos e el artículo 254 de este Código, podrán solicitar al juzgado de Trabajo competente la reposición al puesto de trabajo, su reubicación o el pago de las prestaciones legales correspondientes, según proceda.

 

            ARTICULO 551. El escrito inicial deberá cumplir los requisitos básicos de toda demanda y con él deberá acompañarse u ofrecerse la prueba relativa a la relación de empleo, la orden de alta expedida por el ente asegurador y copia del dictamen médico en el que se especifique claramente la situación real de la persona en cuanto a su estado de salud y el medio que se recomiende para él, según su capacidad laboral.

 

            ARTUCULO 552. Presentada en debida forma la solicitud, se le ordenará a la parte empleadora, de acuerdo con la prestación deducida, reponer a la persona a su puesto de trabajo, reubicarlo en los términos de la recomendación médica o pagarle las prestaciones legales, lo que deberá hacer dentro del término de ocho días. En la misma resolución se advertirá a esa parte que dentro de ese mismo lapso puede objetar la pretensión y ofrecer en tal caso las pruebas que sean de su interés.

 

            ARTICULO 553. Si dentro del plazo indicado no mediare oposición, se tendrá por firme lo ordenado y será ejecutable en la vía de ejecución sentencia, concluyendo de ese modo el proceso. En el supuesto contrario, una vez contestado el traslado, el juzgado resolverá lo que corresponda dentro de los tres días siguientes, salvo que deba recabarse alguna probanza, pues entonces la cuestión se substanciará en audiencia oral, pudiendo el juzgado en la sentencia que se dicte disponer la reinstalación, reubicación o pago de prestaciones, según proceda de acuerdo con la situación de hecho comprobada.

 

            ARTICULO 554. Si habiendo mediado oposición de la parte empleadora a la solicitud de reinstalación o reubicación y alguna de estas se considerare procedente en sentencia, esa parte deberá pagarle a la persona trabajadora salarios caídos completos desde el día en que cesó la incapacidad y, a título de daños y perjuicios y como indemnización fija, un mes de salario adicional.

 

            ARTICULO 555. Las personas discapacitadas legitimadas para solicitar reinstalación  a sus puestos de trabajo, conforme lo establece la Ley sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad,N° 7600 de 2 de mayo de 1996y su reglamento; las indicadas en el artículo 392, inciso a) de este Código; y cualesquiera otras personas que gocen de estabilidad en el empleo por norma especial, instrumento colectivo o resolución administrativa que así lo declare, podrán ejercer sus derechos en este procedimiento especial. Al respecto se aplicarán las normas anteriores, en lo que resulte pertinente.

 

CAPITULO VIII

LA SENTENCIA: FORMALIDADES, REPERCUSIONES ECONOMICAS Y EFECTOS

 

SECCION I

FORMALIDADES DE LA SENTENCIA

                              ARTICULO 556. La sentencia se dictará teniendo como límites los actos de proposición de las partes y lo fijado en la fase preliminar de la audiencia de juicio, sin perjuicio de las variaciones que sean permitidas por la ley.

                              Contendrá un preámbulo, una parte considerativa y una dispositiva.

                              En el preámbulo se indicará la clase de proceso, el nombre de las partes y sus abogados o abogadas.

                              En la considerativa se consignará una síntesis de las pretensiones y excepciones deducidas. Luego se enunciarán en forma clara, precisa y ordenada cronológicamente los hechos probados y no probados de importancia para resolver, con indicación de los medios de prueba en que se apoya la conclusión y de las razones que la amparan y los criterios de valoración empleados, para cuyo efecto deberá dejarse constancia del análisis de los distintos elementos probatorios evacuados, a través de una explicación detallada y exhaustiva de cada uno de ellos. Finalmente, en párrafos separados, dándose en cada caso las razones de hecho, jurídicas, doctrinales y jurisprudenciales, se bastanteará la procedencia o improcedencia de las proposiciones, lo cual se hará en párrafos separados, por temas.  Es indispensable citar las normas jurídicas que sirven de base a las conclusiones sobre la procedencia o improcedencia de las pretensiones o excepciones propuestas.

                              En la parte dispositiva se pronunciará el fallo, indicando en forma expresa y separada, en términos dispositivos, los extremos que se declaran procedentes o deniegan y la decisión correspondiente a  las excepciones opuestas y disponiendo lo procedente sobre las costas del proceso.

                              Las sentencias de segunda instancia y de casación contendrán un breve resumen de los aspectos debatidos en la resolución que se combate, los alegatos del recurso, un análisis de las cuestiones de hecho y de derecho propuestas y la resolución correspondiente, en la forma prevista en este mismo Código.

 

                              ARTICULO 557.  Queda prohibido declarar en sentencia la procedencia de algún extremo, condicionándolo a la demostración posterior del supuesto de hecho que lo ampara.

                               El juzgadopodrá establecer que la sentencia será ineficaz, o decretar posteriormente esa ineficacia, en la parte de la de condena cubierta o satisfecha con anterioridad a su dictado, si ello llegare a demostrarse.[163]

                              En todo pronunciamiento sobre extremos económicos o resolubles en dinero, deberá establecerse de una vez  el monto exacto de las cantidades, incluido  el monto de las costas, de los intereses y adecuaciones que correspondan, hasta ese momento. Sólo excepcionalmente, cuando no se cuente en el momento del fallo con los datos necesarios para hacer la fijación, podrá hacerse una condena en abstracto, indicándose las bases para hacer la liquidación posteriormente.

                       

SECCION II

COSTAS

                              ARTICULO 558. En toda sentencia, incluidas las anticipadas, y las resoluciones que provoquen el perecimiento del proceso por litis pendencia, incompetencia por razones del territorio nacional, satisfacción extraprocesal o deserción, [164]se condenará al vencido, a quien ha satisfecho el derecho o a la parte sancionada  con la finalización del asunto, al pago de las costas personales y procesales causadas

                              Si la sentencia resuelve el  asunto por el fondo o acoge excepciones materiales de las calificadas como previas, las personales no podrán ser menores del quince por ciento ni mayores del veinticinco por ciento del importe líquido de la condenatoria o de la absolución, en su caso.

                              En los demás supuestos, así como cuando el proceso no fuere susceptible de estimación pecuniaria, la fijación se hará prudencialmente.

                              Para hacer la fijación del porcentaje o del monto prudencial, se tomará en cuenta la labor realizada, la cuantía de la cosa litigada y la posición económica del actor y demandado.

                              En los asuntos inestimables en que hubiere trascendencia económica, se hará la fijación con base en el monto resultante hasta la firmeza de la sentencia y si como consecuencia del proceso se siguiere generando en el futuro el resultado económico, podrá agregarse al monto fijado, según criterio prudencial, hasta un cincuenta por ciento. Si el resultado económico fuere intrascendente, se hará la fijación en forma prudencial con fundamento en los mencionados criterios.

 

                              ARTICULO  559. No obstante, se podrá eximir al vencido del pago de las costas personales y aún de las procesales,cuando:

                              1. Se haya litigado con evidente buena fe.

                              2. Las proposiciones hayan prosperado parcialmente.

                              La exoneración debe ser siempre razonada.

                              No podrá  considerarse de buena fe a la parte que: negó pretensiones evidentes que el resultado del proceso indique que debió aceptarlas; no asistió a la totalidad de la audiencia; adujo testigos sobornados o testigos y documentos falsos; no ofreció ninguna probanza para justificar su demanda o excepciones, si se fundaren en hechos disputados.[165]

                              La exoneración de costas será imperativa si alguna norma especial así lo dispone.

 

                              ARTICULO 560. El contrato de cuota litis en materia laboral se regirá por las disposiciones del procedimiento civil. Sin embargo, tratándose de la parte trabajadora, los honorarios que deba pagar a su abogado o abogada no podrán ser superiores en ningún caso al veinticinco por ciento del beneficio económico que se adquiera en la sentencia.

 

SECCION III

INTERESES, ADECUACION Y SALARIOS CAIDOS

 

                              ARTICULO 561. Toda sentencia de condena a pagar una obligación dineraria, implicará para el deudor, salvo decisión o pacto en contrario, aunque no se diga expresamente:

                              1. La obligación de cancelar  intereses sobre el principal, al tipo fijado en el Código de Comercio, a partir de la exigibilidad del adeudo o de cada tracto cuando se integra en esa forma. Si la condena lo fuere a título de daños y perjuicios, el devengo de intereses se iniciará desde la firmeza de la sentencia. Para las obligaciones en moneda extranjera, se  estará a lo dispuesto en ese mismo Código para las obligaciones endólares de los Estados Unidos de América.

                              2. La obligación de adecuar los extremos económicos principales,  actualizándolos a valor presente, en el mismo porcentaje en que haya variado el Índice de Precios para los Consumidores del Área Metropolitana que lleve el órgano oficial encargado de determinar  ese porcentaje, entre el mes anterior a la presentación de la demanda y el precedente a aquel en que efectivamente se realice el pago.[166]

                              El cálculo de intereses se hará sobre los montos condenados o resultantes después de su liquidación, antes de ser llevados a valor presente, y luego se hará la adecuación indicada en el último párrafo, únicamente sobre los extremos principales.[167]

 

                              ARTICULO 562. En toda sentencia que disponga la reinstalación con salarios caídos, el pago de estos no podrá ser superior al importe de veinticuatro veces el salario mensual total de la parte trabajadora al momento de la firmeza del fallo,  salvo disposición especial que establezca  otra cosa, sin que en ningún momento pueda ser inferior al mínimo legal.[168]Esta fijación no admite adecuaciones o indexaciones. [169]

                              También la parte demandada deberá cubrirle a la victoriosa, desde la firmeza de la sentencia, el salario que le corresponda de acuerdo al contrato de trabajo y a los derechos derivados de la antigüedad acumulada,  en la cual se incluirá el lapso comprendido entre el despido y dicha firmeza y en el futuro el cumplimiento de las obligaciones salariales ordinarias y extraordinarias deberá ajustarse a las prestaciones correspondientes a una relación inalterada. Igual regla se aplicará al disfrute de vacaciones y cualquier otro derecho derivado del contrato de trabajo o de la ley.

                             

                              ARTICULO 563. El pago de los salarios caídos sólo será procedente cuando no existe impedimento legal en virtud de haber ocupado  la persona un cargo que lo impida. En tal caso solo procederá la diferencia, si el salario que hubiere estado recibiendo fuere inferior.

 

                             

 

SECCION IV

EFECTOS

ARTICULO 564. Las sentencias del  ordinario laboral, incluidas las anticipadas y las dictadas en los procesos especiales sobre seguridad social, despido de trabajadores o trabajadoras municipales, protección de fueros especiales, restitución o reubicación de trabajadores o trabajadoras en caso de riesgo de trabajo, así como en contenciones surgidas en el proceso de distribución de prestaciones de personas  fallecidas regulado en este Código,  producirán los efectos de la cosa juzgada material. Las demás sentencias, salvo disposición en contrario en la ley, producirán únicamente cosa juzgada formal.

 

 

CAPITULO IX

        DISPOSICIONES PARTICULARES SOBRE LAS FORMAS                                                             ANORMALES DE TERMINACION DEL PROCESO

 

                              ARTICULO 565. Salvo disposición especial en contrario, el desistimiento, la renuncia del derecho, la deserción, la satisfacción extraprocesal, la transacción y  los acuerdos  conciliatorios le pondrán también término al proceso.  Es  aplicable lo  que dispone al respecto  la legislación procesal civil, con las siguientes modificaciones:

                              1. La renuncia, la transacción y la conciliación sólo se considerarán válidas y eficaces cuando se refieran a derechos disponibles.

                              2.  La transacción y conciliación deben ser homologadas y el pronunciamiento respectivo tiene el carácter de sentencia, con autoridad de cosa juzgada material, y  admite el recurso previsto para ese tipo de resoluciones. Una vez firme será ejecutable del mismo modo que las sentencias.

                              3.  La deserción es procedente a solicitud de parte en los asuntos contenciosos en que haya embargo de bienes o alguna otra medida precautoria con efectos perjudiciales de naturaleza patrimonial para el demandado, siempre y cuando el abandono se deba a omisión del actor en el cumplimiento de algún requisito o acto, sin en el cual el proceso no puede continuar. También procederá cuando no se de produzcan esos efectos perjudiciales para el demandado, aún de oficio, cuando el proceso, una vez trabada la litis,  no pueda continuar por culpa de la parte.

                              4. La satisfacción extraprocesal podrá apreciarse de oficio o a solicitud de parte. Si posteriormente se revocare o en  cualquier forma se  afectare el acto de reconocimiento, la parte interesada podrá gestionar la reanudación del proceso a partir de la etapa que se hallaba, sin necesidad de ninguna gestión administrativa previa en el caso de las Administraciones Públicas. Si la demanda llegare a prosperar, la condenatoria a la parte demandada al pago de las costas será imperativa.

                              En todos estos casos, excepto en los acuerdos conciliatorios, [170]la terminación del proceso se acordará oyendo previamente por tres días a la parte contraria.

 

CAPITULO X

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

 

                              ARTICULO 566. Las sentencias firmes, las transacciones o acuerdos conciliatorios y cualquier pronunciamiento ejecutorio, serán ejecutados por el mismo tribunal que conoció del proceso.

                              Las decisiones concretas o específicas, para cuyo cumplimiento no se requiere ninguna actividad adicional  de fijación de alcances, serán ejecutadas inmediatamente después de la firmeza del pronunciamiento, de oficio o a solicitud de parte, verbal o escrita.

                              Los acuerdos conciliatorios extrajudiciales que de acuerdo con la ley tengan autoridad de cosa juzgada, se ejecutarán a través de este procedimiento.

                              Cuando se haya reservado la fijación de montos para la fase de ejecución de la sentencia, y en cualquier otro supuesto de liquidación de sumas de dinero, la parte interesada deberá presentar la tasación o liquidación correspondiente, con respeto de las bases establecidas en el fallo o acuerdoy con la sustentación de las pruebas que fueren estrictamente necesarias. La  gestión será trasladada a la parte contraria por tres días, dentro de los cuales podrá glosar cada uno de los extremos liquidados y hacer las objeciones y el ofrecimiento de las pruebas que estime pertinentes. Si fuere necesario evacuar probanzas periciales o declaraciones, se estará a lo dispuesto para el proceso ordinario y la cuestión se substanciará sumariamente en una audiencia, debiendo en ese caso dictarse la sentencia en la misma audiencia o  más tardar dentro del plazo señalado para el procedimiento ordinario, bajo pena  de nulidad de la audiencia si ese plazo es incumplido. En el caso contrario, evacuado el traslado, se dictará sentencia dentro del término de ocho días, después de presentada la contestación.

                              Cuando sea necesario determinar aspectos técnicos se acudirá a peritos oficiales y de no haberlos en el ramo de interés, se designarán a costa del Estado.

 

                              ARTICULO 567. El cumplimiento patrimonial forzoso se llevara a cabo de acuerdo con las disposiciones de la legislación procesal civil.

                              La práctica material del embargo, cuando sea necesaria, la realizará, con carácter de oficial público y como parte de sus tareas o funciones, sin cobro alguno de honorarios, un asistente judicial  del despacho.

 
            ARTICULO 568.  La parte demandada tendrá obligación de ejecutar la sentencia o resolución interlocutoriaque ordene la reinstalación de una persona trabajadora a su puesto, en forma inmediata, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva, readmitiéndola y restituyéndola en todos los derechos adquiridos y demás extremos que resulten de la sentencia o resolución o del ordenamiento.

                             

                              ARTICULO 569.  Si la reinstalación no se pudiere realizar por obstáculo de la parte patronal o si la parte interesada así lo prefiriere, podrá presentarse al respectivo centro de trabajo dentro de los ocho días siguientes a la notificación de la sentencia o resolución a reasumir sus labores, en compañía de un notario público o de la autoridad administrativa de trabajo de la jurisdicción, o bien solicitar al juzgado, en forma escrita o verbal, la presencia del asistente judicial del despacho. Las autoridades administrativas y judiciales deberán actuar en formas inmediata, dejando de lado cualquier otra ocupación. El incumplimiento de este deber se considerará falta grave para efectos disciplinarios. En todos los casos se levantará  acta, dejando constancia de lo sucedido.[171]

                              Sólo en casos muy calificados, cuando el centro de trabajo se encuentre en lugares alejados y de difícil acceso, se comisionará a la autoridad de policía para que constate la presentación, en cuyo caso deberá instruírsele acerca de la forma de levantar el acta. La autoridad judicial dispondrá cualquier otra medida que juzgue razonable para la ejecución de  lo dispuesto.

 

                              ARTICULO 570. La parte trabajadora podrá solicitar la postergación de la reinstalación, si ello fuere necesario para permitir el preaviso de la conclusión de otra relación laboral contraída, caso en el cual se indicará al juzgado el día que reasumirá sus funciones, lo que no podrá exceder de un mes y quince días a partir de la notificación de la sentencia o resolución que ordene la reinstalación.[172]

 

                              ARTICULO 571. La obligación de pagar los salarios caídos se mantendrá por todo el tiempo que  la reinstalación no se cumpla por culpa de la parte empleadora. En este caso deberán pagarse, además, los daños y perjuicios que se causen con el incumplimiento.

                              El juzgado ordenará que la persona trabajadora no reinstalada continúe percibiendo su salario con la misma periodicidad y cuantía que tenía antes del despido, con los incrementos salariales que se produzcan hasta la fecha de reinstalación en debida forma.  A tal fin, el órgano jurisdiccional despachará ejecución, en tantas ocasiones como fuese necesario, por una cantidad equivalente a seis meses de salario, haciéndose efectivas a la parte acreedora, del producto de la ejecución, las retribuciones que fueren venciendo, hasta que, una vez efectuada la reinstalación en forma regular, acuerde la devolución al empleador o empleadora del saldo existe en ese momento.

                              La parte trabajadora podrá optar, dentro de ese mismo lapso de ocho días, por la no reinstalación, a cambio, además de las otras prestaciones concedidas en la sentencia, del pago del preaviso y la cesantía que le correspondan por todo el tiempo laborado, incluido el transcurrido hasta la firmeza de la sentencia, sólo si lo hace saber  así al órgano dentro de los ocho días posteriores a la firmeza de la sentencia.[173]  

                              Si la parte trabajadora no se presentare dentro del expresado lapso de ocho días, sin justa causa, y tampoco ejerciere la opción indicada en el párrafo anterior, la respectiva resolución judicial se tornará ineficaz en cuanto al pago de salarios caídos a partir de la firmeza de la sentencia o resolución. En este caso, así como en el de la postergación, si el derecho a la reinstalación no se ejerce dentro del mes y quince días posteriores a esa firmeza, devendrá también en ineficaz.

                              Si la parte trabajadora se viere imposibilitada de manera absoluta para reinstalarse, por un hecho ajeno a su voluntad, los salarios caídos se limitarán a la fecha del evento imposibilitante, salvo que el hecho fuere el resultado de un riesgo o enfermedad de trabajo o de una incapacidad médica, supuestos en los cuales se tendrá por operada la reinstalación para todo efecto.

 

                              ARTICULO 572. La negativa a la reinstalación  será sancionada  con la multa establecida en el inciso 6 del artículo401. En el caso de servidores públicos, la negativa constituirá falta grave, justificativa del despido o remoción del funcionario que incumplió la orden.

                             Tratándose de representantes de las personas trabajadoras que no hayan sido reinstalados, se ordenará al empleador o empleadora abstenerse de limitar la labor de representación que venía desarrollando en el seno de la empresa, así como todas sus funciones protegidas por la legislación nacional, advirtiendo al empleador o empleadora que, de impedir u oponer algún obstáculo a dicho ejercicio, su conducta, además de lo dispuesto en el párrafo anterior, dará derecho a la declaratoria de huelga legal, siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos para tal efecto.

                             

CAPITULO XI

CORRECCION  Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN DE LAS

RESOLUCIONES

SECCION I

ADICION, ACLARACIÓN  Y CORRECCIONES

 

                              ARTICULO 573. Las sentencias, cualquiera que sea su naturaleza, pueden corregirse mediante adiciones o aclaraciones, de oficio o a solicitud de parte. La corrección de oficio podrá hacerse en cualquier momento, pero antes de la notificación del pronunciamiento a las partes.[174] La solicitud de la parte deberá hacerse dentro de los tres días siguientes a esa notificación.

                              La adición y aclaración se limitará a las omisiones u oscuridades  de la parte dispositiva de la sentencia  y a las contradicciones que puedan existir  entre la parte considerativa y la dispositiva. El término para interponer el recurso que proceda, quedará interrumpido y comenzará a correr de nuevo con la notificación del pronunciamiento que recaiga.[175]  

                              Las demás resoluciones escritas pueden también ser aclaradas o adicionadas de oficio antes de su notificación y las partes pueden pedir adiciones, aclaraciones o correcciones dentro del indicado término de tres días. En estos casos, la valoración de la solicitud  queda a discreción del órgano y la presentación  no interrumpe los plazos concedidos en la resolución.[176]

 

                              ARTICULO 574. Los errores materiales y las imperfecciones  resultantes  en el devenir del procesoque no impliquen nulidad,  podrán ser corregidos en cualquier momento, siempre y cuando sea necesario para orientar el curso normal del procedimiento o  ejecutar el respectivo pronunciamiento y que la corrección no implique una modificación  substancial de lo ya resuelto.[177]

 

SECCION II

                  MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Y OPORTUNIDAD PARA ALEGARLOS

                       

                              ARTICULO 575. Contra las providencias escritas no cabrá recurso alguno; pero el órgano podrá dejarlas sin efecto o modificarlas dentro de los tres días siguientes a la notificación, de oficio o en virtud de observaciones de las partes. Si estas se juzgaren improcedentes, no será necesario dictar resolución.

 

                              ARTICULO 576.  Los autos escritos admiten el recurso de revocatoria, cuyo plazo de presentación se fija en tres días. Con igual término contará el órgano para resolver el recurso.

 

                              ARTICULO 577. Las observaciones de las partes a las providencias adoptadas en las audiencias y  la solicitud de revocatoria de los autos dictados en esa misma actividad procesal, deberán hacerse en forma oral e inmediata, antes de pasarse a una etapa o fase posterior, y el órgano las resolverá y comunicará en ese mismo momento y forma, salvo que sea necesario suspender la audiencia para el estudio de la cuestión, según quedó dispuesto.

                             

                              ARTICULLO 578. Además de los pronunciamientos expresamente señalados por este Código,[178]únicamente son apelables las resoluciones que:

                              1. Declaren con lugar las excepciones previas de litis pendencia e improcedencia del proceso elegido y falta de capacidad de la parte, inexistencia o insuficiencia de la representación.

                              2.   Denieguen o rechacen  pruebas.

                              3.  Desestimen las pretensiones de nulidad deducidas antes de la sentencia, inclusive durante la audiencia. [179]

                              4.  Resuelvan los procedimientos incidentales, incluidos los autónomos, como las tercerías,  y los de nulidad cuando el vicio  debe ser alegado en esa vía.[180]

                              5.   Acuerden la intervención en el proceso de sucesores procesales, de sustitutos procesales  o de terceros.

                              6.  Le pongan término al proceso mediante solución normal o anormal, excepto cuando la ley le acuerde eficacia de cosa juzgada material al pronunciamiento.

                              7.  Emita el pronunciamiento final en la ejecución de la sentencia.[181]

                              8. Aprueben el remate y ordene su ejecución.[182]

                              9. Denieguen, revoquen o dispongan la cancelación de medidas cautelares o anticipadas.

                              10. Ordenen la suspensión, inadmisibilidad, improcedencia y archivo del  proceso.

                              11. Denieguen el procedimiento elegido por la parte.

                              12. Resuelvan en forma no contenciosa sobre la adjudicación de las prestaciones de personas fallecidas.

 

                              ARTICULO 579. Las apelaciones contra las resoluciones escritas se formularán de esa misma manera ante el órgano que dictó el pronunciamiento, dentro de tres días, y las que procedan contra  las orales dictadas en audiencia, deberán interponerse en el mismo acto de la notificación, debiendo dejarse constancia de su interposición y motivación en el acta.

 

                               ARTICULO 580. Las apelaciones admisibles  contra autos y sentencias interlocutorias, que impidan el curso del procedimiento, se tramitarán en forma inmediata. Cuando versen sobre autos denegatorios de prueba o resoluciones producidas en la audiencia cuyo efecto directo no sea el de la paralización o terminación del proceso, la interposición del recurso no impedirá la continuación de la actividad y  el dictado de la sentencia y se tendrá por interpuesto con efectos diferidos y condicionado a que el pronunciamiento final sea recurrido en forma legal y oportuna.  En tal caso, la apelación sólo se tomará en cuenta si:

1.               El punto objeto de la impugnación trasciende al resultado de la sentencia y la parte que interpuso la apelación figure como recurrente de la sentencia y reitere en su recurso aquella apelación.

2. La sentencia admite el recurso de casación, el motivo de disconformidad pueda ser parte o constituya uno de los vicios deducibles como motivos de casación.

3. La parte que lo interpuso no figure como impugnante por haber resultado victoriosa  y con motivo de la procedencia del recurso de cualquiera otro litigante, la objeción recobre interés. En ese supuesto,  se le tendrá como apelación eventual.[183]

 

ARTICULO 581. Procede el recurso para ante el órgano de casación[184] contra la sentencia del proceso ordinario y también, salvo disposición expresa en contrario, contra los demás  pronunciamientos con autoridad de cosa juzgada material, por razones procesales[185] y sustantivas.

 El recurso deberá ser presentado en forma escrita ante el juzgado[186] dentro de los diez días siguientes a la notificación de la sentencia.

 

            ARTICULO 582. Por razones procesales,  será admisible cuando se invoque:

1. Cualquiera de los vicios por los cuales procede la nulidad de actuaciones, siempre y cuando estos hayan sido alegados en alguna de las fases precedentes del proceso y la reclamación se haya desestimado.

            2. Incongruencia de la sentencia u oscuridad  absoluta de esta última parte. En los supuestos de incongruencia el recurso sólo es admisible cuando se ha agotado el trámite de la adición o aclaración. [187]

            3. Falta de determinación, clara y precisa, de los hechos acreditados por el juzgado.

4. Haberse  fundado la sentencia  en medios probatorios ilegítimos o introducidos ilegalmente al proceso.

            5. Falta de fundamento o fundamento insuficiente de la sentencia.[188]

            6. Haberse dictado la sentencia fuera del tiempo previsto para hacerlo.

 

            ARTICULO 583. Podrá alegarse como base del recurso de casación por el fondo, toda violación sustancial del ordenamiento jurídico, tanto la directa como la resultante de una incorrecta o ilegítima aplicación del régimen probatorio,  siempre que  no resulte afectado el principio de inmediación y con la condición de que se trate de cuestiones propuestas y debatidas oportunamente en el proceso.

 

ARTICULO 584. No podrán ser objeto de apelación o casación cuestiones que no hayan sido propuestas ni debatidas oportunamente por los litigantes y la sentencia que se dicte no podrá abrazar otros puntos distintos de los planteados en el recurso, salvo las nulidades, correcciones o reposiciones que procedan por iniciativa del órgano.

            Se prohíbe la reforma en perjuicio.

 

SECCION III

FORMALIDADES Y TRÁMITE DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN Y CASACIÓN

                 

                              ARTICULO 585. El escrito en que se interponga el recurso de apelación, deberá contener, bajo pena de ser declarado inadmisible, las razones claras y precisas que ameritan la revocatoria del pronunciamiento, incluidas las alegaciones de nulidad concomitante que se estimen de interés.

                              El de casación deberá  puntualizar en esa misma forma los motivos por los cuales se estima que el ordenamiento jurídico ha sido violentado y por los cuales procede la nulidad y la eventual revocatoria de la sentencia impugnada; primero se harán las reclamaciones formales y después las sustanciales.

            En ningún caso será necesario citar las normas jurídicas que se consideran violadas; pero la reclamación debe ser clara en las razones por las cuales la parte se considera afectada. Los errores que se puedan cometer en la mención de normas, no serán motivos para decretar la inadmisibilidad del recurso.

            Si hubiere apelación reservada, deberá mantenerse el agravio respectivo.          

                               También deberá contener, de una vez, el señalamiento de lugar para notificaciones en alzada cuando el órgano superior se halle ubicado en una circunscripción territorial distinta.

                              Los motivos del recurso no podrán modificarse o ampliarse y delimitarán el debate a su respecto y la competencia del órgano de alzada para resolver.[189]

 

ARTICULO 586. En la apelación no reservada y en la casación,  interpuesto el recurso en tiempo se emplazará a la parte o partes recurridas para que presenten dentro de tres días  ante el mismo juzgado la expresión de sus agravios en relación con los motivos argumentados. [190]Cuando el órgano superior se halle ubicado en una circunscripción territorial diferente, en la misma resolución prevendrá a todas las partes  que atienden notificaciones en un lugar determinado y no a través de un medio electrónico de comunicación, hacer el respectivo señalamiento para recibir esas notificaciones en el tribunal que conoce del recurso,  haciéndoles las advertencias correspondientes para el caso de que no lo hagan.

 El señalamiento de medios valdrá para todas las instancias.[191]

            El expediente se remitirá al órgano correspondiente,  una vez transcurrido el término del emplazamiento.

            El recurso extemporáneo será rechazado de plano por el juzgado.

 

            ARTICULO 587. El tribunal se pronunciará sobre la apelación  dentro de los quince días posteriores al recibo de los autos.

            En primer término revisará la procedencia formal del recurso, el procedimiento y las cuestiones de nulidad propuestas, pudiendo acordar nulidades únicamente en el caso de que los defectos constituyan vicios esenciales al debido proceso. En todos los casos dispondrá las correcciones que sean necesarias, conservando todas las actuaciones no afectadas por el vicio o que sea posible subsanar.

            Enseguida, si no fuere del caso declarar la inadmisibilidad de la alzada o alguna nulidad, reposición o corrección de trámites,  emitirá el pronunciamiento correspondiente a los demás agravios del recurso.

           

            ARTICULO 588. Recibido el expediente por el órgano de casación, si no fuere del caso declarar la inadmisiblidad del recurso o de ordenar alguna prueba complementaria o para mejor proveer admisible en esta etapa del proceso, se señalará hora y fecha para la celebración de una audiencia con las partes, para discutir el mérito del recurso. La actividad se realizará según las reglas del proceso civil aplicables a la vista o audiencia[192] en casación; pero en todo caso los integrantes del órgano, en el orden en que lo señale la persona que presida o coordine, podrán solicitar aclaraciones o explicaciones a las partes sobre los aspectos en discusión.

            Se dejará constancia en el expediente acerca de quienes asistieron a la actividad y de la forma en que se llevó a cabo, pudiendo  grabarse su resultado.

            La inasistencia a la audiencia  de la parte que interpuso la casación, tendrá como efecto el desistimiento del recurso.

            La sentencia se dictará dentro del  plazo  de quince días posteriores a la audiencia.  [193]

 

ARTICULO 589. Ante el órgano de casación sólo podrán presentarse u ordenarse para mejor proveer pruebas documentales y técnicas que puedan ser de influencia decisiva, según calificación discrecional del órgano. Las últimas se evacuarán con prontitud y  el costo de las peritaciones no oficiales deberá cubrirlo la parte que ha solicitado la probanza. Tales probanzas serán trasladadas a las partes por tres días.[194]

En estos casos, el término para dictar la sentencia se iniciará el día siguiente de vencido el emplazamiento.

 

ARTICULO 590. Al dictarse sentencia, se procederá de la siguiente manera:

En primer lugar se resolverán las cuestiones relativas al procedimiento. Si se considere procedente la nulidad de la sentencia, se puntualizarán los vicios o defectos omitidos y se devolverá el expediente al juzgado  para que, hecha cualquier  reposición ordenada, se repita la audiencia  y se dicte de nuevo.

            Cuando proceda la nulidad por el fondo, se casará la sentencia, total o parcialmente, y en la misma resolución se fallará el proceso o se resolverá sobre la  parte anulada, cuando no exista impedimento para suplir la resolución correspondiente con base en lo substanciado.

En el caso contrario se declarará sin lugar el recurso y se devolverá el expediente al juzgado.

 La nulidad  de la sentencia solo se decretará cuando no sea posible corregir el error u omisión con base en el expediente y con respeto del principio de inmediación.

 

ARTICULO 591. Tanto en el caso de la apelación como en el de casación, si resultare procedente el recurso por el fondo, al emitirse el pronunciamiento que corresponda, deberán atenderse las defensas de la parte contraria al recurrente, así como sus impugnaciones reservadas con efectos eventuales, omitidas o preteridas en la resolución recurrida, cuando por haber resultado victoriosa esa parte, no hubiere podido interponerlas o reiterarlas en el recurso de casación.

 

            ARTICULO 592. Los órganos de alzada y de casación, al conocer de  los  agravios esgrimidos en los recursos, se ajustarán a la materialidad de los elementos probatorios incorporados al expediente y, racionalmente, a los límites del principio de inmediación.[195]          

           

ARTICULO 593. En cualquier caso en que se anule una sentencia, la audiencia se repetirá siempre con la intervención de otra persona como juzgadora.[196]

 

ARTICULO 594. Los efectos de la apelación, la apelación adhesiva y la apelación por inadmisión, se regirán por lo dispuesto en la legislación procesal civil.

El recurso de casación producirá efectos suspensivos.

            Las reglas de la apelación por inadmisión, se aplicarán, con la modificación pertinente, al recurso de casación.[197]                     

             

            ARTICULO 595. Contra lo resuelto por el tribunal de apelación o el órgano de casación, no cabe ulterior recurso.      

 

SECCION IV

REVISION

ARTICULO 596. Contra las resoluciones de los Tribunales de Trabajo, es procedente la revisión, con base en las causales establecidas en la legislación procesal civil, a la cual se ajustará la respectiva tramitación y la audiencia se llevará a cabo, cuando sea necesario reproducirla,  en la forma prevista para el supuesto de la nulidad de la sentencia.

 

CAPITULO XII

SOLUCION  DE LOS CONFLICTOS JURÍDICOS, INDIVIDUALES O COLECTIVOS MEDIANTE ARBITROS ESPECIALIZADOS.

 

ARTICULO 597. Podrán someterse a arbitraje todas las controversias jurídicas patrimoniales, fundadas en derechos respecto de los cuales las partes tengan plena disposición, y sea posible excluir la jurisdicción de los tribunales comunes, derivadas o íntimamente vinculadas a la relación de trabajo o empleo, pendientes o no ante dichos tribunales; para cuyo efecto  deberá suscribirse un compromiso de arbitraje que deberá contener al menos, la descripción del diferendo jurídico que se somete a arbitraje, las especificaciones a que se refiere el artículo 602, incisos a), c), d) e) y g) de este Código, así como declaración expresa de las partes de que el objeto del arbitraje está constituido por derechos que no tienen el carácter de indisponibles. [198]

 

 ARTICULO 598. En cualquier caso será absolutamente nulo el compromiso arbitral establecido en contrato de trabajo individual, o en un convenio accesorio a éste y que haya sido suscrito como condición para la constitución de la relación laboral o para evitar su extinción. Asimismo será absolutamente nulo el compromiso arbitral que verse sobre derechos indisponibles. Se consideran indisponibles, entre otros que resulten de esa naturaleza, según el ordenamiento, las prestaciones e indemnizaciones de seguridad social en beneficio de los trabajadores y trabajadoras, de sus familiares y de las demás personas que conforme con la legislación civil tienen el carácter de herederos, salvo que se trate de prestaciones superiores a las previstas en las disposiciones indicadas, nacidas de acuerdo, de contrato, de los usos o de la costumbre.

 

ARTICULO 599. Las sentencias arbitrales solo producirán efectos vinculantes para las partes si se dictan en el marco de procesos arbitrales seguidos de acuerdo con la normativa de este Capítulo. Tales procesos deberán tramitarse y fallarse de conformidad con los principios propios del Derecho de Trabajo, tanto en materia de derecho de fondo, como en cuanto a los principios del derecho procesal, salvo que se trate de relaciones de empleo público, pues entonces se aplicarán los principios del Derecho de Trabajo en cuanto sean compatibles con los principios y fuentes del derecho de la función pública.

            Una vez suscrito el compromiso a que se refiere este Capítulo, el tribunal arbitral será el único competente para conocer del respectivo conflicto. La parte legitimada podrá formular la excepción de litis pendencia en el caso de que sea planteada demanda sobre el mismo conflicto ante los tribunales comunes.

 

            ARTICULO  600.  El arbitraje deberá ser de derecho y el tribunal deberá estar integrado exclusivamente por profesionales en derecho y resolverá las controversias con estricto apego a la ley aplicable.

            El Tribunal puede ser, a elección de las partes, unipersonal o colegiado y será escogido de una lista de por lo menos  veinte personas  que mantendrá el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En el caso del arbitraje unipersonal la escogencia la hará, salvo acuerdo de ambas partes, la autoridad competente del Ministerio de Trabajo o del respectivo centro de arbitraje,  y en el caso de tribunal colegiado, cada una de las partes designará de dicha lista a una persona y los dos designados escogerán a una tercera, quien presidirá el tribunal.

           

            ARTICULO 601. Para ser árbitro o árbitra deben reunirse los siguientes requisitos: tener más de veinticinco años de edad, ser persona de reconocida honorabilidad, con conocimientos especiales o experienciacomprobada en Derecho de Trabajo, y  no ser empleada del sector  público. [199]

             La integración de la lista indicada en el artículo anterior, se hará mediante concurso público. La designación tendrá una vigencia de cinco años y los integrantes podrán ser excluidos si se niegan injustificadamente a servir en algún caso concreto.

 

            ARTUCULO 602.  La solicitud se presentará directamente ante el Departamento de Relaciones de Trabajo de la Dirección de Asuntos Laborales del Ministerio de Trabajo o a la respectiva  Dependencia Regional de este Ministerio, competente por razón del territorio, que funcionará como centro de arbitraje, sin perjuicio de lo que se establezca reglamentariamente  y contendrá:

a) El nombre completo, la razón o la denominación social de las partes, la dirección y las demás calidades.

b) Una relación de los hechos en que se basa la solicitud o conflicto, especificados en forma separada;

c) La petición de que la controversia sea resuelta mediante arbitraje;

d) El objeto sobre el cual deberán pronunciarse él o los árbitros o árbitras que conozcan del asunto;

e) La designación de la persona o de las personas que se proponen como árbitras;

f) Las pruebas de los hechos que de acuerdo con este Código le corresponda a la parte acreditar;

g)  Señalamiento de oficina o medio para notificaciones.

Con el requerimiento se acompañará una copia auténtica  del compromiso arbitral.

No es necesario indicar en el compromiso arbitral el derecho aplicable, aunque podrán las partes indicar las normas que a su juicio resulten útiles para la solución del asunto.

 Mientras no se cumplan todos esos requisitos, no se le dará curso a la solicitud.

 

ARTICULO 603. Los honorarios de los árbitros o árbitras, salvo pacto en contrario, serán cubiertos por las partes en forma igualitaria.

            La fijación de esos honorarios  se regirá conforme a la siguiente tabla:

            Un siete y medio por ciento sobre el primer millón de colones del monto de la pretensión económica; un  cinco por ciento sobre los siguientes dos millones de colones; un dos y medio por ciento sobre el exceso hasta cinco millones; un uno por ciento sobre el exceso hasta cincuenta millones de colones; y un medio por ciento sobre el exceso de esa suma.

            En los procesos sobre pretensiones no estimables la fijación de los honorarios se hará prudencialmente  y cuando se acumularen pretensiones estimables y no estimables, la estimación se hará tomando en cuenta unas y otras.

            La fijación la hará la autoridad del respectivo Centro de Arbitraje antes de darle curso a la solicitud y las partes deberán depositar los que le correspondan dentro de los cinco días siguientes a la notificación.

            No obstante lo indicado en el párrafo primero, cuando el Fondo de Apoyo a la Solución Alterna de Conflictos  que se crea en esta ley  adquiera la solidez necesaria, sus rentas podrán destinarse a cubrir los honorarios de los árbitros o árbitras de las personas trabajadoras, según se establezca en el reglamento que se dicte.

            LaCorte Suprema de Justicia podrá, al menos cada cinco años, actualizar la escala anteriormente señalada, atendiendo a la variación del índice de precios al consumidor.

 

            ARTICULO 604. Si la parte actora o quien o quienes soliciten el arbitraje no cumplieren con alguna prevención anterior al traslado de la demanda o con el depósito de los honorarios del arbitraje, el proceso se dará por terminado y se tendrá por no interpuesto para todo efecto, mediante resolución que dictará el Centro de Arbitraje.

Si fuere  la parte demandada la que no depositare los honorarios, el procedimiento se desarrollará únicamente con intervención de la parte requirente, si a su vez hubiere cumplido con esa carga, caso en el cual se recibirán únicamente sus pruebas. La contraparte podrá tomar el proceso en el estado en que se halle y ejercer los derechos procesales que puedan hacerse valer en la etapa del apersonamiento, si al mismo tiempo hace el depósito omitido. 

Cuando la parte demandada no conteste,  el tribunal arbitral emitirá una resolución estimatoria de los derechos laborales del demandante, la que tendrá los mismos efectos del laudo.

 

            ARTICULO 605. El proceso se substanciará por el sistema de audiencias orales dispuesto en el presente Código y en cuanto a la carga de la prueba, se estará a lo dispuesto en este ordenamiento procesal.

Se laudará en la forma y  términos  también previstos en este Código para el proceso ordinario. Contra el laudo únicamente cabrá recurso para ante la Sala de Casación competente para conocer la materia laboral[200] por vicios de orden formal o por conculcación de derechos indisponibles.

            Si procediere el recurso por la forma, se reenviará el proceso al tribunal arbitral para que repita el juicio y dicte nueva sentencia, para la cual no tendrá derecho a cobrar honorarios adicionales.

            Si se comprobare la violación de derechos indisponibles, la Sala hará en la misma sentencia la reposición que corresponda, cuando sea procedente.

 

            ARTICULO 606.  La sentencia arbitral, una vez firme, tendrá valor de cosa juzgada material; no requiere de protocolización y será ejecutable en la forma prevista en el procedimiento de ejecución.

           

ARTICULO 607. Lo relacionado con la contestación de la parte demandada y todas las demás cuestiones del proceso arbitral se regirán por las disposiciones de la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, encuanto no contraríen lo dispuesto en este Capítulo y en general los principios y normas del Derecho de Trabajo. El funcionamiento de los centro de arbitraje a que se refiere este Capítulo se regirá por lo que se establezca reglamentariamente.

 

ARTICULO 608. Se faculta al Colegio de Abogados para organizar  centros de arbitraje laboral, siempre y cuando sea  sin costo alguno para los trabajadores  y trabajadoras que se hallen en condiciones de recibir asistencia legal gratuita, según lo previsto en la Sección Segunda, Capítulo Segundo, de este Titulo.  Tales centros tendrán listas propias de árbitros y árbitras  y se regirán en todo lo demás por lo dispuesto en este Capítulo.

El funcionamiento de los centros de arbitraje, en general, se establecerá por reglamento.

           

CAPITULO XIII

DE LA SOLUCION DE  LOS CONFLICTOS COLECTIVOS DE CARÁCTER ECONOMICO Y SOCIAL Y DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE[201]

SECCION I

DE LOS MEDIOS DE SOLUCION

 

            ARTICULO 609. Son medios  de solución de los conflictos económicos y sociales generados en  las relaciones laborales, el arreglo directo, la conciliación y el arbitraje, los cuales deberán ajustarse, cuando se trate del sector público, a las disposiciones especiales aplicables a ese ámbito.[202]

 

 

      SECCION II

  DEL ARREGLO DIRECTO

            ARTICULO 610. Las partes empleadoras y trabajadoras,  tratarán de resolver sus diferencias de carácter económico y social por medio del arreglo directo, con la sola intervención de ellas o con la de cualesquiera otros amigables componedores o mediadores. Le corresponde al sindicato con la afiliación señalada en el artículo 370 de este Código y en su defecto a losConsejos o Comités Permanentes, que los trabajadores y trabajadoras pueden integrar en cada lugar de trabajo, en asamblea  debidamente convocada y mediante voto secreto, compuestos por no más de tres miembros, plantear a las personas empleadoras o a los representantes de éstas, verbalmente o por escrito, sus quejas o solicitudes. En dicha asamblea no podrán participar las personas trabajadoras indicados en el artículo 376. Harán siempre sus gestiones en forma atenta y cuando así procedieren, la parte empleadora  o su representante no podrá negarse a recibirlos, a la  brevedad que le sea posible.[203]

            Cada vez que se forme uno de dichos Consejos o Comités, sus miembros lo informarán así al Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dentro de los cinco días posteriores a su nombramiento, para efectos de su inscripción y registro.

 

            ARTICULO 611. Durante el proceso de negociación de una convención colectiva de trabajo o una vez iniciado el procedimiento de conciliación o arbitraje y durante la ejecución de una  huelga legal, sólo podrá suscribirse un arreglo directo con la organización o comité responsable de la negociación o del conflicto.

                       

            ARTICULO 612. Cuando las negociaciones conduzcan a la suscripción de un arreglo directo, se levantará acta de lo acordado y se enviará copia auténtica al Departamento de Relaciones de Trabajo, dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores a su firma, para su revisión y aprobación conforme a la ley. La remisión la harán los empleadores o empleadoras y, en su defecto, la parte trabajadora, directamente o por medio de la autoridad política o administrativa de trabajo local.

            En todo arreglo directo deberá indicarse su vigencia, que en ningún caso podrá ser menor de un año ni mayor de tres. En cada ocasión se prorrogará automáticamente por un período igual al estipulado, si ninguna de las partes lo denuncia con un mes de anticipación al respectivo vencimiento.

            El Inspector General de Trabajo velará porque estos acuerdos sean rigurosamente cumplidos por las partes. La contravención a lo pactado se sancionará en la forma establecida en este Título, tomando en cuenta, además de los presupuestos señalados para la fijación de la sanción, la situación de inferioridad o debilidad en que se puedan encontrar los trabajadores o trabajadoras, cuando  figuren como sujetos sancionables. Además, la parte que ha cumplido puede exigir ante los tribunales de trabajo, por el procedimiento señalado para la ejecución de las sentencias,  la ejecución del acuerdo o el pago de los daños y perjuicios que se les hubieren causado. 

 

SECCION III

DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN

 

            ARTICULO 613. Cuando en un centro de trabajo se produzca una cuestión susceptible degenerar una huelga o un paro patronal, el respectivo sindicato o sindicatos con la representatividad indicada en este Código estará legitimado para plantear el conflicto judicialmente o alternativamente ante el Departamento de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o bien ante el órgano conciliador que las partes designen a su costa.  Si no hubiere sindicato, la legitimación le corresponderá al comité permanente de trabajadores y trabajadoras, si lo hubiere. En defecto de esos órganos gremiales, los interesados nombrarán entre ellos una delegación con no más de tres miembros,[204] que deberán conocer muy bien las causas de la inconformidad y estar provistos de poder suficiente para firmar cualquier arreglo.

            Si hubiere una pluralidad de sindicatos, la representación la ejercerá el sindicato más representativo.

 

            ARTICULO 614. El sindicato, comité o delegados, en su caso, suscribirán por duplicado un pliego de las peticiones de orden económico y social. El original será entregado inmediatamente por los delegados a la otra parte afectada por la cuestión susceptible de provocar el conflicto. Si tuvieren dificultades para hacer la entrega, podrán requerir el auxilio del juzgado o de las autoridades administrativas de trabajo. [205]

Una copia será entregada directamente al órgano conciliador  competente, el cual deberá extender, si así se solicita, una constancia del recibido.

            En ese mismo pliego indicarán el nombre de una persona, la cual debe reunir los requisitos indicados en este Título, para que integre el tribunal de conciliación.

           

 

            ARTICULO 615. Desde el momento de la entrega del pliego de peticiones, se entenderá planteado el conflicto, para el solo efecto de que ninguna de las partes pueda tomar la menor represalia contra la otra, ni impedirle el ejercicio de sus derechos. El que infrinja esta disposición será sancionado de acuerdo con lo dispuesto en este Título, según la importancia de las represalias tomadas y el número de las personas afectadas por éstas y satisfacer los daños y perjuicios que cause.

            A partir del momento a que se refiere este artículo, toda terminación de contratos de trabajo, debe ser autorizada por el órgano que conoce del conflicto,según el procedimiento previsto en ese mismo Código para otorgar autorizaciones.

            Lo dispuesto en este artículo será aplicable durante la conciliación, el arbitraje, la huelga, o el procedimiento en el caso de convención colectiva fracasada.

 

            ARTICULO 616.  El pliego que se presente, expondrá claramente en

qué consisten las peticiones y a quien o a quienes se dirigen, cuáles son las quejas, el número de personas trabajadoras o de empleadoras que las apoyan, la situación exacta de los lugares de trabajo donde ha surgido la controversia, la cantidad de trabajadores que en estos prestan servicios, el nombre y el apellido de los delegados y la fecha.

            En el mismo pliego de peticiones los interesadosseñalarán para notificaciones en la forma establecida en la legislación sobre notificaciones.

 

            ARTICULO 617.  El órgano conciliador, en forma inmediata, excluirá las cuestiones constitutivas de conflictos jurídicos que según el Código no se puedan tratar en esta vía y notificará a la otra parte, por todos los medios a su alcance, que debe nombrar, dentro de tres días, una delegación en la forma prevista en la primera norma de esta Sección,así como la persona que propone como conciliadora. Asimismo, en la resolución inicial le advertirá  que debe cumplir con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo anterior.

Los señalamientos de notificaciones que haga la parte, serán válidos para los delegados propuestos.

            En el caso de que el órgano conciliador estime que el pliego contenga algún defecto, deberá prevenir a la parte solicitante su subsanación en un plazo no mayor de cinco días.[206]

           

ARTICULO 618. El empleador, empleadora  o su representante legal con facultades suficientes para obligarlo, pueden actuar personalmente y noa través de delegados, lo cual deberá hacerlo saber así al órgano conciliador.

 

            ARTICULO 619. El tribunal de conciliación estará integrado por los conciliadores propuestos por las partes y será presidido por  la persona titular  del respectivo despacho, por el funcionario competente del Departamento de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo o por el conciliador privado seleccionado por las partes.  Durante el período de conciliación no habrá recurso alguno contra las resoluciones del órgano conciliador, ni se admitirán recusaciones, excepciones dilatorias o incidentes de ninguna clase y las partes podrán designar cada una hasta tres asesores, para que las ayuden a cumplir mejor su cometido, pero su presencia no será requisito para realizar válidamente la conciliación.

           

ARTICULO 620. El órgano conciliador convocará a los interesados o delegaciones a una comparecencia, que se verificará en un plazo de ocho a quince días, según la complejidad del pliego, con absoluta preferencia a cualquier otro asunto.

            Dicho órgano podrá constituirse en el lugar del conflicto, si lo considera necesario.[207]

 

ARTICULO 621. Antes de la hora [208] señalada para la comparencia, el órgano conciliador oirá separadamente a los interesados o delegados de cada parte, y éstos responderán con precisión y amplitud a todas las preguntas que se les hagan.

            Una vez que hayan determinado bien las pretensiones de las partes en un acta lacónica, hará las deliberaciones necesarias y luego llamará a los delegados a dicha comparecencia, a efecto de proponerles los medios o bases generales del arreglo que su prudencia le dicte.

 

            ARTICULO 622. Es obligación de los interesados o delegados, asistir a las convocatorias que  realice el órgano. La parte empleadora tiene el deber de presentar a los delegados que haya designado. Cuando no se presenten todos los delegados de alguna de las partes, la actividad podrá realizarse válidamente con el número que se haya presentado, siempre y cuando ambas partes  tengan delegados o  haya representación de la empleadora cuado no actúe a través de delegados.

Si la conciliación no se pudiere llevar a cabo por ausencia injustificada de los  delegados  o del empleador, empleadora o de su representante en su caso, el conciliador levantará un acta en la cual dejará constancia de la razón por la cual no se llevó a cabo la actividad y dará por terminada su actuación y se tendrá para todos los efectos por agotada la etapa de la conciliación.

 

ARTICULO 623. La inasistencia injustificada a la diligencia de  conciliación y cualquier conducta tendiente a obstaculizarla, constituirá una infracción punible con multa de cinco a ocho salarios mensuales base. Para establecerla se tomará en cuenta la condición de la persona  de empleadora o de trabajadora y se aplicará lo dispuesto en los Títulos Sétimo y el presente.

En la misma resolución en que se dé por concluido el procedimiento conciliatorio, el órgano ordenará que se libre un  testimonio de piezas  para que se inicie el respectivo proceso sancionador.

 Se absolverá a los denunciados y se ordenará el archivo del expediente, cuando se demuestre motivos justos que impidieron en forma absoluta la asistencia.[209]

 

            ARTICULO 624. Si hubiere arreglo, se dará por terminado el conflicto y las partes quedarán obligadas a firmar y cumplir el convenio que se redacte, dentro del término que fije el órgano. La parte que se niegue a firmar el convenio, será sancionada con una multa que se fijará con base en la escala mayor de la tabla contenida en el artículo 401, para fijar la cual se tomará en cuenta la situación económica derivada de  la condición de las partes como empleadoras o  trabajadoras.

            ARTICULO 625. Una vez agotados los procedimientos de conciliación sin que los delegados hayan aceptado el arreglo o convenido en someter la disputa a arbitraje, el órgano levantará un informe, cuya copia remitirá al Departamento de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo  y Seguridad Social o éste, en su caso, conservará. Este informe contendrá la enumeración precisa de las causas del conflicto y de las recomendaciones que se hicieron a las partes para resolverlo; además, determinará cual de estas aceptó el arreglo o si las dos lo rechazaron y lo mismo respecto del arbitraje propuesto o insinuado.

 

            ARTICULO 626. El informe de que habla el artículo anterior o, en su caso, el  arreglo conciliatorio, será firmado por el conciliador o conciliadores y todos los demás comparecientes.

 

            ARTICULO 627. Si los delegados convinieren en someter la cuestión a arbitraje, todos los documentos, pruebas y actas que se hayan aportado o levantado durante la conciliación, servirán de base para el juicio correspondiente.

 

            ARTICULO 628. En ningún caso los procedimientos de conciliación podrán durar más de veinte días hábiles, [210] contados a partir del momento en que haya quedado legalmente constituido el órgano de conciliación.

            No obstante lo anterior, dicho órgano podrá ampliar este plazo hasta  por el tiempo que las partes convengan.

            [211]

 

            ARTICULO 629. En caso de que no hubiere arreglo ni compromiso de ir al arbitraje, el órgano dará por formalmente concluido el procedimiento  y los trabajadores y trabajadoras gozarán de un plazo de veinte días para declarar la huelga. Este término correrá a partir del día siguiente a aquel en que quede notificada la resolución final del procedimiento de calificación, cuando ellos hayan solicitado la calificación previa. Igual regla rige para los empleadores o empleadoras, pero el plazo se comenzará a contar desde el vencimiento del mes a que se refiere el artículo 388.[212]

 

SECCION IV

DEL PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE

 

            ARTICULO 630. El procedimiento de arbitraje se realizará en el mismo expediente de la conciliación, donde conste el compromiso arbitral, con los mismos delegados o interesados que intervinieron; peroantes de que los interesados sometan la resolución de una cuestión que pueda generar  huelga o paro al respectivo Tribunal de Arbitraje  deberán reanudar los trabajoso actividadesque se hubieren suspendido, lo cual deberá acreditarse al juzgado por cualquier medio. El arbitraje será judicial, pero, si existiere acuerdo entre las partes, alternativamente podrá constituirse como órgano arbitral al funcionario competente del Departamento de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del centro de arbitraje autorizado que se escoja. Si el arbitraje fuere judicial y la etapa conciliatoria se hubiere agotado administrativamente, el respectivo expediente deberá ser remitido al juzgado competente.

            La reanudación de labores se hará en las mismas condiciones existentes en el momento en que se presentó el pliego de peticiones a que se refiere el artículo 615, o en cualesquiera otras más favorables para los trabajadores y trabajadoras.

             Valdrá para el arbitraje el señalamiento de medio o lugar para notificaciones hecho en la conciliación.

 

            ARTICULO 631. Dentro de los ocho días siguientes a la terminación de la conciliación, cada una de las partes designará a una persona como árbitro o árbitra.

            El arbitramento deberá ser de derecho en los asuntos en que intervengan las administraciones públicas.

            Las reglas del párrafo anterior y las siguientes de esa Sección, se aplicarán también a aquellos casos en que se prohíbe la huelga o el paro y es obligatorio el arbitraje.

 

            ARTICULO 632. El Tribunal de Arbitraje estará constituido  por los dos personas propuestas al efecto por las partes interesadas y por el o la titular del juzgado  de trabajo, funcionario administrativo competente o del centro de arbitraje elegido, en su caso, quien lo presidirá. Recibida la comunicación se dará traslado a los delegados o a la parte acerca de la integración del tribunal por tres días, para que formulen las recusaciones y  excepciones dilatorias que crean de su derecho.  Transcurrido ese término no podrá abrirse más discusión sobre dichos extremos, ni aún cuando se trate de incompetencia por razones de jurisdicción. Quedan a salvo las recusaciones que se interpongan en segunda instancia.

            Antes de que venza la referida audiencia, los miembros del Tribunal que tengan  motivo de impedimento o causal de excusa y conozcan uno u otra, harán forzosamente la manifestación escrita correspondiente, bajo pena de destitución si no lo hicieren o lo hicieren con posterioridad.

           

            ARTICULO 633. El proceso se substanciará por el sistema de audiencias orales, de acuerdo con lo dispuesto en este mismo Código.

Una vez resueltas las cuestiones que se hubieren planteado y hechas las sustituciones del caso,el Tribunal de Arbitraje oirá a los delegados de las partes separadamente o en comparecencias, haciendo uso de las facultades de investigación que le otorga este Código; interrogará personalmente a los empleadores o empleadoras y a los o empleadoras en conflicto, sobre los asuntos que juzgue necesario aclarar; de oficio o  a solicitud de los delegados; ordenará la evacuación rápida de las diligencias probatorias que estime convenientes y, especialmente, procurará hacerse asesorar por los funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o bien por expertos, sobre las diversas materias sometidas a  su resolución. No tendrán recurso sus autos o providencias.

            Los honorarios de estos últimos los cubrirá el Poder Judicial o el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, según sea el caso.[213]

 

            ARTICULO 634. Si alguna de las partes no hiciere oportunamente la designación de la persona que arbitrará o no depositare los honorarios que se hubieren fijado para la persona por ella propuesta, cuando le corresponda asumirlos, el o la titular del juzgado de trabajo se constituirá de pleno derecho, sin necesidad de resolución expresa, en árbitro o árbitra unipersonal. 

 

            ARTICULO 635. Lasentencia resolverá por separado las peticiones de derecho, de las que importen reivindicaciones económico sociales que la ley no imponga o determine y que estén entregadas a la voluntad de las partes en conflicto.  En cuanto a éstas últimas, podrá el tribunal de arbitraje resolver con entera libertad y en conciencia, negando o accediendo, total o parcialmente, lo pedido o inclusive modificando su formulación.[214]

            Corresponderá preferentemente  la fijación de los puntos de hecho a los representantes de las partes empleadoras y de trabajadoras y la declaratoria del derecho que sea su consecuencia a los jueces de trabajo o al funcionario administrativo competente, según sea el caso,  pero si aquellos no lograren ponerse de acuerdo decidirá la discordia quien presida o coordine el tribunal.[215]

            Se dejará constancia por separado en el fallo de las causas principales que han dado origen al conflicto, de las recomendaciones que el tribunal hace para subsanarlas  y evitar controversias similares en el futuro y de las omisiones o defectos que se notan en la ley o en los reglamentos aplicables.

 

            ARTICULO 636. El fallo podrá ser recurrido por las partes ante el tribunal  de apelaciones del Segundo Circuito Judicial de San José (Goicoechea), [216]con invocación, en forma puntual, de los agravios que este último órgano debe resolver. Se autoriza a la Corte Suprema de Justicia para variar esta atribución de competencia, cuando las circunstancias lo ameriten.

El tribunal dictará sentencia definitiva dentro de los quince días siguientes al recibo de los autos, salvo que ordene alguna prueba para mejor proveer, la cual deberá evacuarse antes de doce días. [217]

 

ARTICULO 637. La sentencia arbitral será obligatoria para las partes por el plazo que ella determine, el cual no podrá ser inferior ados años.[218]

Las partes pueden pedir al respectivo juzgado de trabajo la ejecución  de los extremos líquidos o liquidables, por los trámites de la ejecución de sentencia previstos en este mismo Código.

 

ARTICULO 638. Mientras no haya incumplimiento del fallo arbitral, no podrán plantearse procedimientos de solución de conflictos económicos y sociales a que se refiere este Códigosobre las materias que dieron origen al juicio, a menos que el alza del costo de la vida, la baja del valor del colón u otros factores análogos,  que los tribunales de trabajo apreciarán en cada oportunidad, alteren sensiblemente las condiciones económico-sociales vigentes en el momento de dictar la sentencia.

De todo fallo arbitral firme se enviará copia certificada  a la Inspección General de Trabajo.

 

SECCION V

DEL PROCEDIMIENTO EN EL CASO DE INICIATIVAS DE CONVECCION COLECTIVA FRACASADAS

 

ARTICULO 639.  Para la celebración de las convenciones se estará a lo dispuesto en el  Título II de este Código.

 Transcurrido el plazo de treinta días de que habla el artículo 56, párrafo 2º, inciso d), [219]la resolución del punto o puntos en discordia sobre los que no hubiere habido acuerdo pleno, se hará  mediante el procedimiento regulado en este Capítulo, con las particularidades señaladas en esta Sección, salvo que las partes decidan someterlo directamente a arbitraje.

 La parte interesada tendrá quince días hábiles para solicitar la intervención del órgano conciliador o arbitral, según sea el acuerdo de las partes.

 

            ARTICULO 640. Se tendrá como base el pliego de peticiones presentado para la discusión, del cual deberá acompañarse una copia con la solicitud inicial. Además, en esa misma petición,  se indicará el nombre de la persona que fungirá como conciliadora o árbitra de la parte, según sea el caso,  y de sus delegados o delegadas y se señalará lugar o medio para notificaciones. En todo lo demás que resulte pertinente, se aplicará lo dispuesto en  este capítulo.

 

            ARTICULO 641. El respectivo órgano pondrá la solicitud en conocimiento de la otra parte interesada y le prevendrá que dentro de tres  días indique el nombre de la persona que actuará como su conciliadora o árbitra y de los delegados o delegadas, así como señalar lugar o medio para notificaciones.

 

            ARTICULO 642. Se aplicarán en lo pertinente las disposiciones de la Sección anterior, inclusive en cuanto a los efectos de la omisión de nombrar la persona que arbitrará o de depositar los honorarios fijados.

 

ARTICULO 643.  Si la desavenencia fuere solo parcial, lo que se acuerde ante el órgano conciliador o resuelva el órgano arbitral se considerará como parte de la convención, la cual entrará en vigencia según lo establecido en ella o bien conforme a lo dispuesto en el arreglo conciliatorio o laudo arbitral, según sea el caso.

           

SECCION VI

DISPOSICIONES COMUNES A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCILIACIÓN Y DE ARBITRAJE

 

 

ARTICULO 644.  Las personas que propongan los interesados como conciliadoras o árbitras deberán ser mayores de veinticinco años, saber leer y escribir, ser de buena conducta, ciudadanos en ejercicio y encontrarse libres de las causales de excusa o inhibitoria previstas para los jueces.

 

ARTICULO 645. Las personas indicadas en el artículo anterior devengarán por cada sesión que celebren, una dieta calculada de acuerdo con el salario básico de juez  conciliador. Los honorarios del arbitraje y conciliación a cargo de la parte trabajadora los cubrirá el Estado. La parte empleadora asumirá el costo de los que proponga. En uno y otro caso, los emolumentos deberán depositarse dentro de los tres días siguientes a la fecha  en que se le notifique la respectiva prevención, salvo que el interesado releve, dentro de ese mismo término, en forma expresa, a la parte del depósito, lo cual hará bajo su responsabilidad.

 La fijación la hará el órgano respectivo en forma prudencial una vez recibidas las respectivas comunicaciones, calculando, moderada y  prudencialmente el tiempo que consumirán las audiencias necesarias para la substanciación del proceso.

No obstante lo indicado en el párrafo primero, los honorarios de los conciliadores y árbitros de los trabajadores o trabajadoras podrán ser cubiertos con el producto del Fondo de Apoyo a la Solución Alterna de Conflictos que se crea por esta ley, de acuerdo con lo que se disponga en  el reglamento que se dicte. 

Quienes funjan como árbitros o árbitras no deberán rendir caución y, una vez aceptado, el cargo será obligatorio y compatible con cualquier otro empleo, salvo el caso de prohibiciones o limitaciones que resulten de la ley para los servidores públicos.

 

ARTICULO 646. Los órganos de conciliación y de arbitraje tienen la más amplia facultad para obtener de las partes todos los datos e informes necesarios para el desempeño de su cometido, los que no podrán divulgar  sin previa autorización de quien los haya dado. La infracción a esta disposición será sancionada de acuerdo con lo dispuesto en el Libro de las Contravenciones del Código Penal (divulgación de documentos secretos que no afecten la seguridad nacional)[220]     

Cada litigante queda obligado, bajo el apercibimiento de tener por ciertas y eficaces las afirmaciones correspondientes de la otra parte, a facilitar por todos los medios a su alcance la realización de estas investigaciones.

 

ARTICULO 647. Podrán también los miembros de esos órganos visitar y examinar los lugares de trabajo, exigir de todas las autoridades, comisiones técnicas, instituciones y personas, la contestación de los cuestionarios o preguntas que crean conveniente formularles  para el mejor esclarecimiento de las causas del conflicto. El entorpecimiento o la negativa de ayuda, podrá ser sancionada según lo dispuesto en el Libro de las Contravenciones del Código Penal  (falta de ayuda a la autoridad).

 

ARTICULO 648.  Toda diligencia que practiquen los órganos de conciliación y arbitraje se extenderá por escrito en el acto mismo de llevarse a cabo y será, previa lectura, firmada por sus miembros y las personas que han intervenido en ella, debiendo mencionarse el lugar, hora y día de la práctica, el nombre de las personas que asistieron y demás indicaciones pertinentes.

Se anotarán las observaciones de los asistentes sobre la exactitud de lo consignado   y cuando alguno rehusare firmar, se pondrá razón del motivo que alegare para no hacerlo.

 

ARTUCULO 649. Quienes presidan o coordinen  de los órganos de conciliación y de arbitraje tendrán facultades para notificar y citar a las partes o a los delegados de éstas por medio de las autoridades judiciales, de policía o de trabajo, de telegramas y cualquier otra forma que las circunstancias y su buen criterio le indique como segura. Estas diligencias no estarán sujetas a más formalidad que la constancia que se pondrá en autos de haber sido realizadas y, salvo prueba fehaciente en contrario, se tendrán por auténticas.

 

ARTICULO 650. Los órganos de conciliación y de arbitraje apreciarán las pruebas que ordenen según las reglas dispuestas en este mismo Código.[221]

 

ARTICULO 651. Las deliberaciones de los conciliadores y de los tribunales de arbitraje serán secretas. La presidencia hará señalamiento para recibir las votaciones. El voto de quien preside se tendrá como doble en los casos en que  no hubiere mayoría de votos conformes de toda conformidad.

La redacción de todas las resoluciones corresponderá siempre, en el caso de órganos colegiados, a quien lo preside.

 

ARTICULO 652. En los procesos a que se refiere este Capítulo, cada una de las partes asumirá todos los gastos legales  que demande su tramitación, excepto en el arbitraje si en el laudo se establece lo contrario. [222]

 

ARTICULO 653.Se autoriza el funcionamiento de centros privados de conciliación laboral, los cuales deberán ser autorizados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de la reglamentación que al efecto se dicte.

 

CAPITULO XIV

CALIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS  HUELGUISTICOS Y DE PARO[223]

 

ARTICULO 654. Podrá ser objeto de calificación, para  establecer su legalidad o ilegalidad, tanto  el movimiento de huelga o de paro sobre el que hubiere fracasado el procedimiento de conciliación, como cualquier otro hecho  o movimiento realizado en el sector privado o público, al margen de ese procedimiento, que implique una u otra cosa. Se incluyen dentro de ese supuesto las suspensiones del trabajo, el trabajo a reglamento y cualquier otra situación de hecho constitutiva de presión.

 

ARTICULO 655. Podrá pedir la calificación toda persona que tenga un interés legítimo.      

 

ARTICULO 656. La calificación debe pedirse en cualquier tiempo mientras subsistan los hechos constitutivos de medidas  de presión o a más tardar dentro  ocho días después de concluida la situación.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 663, sólo podrá intentarse un único proceso de calificación por el mismo movimiento o hechos, siempre que se trate de un mismo empleador o empleadora, aunque tenga lugar en todo el territorio nacional o en determinadas regiones, sin perjuicio de que si se produjere únicamente  en un centro de trabajo, se circunscribirá la calificación a ese centro.

 

ARTICULO 657. En la solicitud inicial se indicará:

1. El nombre, calidades, documento de identificación y domicilio del solicitante, así como el carácter en que actúa.

2.  Las causas o motivos del movimiento, cuando respecto de ése hubiere antecedido procedimiento de conciliación.

3. En los demás casos, una descripción detallada de los hechos de presión  y la indicación de la organización, comités, representantes o personas que dirigen el movimiento.

4. Indicación de los medios de prueba.

5. Señalamiento de lugar o medio para notificaciones.

 

ARTICULO 658. Se tendrá como contradictor en el proceso a la respectiva organización sindical, al comité permanente de trabajadores y trabajadoras o a los representantes  o delegados electos, o al empleador o empleadores, según el caso. Las organizaciones sindicales se tendrán como legalmente notificadas en su domicilio social o por medio de sus respectivos representantes legales. A los comités, se les notificará en la persona de cualquiera de sus miembros. Y a los o las representantes  de los trabajadores o trabajadoras o delegados electos, se les deberá notificar personalmente. La notificación podrá hacerse también en las respectivas casas de habitación. A todos se les advertirá de su derecho de apersonarse al proceso dentro de tercero día alegando lo que sea de su interés ofreciendo la prueba pertinente, y de presenciar y participar en la recepción de las pruebas ofrecidas; y de su obligación de señalar lugar o medio para notificaciones, con las implicaciones que la negativa puede tener.

Si hubiere dificultad, se dejará constancia en el expediente de la situación y la notificación  se llevará a cabo mediante una publicación en uno de los diarios de circulación nacional. 

 

ARTICULO 659.  Las pruebas deben referirse únicamente a los requisitos legales necesarios para la calificación y a los hechos relacionados con ellos. Deberán  rendirse en audiencia oral sumarísima, salvo la documental, si la hubiere,  y la constatación del apoyo al movimiento, la cual deberá hacerse, cuando así se pidiere, con intervención de la persona titular del juzgado, en votación secreta.

En el caso de la calificación previa, la constatación del apoyo se hará mediante la certificación del resultado de la asamblea general del sindicato o sindicatos respectivos o bien, por medio de las actas de votación según sea el caso.

La constatación de otros hechos relevantes en el sitio, lo hará el juez sumariamente de manera inmediata. En casos muy calificados y con el propósito de cubrir distintos centros de trabajo, podrá delegar la práctica a jueces de otra circunscripción, mediante comunicación escrita o electrónica. Si fuere necesario, podrá auxiliarlo en la práctica otro juez o jueza del mismo despacho o el  que se designe.

Para efectos de la constatación del apoyo se tendrá como trabajadores o trabajadoras de la empresa las personas que hubiesen sido despedidas del trabajo sin autorización después de iniciado el procedimiento de conciliación  y no se computarán como tales los trabajadores indicados en el artículo 376.

 

  ARTICULO 660. Las autoridades policiales y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tendrán obligación de colaborar con los órganos jurisdiccionales cuando éstos así lo soliciten. 

 

ARTICULO 661. El órgano jurisdiccional sólo admitirá las pruebas que sean estrictamente necesarias y rechazará las que resulten repetidas, abundantes  o impertinentes. En la práctica de la audiencia podrá posponer la recepción de ciertas probanzas y trasladar la continuación de la audiencia a otro sitio o lugar, si fuere necesario. Al disponerlo lo advertirá  así a las partes en forma clara, de lo cual se dejará constancia en el acta.  Igualmente rechazará toda probanza que no conduzca a la comprobación los requisitos o hechos indicados en el artículo tras anterior.

El juzgado tomará todas las providencias para que el proceso no sufra atraso, dándole total prioridad y asumiendo personalmente la vigilancia y el control necesarios para la eficiencia de los actos que lo integran.

 

ARTICULO 662. Cuando no hubiere prueba que deba recibirse en audiencia, la sentencia se dictará dentro de los cinco días siguientes a la substanciación de los autos. En el caso contrario, se estará a lo dispuesto para el dictado de la sentencia en el proceso con audiencia; pero el plazo máximo para el dictado de la sentencia se reduce a cinco días.

   

ARTICULO 663. Durante la tramitación del proceso no será admisible ninguna apelación. Únicamente la sentencia será recurrible para ante el tribunal de apelaciones de trabajo de la respectiva circunscripción territorial [224] y lo que se resuelva en definitiva no será revisable en ningún otro procedimiento. Es aplicable a este proceso lo dispuesto sobre la apelación reservada contra las resoluciones que denieguen nulidades o rechacen pruebas.

Lo fallado hace estado sobre la legalidad del movimiento o hechos discutidos en el proceso, según las causas o motivos que sirvieron de base. El cambio de esas causas o motivos que posteriormente pueda llegarse a operar, podrá ser objeto de un nuevo proceso de calificación, si en ello hubiere interés.

De toda sentencia de calificación se enviará copia a la Oficina de Estadísticas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

 

CAPITULO XV

DEL JUZGAMIENTO DE LAS FALTAS COMETIDAS CONTRA LAS LEYES DE TRABAJO O DE PREVISIÓN SOCIAL

 

ARTICULO 664. El procedimiento para juzgar las infracciones contra las leyes de trabajo y de previsión social, deberá iniciarse mediante acusación. Están legitimados para accionar las personas o instituciones públicas perjudicadas, las organizaciones de protección de las personas  trabajadoras y sindicales y las autoridades de la  Dirección Nacional e Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.[225]

Cuando los particulares o cualquier autoridad sean conocedores de eventuales infracciones a dichas leyes, lo pondrán en conocimiento de las instituciones afectadas  y de las citadas autoridades, para lo que proceda.

La autoridad judicial que hubiere hecho una denuncia, tendrá impedimento para conocer de la causa que pueda llegar a establecerse.

Tienen obligación de acusar, sin que por ello incurran en responsabilidad, las autoridades administrativas de trabajo que en el ejercicio de sus funciones tuvieren conocimiento de alguna de dichas infracciones.

El acusador se tendrá como parte en el proceso, para todos los efectos.

Únicamente para las autoridades administrativas de trabajo, será necesario agotar los procedimientos de inspección administrativos, para interponer la  respectiva acción ante  el tribunal de trabajo competente.

 

 ARTICULO 665. La acusación deberá presentarse en forma escrita, ante el órgano jurisdiccional competente, cumpliendo los siguientes requisitos:

1. El nombre completo del acusador, su domicilio, número de documento de identidad  y su domicilio. Si se tratare de un representante, deberá indicar el carácter en que comparece y presentar el documento que lo acredite.

2. Una relación detallada de los hechos, con expresión del lugar, día, hora y año en que ocurrieron, y si se trata de situaciones continuadas, deberá indicarse el estado de esto último y si ya ha cesado, la fecha en que la cesación tuvo lugar.

3. Nombre de los responsables de la falta o el de los colaboradores, si los hubiere, y si se tratare de representantes o directores de una persona jurídica u organización social, el nombre de esta última. En todo caso deberá indicarse la dirección exacta del denunciado, donde se le pueda localizar. Las personas jurídicas deberán ser notificadas en su sede social.

4. Los elementos de prueba que a juicio del exponente conduzca a la comprobación de la falta, a la determinación de su naturaleza o gravedad y a la determinación de la responsabilidad.

5. Lugar o medio para notificaciones y la firma del acusador debidamente autenticada.

 

ARTICULO 666. Si la acusación no estuviere en forma, se prevendrá la subsanación que corresponda y se le dará al asunto el mismo tratamiento previsto para esos casos en el proceso ordinario.[226]

 

ARTICULO 667. Si la acusación estuviere en forma, el juzgado dictará una resolución con el siguiente contenido:

1°) Admisión del proceso para su trámite.

2°) Intimación al acusado, indicándole en forma puntual los hechos endilgados por los cuales se le procesa y el fundamento jurídico de la acusación.

3°) Convocatoria a las  partes a una audiencia, previniéndoles que deben acudir a ella con las pruebas que a cada una le interesen. Al respecto se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en relación con la convocatoria de la audiencia en el proceso ordinario.

4°) Advertencia al acusado de que puede designar una persona profesional en derecho como defensora.

5°) Prevención de señalar lugar o medio para notificaciones.

Cuando para algún acto procesal fuere necesario citar a alguna persona, la autoridad judicial ordenará su citación mediante carta certificada, telegrama con aviso de entrega, teléfono o cualquier otro medio que garantice la autenticidad del mensaje, advirtiendo que si la orden no se obedece, la persona podrá ser conducida por la fuerza pública.

  Cuando la parte acusa  no provee su defensa, esta le será suministrada por la asistencia social, pero deberá cubrir el costo si no reúne los requisitos para recibir esa asistencia en forma gratuita .

ARTICULO 668. En la primera fase de la audiencia se procurará una solución conciliada, procurando el acuerdo entre las partes. Ese tipo de solución  sólo será promovida  cuando el posible arreglo no implique una infracción a las disposiciones de trabajo y de previsión social y los acuerdos sólo serán válidos y homologables si no son contrarios a derechos irrenunciables de las partes o en cualquier otra forma violatorios de dichas disposiciones.

 En cuanto a los efectos  y ejecución del acuerdo, se estará a lo ya dispuesto en este Título. Los hechos que sirvieron de sustento a la acusación  no podrán invocarse nuevamente como causa de infracción.[227]

 

ARTICULO 669. Cuando el intento de conciliación fracasare, así como en los casos en que no procede ese trámite, se continuará con la segunda fase de la audiencia.

  De inmediato  se le leerán al acusado los cargos que se le imputan y se le oirá. Si los acepta, se dictará sentencia sin más trámite.

 En el caso contrario, de seguido se le dará la palabra a las partes acusadora y acusada y  se recibirán  las pruebas admitidas; finalmente, previo alegato de conclusiones, se dictará y notificará la sentencia, en la forma y  términos previstos  para el acto de la audiencia del proceso ordinario.

 Se podrá prorrogar la audiencia, según lo previsto en ese mismo proceso, para recibir prueba complementaria o para mejor proveer que disponga el juzgado, de oficio o a pedido de alguna de las partes.[228]

 

ARTICULO 670. Cuando el infractor no se presentare voluntariamente a la audiencia, podrá hacérsele comparecer por medio de la fuerza pública a una segunda audiencia.

Si aún así no compareciere, se recibirán las pruebas ofrecidas en la acusación y se dictará sentencia.

 

 ARTICULO 671. Las organizaciones sociales y en general las personas jurídicas a cuyo nombre se realizó la actuación reputada como infractora de las leyes de trabajo y seguridad social, serán citadas como responsables directas de las faltas y eventuales responsables solidarias de las resultas económicas del proceso.

 

ARTICULO 672. La sentencia condenatoria ineludiblemente  contendrá:

1. El monto de la multa impuesta en valor monetario  y el número de salarios tomados en cuenta para establecerla.

2. Indicación de que el monto respectivo debe ser pagado dentro de los cinco días siguientes a la firmeza del fallo, en el lugar indicado en este mismo Código.

3. La condenatoria al infractor, organización social o persona jurídica en su caso,  del pago de los daños y perjuicios irrogados y las costas causadas; extremos todos de los cuales se responderá solidariamente.

4. Las medidas o disposiciones necesarias para la restitución de los derechos violados.

5. Las medidas que estime necesarias para la reparación de los daños y perjuicios causados y la restitución de todos los derechos violados, todo lo cual se hará por los trámites de la ejecución de sentencia.

 

 

ARTICULO 673. En este procedimiento sólo serán apelables las resoluciones que orden el rechazo de plano o el archivo del expediente y las que denieguen pruebas o nulidades pedidas; pero en estos dos últimos supuestos se tendrán como reservadas y sólo serán tomadas en cuenta según está previsto en este Código.

La sentencia produce cosa juzgada material y será recurrible para ante el Tribunal Apelaciones de Trabajo.

 En materia de medios de impugnación y recursos, se estará en un todo a lo dispuesto en este mismo Código; pero la sentencia del juzgado será revisada integralmente por el órgano de apelación, a cuyo efecto las partes podrán ofrecer las pruebas de su interés,  cuya admisibilidad valorará el tribunal, las cuales se restringirán a los temas que son materia o contenido de agravios invocados en el recurso. Cuando proceda se evacuarán en audiencia. La sentencia de segunda instancia se dictará en la misma forma y términos previstos para la sentencia del proceso ordinario.[229]

 

ARTICULO 674. Las multas se cancelarán en uno de los bancos del sistema bancario nacional, a la orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en una cuenta que el banco indicará al efecto. Dicho monto se incluirá en el presupuesto nacional de la República, para que se gire a favor de dicho Ministerio, el que, a su vez lo distribuirá en la siguiente forma:

a) Un cincuenta por ciento (50%) del total recaudado en una cuenta especial  de la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo, con el fin de mejorar los sistemas de inspección.

b)El cincuenta por ciento (50%) restante será transferido directamente  a nombre del Régimen no Contributivo de la Caja Costarricense del Seguro Social.

Si la multa no fuere pagada oportunamente, la Dirección de Inspección de Trabajo podrá gestionar en el proceso, por el trámite de apremio, el pago de la misma. También se le considerará legitimada para promover el embargo y remate de bienes, en el caso de que no hubiere figurado como parte en la fase anterior del proceso, así como para gestionar en cualquier otra vía de ejecución.

 

 

ARTICULO 675. La revisión de las sentencias condenatorias por infracciones a las leyes de trabajo y seguridad social, se regirá, en lo pertinente, por lo que al respecto dispone la legislación procesal penal.[230]

 

ARTICULO 676. De toda sentencia firme que se dicte en materia de faltas o infracciones reguladas en este Título, se  remitirá copia literal a la Inspección General de Trabajo  y también  a la respectiva institución de seguridad social, cuando verse sobre infracciones a las leyes sobre los seguros que administra, salvo que haya figurado como parte en el proceso”.

 

Artículo 2°. El actual Título VIII del Código de Trabajo, “Del Régimen de los Servidores del Estado y de sus Instituciones”, pasa a ser, con esa misma denominación, el Título XI de ese mismo Código, con las modificaciones que a continuación se indican:

“TITULO XI

DEL REGIMEN LABORAL DE LOS SERVIDORES DEL ESTADO Y DE SUS INSTITUCIONES

 

CAPITULO I

 

DISPOSICIONES GENERALES

 

            ARTICULO 677. Trabajadora del Estado, de sus instituciones u órganos, es toda persona que preste a aquel o a éstos, un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido por autoridad o funcionario competente o en virtud de un contrato de trabajo en los casos regidos por el derecho privado.

            Los servidores de naturaleza pública se rigen por las normas estatutarias correspondientes, leyes especiales y normas reglamentarias  aplicables y por este Código en todo lo no contemplado en esas otras disposiciones. Las relaciones con las personas trabajadoras en régimen privado se regirán por el derecho laboral común y disposiciones conexas, salvo que la ley disponga otra cosa.  También podrán aplicarse    arreglos directos, conciliaciones, convenciones colectivas y laudos, siempre y cuando se concluyan o dicten con respeto a lo dispuesto en este Código y las limitaciones que resulten de este Título.

 

            ARTICULO 678. El concepto del artículo anterior  comprende, en cuanto al pago de prestaciones que prevén los artículos 28, 29 y 31, en su caso, a todos los servidores públicos, con las excepciones que resulten de este Código y de leyes o disposiciones especiales.

            En particular se excluyen de dicho pago:

1. El Presidente o la Presidenta, Vicepresidentes o Vicepresidentas de la República.

2. Las diputadas, diputados, alcaldes municipales, regidores municipales y cualquier otro servidor público de elección popular.

3. Los Ministros o Ministras, Viceministros o Viciministras y Oficiales Mayores.

4. Los Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo de Elecciones; las personas que integren el Consejo Superior del Poder Judicial; y el Jefe del Ministerio Público.

5. El Contralor o Contralora y el  Subcontralor o Subcontralora General de las República, y quien ocupe el cargo de Regulador General de los Servicios Públicos.

6. El Defensor o Defensora y el Defensor Adjunto o Defensora Adjunta de los Habitantes.

7. La Procuradora o Procurador General de la República y la persona que ocupe la Procuraduría  General Adjunta de la República.

            8. Quienes ocupen la presidencia ejecutiva y la gerencia de las instituciones autónomas y semiautónomas.

9. Las personas que ocupen las juntas directivas de las instituciones autónomas y semiautónomas ; miembros de las juntas de educación y patronatos escolares; y en general todos los miembros directivos de juntas, entidades u organismos, dependientes o relacionados con los poderes del Estado.

 10. Las personas que, sin relación de subordinación, reciban del Estado, de sus instituciones u organismos, subvenciones, auxilios, honorarios o alguna remuneración con otra denominación, por labores de cualquier naturaleza.[231]

 

  ARTICULO 679. Las personas exceptuadas en el artículo anterior, no se regirán por las disposiciones de este Código, sino únicamente por las que establezcan leyes, decretos o acuerdos especiales. Sin embargo, con excepción de las personas que ocupen cargos de elección popular, tendrán derecho al pago de cesantía si se jubilaren o pensionaren, o fallecieren en el cargo, sin perjuicio de lo que dispongan leyes especiales.[232]

             

            ARTICULO 680.  En el caso de haber causa justificada para el despido, los servidores indicados en el artículo inicial de este Título no tendrán derecho a las indemnizaciones señaladas, con las excepciones que admitan leyes especiales, reglamentos autónomos de trabajo o acuerdos colectivos concluidos conforme con lo dispuesto en este Código. La causa justificada se calificará y determinará  de conformidad con el artículo 81 y 369 de este Código y de acuerdo con lo que sobre el particular dispongan leyes, decretos o reglamentos interiores de trabajo, relativos a las dependencias del Estado en que laboren dichos servidores.

            Los procesos disciplinarios pendientes contra un servidor público que renuncie o se jubile deberán continuar y se suspenderá el pago de  la cesantía que pudiere corresponderle, la cual solo se hará efectiva cuando se declare la improcedencia del despido sin responsabilidad para la parte  empleadora.

 

            ARTICULO 681. Los servidores públicos que reciban auxilio de cesantía, no podrán ocupar cargos remunerados en ninguna dependencia del Estado, durante un tiempo igual al representado por la suma recibida por dicho concepto o bajo otro título, por indemnización, reconocimiento de antigüedad o  cualquier otra prestación similar pagada por la parte  empleadora que se origine en la terminación de la relación de servicio, con excepción de los fondos de capitalización laboral. Si dentro de ese lapso llegaren a aceptar algún cargo, quedarán obligados a reintegrar al Tesoro Público las sumas recibidas, deduciendo aquellas que representen los salarios que hubieran devengado durante el tiempo en que permanecieron cesantes.

            La Procuraduría General de la República procederá al cobro de las sumas  que deban reintegrarse, por contravención a la prohibición establecida en el párrafo anterior, con fundamento en certificaciones extendidas por las oficinas correspondientes. Tales certificaciones tendrán el carácter de título ejecutivo por el monto resultante de la liquidación que haga la Administración.

 

            ARTICULO 682. Las personas trabajadoras a que se refiere el artículo inicial de este Título que no tengan derecho de estabilidad en sus puestos de trabajo, sólo podrán ser despedidos sin justa causa, expidiendo simultáneamente la orden de pago de las prestaciones que le correspondan. El acuerdo de despido y la orden de pago deberán publicarse en la misma fecha en el Diario Oficial.

 

CAPITULO II

DE LA SOLUCION DE LOS CONFLICTOS ECONOMICOS Y SOCIALES Y DE LAS CONVENCIONES COLECTIVAS EN EL SECTOR PUBLICO

 

SECCION I

AMBITO SUBJETIVO Y OBJETIVO

 

ARTICULO 683. Serán válidos el arreglo directo, las  conciliaciones y los laudos arbitrales para la solución de los conflictos económicos y sociales de los trabajadores y trabajadores del sector público, así como las convenciones colectivas, siempre y cuando se ajusten a las siguientes disposiciones.   

 

ARTICULO 684. Todas las personas trabajadoras de dicho sector tienen derecho a una solución negociada o arbitrada, salvo:

1.  Los excepcionados en el artículo 678 de este Código.

2. Las personas que funjan como Directoras  y subdirectoras generales o ejecutivas, auditoras y subauditoras, subgerentes, jerarcas de las dependencias internas encargadas de la gestión de ingresos o egresos públicos, funcionarias de asesoría y de fiscalización legal superior que participen directamente en la negociación.

3. El personal indicado en los artículos 3, 4 y 5 del Estatuto del Servicio Civil, con la salvedad de las personas que ocupan puestos en forma interina, los maestros de enseñanza primaria interinos o aspirantes y los profesores de segunda enseñanza interinos o aspirantes y los pagados por servicios o fondos especiales contemplados en las relación de puestos de la Ley de Presupuesto, contratados por obra determinada, quienes sí podrán derivar derechos de las convenciones colectivas a que se refiere esta ley.

 

ARTICULO 685. Con las limitaciones a que se hará referencia, pueden ser objeto de solución en la forma dicha, las siguientes materias:[233]

a)       Derechos y garantías sindicales tanto para los dirigentes de las organizaciones como para los mismos sindicatos en cuanto personas jurídicas de duración indefinida. Estos derechos y garantías comprenden los de reunión, facilidades para el uso de locales, permisos para dirigentes con y sin goce salario, facilidades para la divulgación de actividades, lo mismo que cualquier otra contenida en la Recomendación Nº 143 de la Organización Internacional del Trabajo o en las recomendaciones puntuales del Comité de Libertad Sindical de esta última organización. Es entendido que la aplicación de las garantías aquí mencionadas no deberá alterar en forma grave o imprudente el funcionamiento eficiente ni la continuidad de los servicios esenciales de cada institución o dependencia.

b)       Todo lo relacionado con la aplicación, interpretación y reglamentación de las normas de derecho colectivo vigentes.

c)        El régimen disciplinario, siempre y cuando no se haga renuncia expresa o tácita ni delegación de las facultades legales o reglamentarias otorgadas en esta materia a los jerarcas de las instituciones o dependencias.

d)      La regulación y fiscalización de los regímenes de ingreso, promoción y carreras profesional, sin perjuicio de lo que establezcan las normas legales y reglamentarias que existan en cada institución o dependencia, las cuales serán de acatamiento obligatorio.

e)       La elaboración interna de manuales descriptivos de puestos y la aplicación de procedimientos internos para la asignación, reasignación, recalificación y reestructuración de puestos, dentro de los límites que establezcan las directrices generales del Poder Ejecutivo, las normas del Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento u otras normas estatutarias. Es entendido que cualquier decisión adoptada en este campo, que no contravenga expresamente lo dispuesto por las directrices generales del Poder Ejecutivo, no podrá ser en ningún caso objetada por las autoridades externas de control ni por la Autoridad Presupuestaria.

f)         Las medidas de seguridad e higiene y de salud ocupacional, así como medidas precautorias en caso de desastres naturales. Las organizaciones sindicales y los jerarcas de cada institución o dependencia podrán crear organismos bipartitos y paritarios para efectos de determinar las necesidades de estas últimas y de sus trabajadores y trabajadoras  en el campo de la seguridad y la salud ocupacional.

g)       Procedimientos y políticas de asignación de becas y estímulos laborales.

h)       Establecimiento de incentivos salariales a la productividad, siempre y cuando se acuerden en el marco de las políticas que las Juntas Directivas de cada entidad o el mismo Poder Ejecutivo hayan diseñado de previo en cuanto a sus objetivos generales y límites de gasto público.

i)         Lo relacionado con la asignación, cálculo y pago de todo tipo de pluses salariales, tales como dedicación exclusiva, disponibilidad, desplazamiento, zonaje, peligrosidad, y cualquier otra reivindicación económica, siempre y cuando no se vaya en contra de ninguna disposición legal o reglamentaria de carácter prohibitivo  o en contra de la consistencia de las estructuras salariales.[234]

j)          La creación y funcionamiento de órganos bipartitos  y paritarios, siempre y cuando no se delegue en ninguno de ellos competencias o atribuciones de derecho público, correspondientes a los jerarcas de cada institución, definidas por ley o reglamento.

k)       Derecho de las personas trabajadoras y de sus organizaciones a contar con una información oportuna y veraz de los proyectos o decisiones de los órganos colegiados y gerencias de cada institución o dependencia, cuando los afecten directamente o puedan representar un interés público.

l)         Derecho de las organizaciones de los  y trabajadoras  y de sus dirigentes, de ser atendidos y respondidas sus solicitudes, en el menor tiempo posible, por parte de los jerarcas de cada institución o dependencia, con la única excepción de solicitudes que fuesen abiertamente impertinentes o innecesarias.

m)    Otras materias, beneficios o incentivos suplementarios que no excedan la competencia de los órganos administrativos.

 

SECCION II

REQUISITOS DE VALIDEZ

 

ARTICULO 686. Se excluyen en forma automática de las ventajas de cualquier naturaleza que puedan derivarse de convenciones colectivas, arreglos directos, acuerdos conciliatorios, arbitrajes y cualquier convenio de solución de un conflicto de carácter económico y social, ya sea por inclusión o referencia expresa o indirecta, los  servidores públicos indicados en los artículos 678 y 689.

Queda también expresamente prohibido hacer ajustes técnicos  en aplicación de cualquier instrumento colectivo, en beneficio directo o indirecto de los servidores indicados. 

 

         ARTICULO 687. Asimismo queda absolutamente prohibido dispensar o excepcionar leyes o reglamentos vigentes, debidamente promulgados, a través de los mecanismos de solución.

Es entendido que cuando se trate de erogaciones que afecten el presupuesto nacional o el de una institución o empresa en particular, las decisiones que se emitan por las jerarquías y los órganos arbitrales deben sujetarse no sólo a las restricciones que resultan de esta normativa, sino también a las normas constitucionales en materia de aprobación de presupuestos públicos, las que en caso de haber sido irrespetadas implicarán la nulidad absoluta de lo dispuesto.[235]

 

ARTICULO 688. El arbitraje  no será de conciencia sino de derecho y los respectivos tribunales arbitrales deberán estar integrados por profesionales en derecho, exclusivamente, [236]y ubicados en  sede judicial.

 

ARTICULO 689. No podrá formar parte de las delegaciones que intervengan en representación de la empleadora ninguna persona que pueda recibir real o potencialmente algún beneficio de la convención colectiva que se firme. Igualmente existirá impedimento si el resultado pudiere beneficiar a parientes del primero y segundo grados.

 

ARTICULO 690. Las convenciones y acuerdos que se adopten en una negociación colectiva  de cualquier tipo, con servidores en régimen de empleo público, quedarán sujetos, para su validez y eficacia, a la aprobación del órgano jerárquico de la institución o empresa con competencia para obligarla, previa constatación de los límites y requisitos de validez.[237]

El respectivo acto debe emitirse dentro del mes  siguiente al acuerdo.

La no aprobación del acuerdo por la Administración no constituye una infracción sancionable por la vía represiva.

Tratándose de normas que por su naturaleza o su afectación del principio de legalidad presupuestario requieran de aprobación legislativa o reglamentaria, su eficacia quedará condicionada  a su inclusión en la Ley de Presupuesto o en los reglamentos respectivos, lo mismo que a la aprobación por parte de la Contraloría General de la República, cuando afecte los presupuestos de las instituciones, cuyos presupuestos ordinarios y extraordinarios o modificaciones presupuestarias, requieran aprobación de esta última entidad.

 

 

CAPITULO III

DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL SECTOR PUBLICO

SECCION I

DE LA LEGITIMACIÓN PARA NEGOCIAR

 

ARTICULO 691. Se encuentran legitimados para negociar y suscribir convenciones colectivas,  de conformidad con esta normativa, los sindicatos que demuestren tener la mayor cantidad de afiliados en cada institución, empresa o dependencia de que se trate, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 56 de este Código.

Si no hubiere acuerdo entre ellos, para negociar en forma conjunta, la convención colectiva se celebrará con el sindicato que tenga la mayor cantidad de afiliados. No obstante, en el caso de los sindicatos gremiales o de oficio, cuando no hubiere acuerdo de su parte para negociar en conjunto con otras organizaciones, cada uno podrá solicitar que se celebre una negociación independiente con él, en cuyo caso la convención colectiva solamente podrá cubrir a las personas de ese gremio u oficio.

 

ARTICULO 692. En el caso de convenciones colectivas que vayan a regir en más de una empresa o institución, podrán participar de la negociación todos aquellos sindicatos con afiliación en al menos una de las empresas o instituciones del sector, ya sea que se trate de sindicatos gremiales, industriales o de empresa, siempre y cuando alcancen  una filiación debidamente certificada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de al menos un quince por ciento del total de sindicalizados  de alguna de las empresas o instituciones del sector comprendido en la negociación.

El número de negociadores será acreditado ante la institución o empresas que participen de la negociación en proporción a la afiliación sindical total  que tengan los sindicatos del sector en su conjunto, asignándose en la mesa negociadora  una persona como representante sindical  por cada mil trabajadores o trabajadoras afiliados en el sector, en cuyo caso tendrá derecho a contar con al menos un representante sindical. Las decisiones de la representación de los trabajadores y trabajadoras se tomarán, bajo el criterio de un voto por cada representante sindical, y atendiendo a la voluntad de la mayoría simple de los votos escrutados en cada votación que fuese necesaria.

 

ARTICULO 693. Las empresas, instituciones o dependencias del Estado que se dispongan a negociar y suscribir una convención colectiva, deberán acreditar una delegación del más alto nivel, escogida por el órgano de mayor jerarquía. A tal efecto, las empresas, instituciones y dependencias, podrán incluso, si lo consideran necesario, contratar personal profesional externo, para integrar o asesorar las delegaciones de que aquí se habla.

En el caso de negociaciones por sector, en que intervengan varias instituciones o empresas, el Poder Ejecutivo designará  a los representantes de la delegación de la parte empleadora. Las decisiones de esta parte se tomarán por mayoría simple de votos para cada votación que fuere necesaria, en las cuales cada persona tendrá un voto.

           

            ARTICULO 694. En  caso de conflicto en la determinación de la organización u organizaciones sindicales legitimadas para negociar y suscribir una convención colectiva, el jerarca de las instituciones o cualquiera de las organizaciones sindicales involucradas podrá solicitar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hacer la designación correspondiente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 56 y las disposiciones de este Capítulo.

SECCION II

DEL PROCEDIMIENTO NEGOCIAL

 

ARTICULO 695. Una vez determinada en firme la legitimación de la organización u organizaciones sindicales  facultadas para negociar y presentado formalmente ante cada institución o dependencia un proyecto de convención colectiva, se procederá a la escogencia y apoderamiento de la comisión que representará a la parte empleadora, a que se refiere la Sección anterior. El plazo para hacer dicha designación no podrá extenderse más allá de quince días naturales, contados a partir de la fecha en que quedaren cumplidos los requisitos a que se refiere este artículo. Una copia del proyecto deberá ser entregada dentro de tercero día a la Comisión de Políticas para la Negociación de Convenciones Colectivas.

Por su parte, los sindicatos deberán acreditar, dentro del mismo plazo, a las personas que los representarán, no pudiendo su número ser superior al conjunto de la delegación patronal, salvo que se tratare de varias organizaciones sindicales, caso en el cual cada sindicato se hará representar por un máximo de tres personas y un asesor.

En el caso de convenciones colectivas por sector, que involucren a más de una institución o empresa, la acreditación se hará conforme con las reglas establecidas en el artículo 691, para lo cual podrá solicitarse al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que haga una determinación previa del número total de sindicalizados del conjunto de instituciones o empresas, del porcentaje de sindicalizados que tiene cada sindicato en dichas instituciones o empresas, individualmente consideradas, y del número de afiliados que tiene cada sindicato participante en el conjunto del sector involucrado.

 

ARTICULO 697. Cuando existan varias organizaciones sindicales en la mesa de negociación y cada una de ellas hubiere remitido su propio proyecto de convención colectiva, se les solicitará elaborar un proyecto unitario previo a la negociación. Si en un plazo de un mes natural, contado a partir de la prevención que les hará el jerarca de la respectiva institución o empresa, no hubiesen cumplido con el requisito aquí establecido,  se tendrá como proyecto a negociar aquel que hubiere presentado el sindicato mayoritario, si la negociación es en una sola empresa o negociación; o el proyecto que respalde la mayoría de representantes sindicales, si se tratare de una negociación por sector.

Es entendido que cualquiera de las partes que intervengan en la negociación, o ambas en conjunto, podrán solicitar la intervención, como buen componedor, de uno o varios funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sin que la solicitud que se haga a dicho Ministerio sea obligatoria para éste cuando carezca de recursos suficientes para atender la negociación.

 

ARTICULO 698. La negociación abarcará todos los aspectos y extremos del proyecto que se haya formulado a la administración  o administraciones, debiendo levantarse un acta de cada sesión de trabajo, la cual firmarán los representantes de ambas partes.

 

ARTICULO 699. Además de las actas individuales de cada sesión, al final del proceso negociador se levantará una acta de cierre, donde se recogerá el texto completo de las cláusulas que fueron negociadas y donde se indicará cuales cláusulas del proyecto fueron desechadas o no pudieron negociarse por falta de acuerdo acerca de ellas.

 

ARTICULO 700. Lo convenido en forma definitiva en la mesa negociadora, una vez aprobado por la Administración, será válido entre las partes, y tendrá una vigencia de uno a tres años, según ellas mismas lo determinen. Una copia de lo negociado en firme se enviará a la Dirección General de Asuntos Laborales del Ministerio de Trabajo, para su registro, debiendo además ser publicado en el Diario Oficial, sin costo alguno para las partes. Podrá señalarse la vigencia de cada norma en forma individual, o de la convención colectiva en forma integral.

 

 

 

CAPITULO IV

DEL ARREGLO DIRECTO,  CONCILIACIÓN, ARBITRAJE Y  HUELGA EN EL SECTOR PUBLICO

            ARTICULO 701.  El arreglo directo que pueden promover los trabajadores y trabajadoras  del Estado, se regirá por lo dispuesto en este Código en Capítulo XIII del Título X.

 

            ARTICULO 702. El  procedimiento de conciliación que involucre a servidores del Estado en cualquiera de los regímenes, se llevará a cabo de acuerdo con  lo previsto en este  Código, con las modificaciones que resultan de las siguientes reglas especiales:

            a) La designación de los delegados y de la persona que integrará el tribunal conciliador, se deberá hacer por  la parte empleadora dentro de quince días.[238]

b) En el mismo acto en que se disponga  la consulta a la Comisión de Políticas para la Negociación de Convenciones Colectivas en el sector público,  se hará la designación del respectivo representante en esa Comisión.

c) El acuerdo a que se llegue estará sujeto a lo indicado en los artículos 686 y 687 y se entiende siempre condicionado a la aprobación del órgano con facultades para obligar a la parte empleadora.

d) Si no hubiere arreglo y no se estuviere en el caso de avenimiento entre las partes para someter las diferencias a arbitraje, se dará por concluido el procedimiento, quedando así expedita la vía de la huelga, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos exigidos en este Código para su legalidad. La iniciación del movimiento deberá comunicarse a la parte empleadora, por lo menos con ocho días naturales de antelación. Igual solución se aplicará para el caso de que el arreglo adoptado no sea aprobado por la Administración.

 

            ARTICULO 703. Es potestativo para la Administración y sus servidores someter la solución de los conflictos económicos y sociales a arbitraje, en cuyo caso se estará a lo dispuesto  en este mismo Código, con las excepciones y limitaciones que se establecen en este capítulo.

 

            ARTICULO 704. Las personas trabajadoras, cualquiera que sea su régimen, con impedimento para declararse en huelga por laborar en servicios esenciales, fracasada la conciliación, tienen derecho a someter  la solución del conflicto económico y social   a arbitramento, en la forma,  términos  y  condiciones indicadas en esta normativa.[239]

 

            ARTICULO 705. Durante la huelga declarada, pueden realizarse arreglos o convenios tendientes a la solución del conflicto en forma directa, los cuales deben respetar el ordenamiento en la forma indicada en este Título.

 

            ARTICULO 706. Es aplicable en el sector público, en relación con sus servidores, en régimen privado y público de empleo,  el arbitramento obligatorio  en el supuesto de la huelga legal  agotada, según lo previsto en el artículo 379.

 

            ARTICULO 707. Todo movimiento de huelga en el sector público debe ejecutarse con respeto de lo dispuesto en los capítulos I y III del Título VI del Código de Trabajo.[240]

 

CAPITULO V

            EFECTOS DE LAS CONVENCIONES COLECTIVAS  Y ARREGLOS EN EL SECTOR PUBLICO

 

            ARTICULO 708. Las convenciones colectivas que se negocien y se firmen conforme a lo dispuesto en este Título, tendrán los efectos que señalan el artículo 62 de la Constitución Política y los artículos 54 y 55 de este Código.

            En el caso de normas que por su naturaleza y su afectación del principio de legalidad presupuestario requieran de aprobación legislativa, la eficacia de lo negociado quedará sujeto a la inclusión en la respectiva ley de presupuesto general de la República o extraordinario que se promulguen.

 

            ARTICULO 709.  Conforme con lo dispuesto en el artículo anterior y sin perjuicio de las reservas específicas  que allí se formulan, las normas de una convención colectiva válida y eficaz serán de acatamiento obligatorio  para las partes que la suscriban y para todos los trabajadores actuales y futuros de la institución, empresa o centro de trabajo, pudiendo exigirse judicialmente su cumplimiento o, en su caso, el pago de las indemnizaciones de daños y perjuicios por su incumplimiento, tanto a favor de las personas trabajadoras afectadas, como de las organizaciones sindicales perjudicadas, según se trate.

 

            ARTICULO 710. Lo dispuesto en una convención colectiva firmada con arreglo a las normas de este Título solamente podrá ser anulado atendido a cuestiones de forma en la conformación de la voluntad de las partes o cuando se hubieren violado normas legales o reglamentarias de carácter prohibitivo.

 

 

CAPITULO VI

DE LA COMISION DE POLÍTICAS  PARA LA NEGOCIACIÓN DE                                  CONVENCIONES COLECTIVAS EN EL SECTOR PUBLICO

 

ARTICULO 711. Créase la Comisión de Políticas  para la negociación de convenciones colectivas en el sector público, la cual estará integrada por:

a)                             El Ministro o Ministra de Trabajo y Seguridad Social o la persona que funja como Viceministra del ramo, quien la presidirá.

b)                            El Ministro o Ministra de Hacienda o la persona que ostente el cargo de viceministra.

c)                             El Ministro, Ministra, Viceministro o Viceministro de la Presidencia

d)                            Quien ocupe la Dirección o Subdirección General de Servicio Civil.

e)                             Un representante de nivel jerárquico de la entidad u organización en la cual se va a negociar una convención colectiva, quien actuará únicamente en esa negociación.

 

ARTICULO  712. Son atribuciones de la Comisión:

a)       Definir las políticas generales para la negociación colectiva en las Administraciones Públicas, así como elaborar políticas específicas para una negociación particular, que puedan servir de referente a los sujetos negociadores definidos en la Sección I de este Capítulo.

b)      Servir de órgano consultor a las partes negociadoras y especialmente a la delegación de los empleadores, a fin de garantizar que los acuerdos a que lleguen las partes respeten el marco jurídico definido en este Código y en las leyes o reglamentos aplicables a las materias que formen parte de la negociación.

Las partes pueden pedir a la Comisión audiencias con el propósito de exponer sus puntos de vista en relación con las propuestas objeto de negociación.

La Comisión podrá contar con la asesoría jurídica de los cuerpos jurídicos del Estado, incluyendo a la Procuraduría General de la República, y el concurso de los demás órganos técnicos de la Administración Pública que se requiera para el mejor cumplimiento de sus fines.

La Comisión preparará su propio reglamento, el cual se emitirás por el Poder Ejecutivo, por medio de Decreto.

                         

 

 Artículo 3º.  Se suprime el Título “UNDECIMO”, relativo a la “Prohibición de discriminar”, introducido al Código de Trabajo mediante Ley 8107 de 18 de julio del 2001, pues su contenido íntegro pasa a conformar el Título VIII del mismo Código. El Título XI (original en el Código), “Disposiciones Finales”, se convierte, manteniendo igual denominación y contenido, en el Título XII.

 

Artículo 4°. Refórmanse las siguientes disposiciones:

1°. Del Código de Trabajo, los artículos 35, 85, párrafo último del aparte d); 94 bis, 303, 309, 310, párrafo primero, 311, y 373, inciso b), los cuales se leerán en el futuro, así, debiendo entenderse que las partes de esos numerales no mencionadas, se mantienen íntegramente:

 

“ARTICULO 35. A la expiración de todo contrato de trabajo, la parte empleadora, a solicitud del trabajador o trabajadora, deberá darle un certificado que exprese:

a) La fecha de su entrada y de su salida;

b) La clase de trabajo ejecutado;

Si el trabajador o trabajadora lo desea, el certificado determinará también:

c) La manera como trabajó; y

d) Las causas del retiro o de la cesación del contrato.

Si la expiración del contrato obedece a destitución por falta atribuida a la persona trabajadora, la entrega de la carta de despido será obligatoria, debiéndose describir  en ella en forma puntual, detallada y clara el hecho o los hechos en que se funda el despido.   La entrega se hará personalmente, en el acto del despido, debiendo documentarse el recibido. Si el trabajador o trabajadora se negare a recibirla, la entrega deberá hacerla la parte empleadora a la oficina del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social de la localidad y si ésta no existiere se entregará o enviará a la oficina más cercana de ese Ministerio por correo certificado, lo cual deberá hacer a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes al despido. Los hechos causales señalados en la carta de despido, serán los únicos que se puedan alegar judicialmente, si se presentare contención.” [241]

 

“ARTICULO 85, párrafo último: “... Para el pago de las prestaciones indicadas, se estará al procedimiento en el Título X de este mismo Código”.

 

“ARTICULO 94 bis. La trabajadora embarazada o en período de lactancia, que fuere despedida en contravención con lo dispuesto en el artículo anterior, podrá gestionar ante el juzgado de trabajo, su reinstalación inmediata, con pleno goce de todos sus derechos, mediante el procedimiento establecido en el Título X de este Código.

La trabajadora podrá optar por la reinstalación, en cuyo caso el empleador o empleadora deberá pagarle además de la indemnización  a que tuviere derecho y en concepto de daños y perjuicios, las sumas correspondientes al subsidio de pre y post parto, y los salarios que hubiere dejado de percibir desde el momento del despido, hasta completar ocho meses de embarazo.

Si se tratare de una trabajadora en período de lactancia, tendrá derecho además de la cesantía, y en concepto de daños y perjuicios, a diez días de salario”.

 

“ARTICULO 303. Los reclamos por riesgos de trabajo se tramitarán ante el juzgado competente y según el procedimiento indicado en el Título X de este Código”:

 

“ARTICULO 309. Las faltas e infracciones a las que disponen esta Ley y sus reglamentos       y cuyas sanciones no estén expresamente contempladas en normas especiales, independientemente de la responsabilidad que acarreen al infractor, se sancionarán de acuerdo con lo dispuesto en el Título VII de este Código”.

 

“ARTICULO 310. Se impondrá al empleador o empleadora una multa de acuerdo con lo previsto en el artículo 395 de este Código, en los siguientes casos...”. El resto del articulado se mantiene igual.

 

“ARTICULO 311. Se impondrá una multa de acuerdo con lo señalado en el artículo 395, a la persona trabajadora de cualquier ministerio o institución, municipalidad u otro organismo integrante de la Administración Pública, que autorice la celebración de actos, contratos o trabajos en contravención de las disposiciones de este Título o de sus reglamentos”.

 

“ARTICULO 373. ...

b) Agotar los procedimientos de conciliación de que habla el Capítulo VIII del Título X de este Código”.

 

2°. De la Ley Orgánica del Poder Judicial, los artículos 55, inciso 2°; 93, al cual se agrega un segundo párrafo; 98; 109; y 116, los cuales se leerán así, debiendo entenderse que la parte de esas normas no mencionada se mantiene como actualmente está:

 

“ARTICULO 55. ...

“2° Del recurso de casación en los asuntos de la jurisdicción de trabajo, en los cuales figure como parte el Estado o cualquiera de sus órganos o instituciones, así como de cualquier otro asunto de esa materia que indique la ley o le atribuya la Corte Suprema de Justicia. Lo que resuelva la Sala sobre la competencia para conocer del recurso de casación, será vinculante para los otros órganos jurisdiccionales.[242]”

 

“ARTICUCLO  93....

Al texto actualmente en vigencia, se le agrega un segundo párrafo, con el siguiente contenido:

 “El Tribunal de Casación de Trabajo conocerá:

1.- Del recurso de casación en los asuntos laborales que según esta ley no le correspondan a la Sala de Casación, de acuerdo con la distribución que hará la Corte Suprema de Justicia.

2°. De cualquier otro asunto cuya competencia expresamente le atribuya la ley”.

 

“ARTICULO 98. Los tribunales de apelación conocerán:

1. De las apelaciones que procedan en los asuntos de conocimiento de los juzgados de trabajo, excepto las diferidas que eventualmente deban ser conocidas por los órganos de casación.

2. De los demás asuntos que determine la ley”.

 

“ARTICULO 109. Los juzgados de trabajo conocerán:

1. De todos los asuntos indicados en el Título X del Código de Trabajo.

2.               De los conflictos jurídicos económicos y sociales que correspondan a su circunscripción territorial y a los de otras jurisdicciones, según lo determine la Corte Suprema de Justicia.

3.               De cualquier otro asunto o procedimiento cuya competencia le atribuyan las leyes”.

 

“ARTICULO 116. Los juzgados contravencionales y de menor cuantía conocerán en materia de trabajo, como juzgados de trabajo por ministerio de ley, de todos los asuntos, cualquiera sea su valor económico, correspondientes a su circunscripción territorial, excepto de los conflictos colectivos de carácter económico y social, siempre y cuando en su territorio no exista juzgado de trabajo”. 

 

            Artículo 4°. Se derogan los artículos  56, párrafo final, 313,  314, 316, 317, 318, 319, 320321, 322, 323, 324, 326, 327, 328 y 329 del Código de Trabajo; 94 y 123 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y Ley N° 4284 de 16 de diciembre de 1968, que creó el Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía.

 

            Artículo 5°.  Establécense tribunales de casación de trabajo con sedes en el Segundo Circuito Judicial de San José (Goicoechea) y en los Circuitos Judiciales de Alajuela, Puntarenas, Limón,  Liberia  y Pérez Zeledón, con la jurisdicción territorial que determine la Corte Suprema de Justicia. Se integrarán con cinco jueces y tendrán las secciones que sean necesarias, según lo determine la Corte Suprema de Justicia.

            El primero de esos tribunales comenzará a funcionar en el momento en que entre en vigencia esta Ley y tendrá competencia en todo el territorio nacional, mientras la Corte Suprema de Justicia no establezca una atribución distinta.  Los demás iniciarán labores cuando sea necesario y a partir de la fecha que establezca la Corte.

 

            Artículo 6°. Se mantiene el actual Tribunal de Trabajo, con sede en el Segundo Circuito Judicial de San José, el cual  tendrá funciones de Tribunal de Apelaciones y será reestructurado, reduciéndose su número de jueces a tres. La Corte Suprema de Justicia mantendrá o creará oportunamente como parte del mismo tribunal las secciones que sean necesarias para atender adecuadamente el volumen de trabajo.

 

            Artículo 7°. Créanse tribunales de apelaciones en los circuitos judiciales de Alajuela, Heredia,  Cartago, Puntarenas, San Carlos, Pérez Zeledón,  Limón y Pococí. Iniciarán funciones cuando el volumen de trabajo lo amerite, según determinación que hará la Corte Suprema de Justicia.

 

            Artículo 8°.- El actual Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía, se convierte en juzgado de trabajo con competencia ordinaria, pero la Corte Suprema de Justicia queda facultada para encargarle de manera exclusiva el conocimiento de  asuntos de determinada especialidad.

           

            Artículo 9º. Créase un juzgado de trabajo en los siguientes lugares: en la provincia de San José, en Desamparados, Hatillo y Puriscal. En Alajuela: en Grecia, San Ramón y San Carlos. En Cartago: en Turrialba. En Heredia, en San Joaquín de Flores. En Guanacaste, en Liberia, Cañas, Santa Cruz y Nicoya. En Limón, en Pococí. Y en Puntarenas, en Aguirre, Golfito y Corredores. Esos despachos entrarán en funciones en el momento en que sea necesario, según lo determine la Corte Suprema de Justicia y tendrán la competencia territorial que ésta les asigne.

 

            Artículo 10. Se faculta a la Corte Suprema de Justicia para dictar reglas prácticas necesarias para la aplicación de la presente ley.

 

            Articulo 11. Se crea el Fondo de Apoyo a la Solución Alterna de Conflictos, pudiendo  denominarse FASAC, según sus siglas, el cual será administrado por la Corte Suprema de Justicia[243], mediante uno de los entes autorizados para manejar fondos de capitalización.

            El Fondo se formará con:

a)       Los honorarios legales que le correspondan a título de costas personales a la parte patrocinada por la asistencia social. Estos y los tribunales velarán porque el pago de esos honorarios se haga efectivo,  mediante su depósito donde corresponda.

b)      Cualquier otro aporte que señale ley.

Los productos del Fondo se destinarán:

a)      Prioritariamente a cubrir los honorarios de arbitraje y conciliación que demanden los procesos laborales promovidos para la solución de los conflictos jurídicos, económicos y sociales.

b)     A financiar programas de apoyo a la solución alterna de conflictos en el campo laboral.

Queda prohibido variar ese destino.

Se regulará por la vía de reglamento  lo relativo a la administración, prioridad y oportunidad en que se aplicarán los productos y todo lo concerniente al funcionamiento del Fondo.

  

Artículo 12°.  Esta ley es de orden público, deroga las que se le opongan y rige un año después de su publicación.

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 

            TRANSITORIO I. La presente reforma será aplicable a los procesos iniciados antes de la vigencia de esta ley, con las siguientes excepciones:

1. El régimen probatorio aplicable (cargas probatorias y  valoración de los elementos probatorios) será el de la legislación anterior. [244]

2. Los procesos en que a la fecha de entrada en vigencia de la reforma existiere señalamiento para audiencia de pruebas, se continuarán rigiendo para todos los efectos con la legislación anterior.  Los órganos jurisdiccionales conservarán las competencias establecidas en ese ordenamiento, aunque su denominación resulte modificada.[245]

3. En cualquier caso, las resoluciones dictadas con anterioridad a la vigencia de la reforma mantendrán los medios de impugnación que las leyes derogadas les garantizan.

            Se faculta a la Corte Suprema de Justicia para mantener o crear, cuando ello sea necesario,  las plazas de judicatura que se requieran para continuar atendiendo de manera exclusiva los procesos anteriores a la presente reforma que deban continuarse substanciando con la normativa que se deroga.

 

            TRANSITORIO II. Las nuevas reglas de prescripción y cualquier otra modificación que afecte las relaciones sustantivas, se aplicarán a los hechos acaecidos a partir de su vigencia. Los derechos y acciones derivados de hechos acaecidos antes de su vigencia, se regirán por las disposiciones legales vigentes en el momento en que se dieron, en armonía con lo dispuesto en la sentencia de la Sala Constitucional N° 5969 de las 15 y 21 horas del dieciséis de noviembre de 1993, aclarada mediante resolución  de las 14 y 32 horas  del 7 de junio de 1994.

 

             

TRANSITORIO III. A los funcionarios excluidos de la aplicación del régimen de este Código, nombrados antes de la entrada en vigencia de esta ley, a quienes en la actualidad se les paga cesantía cuando se jubilan, pensionan o fallecen, se les mantienen esos derechos, en los montos o proporciones que se les satisfacen.

 

TRANSITORIO IV. En los lugares o circunscripciones en que  el volumen de trabajo no justifique el funcionamiento de tribunales especializados, mientras esa situación subsista, la justicia laboral será administrada por juzgados y tribunales mixtos, según lo determine la Corte Suprema de Justicia.               

 

            TRANSITORIO V. Los cargos de juez o jueza del actual Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía se reasignan a la categoría correspondiente al despacho a que se convierte ese Tribunal. Continuarán conociendo de los asuntos pendientes, con las competencias que les atribuía la ley derogada, hasta su finalización.

 

           

            TRANSITORIO VI. El Tribunal de Casación de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José (Goicoechea) será integrado con los miembros del actual Tribunal de Trabajo de ese mismo Circuito que tengan las mejores calificaciones en el escalafón del sistema de Carrera Judicial, cuyos cargos se reasignan a la categoría correspondiente al Tribunal de Casación. En el futuro, la designación de jueces en ese Tribunal se hará de acuerdo con las disposiciones del Estatuto de Servicio Judicial correspondientes a la Carrera Judicial.

              Si las nuevas cargas de trabajo asignadas al Tribunal Apelaciones de Trabajo de dicho Circuito no ameriten mantener secciones adicionales, las personas que ocupen en propiedad los cargos sobrantes serán reubicados en juzgados de Trabajo por la Corte Suprema de Justicia, con respeto de sus derechos laborales. Para establecer la reubicación se tomará en cuenta la fecha de los nombramientos, aplicándose en primer término a los de más reciente designación. Deberán ser tomados en cuenta para llenar las plazas vacantes que se produzcan en el futuro en el Tribunal  de Apelaciones, lo que se hará de acuerdo con las mejores calificaciones en el mencionado escalafón.

     

TRANSITORO VII. Los asuntos laborales que actualmente conocen los juzgados contravencionales y de menor cuantía, en las circunscripciones donde también haya juzgado de trabajo, pasarán a conocimiento de estos últimos cuando comience a regir esta reforma, excepto aquellos en que a la fecha de entrada en vigencia existiere señalamiento para la audiencia probatoria y los que ya tuvieren sentencia.