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Jurisdicción laboral analiza el derecho colectivo en la Reforma
Rosibel Alvarez
Comunicado de Prensa
- La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de la Jurisdicción Laboral organizaron el encuentro “Derecho Laboral 2017”
Un importante espacio de acercamiento y reflexión entre jueces y juezas de la materia laboral de todo el país, se realizó este viernes 24 de noviembre.
El eje central del encuentro fue la discusión y análisis sobre los temas “Derecho Colectivo, Recepción de Prueba, Sentencia oral y Generalidades”, que viene a fortalecer conocimientos y habilidades de las personas administradoras de justicia de esta jurisdicción, con motivo de la Reforma Procesal Laboral.
“Reforzamos temas sobre el Derecho Colectivo, la prueba y la sentencia oral, para ello contamos con los especialistas: Ana Luisa Meseguer Monge, Jorge Mario Soto Álvarez y Jorge Olaso Álvarez que han venido trabajo en el proceso de facilitadores de capacitación en todo el país”, comentó la magistrada de la Sala Segunda, Julia Varela Araya, quien también motivó a los jueces y juezas a continuar brindando un servicio con excelencia y compromiso.
“Vamos a reforzar el tema del compromiso y excelencia que ustedes ya tienen, podemos demostrar que contamos con capacidad para reinventar y le vamos a demostrar al Poder Judicial y al país, que ustedes tienen no solo calidad humana, sino talento y compromiso con el servicio que se presta a la población”, puntualizó Varela Araya.
Los magistrados de la Sala Segunda, Orlando Aguirre Gómez y Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, resaltaron la importancia de estos espacios con jueces y juezas laborales, con el fin de fortalecer sus conocimientos y habilidades, con motivo de la Reforma Procesal Laboral.
La primera de la exposiciones estuvo a cargo de la jueza del Tribunal Labora del Goicoechea, Ana Luis Messeguer Monge, quien se refirió sobre el instituto de la conciliación para la solución de los conflictos colectivos laborales; mientras el juez del Tribunal Laboral de Heredia, se encargó de exponer sobre aspectos relevante del derecho colectivo laboral, que sufrieron modificaciones importantes desde el punto de vista de la reforma laboral, así como el tema de la huelga.
El tema sobre la “Recepción de prueba y sentencia oral”, estuvo a cargo del juez del Tribunal de San José, Jorge Olaso Álvarez, quien en el marco de la actividad, aprovechó para presentar su libro “Esquema sistemático de la Reforma Procesal Laboral y normas conexas”.
Al final de la tarde, se contó con la participación de los jueces del Centro de Apoyo de Información Jurisdiccional, Fabrizio Garro Vargas y Fabián Arrieta Seglea, quien expusieron sobre las estrategias ejecutadas para la descongestión de despachos y los procesos sumarios en los temas de fueros.
Esta es una reproducción de la noticia publicada en el Observatorio Judicial - Actualidad Judicial, el 24 de noviembre de 2017, por la Sección de Prensa, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.
Conversatorio sobre la reforma procesal laboral y su impacto en población migrante
Rosibel Alvarez
Comunicado de Prensa
Los cambios en la legislación producto de la Reforma Procesal Laboral y su impacto para poblaciones en condición de vulnerabilidad, tales como personas migrantes, refugiadas, solicitantes de refugio, menores de edad y mujeres embarazadas, fueron el eje del conversatorio que sustuvo la Magistrada Julia Varela, especialista en materia laboral y encargada de la aplicación de la reforma en el Poder Judicial, con representantes de sociedad civil y de otras instituciones públicas.
Esta actividad fue organizada por la Subcomisión de Acceso a la Justicia para Población Migrante y Refugiada del Poder Judicial en atención a la necesidad de difusión y formación en los cambios generados a partir de la reforma laboral, sobre todo a la luz de inquietudes de representantes de organizaciones sociales que trabajan en defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas en nuestro país.
Entre los temas tratados estuvieron las formas de defensa de la población, el principio de no discriminación, el impacto de la reforma en las instituciones y en la sociedad civil, los derechos laborales irrenunciables, fueros y actuación de la persona juzgadora en la tutela de derechos y la administración de justicia.
Personas provenientes de organizaciones sociales como Cenderos, Centro Jesuita para Migrantes, ACAI, al igual que instituciones públicas como Dirección General de Migración, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, INAMU, Procuraduría General de la República, Tribunal Supremo de Elecciones, además de estudiantes de carreras de Derecho de diferentes universidades y personas abogadas litigantes, participaron de esta charla.
Entre el público presente destacó la participación del señor Carlos Brenes Morales, facilitador judicial de la comunidad de Bonanza de La Fortuna de San Carlos, quien ese mismo día viajó para participar del conversatorio, ya que asegura que en su comunidad existen mitos entre las personas patronas y trabajadoras sobre los cambios que trajo consigo esta reforma laboral. Su participación en el conversatorio ayudará a ofrecer a vecinas y vecinos claridad sobre sus derechos y responsabilidades cuando se establecen relaciones laborales en el marco de la legislación actual.
Se aprovechó también por parte del público presente a evacuar dudas sobre este tema hacia la Magistrada Varela, de este modo, se pudo profundizar en temas como presentación de pruebas, vulnerabilidades, protección a personas menores de edad y mujeres embarazadas y la necesidad de una asesoría jurídica oportuna a la población trabajadora migrante.
Por parte de la Subcomisión se entregó un reconocimiento a la Magistrada Julia Varela por la valiosa contribución que ha realizado sobre este tema y el apoyo que brindó a la Subcomisión durante los años que estuvo como coordinadora.
La presentación de la Magistrada Julia Varela está disponible en el sitio web de la Subcomisión para todas las personas que deseen conocer esta información: www.poder-judicial.go.cr/accesoalajusticia/index.php/subcomision-de-migracion-y-refugio
Para más información de esta actividad y de la Subcomisión se puede llamar al 2295-3322.
Esta es una reproducción de la noticia publicada en el Observatorio Judicial - Actualidad Judicial, el 23 de octubre de 2017, por la Sección de Prensa, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.
Arrancó serie de talleres sobre la reforma laboral dirigido a personas facilitadoras judiciales
Rosibel Alvarez
Comunicado de Prensa
Conocer y comprender los principales cambios producto de la Reforma Procesal Laboral, así como los fueros especiales para las poblaciones en condición de vulnerabilidad, es el objetivo principal de una serie de talleres programados en todo el país, organizados conjuntamente entre la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj) y la Escuela Judicial.
Estas capacitaciones están dirigidas a personas facilitadoras judiciales precisamente como estrategia para empoderar a la ciudadanía sobre el conocimiento que tiene sobre sus derechos laborales dentro de un Estado democrático, debido a la función replicadora de información y asesoría que tienen las personas facilitadoras en sus comunidades.
Los talleres se están programando para cubrir este año las zonas de Santa Cruz, Nicoya, Liberia, San Carlos, Pococí, Corredores, Golfito y Puntarenas. Mientras que las capacitaciones en Quepos, Parrita, Osa, Pérez Zeledón y Puriscal se impartirán en el 2018.
El abordaje metodológico de estas capacitaciones se basa en un proceso dialógico horizontal, el cual fomenta el aprendizaje de las personas participantes, en donde se tendrán acciones, tanto individualizadas como socializadas, para que las sesiones sean amenas y productivas. La aplicación de técnicas didácticas que se incluirán en las sesiones, favorecen la asimilación de conceptos, definiciones, reglas y principios de la legislación laboral vigente.
La información y conocimiento aprendido en esta experiencia vendrá a colaborar con la función que desarrollan las personas facilitadoras judiciales en sus comunidades, en donde tienen contacto diario con poblaciones en condición de vulnerabilidad como trabajadores agrícolas, del sector construcción y labores domésticas, así como personas jóvenes y mujeres embarazadas trabajadoras.
Asimismo, la Escuela Judicial ha elaborado folletos específicamente para esta capacitación a personas facilitadoras, de manera que cuenten con el respaldo en físico de los principales temas abordados en la capacitación.
Los talleres están a cargo de las personas juzgadoras Ana Luisa Meseguer Monge, José Antonio Madrigal Soto, Jorge Olaso Álvarez, Andrés Grossi Castillo, Jorge Mario Soto Álvarez, Lourdes Montenegro Espinoza y Rafael Ortega Tellería. Esta serie ha sido coordinada por Daisy Quesada y Carlota Arauz, quienes son las encargadas de la coordinación y la metodología por parte de la Escuela Judicial.
Asimismo, la Escuela Judicial ha designado un grupo de personas auxiliares que colaboran y acompañan a las y los especialistas laborales, para brindar apoyo logístico en cada uno de los talleres.
Para mayor información sobre esta iniciativa se puede llamar a Conamaj al 2295-3322.
Esta es una reproducción de la noticia publicada en el Observatorio Judicial - Actualidad Judicial, el 19 de octubre de 2017, por la Sección de Prensa, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.
Jueces y juezas laborales analizan avances de la implementación de la Reforma Procesal Laboral
Rosibel Alvarez
Comunicado de Prensa
- Encuentro promovido por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia
Jueces y juezas coordinadores de los despachos laborales del país, así como los magistrados y magistradas que integran la Sala Segunda de la Corte, se reunieron este viernes 13 de octubre, con el fin de permitir un espacio de intercambio de experiencias e inquietudes, en torno a la reciente implementación de la Reforma Procesal Laboral.
“Esta actividad que hemos programado es muy importante porque se pretende escuchar a los jueces y juezas coordinadoras de la material laboral del país y para brindarles alguna información más actualizada sobre los avances que hemos tenido en la implementación de esta Reforma”, señaló la magistrada Julia Varela Araya.
“También es muy importante conocer aquellos aspectos que consideran les hace falta, con el fin de poder analizar los aportes que podamos brindarles a nivel institucional y mejorar las condiciones de la implementación”; agregó Varela.
El encuentro se realizó en el Auditorio del Edificio Mirá en Zapote y contó la participación de los magistrados de la Sala Segu
nda Orlando Aguirre Gómez, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, Julia Varela Araya, Coordinadora de la Comisión de la Jurisdicción Laboral y el magistrado suplente, Héctor Blanco González; además del Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional.
La importancia y relevancia de este espacio, también fue resaltado por los magistrados Aguirre y Sánchez, quienes manifestaron la satisfacción de la Sala Segunda por este acercamiento, que se realiza con la intención de intercambiar experiencias y dudas con respecto a la Reforma.
La primera parte del taller contó con la presentación de informes de avances de las áreas administrativas que intervinieron en todo el proceso de preparación de la Reforma Procesal Laboral, por parte de la Dirección Ejecutiva, Planificación y Tecnología de la Información; mientras la segunda parte consistió en un taller participativo, cuyo propósito fue conocer los avances en cada uno de los despachos laborales y realizar un intercambio de ideas entre jueces y juezas sobre oportunidades de mejora, fortalezas y necesidades.
Esta es una reproducción de la noticia publicada en el Observatorio Judicial - Actualidad Judicial, el 17 de octubre de 2017, por la Sección de Prensa, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.
Fallo Sala Segunda Despido de funcionario público procedió por no renovar seguro de fidelidad
Rosibel Alvarez
Comunicado de Prensa
- Garantía debía firmarse a favor del Estado, para proteger patrimonio público ante funciones a su cargo.
El incumplimiento al suscribir una póliza de fidelidad, por parte de quien ocupa un cargo público de jefatura, lo llevó a incurrir en una falta grave para la Administración y proceder con el despido sin responsabilidad patronal. Así quedó en evidencia en la resolución 2016-1273 de la Sala Segunda.
Los magistrados y magistradas del Tribunal de Casación Laboral, al analizar el caso particular, profundizaron en el artículo 13 de Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, así como lo señalado por la Sala Constitucional en este tema.
De acuerdo con el razonamiento jurídico de casación, la normativa da preponderancia al requisito de firmar y renovar el seguro de fidelidad a favor del Estado, cuyo fin es proteger el patrimonio, por la responsabilidad que pueda surgir en el ejercicio de las funciones encomendadas, ya sea por dolo, culpa o negligencia.
“…resulta evidente la importancia de que el seguro exista durante todo el período en que se ejerce el cargo. La inexistencia de la respectiva póliza coloca a los fondos públicos en una situación de riesgo inadmisible. Esta, desde luego, debe suscribirse al momento de ocupar el puesto por primera vez y debe permanecer durante todo el período de vigencia de la relación, por lo que no es procedente la omisión de renovar la garantía de manera oportuna. Incluso, la normativa exige que el período de protección de los fondos públicos se extienda por todo el plazo de prescripción de la responsabilidad civil. Con mayor razón, debe entonces estar vigente durante la relación de empleo”, puntualizó la sentencia de Casación Laboral.
En el estudio del caso, se concluyó que “…medió retardo y negligencia por parte del actor en el cumplimiento de su obligación de suscribir la póliza de fidelidad. Véase que su seguro venció el 4 de febrero de 2011, sin que conste que haya gestionado en forma oportuna la renovación. Tampoco consta que haya procedido con la diligencia esperada, a pesar de las prevenciones que se le realizaron; a las cuales ni siquiera dio respuesta para informar que estaba realizando los trámites respectivos o acerca de las dificultades que supuestamente se le presentaron”.
La demanda laboral se presentó ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José y contra el Estado. El actor laboraba en la jefatura de administración de un centro de atención institucional en Limón.
En el proceso, solicitó que ante su despido se ordenada al Estado la cancelación del monto correspondiente a la cesantía e intereses.
El Juzgado declaró la demanda sin lugar en todos sus extremos.
El actor apeló la sentencia ante el Tribunal de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, que recovó parcialmente lo resuelto y ordenó la cancelación correspondiente a la cesantía.
La defensa estatal elevó el caso finalmente ante la Sala Segunda, por considerar que el trabajador omitió cumplir una obligación legal importante, correspondiente a la póliza de fidelidad, que es un requisito esencial para el cargo. A su criterio, la parte actora actuó de manera descuidada, pese a las tres advertencias que recibió. Alegó que se procedió con el despido cuando la falta ya se había consumado, que al accionante se le garantizó el debido proceso y que la decisión administrativa de despido está ajustada a derecho, pues el reglamento de la ley prevé este incumplimiento como una falta grave que da lugar al despido sin responsabilidad patronal.
Para la Sala Segunda, “…Esa conducta, sin duda, atentaba contra la protección del patrimonio público; pues, en caso de que hubiera mediado un acto generador de daño, el Estado hubiera debido responder con los fondos públicos, en el tanto en que no existía el seguro que respaldara la actuación del servidor… para resolver el asunto no interesa que no se haya causado algún daño o perjuicio. Cabe señalar, como lo aduce la representante del Estado, que la omisión de rendir la garantía fue tipificada como una falta grave, que faculta a la Administración a poner fin a la relación de empleo, sin responsabilidad para el ente empleador”.
Por ello, el Tribunal de Casación Laboral revocó la sentencia recurrida y confirmó lo resuelto por el Juzgado en la cual se determinó que el despido fue procedente.
Para la Sala, aunque la Ley de Administración Financiera en su artículo 13 establece varias sanciones entre ellas la destitución sin responsabilidad, en el artículo 120 señala expresamente que la falta de presentación de esta garantía es causal de cese en el cargo sin responsabilidad patronal.
“De ahí que no pueda concluirse que el Estado haya infringido el principio de proporcionalidad al momento de ejercer la potestad disciplinaria. De conformidad con las razones dadas, se estima que lleva razón la recurrente en cuanto objeta lo decidido, aduciendo que la conducta en que incurrió el servidor está debidamente tipificada y que la sanción prevista para ella es el despido sin responsabilidad patronal”, indicó la Sala Segunda.
La labor en la jefatura de administración de un centro penitenciario exige entre sus requisitos la firma de una póliza de fidelidad.
Esta es una reproducción de la noticia publicada en el Observatorio Judicial - Actualidad Judicial, el 13 de octubre de 2017, por la Sección de Prensa, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.
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Sala Segunda Enfermedad de alcoholismo no exime a trabajador de justificar ausencias ante patrono
Rosibel Alvarez
Comunicado de Prensa
“…La enfermedad alcohólica no le da derecho a la persona trabajadora que la sufre a dejar de cumplir sus obligaciones una vez que se recupera; es decir, no lo exime de justificar sus ausencias apenas esté en posibilidad de hacerlo, aparte de que no consta que el promovente la padezca. Esa justificación, basada en esa enfermedad, sería más bien la que le permitiría a la empleadora adoptar las medidas apropiadas a fin de persuadir a quien la padece, para que busque la ayuda necesaria para su recuperación, de previo a instaurar un procedimiento disciplinario”, destacó la sentencia de casación laboral.
Para los magistrados y magistradas, en el análisis particular del caso, se demostró que el despido del empleado se dio por tres ausencias en las que incurrió durante el 2012, que no fueron debidamente justificadas, ni se aportaron pruebas que advirtieran algún impedimento para informar sobre las causas de su ausentismo. Además se concluyó que el expediente personal no existe prueba de que la empresa empleadora tuviera conocimiento de que el actor fuera un enfermo alcohólico
La demanda laboral la presentó un extrabajador municipal ante el Juzgado de Trabajo de Alajuela y contra la Municipalidad de esa provincia.
El actor solicitó su reinstalación en el puesto y el pago de otros extremos laborales dejados de percibir desde su despido.
El Juzgado declaró la demanda sin lugar en todos sus extremos, la sentencia se apeló ante el Tribunal de Trabajo de Alajuela, que confirmó lo resuelto en primera instancia.
Finalmente el actor elevó el caso ante la Sala Segunda que también confirmó la sentencia recurrida, al recalcar que “…en cualquier caso, aun cuando las ausencias se hubieran debido a un problema de alcoholismo, el funcionario estaba en la obligación de demostrar ese hecho, lo que no hizo, y tampoco estaba exento de presentar a su empleadora la justificación correspondiente de cada una de las ausencias, de forma oportuna, en el momento en que hubiera estado facultado para ello”.
Esta es una reproducción de la noticia publicada en el Observatorio Judicial - Actualidad Judicial, el 28 de setiembre de 2017, por la Sección de Prensa, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.
Poder Judicial apoya a instituciones públicas con capacitación en reforma laboral
Rosibel Alvarez
Comunicado de Prensa
- Inició actividades formativas en nueve instituciones públicas.
Con un ambicioso cronograma de capacitaciones, el Poder Judicial mantiene las acciones para garantizar una efectiva aplicación del nuevo Código Procesal Laboral. Esta labor se centra ahora en la colaboración con las instituciones públicas.
En total siete entes del Estado contarán con actividades formativas, para profundizar en los aspectos puntuales que contempla la nueva reforma procesal laboral, la cual entró en vigencia el pasado 25 de julio.
Según explicó la magistrada Julia Varela Araya, Coordinadora de la Comisión de la Jurisdicción Laboral, mediante una carta de cooperación interinstitucional, el equipo de trabajo del Poder Judicial a cargo de la implementación de la reforma procesal laboral, contribuirá con las actividades de capacitación.
“El Poder Judicial aportaría a estas instituciones, los facilitadores que tendrán a cargo el desarrollo de las capacitaciones, dentro del marco de la cooperación interinstitucional. Existe un interés del Poder Judicial porque todas las personas que estén involucradas con la reforma, cuenten con los conocimientos necesarios sobre los nuevos procesos. Cada uno de los cursos que se imparten se adapta a los requerimientos de las instituciones públicas, mediante el diseño de un curso que contemple una didáctica de aprendizaje y de contenido de acuerdo a sus competencias”, destacó Varela Araya.
En el mes de agosto inició este proceso de capacitación externo, dirigido a funcionarios y funcionarias públicas del Instituto Nacional de Seguros y la Procuraduría General de la República.
Para setiembre se tienen preparadas dos jornadas de capacitación que atenderán a personal del Ministerio de Trabajo, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros.
En octubre y noviembre, las actividades académicas atenderán al Ministerio de Trabajo, la CCSS, la Defensoría de los Habitantes y la Contraloría General de la República.
Este trabajo culminaría en el mes de diciembre con la atención de personal de la Contraloría General de la República y el Patronato Nacional de la Infancia.
En total, se impartirán durante el segundo semestre del 2017, un total de 8 talleres, con una duración de una semana cada uno.
Entre los contenidos que se abarcarán están el tema de los procesos ordinarios y especiales sobre el empleo público, la prueba, las infracciones y el derecho colectivo, las actividades previas al proceso como lo son las actuaciones ante el Ministerio de Trabajo y otras instancias y el agotamiento de la vía administrativa.
Se estudiarán aspectos sobre los procesos cautelares anticipados, sean estos las medidas cautelares y las preparatorias, el trámite general del proceso y la prueba, aspectos generales sobre derecho colectivo, entre otros.
Entre los objetivos que persiguen estas actividades están el lograr que las personas participantes apliquen los principios que rige el empleo público y privado, a analizar las facultades y oportunidades para conciliar en vía administrativa y judicial, la efectiva aplicación de las medidas cautelares reguladas en la Reforma Procesal Laboral; así como la identificación de la distribución de las cargas probatorias contenidas en la Reforma Procesal Laboral, el momento oportuno para su ofrecimiento y que puedan distinguir las diferentes etapas del proceso ordinario desde su inicio, trámite, conclusión y ejecución.
Esta es una reproducción de la noticia publicada en el Observatorio Judicial - Actualidad Judicial, el 14 de setiembre de 2017, por la Sección de Prensa, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.
Reforma sobre pago de derechos laborales en despidos injustificados recibe criterio judicial
Rosibel Alvarez
Comunicado de Prensa
- Comisión Permanente de Asuntos Sociales remitió consulta.
Los magistrados y magistradas que integran Corte Plena emitieron el criterio sobre el proyecto de ley 20112, que busca regular el pago de los derechos laborales a favor de las y los trabajadores despedidos de forma injustificada.
El estudio de la iniciativa de ley estuvo a cargo de la magistrada instructora, Julia Varela Araya y se emite ante la solicitud de consulta enviada por la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, que tiene a cargo la tramitación del expediente 20112 “Ley para garantizar el pago de los derechos laborales en los despidos injustificados; modificación del Artículo 82 del Código de Trabajo, Ley N° 2 del 27 de agosto de 1943 y sus reformas”.
“El proyecto de ley comentado no incide directamente en la organización y funcionamiento del Poder Judicial, por lo que se omite hacer referencia a su contenido”, estableció el informe aprobado por Corte Plena.
La reforma legal pretende reformar el artículo 82 del Código de Trabajo, con la cual se pretende establecer cambios en esta materia laboral, mediante una nueva redacción, en la que se propone el texto:
“Si con posterioridad al despido surgiere contención y no se comprobare la causa del mismo, el trabajador tendrá derecho a que se le paguen el importe del preaviso y el del auxilio de cesantía que le pudieran corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que quede en firme la sentencia condenatoria en contra del patrono”.
Esta es una reproducción de la noticia publicada en el Observatorio Judicial - Actualidad Judicial, el 21 de setiembre de 2017, por la Sección de Prensa, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.
Reforma Procesal Laboral.Inician las capacitaciones del II semestre 2017
Rosibel Alvarez
Comunicado de Prensa
En un constante esfuerzo por brindar un servicio público de calidad el Poder Judicial, la Comisión de la Jurisdicción Laboral en conjunto con la Escuela Judicial, continúan los procesos de capacitación para este segundo semestre.
Este lunes 21 de agosto comenzaron las capacitaciones para la población interna del Poder Judicial y las instituciones externas del país.
Desde el momento que la Asamblea Legislativa en diciembre del año 2015 aprobó la Reforma Procesal Laboral para que entrara en vigencia el pasado 25 de julio del 2017, algunas entidades externas del país solicitaron la colaboración del Poder Judicial para capacitar a su personal en la nueva normativa, entre ellas: la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional de Seguros, la Caja Costarricense del Seguro Social , la Defensoría de los Habitantes y el Ministerio de trabajo, quienes recibirán el apoyo por parte de la institución durante este periodo.
Esta semana de manera simultánea se están capacitando a cuatro grupos de estas poblaciones, las cuales son un grupo de la Procuraduría General de la República, un grupo del Instituto Nacional de Seguros, un grupo con las personas juzgadoras agrarias y otro grupo con las jefaturas de las direcciones del Poder Judicial entre ellas: Auditoria judicial, Asuntos internos del Organismo de Investigación Judicial, Inspección judicial, Gestión La imagen puede contener: 4 personas, interiorHumana e Inspección fiscal.
En la inauguración de este nuevo periodo de capacitación asistieron a la Escuela Judicial en San Joaquín de Flores, la vicepresidenta de la Corte, la magistrada Carmen María Escoto Fernández Escoto, la coordinadora de la Comisión de la jurisdicción Laboral, la magistrada Julia Varela Araya, la directora de la Escuela Judicial la Licda. Ileana Guillen Rodríguez y la subdirectora Kattia Escalante Barboza quienes brindaron la más cordial bienvenida a los participantes y extenuaron su apoyo para con el proceso.
La magistrada Varela en compañía de la coordinadora del proyecto de capacitación y gestora Carlota Arauz García, la asesora pedagógica Daisy Quesada Guerrero se trasladaron a la Procuraduría General y al Instituto Nacional de Seguros, con el fin de motivar a los participantes para que aprovechen la metodología innovadora y dinámica que caracteriza a estas capacitaciones.
En las capacitaciones estuvo presente el resto del equipo encargado de la logística, las personas Pamela Monge Rodríguez, Gloria Valenzuela Valerio, Rodrigo Sánchez Sánchez, Paula Bolaños Chaves, Jonathan Ramírez Aguilar y Kenneth Castro Molina, asistiendo a cado uno de los facilitadores.
En sus visitas la magistrada Varela resaltó la importancia llevar a cabo estas alianzas estratégicas entre las instituciones con el propósito de fortalecer competencias y con ello evitar riesgos en la aplicación de la Reforma, ya que al final el país es uno solo.
Con el objetivo de seguir enfrentando este cambio de manera exitosa, las capacitaciones continuarán su curso durante este año y serán impartidas por los especialistas en materia laboral y personas juzgadoras: Juan Carlos Segura Solís, Jorge Olaso Álvarez, Ana Luisa Meseguer Monge, Jorge Mario Soto Álvarez, Lourdes Montenegro Espinoza, José Antonio Madrigal Soto, Andrés Grossi Castillo y Rafael Ortega Tellería, quienes han mostrado estar comprometidos con el proyecto desde su inicio.
Esta es una reproducción de la noticia publicada en el Observatorio Judicial - Actualidad Judicial, el 23 de agosto de 2017, por la Sección de Prensa, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.