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Sala Segunda profundiza en nueva versión de norma de calidad
Rosibel Alvarez
Comunicado de Prensa
- Magistrados y magistradas suplentes participan en actualización.
- Alto Tribunal de Casación busca una tercera reacreditación en el 2016.
La nueva versión de la Norma GICA-Justicia que determinará el trabajo de la Sala Segunda, se puso en conocimiento ante el equipo de trabajo del despacho, con la incorporación de los magistrados y magistradas suplentes recientemente nombrados por la Asamblea Legislativa.
El Presidente de la Sala Segunda, Orlando Aguirre Gómez, destacó el trabajo que realiza el alto Tribunal de Casación Laboral, Familia y Concursal desde hace años, con la aplicación de normas de calidad para mejorar la gestión del despacho, los tiempos de respuesta e indicadores actualizados que evalúan su labor.
“La Norma de Calidad de Gestión que adoptamos pasó por un proceso de actualización y es necesario que todo el equipo de trabajo de la Sala Segunda la conozca. Su aplicación requiere de un compromiso de todos y todas, para cumplir en el tiempo oportuno con las metas propuestas en el manual y los protocolos”, destacó Aguirre Gómez.
La actividad de capacitación de este viernes 11 de setiembre, incorporó a la sesión de trabajo a los magistrados y magistradas suplentes recientemente designadas por la Asamblea Legislativa. Maureen Roxana Solís Madrigal, Milagro Rojas Espinoza, María Alexandra Bogantes Rodríguez, Jorge Enrique Olaso Álvarez, Héctor Blanco González y Juan Federico Echandi Salas.
Además participaron letrados, letradas, profesionales y personal técnico de la Sala Segunda.
De acuerdo con Irma Araya Víquez, coordinadora de la Comisión de Calidad de la Sala Segunda, durante la sesión de trabajo se profundizó en la norma y la nueva versión que regirá.
El reto es que la Sala Segunda obtenga en el 2016 la tercera reacreditación de calidad.
El Centro de Gestión de la Calidad (CEGECA) tuvo a cargo la exposición sobre la Norma GICA; así como la nueva versión que se aplica en esa Sala.
Además, por parte de la Comisión de Calidad de la Sala, se expuso sobre el tema de los indicadores existentes, su interpretación para propiciar mejoras dentro de la norma y el servicio público que se brinda. Esta parte implicó la revisión de los plazos establecidos en los protocolos y los que se plantean mejorar.
Esta es una reproducción de la noticia publicada en el Observatorio Judicial - Actualidad Judicial, el 16 de setiembre de 2015, por la Sección de Prensa, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.
La Sala Segunda se caracteriza por dar atención preferencial a las siguientes personas:
Comunicado de Prensa
- William Molinari Vílchez, magistrado propietario de la Sala Primera y Jorge Enrique Olaso Álvarez, magistrado suplente de la Sala Segunda.
Con el compromiso de aportar con su trabajo y experiencia en beneficio de la administración de justicia, este lunes 10 de agosto iniciaron funciones en la sesión de Corte Plena, William Molinari Vílchez, magistrado propietario de la Sala Primera y Jorge Olaso Álvarez, magistrado suplente de la Sala Segunda.
La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge, dio la bienvenida a los funcionarios judiciales y resaltó que las puertas de la Presidencia de la Corte siempre estarán abiertas para el aporte de nuevas ideas y propuestas. Además destacó en ambos magistrados su trayectoria dentro de la institución y expresó su total colaboración en todo lo que esté a su alcance.
El magistrado de la Sala Primera, William Molinari Vílchez expresó el honor de integrar la Corte Plena y reafirmó su compromiso por trabajar al servicio de la institución y la ciudadanía, dando su máximo esfuerzo.
Por su parte, el magistrado Jorge Enrique Olaso Álvarez destacó que desde hace 26 años labora para el Poder Judicial, a la vez que expresó el honor que siente al ser integrante del máximo órgano judicial y afirmó que su trabajo será de entrega.
Esta es una reproducción de la noticia publicada en el Observatorio Judicial - Actualidad Judicial, el 10 de agosto de 2015, por la Sección de Prensa, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.
Congreso juramentó magistrados suplentes de la Sala Segunda de la Corte
Super User
Comunicado de prensa
Siete de los ocho magistrados y magistradas suplentes de la Sala Segunda nombrados por la Asamblea Legislativa, recibieron la juramentación ante el Congreso, este miércoles 5 de agosto.
Luego de superar el proceso de selección de la Comisión de Nombramientos del Congreso y la discusión en el plenario legislativo, los diputados y diputadas acordaron, el lunes 3 de agosto, la elección de Jorge Enrique Olaso Álvarez, Mario Gutiérrez Quintero, Juan Federico Echandi Salas, Maureen Roxana Solís Madrigal, Milagro Rojas Espinoza, María Alexandra Bogantes Rodríguez, Marcela Allón Zúñiga y Héctor Blanco González( pendiente su juramentación).
Las y los funcionarios judiciales asumirán el cargo de la magistratura suplente de la Sala Laboral, de Familia y Concursal, por un período de cuatro años, el cual inició desde el 4 de agosto del 2015 y hasta el 4 de agosto del 2019.
El capítulo IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece la figura de la magistratura suplente, al señalar que la Corte Suprema de Justicia tendrá magistrados y magistradas suplentes, asignados a cada una de las Salas de Casación y la Sala Constitucional.
La competencia constitucional para el nombramiento de estos cargos recae en la Asamblea Legislativa.
La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que cada una de las Salas de la Corte deberá convocar a un concurso público de antecedentes, para escoger a las personas candidatas en cada plaza vacante. Finalmente la nómina será sometida a Corte Plena y una vez aprobada, deberá remitirse a la Asamblea Legislativa para que inicien el procedimiento respectivo en comisión para su nombramiento final.
Entre las funciones que tienen a cargo las personas que desempeñan el puesto de magistratura suplente, la normativa orgánica judicial detalla en su artículo 63 que “…Los Magistrados suplentes, escogidos por sorteo para reponer la falta temporal de un propietario, desempeñarán sus funciones por el tiempo que dure ésta”.
Esta es una reproducción de la noticia publicada en el Observatorio Judicial - Actualidad Judicial, el 07 de agosto de 2015, por la Sección de Prensa, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.
Sala Segunda anuló unión civil Matrimonio para modificar status migratorio no es válido
Rosibel Alvarez
Comunicado de Prensa
La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia declaró nulo un matrimonio civil entre una mujer costarricense y un hombre de nacionalidad colombiana al determinar que el motivo de la unión no fue una vida en común, cooperación y mutuo auxilio como lo indica el artículo 11 del Código de Familia, sino legalizar la situación migratoria del extranjero. Así se desprende de la sentencia número 2015-000226.
Los magistrados y magistradas que integran el Alto Tribunal de Casación analizaron el caso en particular, el cual fue promovido por la Procuraduría General de la República, contra la pareja que contrajo matrimonio en el 2007.
La representación estatal solicitó que en sentencia se declarara la nulidad del matrimonio celebrado por los demandados, por considerarlo un matrimonio simulado, cuyo fin era dotar de un estatus migratorio.
Bajo la normativa que señala tanto la Constitución Política de Costa Rica como el Código de Familia y Código Civil, la Sala Segunda determinó que “…, no es posible tutelar un matrimonio constituido en tales condiciones, a saber: en fraude de ley (se crea un vínculo para que una de las partes consiga un determinado propósito, que difiere del conjunto de derechos, deberes y fines que comprende una institución como la creada formalmente) y afectado de nulidad absoluta… pues este fue aparente para lograr una suma de dinero a cambio, por un lado, y por otro un cambio de estatus migratorio, por lo que procede volver a la situación anterior, es decir, a la existente con anterioridad a la celebración”.
Con ello solicitaron también que se anulara por consiguiente la inscripción del acto matrimonial y se corrigiera la inscripción de nacimiento del hijo de la demandada.
El matrimonio se celebró en julio del 2007 y en agosto del 2009, el demandado gestionó el proceso de naturalización por matrimonio, estatus que se le otorgó tres años después.
En el 2012, la Secretaría General del Registro Civil citó a la codemandada, en la que la mujer manifestó que se había casado por conveniencia, por problemas económicos que enfrentaba. Aseguró que firmó los documentos sin conocer a su supuesto cónyuge y a cambio recibió ¢200 mil colones. Afirmó que el matrimonio no se consumó y esta persona no era el padre de su hijo y ante estas declaraciones solicitó a la entidad la nulidad del matrimonio y la correcta inscripción de nacimiento de su hijo.
El demandado negó los hechos y se presentó tiempo después al Registro con su cónyuge. Finalmente se alegó que en Registro la mujer fue citada bajo presión, motivo por el cual firmó la declaración que dio origen a este proceso, alegatos que se presentaron en declaración jurada ante notario. La demanda fue declarada sin lugar por el Juzgado de Familia y confirmada por el Tribunal de Familia.
La Procuraduría elevó finalmente el caso ante la Sala Segunda, por considerar que el Código de Familia y la Constitución Política resguardan de forma celosa la institución del matrimonio y que dicha normativa lo protege frente a los matrimonios por conveniencia o simulados. Además señaló que en el caso en estudio, el vínculo fue realizado para dotar de estatus migratorio al demandado, por ello no nació a la vida jurídica y no surtió los efectos propios del matrimonio.
Para la Sala Segunda, “…No existió un verdadero consentimiento a los efectos de constituir un vínculo matrimonial, el cual, como se mencionó antes, es un requisito de su validez (el del matrimonio), una condición de su existencia y uno de sus requisitos intrínsecos, cuya ausencia supone la inexistencia de esta institución jurídica como tal”.
Para los magistrados y magistradas de casación, las normas legales y constitucionales que rigen, establecen que el matrimonio es la base esencial de la familia y por ende, tiene la protección especial del Estado.
Además aclararon que aunque entró en vigencia una ley específica sobre el matrimonio simulado en noviembre del 2009, esto “…no significa que, con anterioridad, situaciones como las tuteladas a partir de finales del año 2009 no encontraran una respuesta por parte del ordenamiento jurídico. La falta de una sanción expresa sobre el tema, no podía salvar a aquel acto que era evidentemente inválido e ineficaz, por la falta absoluta de consentimiento para realizarlo”, puntualizó la sentencia de casación.
(Sentencia protegida en cumplimiento con la LEY DE PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES, Ley N.º 8968)
Esta es una reproducción de la noticia publicada en el Observatorio Judicial - Actualidad Judicial, el 14 de julio de 2015, por la Sección de Prensa, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.
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Análisis de jurisprudencia constitucional sobre derechos de personas migrantes trabajadoras
Rosibel Alvarez
Comunicado de Prensa
Gracias a la coordinación entre la Subcomisión de Acceso a la Justicia para Población Migrante y Refugiada del Poder Judicial y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se presentó el estudio “La persona trabajadora migrante en la jurisprudencia constitucional: principio de igualdad y derecho al trabajo” a cargo del Licenciado Esteban Calvo.
En la actividad participaron alrededor de 40 personas entre operadoras y operadores de justicia de juzgados que atienden la materia laboral de todo el país, Defensa Pública, Escuela Judicial, autoridades judiciales de las Salas Primera y Segunda, OCRI, Contraloría de Servicios, representantes de instituciones como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Gobernación, Tribunal Administrativo Migratorio, ACNUR y las organizaciones sociales de Cenderos, Red de Mujeres Migrantes y Consejo de la Persona Joven.
En virtud de la necesidad de protección especial que requieren las personas trabajadoras migrantes, y la importancia que el país y el Poder Judicial le da a la promoción de políticas públicas dirigidas a la tutela y protección de los derechos humanos de estas personas, es que se realiza este trabajo.
Precisamente el material tiene por objetivo ofrecer un documento actual y sistematizado que sirva de recurso a todas aquellas personas interesadas en el estudio de los asuntos relacionados con la población migrante, y que requieran conocer cuáles son los criterios más importantes que ha dictado el Tribunal Constitucional de Costa Rica en aplicación del principio de igualdad de trato a favor de los trabajadores y las trabajadoras migrantes.
En la apertura de la actividad estuvieron presentes la Magistrada Julia Varela, en calidad de Coordinadora de la Subcomisión y el señor Leonardo Ferreira, Director Adjunto del Equipo de Trabajo Decente y Oficina de Países de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana. Ambos reflexionaron sobre la importancia y el aporte que este tipo de investigaciones realizan a la administración de justicia, con especial relevancia para garantizar el acceso a la justicia y la defensa de derechos laborales para personas migrantes y refugiadas.
Asimismo, posterior a la presentación del informe, se ofrecieron comentarios a los resultados del estudio a cargo de la letrada de la Sala Constitucional, María Isabel Bermúdez, y el Integrante del Tribunal de Juicio de Pococí, Fabián Arrieta, quienes reflexionaron sobre la tutela efectiva de los derechos humanos y laborales desde la administración de justicia y la necesidad de acercarse a los sectores de la población con mayor vulnerabilidad.
A partir esta presentación, el consultor Esteban Calvo orientó una sesión de trabajo con jueces y juezas de la materia laboral para analizar la aplicación de convenios internacionales en materia laboral, incluyendo aquellos que todavía no han sido todavía ratificados por nuestro país. Asimismo, se analizó el uso que jueces y juezas puedan hacer del artículo 72 de la Ley General de Migración y Extranjería No. 8764, que permite a la autoridad judicial solicitar a una permanencia migratoria provisional a personas extranjeras que participan en procesos judiciales.
El estudio, que estuvo a cargo del consultor de OIT Esteban Calvo, está estructurado en cinco apartados. En el primero se aborda el análisis de la jurisprudencia constitucional que trata el principio de igualdad en su concepción genérica. Se presta especial atención al alcance que el Tribunal Constitucional le atribuye al artículo 33 de la Constitución Política.
El segundo apartado enfoca su análisis en el tratamiento que la jurisprudencia constitucional le ha hado al principio de igualdad de trato entre nacionales y extranjeros, de acuerdo con la exégesis que el Tribunal Constitucional hace del artículo 19 de la Constitución Política.
El tercer apartado está dedicado a analizar la jurisprudencia constitucional que desarrolla el principio de igualdad a favor de las personas extranjeras, pero acotado al ámbito del trabajo. La cuarta parte se dedica a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos que han sido aplicados por la Sala Constitucional.
Finalmente, el quinto expone una lista de derechos específicos que la jurisprudencia constitucional ha reconocido a la población trabajadora migrante. Se hace ver que no se trata de una lista acabada de derechos, sino de un recuento de los que, hasta ahora, han sido expresamente reconocidos por la Sala Constitucional en sentencias de diversa naturaleza, ya sean pronunciamientos de acciones de inconstitucionalidad o resoluciones dictadas en procesos de recursos de amparo y hábeas corpus.
Para más información sobre este tema se puede comunicar con Conamaj al teléfono 2295-3322 o bien visitar el sitio web www.conamaj.go.cr para tener acceso al estudio de jurisprudencia constitucional completo.
Esta es una reproducción de la noticia publicada en el Observatorio Judicial - Actualidad Judicial, el 09 de julio de 2015, por la Sección de Prensa, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.
Comunicado de Prensa
La magistrada Julia Varela Araya y el magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga asumieron la coordinación y la subcordinación del programa Gestión de Calidad (GICA-Justicia)
Ambos asumieron ese liderazgo desde el pasado miércoles 1 de julio, después de que Corte Plena mediante artículo XXIV de la sesión número 24-15, celebrada el 22 de junio de este año, los ratificará como los encargados de GICA- Justicia. 
La elección de ambos se da tras la salida del magistrado Rolando Vega Robert, quien se acogió a su jubilación.
“Estoy comprometida en continuar con los procesos de acreditación GICA- Justica es uno de los programas más importantes de la institución que ha generado un cambio en la gestión y mejora en el servicio público. Debemos mantener su prestigio y su posicionamiento.” Indicó la magistrada Julia Varela Araya.
La magistrada recibirá el apoyo del magistrado Luis Guillermo Rivas Loáciga como subcoordinador de GICA-Justicia, quien se reunió con el equipo de trabajo del Centro de Gestión de Calidad (CEGECA), espacio donde se brindó un informe sobre los avances de los procesos de acreditación, re-acreditación y planes piloto de la Familia de Normas GICA-Justicia.
“Estoy convencido de los beneficios que GICA le ha dado a cada una de las oficinas que logra la acreditación, porque ese rediseño permite que se transformen en eficientes y que el servicio mejore en forma considerable; me parece que es un programa que no debemos dejar de impulsar a lo interno”; manifestó el magistrado Rivas Loáiciga, en su primer encuentro con el equipo gestor.
Para el Centro de Gestión de Calidad (CEGECA) se continuará trabajando con el posicionamiento de la Familia de Normas GICA-Justicia en todo el Poder Judicial.
“En la medida en que podamos mejorar la gestión pública lo seguiremos haciendo. A nivel internacional mantenemos todo el esfuerzo ante la Cumbre Iberoamericana para seguir promoviendo la gestión de la calidad de Poderes Judiciales Iberoamericanos” dijo Andrés Méndez Bonilla, jefe de CEGECA.
Como parte de las acciones de continuidad están: mantener a CEGECA como la Secretaría Técnica de la Comisión Iberoamericana en asuntos de gestión de calidad, fortalecer los convenios con ministerios del Poder Ejecutivo y Colegios Profesionales y coadyuvar como árbitros para la escogencia del premio nacional de la calidad que otorga el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN).
El equipo sobre gestión de calidad del Poder Judicial espera continuar brindando buenos resultados a la administración de justicia garantizando a las personas usuarias altos estándares de calidad en el servicio que se presta.
Esta es una reproducción de la noticia publicada en el Observatorio Judicial - Actualidad Judicial, el 08 de julio de 2015, por la Sección de Prensa, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.
Trabajo en Gobierno Judicial y Sala Segunda deja huella
Rosibel Alvarez
Comunicado de Prensa
- Magistrado Rolando Vega Robert presentó informe de gestión ante jubilación.
Un trabajo tesonero durante poco más de 12 años en la magistratura de la Sala Segunda, destacó Rolando Vega Robert, al hacer un recuento de los logros y esfuerzos por dar su aporte dentro del Gobierno Judicial y la labor de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia que le correspondió asumir.
Importantes proyectos impulsó y consolidó desde que asumió su cargo en diciembre del 2002, que se incorporaron al Informe de Gestión que presentó ante Corte Plena, la Asamblea Legislativa y la ciudadanía en general.
El documento de rendición de cuentas destaca la labor desarrollada por Vega Robert en el ejercicio de la función de Gobierno Judicial y en la función jurisdiccional a lo interno de la Sala de Casación Laboral, Familia Derecho Sucesorio y Concursal.
Gestión en Gobierno Judicial
Desde el inicio de su gestión en diciembre de 2002 en la magistratura, emprendió el proyecto de Diálogos por la Justicia, iniciativa que tuvo como objetivo abrir un diálogo institucional dirigida a una reforma judicial democrática y participativa, que tomó en consideración la rendición de cuentas como magistrado de la Corte y de la Sala Segunda; así como la promoción de sugerencia sobre el proceso transformador del Poder Judicial.
La página electrónica se incluyó en la web del Poder Judicial y desde allí se promovieron foros, encuestas, procesos de rendición de cuentas, transparencia y el contacto directo con personas usuarias de la institución.
Como representante del Poder Judicial ante el Consejo General del Poder Judicial de España y el Programa EUROsociAL-Justicia, el magistrado Vega Robert destacó la importante cooperación europea que recibió el país, en proyectos como la elaboración de la reglas mínimas de acceso a la justicia para grupos vulnerables, la asistencia a víctimas y protección de testigos en Colombia y Costa Rica, la resolución alterna de conflictos específicamente en la mediación y conciliación en Brasil, Costa Rica y Argentina y el modelo de gestión integral de la calidad judicial y acreditación para los despachos judiciales en Costa Rica, entre otros.
Un gran aporte para la institución fue la puesta en marcha del proyecto piloto GICA-Justicia proyecto financiado por la Unión Europea, el cual se desarrolló de junio de 2009 a abril del 2010, donde Rolando Vega Robert fungió como coordinador general.
“El objetivo del proyecto fue desarrollar e implantar un “Sistema de Gestión Integral de Calidad y Acreditación para la Justicia” específico e innovador a nivel mundial. Participaron dos despachos pilotos: Sala Segunda y Juzgado de Violencia Doméstica de Heredia… se promovió una amplia participación ciudadana, se creó la Norma GICA 2010: Organización del Despacho Judicial y se acreditaron por parte del SINCA ambos despachos por cumplir con los estándares de calidad establecidos en la norma”, destacó el magistrado Rolando Vega en su informe.
Actualmente despachos como la Sala Segunda ha mejorado sustancialmente su funcionamiento al reducir su circulante en un 75% en los últimos meses y el tiempo de respuesta bajó de 9,6 meses a 2,2 meses.
Este proyecto llevó al Poder Judicial a promover la creación de un órgano acreditador externo, el Sistema Nacional de Calidad y Acreditación de la Justicia (SINCA-Justicia), actualmente integrado por representantes del más alto nivel del Poder Judicial; del Ministerio de Justicia; de la Defensoría de los Habitantes; del Colegio de Abogados; del Consejo Nacional de Rectores; del Sistema Nacional de Acreditación de la Enseñanza Superior; y del INCAE Bussines School. Órgano que en el 2010 fue creado por decreto ejecutivo.
A lo interno del Poder Judicial se estableció el Centro de Gestión de Calidad (CEGECA), que tiene cargo la ejecución de las políticas de gestión de la calidad emanadas de la Comisión GICA de la Corte. Además, se encarga de asesorar y promover la replicabilidad del modelo en los despachos judiciales que opten por la acreditación judicial.
A nivel internacional quedó presentada la propuesta para la creación del Centro de Formación y Capacitación Judicial para América Latina, cuya propuesta ante la cooperación del Gobierno de Francia, de que pueda operar en nuestro país dicha entidad, como una Sede de la Escuela Nacional de la Magistratura Francesa.
La labor desempeñada por el magistrado Rolando Vega lo llevó a trabajar en la propuesta de un sistema de evaluación del desempeño, de pautas de viajes al exterior y el establecimiento del Centro de Conciliación del Poder Judicial, que actualmente cuenta con 10 sedes regionales y han resuelto casi 60 mil casos por medio de audiencias de conciliación.
Participó en alrededor de 14 comisiones judiciales en diversos temas como Gestión de Calidad y Acreditación, Evaluación del Desempeño, Resolución Alterna de Conflictos, Construcciones, Nombramientos, entre otras.
“Como integrante de la Comisión de la Jurisdicción Laboral, propuse la creación de una Sub-Comisión de Seguridad Social para llevar a cabo la iniciativa de separar todos los asuntos concernientes a la Seguridad Social que estaban radicados en dicho Juzgado de Trabajo. A partir de la propuesta formulada por la Sub-Comisión de Seguridad Social aprobada por la Corte en sesión N° 23-09 del 22 de junio de 2009, artículo XIX, se acordó la creación del Juzgado de Seguridad Social ubicado en el I Circuito Judicial de San José. Los resultados han sido altamente exitosos y hoy es una de las experiencias más importantes del Poder Judicial en la búsqueda de definición de los despachos judiciales modelo. Se trata del único despacho judicial acreditado en calidad y que es totalmente virtual o electrónico”, detalló Vega Robert en el informe de gestión.
Gestión en la Función Jurisdiccional
En su desempeño en el cargo de magistrado, Roland Vega Robert destacó su trabajo en la resolución, junto al pleno de la Sala Segunda de más de 9 mil asuntos, de los cuales le correspondió la redacción de cerca de 2 mil sentencias.
Además acompañó a esta Sala de la Corte durante el proceso de acreditación y re-acreditación sobre gestión de calidad, luego de que se cumpliera con todos los requisitos establecidos por la Norma GICA 2010: Organización del Despacho Judicial.
Impulsó la creación de la Revista de la Sala Segunda, que cuenta en la actualidad con trece ejemplares publicados, la cual, en los últimos años, ha estado bajo la dirección de la magistrada Eva Camacho Vargas.
“…la Revista es una herramienta de consulta esencial en lo que respecta a la sistematización de la información jurisprudencial y a la actualización de la legislación y los pronunciamientos de órganos administrativos relevantes”, puntualizó Rolando Vega.
A esto se suma su iniciativa en el desarrollo desde hace 11 años de proyectos trascendentales para la Sala Segunda como lo fue la actualización y rediseño de la página electrónica de la Sala y la puesta en marcha del Centro de Información Documental de la Sala.
También apoyó y dio su aporte en proyectos de ley como la Reforma Procesal Laboral y la Ley de Código Procesal de Familia.
Esta es una reproducción de la noticia publicada en el Observatorio Judicial - Actualidad Judicial, el 07 de julio de 2015, por la Sección de Prensa, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.
Sala Segunda dispuesta a mantener logros ajustados a normas de calidad
Rosibel AlvarezComunicado de Prensa
- Afirma magistrado Orlando Aguirre Gómez, electo para un nuevo período como Presidente del Alto Tribunal Laboral, de Familia y Concursal.
La sensibilidad de las materias que debe atender la Sala Segunda, evidencia el compromiso de los magistrados y magistradas integrantes por mantener una gestión eficaz y eficiente en la resolución de los conflictos que se les presenta. Y este mismo compromiso, lleva al magistrado Orlando Aguirre Gómez a asumir por un nuevo período la Presidencia de dicha Sala.
El pasado lunes 25 de mayo, luego de una votación a lo interno de la Sala Segunda, fue electo el magistrado Aguirre Gómez, quien fue juramentado en la sesión de Corte Plena, por la Presidenta de la Corte, Zarela Villanueva Monge.
La Presidencia de la Sala Segunda la asumirá por un nuevo período de cuatro años, cuyo principal reto será mantener los niveles de gestión que registra este importante Tribunal de Casación Laboral, de Familia y Concursal.
“El ejercicio de la Presidencia es una responsabilidad bastante grande, porque ello implica mantener los logros que la Sala ha realizado hasta ahora, en el ejercicio de una gestión ajustada a normas de calidad y con ello, mantener el carácter de un órgano debidamente certificado. Este ha sido un reto de todo el equipo de trabajo de la Sala Segunda que involucra a magistrados, magistradas y a todo el equipo de apoyo”, destacó Orlando Aguirre.
En la actualidad los promedios de duración de los expedientes que llegan a conocimiento de la Sala Segunda, rondan los tres meses a nivel general.
Para Aguirre Gómez es un honor asumir el cargo de la Presidencia de esta Sala de Casación y agradeció la confianza que depositaron los magistrados y magistradas integrantes, para continuar en este puesto por cuatro años más.
“La Sala Segunda conoce materias muy sensibles como lo son Trabajo y Familia. De ahí la importancia de la creación y mantenimiento de criterios adecuados para la solución de los conflictos que se presentan”, destacó el Presidente de la Sala Segunda.
Atestados
Orlando Aguirre Gómez asumió la magistratura de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en enero de 1989.
A partir de 1991 asumió la Presidencia del Alto Órgano de Casación, cargo que actualmente ocupa.
Su experiencia laboral dentro del Poder Judicial la inició como juez contravencional y de menor cuantía de Aserrí y Tibás en 1976.
También se desempeñó como actuario del Juzgado Segundo Civil de San José, juez primero y juez superior civil de San José, hasta 1989, cuando asume la responsabilidad de formar parte de la Sala Segunda como magistrado.
Orlando Aguirre Gómez es Licenciado en Derecho y Notario Público, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.
A nivel académico, ha participado como profesor de Derechos Reales y Juicios Universales, en la Universidad de Costa Rica y de Derecho Sucesorio, en la Universidad Colegio Académico. Además ha sido docente en diversos procesos de capacitación para jueces, juezas y personal de apoyo de los Tribunales de Justicia y ha brindado su aporte en talleres, seminarios nacionales e internacionales, relacionados con la administración de justicia.
Esta es una reproducción de la noticia publicada en el Observatorio Judicial - Actualidad Judicial, el 29 de junio de 2015, por la Sección de Prensa, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.