Agencia de Protección de Datos de los Habitantes informó resolución a Corte Plena

Comunicado de prensa 

• Norma reglamentaria define los lineamientos institucionales para el tratamiento de la información que se origina desde el Poder Judicial, de previo a su publicación en Internet o por cualquier medio de acceso a terceras personas.

A nivel nacional, los lineamientos aprobados por Corte Plena para regular la recolección, almacenamiento, tratamiento y manejo de los datos personales que incluyen resoluciones o documentos judiciales, que contengan datos sensibles, recibieron el aval de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PROHAB).

La confirmación de la inscripción del “Reglamento de actuación de la ley protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales en el Poder Judicial”, fue conocida por los magistrados y magistradas que integran Corte Plena, en la sesión ordinaria del pasado 7 de noviembre.

La información fue remitida por la Dirección Nacional de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, entidad que acordó “…la inscripción del Protocolo de Actuación denominado: “Reglamento de Actuación de la Ley Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales en el Poder Judicial”, trámite promovido por la Corte Suprema de Justicia de la República. Las posteriores modificaciones, que se realicen a dicho documento deberán ser igualmente inscritas ante la PROHAB. La Agencia podrá verificar, en cualquier momento, que la base de datos respectiva esté cumpliendo cabalmente con los términos de su protocolo”.

El reglamento define los lineamientos institucionales para el tratamiento de la información que se origina desde el Poder Judicial, de previo a su publicación en Internet o por cualquier medio de acceso a terceras personas, con el fin de garantizar el derecho al acceso a la información pública de carácter judicial, pero generando un equilibro con el derecho a la autodeterminación informativa, para evitar acciones discriminatorias.

Se detalla que son de acceso público en las bases de datos oficiales del Poder Judicial, las resoluciones emitidas por los Tribunales Superiores que se encuentren en firme y las de las Salas de la Corte Suprema de Justicia y no podrá publicarse aquella información que no esté protegida según lo establece la Ley 8968.

Las personas encargadas de la protección de datos, tendrán entre sus obligaciones analizar si procede la despersonalización de la información en las resoluciones o documentos que se le han remitido para estudio, proceder a despersonalizar los datos personales de acceso restringido y de carácter sensible y depositar el documento en el Repositorio Único de Sentencias Judiciales Despersonalizadas (RUSJD) y luego, el Digesto y los centros jurisprudenciales de las Salas tendrán a su cargo la respectiva publicación.

Para el reemplazo de los datos personales se utilizará la etiqueta “Nombre001”, el cual se constituye en un consecutivo, según la cantidad de personas que sean objeto de protección, según lo dispone la legislación especial. En cuanto a los otros datos como la cédula, dirección y número de teléfono, la etiqueta que se utilizará es “Valor001”.

Las sentencias dictadas por las Salas de la Corte o por los Tribunales Superiores que estén en firme o con cosa juzgada material, no serán despersonalizadas, solo aquellas dictadas a personas menores de edad o alguna resolución que señale un estado de inimputabilidad.

También establece dos tipos de bases de datos, la de acceso restringido que contendrá toda la información íntegra, sin tratamiento de despersonalización, de consulta interna mediante los procedimientos y sistemas informáticos establecidos y la base de datos pública, que contiene la información que debe ser publicada en Internet o de acceso a terceras personas, con información despersonalizada según el reglamento aquí aprobado y la ley vigente.

El documento fue propuesto por la Comisión de Datos Personales del Poder Judicial, integrada por los magistrados Carlos Chinchilla Sandí, Coordinador, Paul Rueda Leal, la magistrada Julia Varela Araya, el ex director de Tecnología de la Información, Rafael Ramírez López. Además contó con la colaboración de especialistas en la materia procedentes de los Centros de Información de las Salas de la Corte y el Digesto de Jurisprudencia y de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes.

En agosto del presente año, Corte Plena aprobó el Reglamento de actuación de la Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales en el Poder Judicial y la Secretaría General de la Corte remitió dicho documento ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRQHAB) para su inscripción oficial.

Luego de un estudio tanto de forma como de fondo de dichos lineamientos, la Agencia concluyó que el documento cumplía con los requisitos establecidos en el reglamento de la Ley 8968.

Esta es una reproducción de la noticia publicada en el Observatorio Judicial - Actualidad Judicial, el 13 de enero de 2015, por la Sección de Prensa, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.

Corte Plena emite informe sobre proyecto

Comunicado de prensa

• Ante consulta solicitada a la iniciativa de “Ley de Fortalecimiento del Fútbol de Costa Rica por medio de la regulación del estatus laboral de los futbolistas”.

Determinar que el proyecto de ley que se tramita en la corriente legislativa, para regular el estatus laboral de los futbolistas profesionales, no incide en el funcionamiento de la administración de justicia, es lo que señala el informe del acuerdo de Corte Plena.

El criterio de los magistrados y magistradas se dio ante la solicitud que realizó la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa, para conocer la posición de las autoridades judiciales sobre el expediente legislativo número 19 238, Ley de Fortalecimiento del Fútbol de Costa Rica por medio de la Regulación del estatus laboral de los futbolistas”. El informe estuvo a cargo del magistrado instructor Rolando Vega Robert.

El documento aprobado por Corte, señala que “…El proyecto de ley, revisado conforme a las competencias de la Corte Suprema de Justicia según lo establecido en el numeral 59 inciso 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no se nota que afecte la organización y funcionamiento del Poder Judicial, o que vaya a provocar algún impacto significativo en la cantidad de asuntos que ingresen a los despachos judiciales con respecto a este tipo de trabajadores, más allá de los que ya ingresan. De igual forma no reforma la legislación codificada, sino que como se indicó, pretende ser un complemento al Código de Trabajo y leyes conexas”.

Sin embargo, se hizo la recomendación a las y los diputados integrantes de la comisión legislativa, que valoraran el tema del tipo de contrato que se desea imponer a estos trabajadores.

“… el proyecto establece que la relación contractual de los futbolistas profesionales debe ser a tiempo fijo o plazo definido. Esa disposición legal, va en contra del principio del derecho del trabajo que propugna una preferencia a las relaciones indefinidas, que es uno de los pilares de la estabilidad laboral relativa de que goza el trabajador en la empresa privada. Que un contrato de trabajo sea a plazo fijo o por tiempo indefinido, nuestro Código de Trabajo no lo señala específicamente para cierta actividad o profesiones, uno u otro surgen de la espontaneidad de las relaciones de trabajo, fluyen con las exigencias sociales, y la jurisprudencia laboral ha señalado ciertos tipos de contrataciones como a plazo fijo o a plazo indeterminado, analizando caso por caso, no porque una norma jurídica señale que un determinado trabajador siempre se relacione con su empleador por un contrato a plazo fijo o de duración determinada”, puntualizó el informe aprobado por Corte Plena.

El criterio judicial indicó que en el caso de los futbolistas, muchos han prestado servicios ininterrumpidamente por años a un mismo club, lo cual puede catalogarse, según la norma laboral, como un contrato a tiempo indeterminado y no a plazo fijo, “…lo cual es más favorable al trabajador puesto que las indemnizaciones al concluir la relación, son de mayor protección que las del trabajador a plazo determinado”.

Esta es una reproducción de la noticia publicada en el Observatorio Judicial - Actualidad Judicial, el 06 de enero de 2015, por la Sección de Prensa, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.

Presidencia de la Corte y Consejo Superior

Comunicado de prensa 

La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge participó en el acto de clausura de las jornadas de capacitación en procedimiento disciplinario administrativo.

  La Magistrada Villanueva Monge hizo un reconocimiento a las personas participantes por su perseverancia y esfuerzo en estos meses de asistencia a los ocho módulos que formaron parte de la        capacitación e indicó “quisiera que las políticas institucionales de respeto a los derechos fundamentales, de género, de probidad, de servicio accesible e igualitario para todas las personas, estén    respaldadas por un régimen disciplinario efectivo, que actúe de inmediato y que sea capaz de demostrar que tenemos los mecanismos a lo interno para corregirnos”.

 Por su parte, la integrante del Consejo Superior, Milena Conejo Aguilar señaló que los módulos fueron un esfuerzo de las asesoras y asesores del Consejo, en conjunto con la Presidencia de la Corte,  quienes vieron la necesidad de reflexionar sobre el régimen disciplinario en el Poder Judicial.

 “Es importante profundizar sobre algunos aspectos en la aplicación de la normativa, de la jurisprudencia y de los criterios, para abrir un nuevo espacio de reflexión”, finalizó Milena Conejo.

 Las capacitaciones dieron inicio en el mes de junio y trataron temas como “Ética y probidad de los funcionarios en el ejercicio de la función pública”, “Acoso laboral”, “Acoso Sexual”, “Valoración de la  prueba”, “Nulidad en el procedimiento administrativo”, entre otros.

 Los módulos se impartieron al personal del Tribunal de la Inspección Judicial, de la Judicatura, Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial, Defensa Pública y Dirección Ejecutiva.

 Para el asesor de la Presidencia de la Corte, Irving Vargas Rodríguez, “es importante que el personal judicial que tramita procedimientos disciplinarios tenga una debida instrucción y capacitación en el  manejo de los mismos a la luz de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley General de la Administración Pública, tomando como base la aplicación adecuada de los principios como la oralidad, la  valoración de la prueba, entre otros. Todo con el objetivo de lograr un procedimiento célere y apegado a la ley”.

 Esta mañana, el juez del Tribunal Contencioso Administrativo, Sergio Mena García, impartió el tema “Oralidad en los procedimientos administrativos”, donde resaltó que la oralidad se ha convertido en un  herramienta de gran importancia

 “La oralidad se ha convertido en un instrumento para llegar al dictado de los actos finales, eso en materia administrativa. En materia judicial el Código Procesal Administrativo e incluso el Código Procesal  Laboral incorporan la oralidad. La reforma que viene está apuntando a esta temática” agregó el juez Mena García.

Esta es una reproducción de la noticia publicada en el Observatorio Judicial - Actualidad Judicial, el 17 de diciembre de 2014, por la Sección de Prensa, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.

AGILIZARÁN PROCESOS LABORALES

Comunicado de prensa

• Jornada será diurna.

El funcionamiento total del Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, sede Goicoechea, en la modalidad oral-electrónica, se fijó para enero del 2015. Además, el horario de atención será exclusivamente diurno.

La Sección Primera de dicho Despacho (antes Sección Física) atendió hasta el 2014 los procesos físicos y se extendía el horario de atención al público a la jornada vespertina, mientras que la Sección Segunda (antes Sección electrónica) trabajaba bajo la modalidad oral-electrónica, sin jornada vespertina.

La tramitación oral-electrónica de todos los procesos del Juzgado de Trabajo de Goicoechea, responde a la necesidad que tienen las autoridades judiciales de agilizar en beneficio de los usuarios, el trámite y resolución de una materia tan sensible, como lo es la laboral, mediante la implementación de mecanismos ágiles de resolución.

De acuerdo con la jueza coordinadora, Lourdes Montenegro Espinoza, la reorganización estableció la división del Despacho en dos secciones: Una Sección Primera (antes sección Física) y una Sección Segunda (antes sección electrónica), las cuales asumirán en partes iguales el circulante existente en el 2015.

De acuerdo con la jueza laboral, se trabajará en el 2015 únicamente en jornada diurna, lo cual permitirá un mayor control del trabajo que se realiza. Además se consideró suspender el horario vespertino, ante la baja demanda en el servicio.
“Esta reorganización permite que las personas usuarias tengan a su disposición a todo el personal del Juzgado en la tramitación de los procesos laborales electrónicos, que actualmente forman parte del circulante y los casos que ingresen nuevos en el 2015”, explicó Montenegro Espinoza.

Lo que se busca es agilizar las demandas laborales que se tramitan en este Juzgado mediante el sistema oral-electrónico, lo cual permite a las partes presentar desde el Sistema de Gestión en Línea sus demandas, escritos de su interés y la consulta de los expedientes, previo a la solicitud de una clave y usuario.

La oralidad también agilizaría la recepción de la prueba, así como el dictado de la sentencia.
Cada Sección del Juzgado Oral Electrónico estará integrada por 10 jueces y juezas, entre las que se distribuirán la colaboración de aproximadamente 40 personas técnicas judiciales.

La jueza Lourdes Montenegro señaló que para las situaciones de presión que deba enfrentar el despacho, ante el incremento de demandas por una situación social especial, se tienen previstos planes de acción inmediata como la separación de dos jueces o juezas, para la atención de los expedientes relacionados con el tema específico o la asignación a cada juez o jueza de un número determinado de estos asuntos, labor que se realizaría por mes.

En el 2014, el Juzgado que tramita los procesos físicos finaliza con un circulante de aproximadamente 1100 expedientes, de los cuales la mayoría está en etapa de ejecución y solo un 20% están en proceso para fallo.

Incluso ante la reducción del circulante físico, desde hace seis meses en la Sección Primera ya se venían recibiendo audiencias orales con su respectivo fallo, para contribuir con los casos que atiende la sección Segunda.

Para garantizar una efectiva identificación de los procesos que tramitará cada una de las Secciones, se asignó un número de identificación específico a los expedientes. De esta manera, los expedientes con el código 166 corresponderán a la Sección Primera y los expedientes con la numeración 1178, son los casos que le corresponderá tramitar a la Sección Segunda.

El plan de trabajo para el 2015 se presentará mañana Jueves 18 de diciembre por parte del Departamento de Planificación a la Magistrada Julia Varela y los Jueces del Juzgado de Trabajo, donde se establecerán las metas y estrategias para afrontar el circulante que se distribuirá entre ambas secciones.

Esta es una reproducción de la noticia publicada en el Observatorio Judicial - Actualidad Judicial, el 17 de diciembre de 2014, por la Sección de Prensa, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.